dilluns, 20 d’octubre del 2025
16 ANYS DESPRÉS REPREND EL JUDICI DE LA TRAMA GÜRTEL (video a l´enllaç)
DIRECTO: El último capítulo de la trama Gürtel: la 'pieza principal' del caso llega a la Audiencia Nacional 16 años después
- Correa y otras 25 personas serán juzgadas por presunto fraude y blanqueo del dinero que obtuvieron de forma ilícita
- Para ello, habrían desplegado un entramado societario en diferentes paraísos fiscales
El caso Gürtel vuelve a los tribunales para poner fin a su último capítulo. El juicio de la conocida como 'pieza principal' arranca este lunes en la Audiencia Nacional para determinar si el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y una veintena de investigados ocultaron y blanquearon los beneficios obtenidos a través de las acciones delictivas que llevaron a cabo mediante la red de corrupción.
Los 26 investigados se sentarán entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre en el banquillo por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, como fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental o asociación ilícita.
El juicio será el colofón a una macrocausa que ha llevado a investigar durante 16 años a más de un centenar de funcionarios, empresarios, trabajadores y dirigentes del PP en hasta 13 piezas distintas. Una extensa red de corrupción que sacudió la política y que, además, dejó un episodio inédito en la historia: la primera declaración como testigo de un presidente del Gobierno en activo, Mariano Rajoy.
Un entramado societario en el extranjero
La clave para la línea judicial que se aborda a partir de este lunes se trataría del entramado societario que Correa habría desplegado en diferentes paraísos fiscales, como las Antillas Holandesas o la Isla de Nevis, además de cuentas bancarias en Suiza, Mónaco, Panamá, Estados Unidos o la Isla de Man (mar de Irlanda).
Su finalidad no sería otra que evitar la declaración de bienes y patrimonio en España y ocultar el origen ilícito de los fondos. Más de 30 millones de euros que Correa había obtenido por su labor de intermediario en la concesión de adjudicaciones irregulares y por la actividad de sus empresas de eventos y viajes.
Estos ingresos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, puesto que el empresario no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999, lo que supondría un fraude de más de 24 millones de euros.
Por otro lado, el juez que ordenó la apertura del juicio oral, José de la Mata, vio también un posible delito de falsedad en documento mercantil porque se emitieron facturas para obtener cobros, si bien su contenido "reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado".
Además, la Audiencia Nacional determinó que varias de esas empresas en el extranjero aparecían como accionista de otras entidades españolas para "ocultar el verdadero titular de la riqueza y repatriar el dinero a España" utilizando métodos como ampliaciones de capital o préstamos participativos para dar "apariencia de licitud al dinero".
Los protagonistas de la 'pieza principal'
Por tanto, el foco estará puesto de nuevo en Francisco Correa o 'Don Vito Corleone', el protagonista de la trama. Sobre él ya pesa una condena de hasta 51 años de cárcel por la primera época de la trama, aunque tiene un límite máximo de 18 años, de los que ya ha cumplido diez en prisión.
No obstante, hace dos años la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado por su "positiva" evolución, ya que ha transmitido un "importante sentido de la responsabilidad". De hecho, Correa ha colaborado con la justicia de manera constante y ha reconocido los delitos por los que ha sido juzgado. Asimismo, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.
Es por ello que el juicio estará marcado por los previsibles acuerdos de conformidad a cambio de atenuantes en las condenas.
Junto a él se sentará su número dos y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que también habría ocultado una parte de sus recursos económicos. Al igual que Correa, fue condenado en 2018 (37 años y medio de prisión) y cuenta con el tercer grado. Está previsto que alcance un acuerdo con la Fiscalía.
La Audiencia Nacional también ha acordado sentar en el banquillo a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, considerados cerebros de esta pieza de la Gürtel; así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda.
En el caso de los dos asesores, el juez determinó que "su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". "Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon", dijo en el auto de apertura de juicio oral.
También se repiten nombres ya conocidos por las otras piezas separadas: la entonces administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; los empleados Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado; y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas a la Gürtel, Inmaculada Mostaza.
Quien no estará es el juez De la Mata. Tras décadas investigando tramas de corrupción de gran calado como los papeles de Bárcenas o el caso Pujol, se despidió de la Audiencia Nacional en 2024 para ejercer como vicepresidente de la Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust.
El caso que sacudió la política: de la denuncia a la moción de censura
La investigación del entramado comenzó en 2007 a raíz de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía un exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peña, que trabajó para Correa. Entregó 18 horas de grabaciones que sirvieron para que los investigadores pudieran ir destapando poco a poco un entramado de comisiones y sobornos a funcionarios a cambio de contratos.
La red, con Correa, Crespo y el empresario Álvaro Pérez El Bigotes a la cabeza, se dedicó a manipular concursos públicos entre los años 1999 y 2009 para lucrarse gracias a precios desproporcionados, partidas duplicadas o gastos inexistentes. Un 'modus operandi' en el que participaron en mayor o menor medida personas vinculadas al PP, como el extesorero del partido, Luis Bárcenas, o alcaldes y consejeros de la Comunidad de Madrid y Valencia.
Pero el caso no salió a la luz hasta 2009, cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de cinco personas: Correa, Crespo y los alcaldes de tres municipios madrileños -Arturo González Panero, Ginés López y Jesús Sepúlveda-, todos ellos del PP. Desde ese momento, la causa se convirtió en un gigante judicial que obligaría a abrir decenas de piezas separadas por su complejidad y amplitud.
Una de ellas fue la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, que también llevó a la imputación del expresident Francisco Camps por recibir supuestos regalos a cambio de adjudicaciones irregulares. No obstante, la Audiencia Nacional acabó absolviéndole de los delitos en 2024 al no existir indicios contra él.
Pero lo que supuso un antes y un después para el Partido Popular fue la investigación de una 'caja B', con la que también se habría financiado ilegalmente la sede del partido en la calle Génova.
La Audiencia Nacional consideró en 2018 "plenamente acreditada" la contabilidad paralela y sentenció al partido a pagar 245.000 euros de multa como persona jurídica por haberse lucrado de las comisiones y los regalos de la Gürtel, como viajes, fiestas o celebraciones. Bárcenas, por su parte, fue condenado por falsedad contable y fraude fiscal.
Posteriormente, otra sentencia sobre las obras de la sede 'popular' habló de una contabilidad paralela manejada por el tesorero, pero no dio validez total al conjunto de unos papeles de Bárcenas con "discordancias y errores".
De este modo, la Gürtel desató un terremoto político que tuvo como última consecuencia la estabilidad del Gobierno de Rajoy. Acorralado por la corrupción y con su credibilidad bajo mínimos, el presidente tuvo que afrontar la moción de censura impulsada por el PSOE.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez logró recabar la mayoría absoluta con el apoyo de Unidas Podemos, Compromís, Nueva Canarias y los nacionalistas vascos y catalanes, y puso fin a la legislatura del PP.
En el plano judicial, el caso también le costó la carrera a Baltasar Garzón, que fue condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar escuchas en prisión entre detenidos y abogados. En 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena, y pidió para él una "reparación efectiva".
En cuanto a Peñas, el denunciante que ayudó a tirar de la manta, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. "Yo intenté explicar a los tribunales lo que había pasado, que yo estuve muy cerca de Gürtel, junto a Gürtel, pero nunca fui Gürtel", contó el año pasado en RNE tras recibir el indulto del Gobierno de Sánchez. Pese a su sentencia, aseguró que no dudaría en denunciar de nuevo: "Mil veces volvería a hacer lo que hice".
rtve
A LES COVES DE VINROMÀ, EL CONSELL LI RETALLA UN 0,40% EL FINANÇAMENT DE PROGRAMA SOCIAL, DESTINAT PRINCIPALMENT AL CENTRE DE DIA GERMANS FOLCH I TRAVER
Recorte en Les Coves de Vinromà
Les Coves de Vinromà sufrirá un leve recorte del 0,4% para quedarse con 417.849 euros anuales. Una parte del dinero irá al Centro de Día Municipal Germans Folch Traver, cuya gestión pasó a ser este año en forma de concesión hasta 2028. El centro cuenta con 30 plazas públicas y 10 privadas, tiene 15 empleados y prevé cerrar este 2025 con unos ingresos de 484.148 euros y un beneficio antes de impuestos de unos 60.000 euros.
El Consell premia a Peñíscola, Jérica y Orpesa con una gran subida de la financiación social
Los incrementos serán del 165%, 99% y 61%, respectivamente, entre 2025 y 2028
CASTELLÓ. Peñíscola, Jérica y Orpesa son, por ese orden, los tres municipios de la provincia que recibirán el mayor incremento en la financiación de programas sociales por parte de la Generalitat, con subidas del 165%, 99% y 61%, respectivamente, entre 2025 y 2028. En el lado opuesto, Les Useres, Montanejos y Vall d’Alba serían los que experimenten mayores recortes, con reducciones del 82%, 41% y 25%.
La renovación de los contratos-programa de Servicios Sociales, firmados para el próximo cuatrienio, afecta a 13 de las 14 mancomunidades de la provincia —solo se queda fuera la Taula del Sénia— y a 33 de los 135 ayuntamientos. La mayoría de los municipios salen muy bien parados con la nueva asignación, que financia tanto los programas sociales como los salarios del personal municipal.
Benicarló se consolida como el municipio con mayor financiación de la Conselleria de Servicios Sociales con 5.584.544 euros anuales, un incremento del 8,82%, por encima incluso de Castellón, que recibirá 4.897.641 euros, un 22,55% más.
Vinaròs también destaca, con 4.502.672 euros anuales —un 18,22% más—. Una parte de ese dinero se destinará a la atención de personas con Alzheimer, cuya asociación provincial dispone ya de la concesión hasta febrero de 2029 del terreno educativo de 1.389 metros cuadrados situado en el número 8 del camí de Les Carretes donde pretende abrir un Centro de Día.
Apoyo a la Fundación Amigó
Al margen del contrato-programa, el Consell también apoyará a la Fundación Amigó con 122.037 euros en 2025 y 2027, y 244.074 euros en 2026, para programas de emancipación y autonomía de jóvenes a través de la Oficina Mentora de Vinaròs.
La Vall d'Uixó será el cuarto municipio de la provincia mejor financiado. Recibirá 4.136.083 euros anuales (+13,48%), seguido de Almassora con 2.666.110 euros (+13,3%) y Villahermosa del Río, que contará con 2.084.266 euros (+25,89%) pese a sus 490 habitantes.
Vila-real es el único gran municipio que experimenta una ligera disminución, del 0,3%, hasta 2.062.447 euros anuales. El alcalde, el socialista José Benlloch, expresa su descontento por el trato que dispensa la Generalitat al Ayuntamiento. El último ‘agravio’ se ha vivido a cuenta de las obras de redistribución de la residencia de personas con discapacidad para crear dos habitaciones de emergencia adicionales, una reivindicación que se arrastra desde hace años a pesar de que la inversión requerida es de solo 44.000 euros. “La llegada del PP a la Diputación y a la Generalitat han sido una bomba para Vila-real. Se nos dijo que las dos habitaciones de respiro estarían en dos meses, algo que no llega porque el PP está quitando recursos a Vila-real”, denuncia Benlloch. Desde el Consell aseguran que las obras son inminentes.
En contraste, Burriana verá aumentada su financiación un 5,56% hasta 1.666.075 euros anuales, destinados a cubrir el 92,58% de los salarios del personal (731.619 euros) y el 95,95% del coste de los programas (501.715 euros), con especial atención a la inclusión social. El Consell también financiará los tres programas de atención a la infancia y la adolescencia (171.895 euros), el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (230.846 euros) y los Centros de Atención a Personas Mayores (30.000 euros).
La concejala de Servicios Sociales, la popular Isabel Monfort, asegura que la Generalitat "introduce como novedad la prórroga automática de la financiación si el contrato-programa no se revisa cuando venza en 2028, lo que nos permitirá planificar a largo plazo", algo que también se da en los restantes 32 convenios económicos firmados.
Onda es el noveno municipio que más dinero recibirá de la Generalitat. Ingresará 1.572.361 euros (+1,33%) para seguir desarrollando su Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales 2023-2026, que articula 20 medidas para combatir problemas como las listas de espera en los programas de Dependencia y Discapacidad, así como el analfabetismo digital y la carencias de infraestructuras adecuadas. Benicàssim, l’Alcora, Segorbe, Nules y Torreblanca verán aumentos entre el 5% y el 33%. Forcall contará con 1.082.736 euros, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que solo tiene 477 habitantes, aunque será un 20,22% inferior al anterior contrato-programa.
Recorte en Les Coves de Vinromà
Les Coves de Vinromà sufrirá un leve recorte del 0,4% para quedarse con 417.849 euros anuales. Una parte del dinero irá al Centro de Día Municipal Germans Folch Traver, cuya gestión pasó a ser este año en forma de concesión hasta 2028. El centro cuenta con 30 plazas públicas y 10 privadas, tiene 15 empleados y prevé cerrar este 2025 con unos ingresos de 484.148 euros y un beneficio antes de impuestos de unos 60.000 euros.
Les Alqueries y Alcalà de Xivert mejorarán la financiación de sus programas sociales un 60% y un 28,84%, respectivamente, mientras en Morella mermarán un 0,36%.
Lo mismo que en Moncofa, que perderá un 8,5% de dinero. Los 193.050 euros de la Generalitat cubrirán el 100% del coste de los programas de Dependencia, Inclusión Social y Atención a Personas Migrantes. En compensación, el Ayuntamiento recibirá 241.953 euros anuales adicionales de la Diputación hasta 2028 que cubrirán el 90% del gasto de los programas de Emergencia Social y atención domiciliaria, el 56% del Menjar a Casa y el 92% del salario del personal municipal de Servicios Sociales. Moncofa cuenta actualmente con cuatro trabajadores sociales, dos auxiliares administrativos, un psicólogo, un educador social y un asesor jurídico a tiempo parcial.
La renovación de los contratos-programa del Consell y de la Diputación llegan en un momento clave para el consistorio, inmerso en la ejecución del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Moncofa 2023-2026. El documento recomienda medidas ya cumplidas como la ampliación de las dependencias municipales en un bajo comercial alquilado a escasos metros del Ayuntamiento. Sin embargo, hay otras que siguen pendientes de ejecutar como la creación de un Servicio de Infancia y Adolescencia, una Unidad de Igualdad y un Servicio de Atención y Seguimiento para las personas con problemas de Salud Mental Grave. El Plan Estratégico admite la existencia de problemas en la atención relacionada con la salud mental en Moncofa debido a que el centro de salud no atiende especialidades. Además, recomienda mejorar la conexión en transporte público con Castellón para los usuarios de Servicios Sociales.
En comparación con el anterior contrato-programa que impulsó por primera vez en 2021 la exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, quedan excluidos ahora del reparto de dinero cinco pueblos: Betxí, Cabanes, Santa Magdalena de Pulpis, Vilanova d’Alcolea y Villanueva de Viver, mientras se incorpora la Mancomunitat de la Plana Baixa.
Al margen de los contratos-programa, la Generalitat también ha inyectado dinero a diferentes ayuntamientos pequeños por la vía directa de las subvenciones. Es el caso de Alfondeguilla y de Xilxes, que recibieron 25.000 y 5.000 euros, respectivamente, en los años 2023 y 2024, para sufragar el programa de ayuda domiciliaria a personas que necesitan que alguien les realice a diario las tareas domésticas y de higiene personal.
Por último, Ribesalbes también deberá negociar con la Generalitat al margen del contrato-programa si quiere construir la nueva residencia para personas mayores. De momento, ya ha aprobado una modificación de las Normas Subsidiarias para poder alzarla en una parcela que ahora pasa a estar calificada como equipamiento sanitario-asistencial.
castellonPlaza
EL GOVERN D´ESPANYA DESTINA A LES COVES DE VINROMÀ 120.223,07 € PER ATENDRE LES MALESES DE LA DANA
És la segona subvenció més impotants entre totes les rebudes als pobles de Castelló per aquest concepte.
- Ayuntamiento de les Coves de Vinromà: 120.223,07 euros
Castellón recibe 2,65 millones del Gobierno para reparar daños de la DANA 2024
El Gobierno de España destina 2,65 millones de euros a Castellón para reparar carreteras e infraestructuras en 12 municipios afectados por la DANA de 2024
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha destinado 2.653.344,18 euros a la provincia de Castellón para financiar la reparación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial ocasionados por la DANA que afectó a la Península entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Esta resolución, que distribuye un total de 60,5 millones de euros en todo el territorio nacional, permitirá llevar a cabo 22 proyectos en Castellón. Las ayudas llegarán a 12 municipios: Alcalà de Xivert, Artana, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benlloc, Càlig, Canet lo Roig, Catí, les Coves de Vinromà, la Jana, la Salzadella y Montanejos, además de la Diputación Provincial de Castellón.
La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha calificado la resolución como muy positiva y ha destacado que estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno con las localidades y su capacidad de respuesta ante emergencias.
García Valls indicó que los fondos se destinarán a la reparación de caminos, carreteras y otras infraestructuras esenciales para la vida diaria de los vecinos.
Del total asignado, la distribución de los fondos es la siguiente:
- Diputación Provincial de Castellón: 2.093.027,05 euros
- Ayuntamiento de Montanejos: 154.489,33 euros
- Ayuntamiento de les Coves de Vinromà: 120.223,07 euros
- Ayuntamiento de Càlig: 103.204,35 euros
- Ayuntamiento de Alcalà de Xivert: 53.952,22 euros
- Ayuntamiento de Canet lo Roig: 48.275,12 euros
- Ayuntamiento de la Salzadella: 21.876,55 euros
- Ayuntamiento de Benlloc: 19.993,73 euros
- Ayuntamiento de la Jana: 12.357,39 euros
- Ayuntamiento de Artana: 11.225,89 euros
- Ayuntamiento de Benassal: 7.000,00 euros
- Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat: 4.711,48 euros
- Ayuntamiento de Catí: 3.008,00 euros
La subdelegada añadió que, gracias a estos 2,65 millones de euros, no solo se podrán reparar infraestructuras, sino que también se contribuirá a que los municipios recuperen la normalidad y se refuerce la resiliencia frente a futuros fenómenos climáticos extremos.
Fotografía portada: La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. Archivo DANA 2024
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