dijous, 19 de juny del 2025

El valenciano ‘mandará’ en las aulas en un curso con 4.000 alumnos nuevos


El 95% de las familias de Castellón entrará en el colegio que quería en un año marcado por el reparto de aulas tras la votación de la lengua vehicular y con la activación de la matrícula ‘on line’ para la admisión

El valenciano será la lengua predominante en las aulas de Castellón.

El valenciano será la lengua predominante en las aulas de Castellón. / Mediterráneo

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Fin de curso oficial en las aulas de Castellón ayer y cuenta atrás para la vuelta al cole el 8 de septiembre. La Conselleria de Educación publicó ayer las listas definitivas de admisión de Infantil y Primaria para el ciclo 2025/26 en el que el valenciano mandará en las aulas de la provincia, con 4.084 alumnos más en Infantil de 3 años

Desde el departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira informaron que tras la elección de la lengua vehicular de las familias del pasado mes de marzo, en la Comunitat, en el 50,72 % de las unidades de Infantil 3 años la lengua base será castellano y el 49,28 % de las unidades será en valenciano, unos porcentajes que reflejan «el equilibrio de las dos lenguas, y que son similares a los que arrojó la consulta de la lengua base, aunque de forma inversa». 

La vuelta al cole será el 8 de septiembre.

La vuelta al cole será el 8 de septiembre. / Mediterráneo

No obstante, los resultados difieren, y mucho, según las provincias del territorio. En Castellón, la votación de la lengua vehicular dejó una foto fija contundente: el valenciano se impuso, con un 70,50% de los votos (29.724 frente a 12.435), en una media que superó, y mucho, la cifra autonómica, del 50,53%.

En Valencia, ganó el valenciano (57%), mientras que en Alicante, la tortilla dio la vuelta, imponiéndose el castellano en un 65%, lo mismo que en las dos capitales valenciana y alicantina. Atendiendo a estas cifras, Castellón mantendrá la hegemonía valencianoparlante en las aulas, introduciendo unidades en castellano en muchos de sus centros, unas cifras que la conselleria no tiene todavía territorializadas.

Crítica a la poca transparencia

Desde los sindicatos se ha denunciado la situación de algunas familias, que, sin saber que les podría penalizar a la hora de elegir centro, marcaron una única casilla lingüística, mostrando preferencia por el castellano o el valenciano, sin saber que, si no había suficientes plazas, se les saltaba a la segunda opción; y sin conocer que podían marcar ambas, ante el desconocimiento también de algunos equipos directivos de centros. 

Valencianoparlantes versus castellanoparlantes

 A nivel autonómico, tras el proceso de admisión, en las unidades de Infantil de 3 años de las zonas valencianoparlantes se catalogarán un total de 996 unidades en lengua base valenciana (56,43% del total) y 769 en castellano (43,57%). 

Por su parte, en las zonas castellanoparlantes (35 municipios del Alto Mijares y el Alto Palancia en la provincia, mayoritariamente) se catalogarán 258 unidades en castellano (99,23 % del total) y sólo 2 en valenciano (0,77 % del total), una de ellas en la localidad castellonense de Olocau, tal y como avanzó Mediterráneo.

Matrícula ya abierta

Desde la Conselleria avanzaron ayer además que, al cerrarse el proceso, y con la matrícula on line ya abierta desde ayer y hasta el día 27, y la presencia hasta el 2 de julio, en Castellón, el 95,85% del alumnado que empezará el cole el 8 de septiembre ha entrado en el colegio que quería, en una de sus dos primeras opciones, un punto por debajo de la media autonómica, que la Generalitat sitúa en el 96,58%, porcentaje similar al del 2024, del 96,44%, y con el hándicap de la lengua por medio.

elperiodicoMediterraneo

227 I UN DESAPAREGUT

 

La Audiencia de Valencia confirma la imputación de Salomé Pradas por la dana y rechaza investigar a Bernabé y Polo

La sección segunda avala las decisiones de la jueza y mantiene investigada a la exconsellera Salomé Pradas

Salomé Pradas, exconsellera de Interior.

Salomé Pradas, exconsellera de Interior. / J.M. López

Laura Ballester

Valencia

La sección segunda de la Audiencia de València confirma la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y rechaza investigar a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo, según acaba de notificar a las partes. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València confirman así los tres autos en los que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción acordó investigar a la exconsellera de Justicia e Interior el pasado 10 de marzo, inadmitir una querella contra el presidente y otros cargos de la CHJ y denegar la declaración como investigada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Los seis magistrados en pleno de la sección segunda vuelven a responder a los recursos de las partes. Una decisión trascendente que marca el sentido de la instrucción. En el caso de la investigada y exconsellera Salomé Pradas, el ponente del auto que responde al recurso de la que era el mando único de la emergencia es José Manuel Ortega, presidente de la sección segunda. Los magistrados responden a Pradas que "la decisión de citarla como investigada se revelaba procesalmente inevitable". De ahí que decidan mantenerla como principal imputada. Por ello avalan la decisión de la jueza, adoptada en un auto dictado el pasado 10 de marzo.

"Dada la fase en la que el procedimiento se encontraba cuando se dictó la resolución recurrida, con los datos conocidos cabía sostener que la omisión de información debida y a tiempo implicaba el incumplimiento por parte de la señora Salomé Pradas de una obligación normativa de acción". Por tanto para los magistrados de la sección segunda resulta "racionalmente sostenible la atribución a dicha omisión de la condición de factor causal eficiente en los hechos investigados". Una decisión que mantienen "sin perjuicio de lo que las diligencias permitan finalmente sostener en términos plausibles".

Acusación particular

La imputación de Miguel Polo, presidente de la CHJ y otros altos cargos de la Confederación, la había solicitado la asociación Hazte Oir y tres víctimas de la dana personadas como acusación particular. Todos ellos se basaban en el supuesto "apagón informativo" porque la la CHJ no remitió correos sobre el incremento del caudal en el barranco del poyo entre las 16.13 horas y las 18:43 horas, aunque la aplicación del SAIH (Sistema automático de información hidrólogica) sí se enviaba información contínua.

De ahí que los seis magistrados que componen la sección responden que de los argumentos esgrimidos por los recurrentes "no se deduce la existencia de indicios de criminalidad puesto que, tal como se recoge en los datos que explícitamente acepta la asociación recurrente, el sistema automatizado SAIH recogió cada diez minutos la evolución del caudal del barranco del Poyo, datos que no niega el recurrente y que podían ser consultados a través de la web del sistema en todo momento".

Por último, el partido Vox y la Asociación Liberum recurrieron la decisión de la magistrada de la dana de no investigar a Pilar Bernabé. Alegaban que la delegada del Gobierno "no solicitó la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno, lo que impidió la ayuda temprana". También denunciaban el supuesto "apagón informativo" de la CHJ. Los magistrados de la sección segunda rechazan sus argmentos porque "las partes apelantes no efectúan ningún análisis jurídico de los hechos que alegan. Partiendo de ese déficit y de lo resuelto en otro auto, respecto de alegaciones similares que pretendían sostener la imputación de los fallecimientos a la delegada del Gobierno, el recurso de apelación no puede ser estimado".

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El apagón se originó en Núñez de Balboa, una planta fotovoltaica que Iberdrola litiga para no desmantelar

 ENERGÍA


La empresa lucha en el Supremo para revertir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que obliga a desmantelar y devolver a su propietario el 60% de la finca donde se asienta la central fotovoltaica.



Planta fotovoltaica Núñez de Balboa en Usagre, Badajoz. Iberdrola

“Planta Fotovoltaica A” es el nombre anonimizado con el que aparece en el informe de Red Eléctrica de España (REE) la central generadora de energía cuyas oscilaciones llevaron al apagón del pasado 28 de abril. En el otro informe, el redactado por el Gobierno, ni siquiera aparece esa mención, censurado como está por la petición de las empresas eléctricas de no dar a conocer qué centrales fallaron. elDiario.es ha levantado el velo la noche de este miércoles: la nomenclatura anónima correspondería a la planta solar fotovoltaica Núñez de Balboa, de Badajoz, propiedad de Iberdrola, afirmación que el periódico dirigido por Ignacio Escolar acredita citando “fuentes conocedoras de los informes confidenciales de la comisión de expertos del Gobierno y del operador del sistema”.

Para el análisis del cero eléctrico, el comité investigador de sus causas ha recabado más de 170 gigas de información procedente de Red Eléctrica y de las compañías generadoras. A la hora de presentar la información al público, las compañías suministradoras de la energía —Endesa, Naturgy o EDP, pero también cientos de pequeñas empresas— tenían la potestad otorgada por la normativa de decidir si los datos se presentaban anunciando qué información correspondía a qué planta generadora o si se presentaban anonimizados. Las compañías optaron por la segunda opción, por lo que los primeros informes no señalaban a Núñez de Balboa y ha tenido que ser una filtración la que haya hecho saltar la liebre.

El Gobierno ha repartido las culpas del fundido a negro entre el operador del sistema eléctrico y las empresas. El primero no programó suficiente energía de respaldo y las segundas no actuaron conforme a la normativa, según explicaba Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, en la rueda de prensa de presentación del informe con las conclusiones: las centrales encargadas de dar seguridad al sistema y absorber energía reactiva no actuaron “debidamente” y, luego, la desconexión en cadena se propició por el hecho de que muchas plantas generadoras se desacoplaron del sistema antes del umbral de sobretensión que las pondría en peligro, es decir, antes de lo permitido por la legislación.

La oscilación que dio pie al cero seguramente sería debida a un “mal funcionamiento de los controles internos”, opinaron desde Red Eléctrica

Más allá de los fallos estructurales, el origen de este apagón multicausal tuvo su origen en una central fotovoltaica que el Gobierno localizó vagamente “en Badajoz”. La oscilación que dio pie al cero seguramente sería debida a un “mal funcionamiento de los controles internos”, ha opinado Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, en la presentación de su informe propio, en la que tampoco desvelaron la ubicación de la planta.

Iberdrola lucha en los tribunales para revertir la sentencia que obliga a desmantelar la planta

En el municipio pacense de Usagre se encuentra Núñez de Balboa, una macroplanta de generación fotovoltaica que en el año de su instalación, 2020, se llevó el récord de la más extensa de Europa. Para su construcción prestaron dinero el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con una capacidad instalada de 500 MWp y 391 MW de potencia máxima de conexión a la red, la central es capaz de suministrar energía limpiar a 250.000 hogares y de evitar así la emisión de 215.000 toneladas de CO2 al año. Eso dice Iberdrola en su web, pero deja de lado otros detalles.

La compañía eléctrica está litigando en el Tribunal Supremo para revertir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que el 31 de mayo de 2022 sentenció que Iberdrola debía desmantelar el 60% de la planta fotovoltaica para restituir los terrenos a su propietario después de una expropiación indebida. Los hechos: Iberdrola arrendó a Santos Lázaro los terrenos donde la multinacional se postulaba a construir la macroplanta y, sin necesidad de ello, se procedió a una expropiación.

TSJEx: “Carece de fundamento pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante contrato de arrendamiento”

Así lo explica la sentencia 326/2022 del Superior de Extremadura: “El contrato de arrendamiento tenía por finalidad precisamente arrendar las fincas para la construcción en ellas por el arrendatario [Iberdrola] de la Planta Fotovoltaica. Carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años”.

Además, se utilizó una Declaración de Utilidad Pública (DUP) para argumentar la expropiación y, al hacerlo “sin causa alguna”, según el Tribunal, “se ha producido un auténtico fraude de ley y un abuso de derecho, pues se persigue un resultado no permitido por el ordenamiento jurídico: conseguir los efectos de la Declaración de Utilidad Pública de un proyecto en relación a fincas sobre las cuales se tienen facultades de uso sin necesidad de recurrir a la ocupación a través de la expropiación forzosa".

Por los juzgados pasaron también el exalcalde de Usagre, Antonio Luna, su teniente de alcalde, Dolores Esteban, la empresa promotora y el propio Ayuntamiento. Todas las personas y entidades acusadas fueron absueltas de los cargos de tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación por falta de pruebas.

Es posible que la disputa judicial saliera de los juzgados: durante el puente de Halloween de 2022, la nave principal de la finca de Santos Lázaro, el empresario que denunció a Iberdrola, apareció completamente calcinada. Un incendio que parecía provocado, según juzgó la Guardia Civil de forma preliminar.

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