Sumario judicial El caso Montoro, en cifras: 51 millones de perjuicio y otros 23 repartidos entre cuatro socios

Archivo - Cristóbal Montoro / EUROPA PRESS - Archivo

J. G. Albalat

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

27 JUL 2025 7:40

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El proceso judicial en que está envuelto el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, ha sacudido la vida política española. El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye la causa, deberá decidir ahora cuando cita a declarar a los implicados en este caso de presunto tráfico de influencias que tenía como objetivo reformas legislativas que beneficiaran a empresas gasíticas, que fueron las que contrataron al despacho Equipo Económico, fundado por exdirigente popular. Estas son las cifras de este caso.

35

imputados

El juez de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha imputado a Cristóbal Montoro y otras 28 personas, entre los que se encuentran algunos exresponsables de su equipo en el Ministerio de Hacienda, su imputación en una causa que investigaba en secreto desde 2018 las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro mismo fundó en 2006 y del que dice haberse desligado. En el auto por el que se levantaba un secreto de sumario que ha estado vigente durante siete años, el magistrado también añadía a seis empresas, una Equipo Económico y el resto vinculadas al sector del gas.

Las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que lograron hasta en dos ocasiones, en primer término para unas empresas gasístas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos de 2018. Se les atribuyen indiciariamente siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

775.705

euros en minutas

En el período entre 2011 y 2019, según la declaración presentada por Equipo Económico, los pagos recibidos por las gasísticas implicadas alcanzan los 779.705 euros, teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias ( como la consultora EY) y en el mejor de los casos retocados por el despacho. "A pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes", detalla el juez.

51

millones de perjuicio

El perjuicio acumulado y estimado, reseña un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción , tanto de esta modificación del impuesto eléctrico (IE) como el de actividades económicas (IAE) superarían los 51 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Esta cifra está calculada extrapolando los 10 años transcurridos desde la reforma de la IE (41 millones de euros) y la de hace cinco años del IAE (10,5 millones de euros). Es decir, la "nueva medida supone una renuncia que minora los ingresos de las arcas municipales al derivarse a una tarifa menor que "reduce la cuota tributaria". En este sentido, la Agencia Tributaria recalca que el impacto recaudatorio solo de la modificación de IAE sería de 438.276 euros anuales en un ejercicio para una sola empresa gasista.

15

empresas pantalla

La investigación realizada por el juez Rubén Rus también permitido identificar una quincena de empresas que serían las propietarias actuales de Global Afteli --antes Equipo Económico--que el instructor considera "instrumentales", puesto que su razón de ser sería ser utilizadas "para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada". Otros de los informes que obran en el sumario, realizado por Hacienda, eleva el número de estas empresas 'pantalla' a una veintena

Estas empresas bajo la lupa del juez instructor del caso Montoro son, además de Equipo Económico y Global Afteli, Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevención Penal, VAU Consultoría y Análisis, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social y Tax Dynamics.

321

cuentas bancarias

En el último tomo del sumario que ha trascendido, el número 18, concluye con una reiteración por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue el análisis que se le ha encomendado sobre 321 cuentas y 339 productos bancarios a nombre de los implicados que podría ser clave para conocer el destino del dinero presuntamente desviado.

Los requerimientos para obtener esta información fueron librados por el juez Ruz en diciembre de 2023 con respecto del BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sur, Ibercaja Banco, Deustsche Bank, City Spain y Wizink Bank para conocer los efectivos y movimientos registrados en las cuentas de los 28 imputados. En junio de ese mismo año, la Guardia Civil aún no contaba con toda la información de los 339 productos bancarios solicitados: todavía les faltaba recibir los datos relativos de 18 de ellos.

22,8

millones entre cuatro socios

Los cuatro socios del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, se repartieron entre 22,8 millones de euros en diez años, entre 2008 y 2007, según cifran los Mossos d'Esquadra en uno de los informes aportados al sumario. Se trata de los beneficios ofrecidos por las empresas para poder intervenir en modificaciones fiscales, que en el caso de las empresas de gases industriales les habría supuesto una rebaja fiscal del 85%.

El socio principal, Ricardo Martínez Rico, adquirió esta condición tras asumir el paquete de participaciones que antes tenía el propio Montoro en el despacho. Sólo él percibió por su actividad en Equipo Económico un total de 8,4 millones de euros entre 2008 y 2017, y precisamente los años en que su retribución fue mayor son aquellos en los que el PP volvió a la Moncloa.

130

empresas y entidades

Equipo Económico ha tenido en su cartera de clientes hasta 130 empresas y entidades que entre 2008 y 2019 pagaron a este despacho importes totales superiores a los 6.000 euros. En el listado elaborado por la Agencia Tributaria e incluido en el procedimiento judicial figura Solaria Energía y Medio Ambiente (dos millones), Madrid Network (1,8), BBVA (1,8), Telefónica Internacional (1,8, a los que debe sumarse otros 839.000 euros de Telefónica SA) y Philip Morris (1,3). Destaca también que Abengoa SA desembolsó 1,3 millones; Abengoa Bioenergía, otros 1,1 millones; Abengoa Solar, 780.000 euros, y Abengoa Concessions, 190.000. Entre los clientes importantes, aparece la Caja Rural de Jaén, Red Eléctrica Española, la Confederación Empresarial de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Comunidad de Madrid (314.360 euros), la Xunta de Galicia (178.839), la Comunidad de Canarias (97.500) y el Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria Madrid (61.364), que depende del Ayuntamiento de Madrid.

elPeriódico

Montoro debe pagar (I)

 

• Javier Alfonso

Publicado: 09/06/2017 ·

19:46

Actualizado: 10/06/2017 · 17:07

castellonPlaza

El Tribunal Constitucional ha anulado, de manera justa en el fondo pero injusta en las formas, la amnistía fiscal de Montoro, que también es la amnistía fiscal de Rajoy, de su gobierno de 2012 y de los diputados del PP y de CiU que convalidaron con su voto en el Congreso el real decreto-ley ahora declarado nulo. El hecho de que entre los defraudadores beneficiados por la condonación estén el exministro Rato, los Pujol, Bárcenas, Granados y otros pájaros del PP y CiU es una casualidad como otra cualquiera.

La sentencia —consecuencia de un recurso del PSOE— es una victoria moral para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales, para aquellos que cuando se retrasan o equivocan sufren la implacable maquinaria de la Agencia Tributaria e, incluso, para los que defraudan a pequeña escala sabiendo que si les pilla Hacienda lo pagarán caro. Es decir, para los pringados, los tontos, que Hacienda somos todos es solo un eslogan, Hacienda somos los tontos.

Es una victoria pírrica del Estado de Derecho que no tendrá consecuencias porque el Tribunal Constitucional se ha ocupado por dos vías de que los defraudadores favorecidos por Montoro no tengan que devolver el dinero. En primer lugar, al tardar cinco años en emitir la sentencia, con lo que cualquier reclamación de Hacienda estaría prescrita. Y en segundo lugar, por el principio de seguridad jurídica, según el cual los caraduras que se acogieron a la ley que en ese momento estaba en vigor no tienen que sufrir las consecuencias de que ahora sea declarada nula. 

Seguridad jurídica

El principio de seguridad jurídica se aplica de forma desigual en España. Lo invocó el Tribunal Supremo para impedir que los bancos tuvieran que devolver a sus clientes todo el dinero de las cláusulas suelo. Un criterio que corrigió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), luego la seguridad jurídica no es un principio que valga para justificar injusticias. 

Sorprendentemente no lo aplicó el propio Tribunal Constitucional a los ciudadanos que invirtieron sus ahorros en energías renovables alentados por unas primas a largo plazo establecidas por ley y luego se encontraron con que el Gobierno los dejaba con el culo al aire, sin sus ahorros en el mejor de los casos y con créditos por pagar —los créditos había que devolverlos por seguridad jurídica— en el peor. Aquí los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima cedían ante el "interés general" de la norma que reducía las primas aprobadas.

El TC argumentó entonces lo siguiente: "Los principios de seguridad jurídica y confianza legítima no permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del ordenamiento jurídico existente ni, evidentemente pueden impedir la introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime cuando lo hace el legislador de urgencia". 

Aplicando ese criterio a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal, Montoro podría haber aprovechado para cambiar la norma una vez presentadas las declaraciones y hacerles pagar lo que tocaba. En lugar de eso, el ministro hizo lo contrario. Por sugerencia de los despachos que asesoraban a los evasores fiscales —¿también Equipo Económico?—, reinterpretó el decreto-ley mediante una orden ministerial en pleno período de recepción de liquidaciones para que, en lugar de pagar solo el 10%, los defraudadores acabasen pagando menos del 3%.

Insulto a los contribuyentes

Tras conocer la sentencia, el número dos de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, insultó desde el Senado a la inteligencia de los contribuyentes, cosa que sin duda también hará Montoro desde la tribuna del Congreso. El secretario de Estado dijo que el Constitucional solo cuestiona "el instrumento normativo empleado" —el decreto-ley— pero que avala la "regularización" fiscal. 

La posverdad de Fernández de Moya sobre un supuesto aval del TC a la amnistía fiscal se desmonta con dos frases de la sentencia que conviene recordar y subrayar: "La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Según el tribunal, la decisión del ministro de Hacienda y del Gobierno de Rajoy "viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". 

La sentencia no tiene efectos prácticos y, por lo que se ve, tampoco los va a tener políticos. Es una pena que el Tribunal de Cuentas no vaya a actuar en este caso, como sí hace con los alcaldes o con la exconsellera Lola Johnson para reclamar el dinero al responsable de un menoscabo en las cuentas públicas por una "acción u omisión contraria a la ley", como es el caso. 

Montoro debería haber dimitido en cuanto se conoció la sentencia, como hizo Corcuera cuando el TC le tumbó la ley de la patada en la puerta. Pero ya no hay vergüenza. En lugar de eso, el ministro acudirá al Congreso a reírse de nuevo de los contribuyentes. Le aplaudirán los del PP, puede que lo reprueben el resto de grupos y Mariano Rajoy avalará —de verdad, no como el TC— su política de amiguetes.

Hasta que el ministro pague por lo que ha hecho, bien con su dimisión, bien con la destitución no fulminante por parte de Rajoy, a los ciudadanos nos queda la satisfacción de saber que teníamos razón y el derecho al pataleo, el único que no nos han recortado.

Montoro debe pagar (II)

 

Javier AlfonsoPublicado: 27/07/2025 ·06:00

Actualizado: 27/07/2025 · 06:00

• Cristóbal Montoro, en una imagen de 2018. 
• Foto: EDUARDO PARRA/EP

 Javier Alonso

Este Billete es una inesperada segunda parte de otra columna con el mismo título publicada el 9 de junio de 2017, hace más de ocho años, cuando el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal auspiciada cinco años antes por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

El título respondía a la evidencia de que Montoro no iba a pagar –en ninguno de los sentidos que el verbo pagar tiene– por el agujero causado a la Hacienda pública. Ni el Tribunal de Cuentas le hizo pagar el dinero dejado de ingresar, que ya no se podía reclamar a los evasores porque habían pasado cinco años, ni el ministro presentó la dimisión, ni Rajoy tuvo a bien cesar al autor de la tropelía.

Esta segunda parte, con el mismo título, responde a la sospecha de que Montoro tampoco pagará por el escándalo que ha salido a la luz ahora, aunque la investigación judicial se estaba desarrollando en secreto desde hace ocho años.

Una investigación que se inició en 2017 sobre hechos que fueron denunciados en la prensa mucho antes, por ejemplo, por Ben Sills en Bloomberg (agosto de 2012) o por Eva Belmonte en Civio (octubre de 2013), sin que Rajoy se enterase porque solo leía el Marca.

• Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. 
 
• Foto: EUROPA PRESS

Montoro debe pagar pero no lo hará porque, como ha recordado su sucesora, María Jesús Montero, se podrán rectificar las leyes que beneficiaron a las empresas clientes del despacho lobista fundado por él, pero el dinero que las administraciones han dejado de percibir –entre ellas, el Ayuntamiento de Sagunto– no se va a recuperar. 

Tampoco el Tribunal de Cuentas actuará aquí porque este organismo no practica la caza mayor. Lo suyo es pedir resarcimientos a alcaldes de medio pelo que cobran dietas indebidas, a concejales manirrotos y a empleadas de empresas municipales de transportes que son víctimas de una estafa. 

Puede que ni siquiera penalmente pague el exministro por sus pecados, ya que la investigación se inició por un mensaje de correo electónico encontrado en un registro durante otra investigación y la doctrina garantista del Tribunal Supremo a raíz del caso Naseiro no ha variado: no son válidas las pruebas obtenidas casualmente en un registro ordenado en el curso de otra causa judicial. Los abogados del despacho ya han solicitado que se anule esas pruebas.

Además, dado que los cambios legales presuntamente impulsados por Montoro a cambio de dinero fueron aprobados por el Congreso, el exministro también se beneficiaría de la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional que libró a Chaves y Griñán de la cárcel en el caso de los ERE, según la cual no hay responsabilidad penal del gobernante cuando la decisión final la toma el legislativo. La separación de poderes al servicio de los delincuentes.

• Montoro explica, en 2012, el paquete de recortes aprobado por el Gobierno. 
 
• Foto: EDUARDO PARRA/EP

Así que el único consuelo que nos va a quedar a sus víctimas, que somos todos, es coger las palomitas y asistir a la sucesión de revelaciones sobre el tipo presuntamente más corrupto de la historia de la actual democracia. Porque esto es más grave que lo de Cerdán, Ábalos, Zaplana y todos los presuntos corruptos y corruptos condenados que quieras poner de ejemplo. 

Esto es –si se demuestran los indicios que parecen bastante sólidos, tengan castigo penal o no– un ministro de Hacienda que perdona a evasores fiscales forrándose a costa de bajar impuestos a empresas que le pagan por ello, causando un daño a la Hacienda pública y, en el colmo de la sinvergonzonería, defraudando él mismo a Hacienda.

Resulta que el ministro que obligó a drásticos recortes en los servicios públicos, el trilero de la financiación autonómica que se reía de los valencianos y nos llamaba llorones cuando le pedíamos la reforma del sistema, no se manejaba por principios de justicia sino de avaricia.

Gracias a la investigación, hemos descubierto que la manera de conseguir la reforma de la financiación no era acudir al Ministerio de Hacienda con informes y propuestas de reforma, como hicieron Alberto Fabra y Ximo Puig, sino pasarse por el despacho de Equipo Económico (antes, Montoro y Asociados) y encargarle el proyecto. Es decir, pasar por caja. La de disgustos que nos habríamos ahorrado de haberlo sabido.

Por cierto, Galicia, que está muy cómoda con el actual sistema de financiación autonómica y no quiere cambiarlo, sí que contrató a Equipo Económico cuando Núñez Feijóo era presidente de la Xunta.

PS: La diputada del PP Noelia Núñez ha dimitido por haber falseado su currículum, dejando en evidencia a otros que, con infinitos más motivos para dimitir, siguen en el cargo.

castellonPlaza

Rufián tiene razón

Historia de Iván Redondo

Rufián tiene razón

Desde la salida de la política de Pablo Iglesias en el 2021 sabemos que Podemos vale un 4,5% en España. Todos los CIS vienen con esta certidumbre, pase lo que pase, y esto, aunque les parezca poco a sus dirigentes, es mucho, habida cuenta del futuro que viene, más que del pasado que fueron. Un 4,5% es algo más de un millón de votos y sobre eso se construye hacia arriba. Si lo comparamos con el resultado que hoy obtendría Sumar, en el entorno del 6%, y desagregamos de esta estimación de Sumar los votos de Compromís, la CHA o Més per Mallorca, partidos todos ellos plurinacionales, nos haremos una idea de lo empatadas que vienen las dos facciones que antaño formaron Unidas Podemos y, si, por el contrario, los volvemos a agregar en una única candidatura, veremos como siguen defendiendo el resultado del 23-J, que fue condición de posibilidad para la reedición del gobierno de coalición, aunque sin mayoría netamente de izquierdas y sustentado en una mayoría plurinacional, transversal y periférica.

Estos son los números que dibujan una demanda para tres millones de votos. Recuerden que en España siempre manda la demanda y nunca la oferta electoral, aunque la industria del relato trate de decirnos lo contrario. De hecho, en el 2015, todos los que hoy son susceptibles o han sido interpelados a formar parte de la Reflexión Rufián, mal llamada operación , obtuvieron por separado más de siete millones de votos y 82 diputados. Rufián aboga técnicamente por una lista plurinacional de izquierdas para que tras las siguientes generales “no nos maten por separado (dixit)”. Vale la pena recordar también que el PSOE, en aquella ocasión, obtuvo 5,5 millones y 90 diputados. Desde entonces y hasta el 23-J lo plurinacional ha sido clavo del abanico, aunque ha tenido un “casi nadie” que le escriba. De hecho, el 23-J la Reflexión Rufián obtuvo cuatro millones y 45 diputados. Hoy, muy probablemente, sean unos pocos más porque este espacio es un valor refugio para muchos apoyos que en el 2015 estuvieron en lo plurinacional, y en el 2019, tras la censura del 2018 y con el factor Sánchez, se mudaron al PSOE gracias a la gestión de un nuevo equipo con una estrategia política que lo vio venir.

Gobierno de coalición o impugnación, ahí está el quid de la cuestión. Coaligamos o impugnamos

El “factor plurinacional” manda, pues, desde hace diez años, porque se configuró como el eje de ruptura y la impugnación al bipartidismo, de la misma manera que hoy es el “factor autoritario” el que coge este testigo. Vox está cerca de los cinco millones de votos y casi 70 diputados. Los factores como vertebradores de mayorías y gobiernos, vectores de malestar e impugnación, antes y ahora, que provocan cambios profundos en la política española, aunque las reformas institucionales tarden en llegar.

El declive para la coalición es posible que comenzara aquel 2021. Desde entonces, el eje es Gobierno de coalición versus impugnación. Los partidos a los que apeló Rufián tienen todos en su haber el logro del primer gobierno de coalición progresista desde la Segunda República, que hoy pareciera que no sirve 94 años después, lo que es, a todas luces, un grave error político. Solo por ello la Reflexión Rufián no se debería tomar como un disparate, como algunas fuentes manifiestan con desdén. ¿Qué sentido tiene además competir entre partidos, si se falla a la demanda?

La política, como muchos otros aspectos en la vida, no se guía por criterios racionales sino subjetivos, pasionales y personales. Y mayoritariamente por personas que no ven lo que está ocurriendo. Quizá nadie haya reparado todavía en que la política española actual tiene los mismos representantes que en el 2014. Entonces ya estaba Pedro Sánchez, aunque fuera otra versión con otro equipo, Ione Belarra, también diputada desde el 2015, Santiago Abascal, presidente de Vox desde entonces, o Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. Sí, los hay incluso que llevan mucho más tiempo. Sería de sentido común pensar que a las cuitas se le une el cansancio con los representantes. Si este agotamiento es cierto, por qué no iba a serlo entre demócratas, convendría ser humilde y escuchar mejor la propuesta de Rufián, porque el diputado de ERC en su reflexión tiene razón, aunque en política no es lo mismo tener razón que tener éxito.

La palabra unidad no explica nada ni en la izquierda ni la derecha. Es además un concepto abstracto. ¿Unidad, para qué? Ojo con la respuesta. Gobierno de coalición o impugnación. De hecho, ahí está el quid de la cuestión. Coaligamos o impugnamos.

laVanguardia

The Situation Room

Iván Redondo

"No lo llames dimisión, llámalo mudanza"

 

Dura crítica

Rayden carga de manera contundente contra Mediaset por fichar a Noelia Núñez

El cantante se ha expresado en contra de la colaboración de la expolítica en programas de Cuatro

Rayden / Noelia Núñez en 'En boca de todos' / RTVE / CUATRO

Kevin Rodríguez

Madrid27 JUL 2025 15:36

La política va a escándalo por día y la televisión se ha acostumbrado a aprovecharlo. El último ha sido el caso de Noelia Núñez que, tras ser pillada mintiendo en su currículum, fichó por Mediaset, lo que ha generado numerosas críticas.

Para muchos ha sido poco acertado que el grupo audiovisual haya decidido incorporar a la expolítica como colaboradora justo después de su dimisión por mentir en su currículum.

En este sentido, Rayden ha sido uno de los más contundentes a la hora de criticar esta decisión: "No lo llames dimisión, llámalo mudanza", escribía de manera contundente en un post en X.

elperiodicoMediterraneo

La realidad de una mujer joven y sin estudios de Fuenlabrada

 

• Gente que lleva años trabajando por sueldos míseros con la esperanza de algún día mejorar tienen que ver cómo una pija de cole privado les ha estado robando el mérito para forrarse del dinero público que les niegan para poder acceder al mercado de la vivienda. Pero no importa, ella seguirá viviendo mejor que quien de verdad sí se esfuerza

• Antonio Maestre

• 

  Noelia Nuñez interviene durante un pleno en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

  26 de julio de 2025 22:20 h

  Actualizado el 27/07/2025 10:22 h

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  Noelia Núñez cobraba 85.000 euros al año. Llevaba más de 10 años viviendo de la política con sueldos que ningún joven con su formación podría soñar jamás acudiendo al mercado laboral privado, ese que como ardiente seguidora de Margaret Thatcher defendía para los demás como modo de salir adelante. Su dimisión por haber mentido arrogándose una formación que no tenía es un buen ejemplo de cómo quieren para los demás lo que no podrían soportar en carne propia. ¿Imaginan a Noelia Núñez saliendo al mercado laboral con su formación siendo una mujer joven de Fuenlabrada? En tres semanas está viendo películas de Ken Loach con camisetas del EZLN y afiliándose a la CNT.

  No va a necesitarlo porque gente como ella siempre cae de pie. Para eso tiene al partido que la ha vapuleado usándola como arma arrojadiza por todos los medios contra el PSOE con la condición de no dejarla tirada y acudir a su salvación cuando pase la tormenta. Porque no tengan ninguna duda que acabará en algún buen puesto remunerado de la misma manera generosa que hasta ahora venía engordando sus cuentas corrientes. Hasta que ese momento se produzca ya tiene para ir tirando con su fichaje por Mediaset, que la ha premiado por ser una mentirosa compulsiva, se ve que eso es un valor para sus programas. Todo acto lleva acarreado un mensaje.

  En Fuenlabrada una mujer con el curriculum de Noelia Núñez no puede aspirar a un sueldo de ese porte. El código postal pesa mucho, ser mujer también, y ser joven añade una carga. Cuando todo eso se junta solo te queda precariedad. Pero vamos más lejos, de hecho es probable que en Fuenlabrada una mujer con un curriculum como el que se inventó no pueda aspirar a cobrar un salario de ese porte. De hecho es muy probable que una mujer joven con un curriculum el doble de bueno que el que Noelia Núñez se inventó no pueda aspirar ni soñar con un sueldo como el que Noelia Núñez se fraguó mintiendo a todos los fuenlabreños y haciéndose pasar por quien no era. Lo más normal es que esas mujeres tengan que conformarse con puestos precarios en el comercio o la hostelería esperando que algún día un golpe de suerte les haga poder encontrar un puesto mejor remunerado al cabo de muchos años o prepararse para unas duras oposiciones en las que compitan, estas sí, con sus méritos, con muchas otras mujeres igual de preparadas, para poder vivir con un sueldo decente en esas administraciones públicas que Noelia Núñez y su partido quieren adelgazar hasta dejarlas exhaustas y así solo poder vivir de ellas los de su clase dejando sin posibilidades a quien no tiene enchufes ni relaciones.

  En Fuenlabrada el salario bruto por declarante es de 25.291 €, solo Parla tiene una renta inferior en la Comunidad de Madrid, es lo que tiene ser del sur olvidado por la Comunidad de Madrid de Ayuso y su representante fake en la ciudad. Si tenemos en cuenta que a nivel de la Comunidad de Madrid el salario cuando eres menor de 25 años es la mitad del que se tiene cuando se está por encima de los 45 años, e incluyendo la brecha de género, podemos deducir que una mujer joven en Fuenlabrada sin estudios a lo más que puede aspirar es a cobrar el salario mínimo interprofesional que el partido de Noelia Núñez siempre ha estado en contra de subirlo y que peleará siempre por congelarlo cuando esté en el poder. Esa es la realidad de una persona de Fuenlabrada con el perfil de Noelia Núñez que no se mete con 16 años en NNGG y que no miente con el curriculum. Esa es la aspiración real para Noelia Núñez sin medrar ni tener una red orgánica y clientelar que la proteja, un salario de 1500 euros brutos a jornada completa, que lo más normal es que fuera un salario de 800 o 1200 euros al mes con jornada parcial.

• Todo eso es lo que indigna sobremanera a la gente joven de un municipio de clase humilde como Fuenlabrada, personas que sin formación, sin preparación, sin un oficio, sin haber trabajado desde jóvenes buscándose la vida, den un pelotazo con un discurso de abandono de lo público para quien lo necesita mientras ellas viven a cuerpo de reina de lo público. Pero es que encima mintiendo con sus méritos, robando lo único que tiene la clase trabajadora, cuando encima defiende que el pobre no sale de su situación porque no se esfuerza lo suficiente ya que la sociedad siempre premia el talento y no al que medra. Es tal insulto a la inteligencia que es difícil escribir esto pausando las ganas para salir a quemar cosas.

  Hoy en día una persona joven con múltiples estudios de una extracción humilde no puede ni soñar con poder formar una familia, independizarse y tener la capacidad para no ser ahogado por la ansiedad y la incertidumbre. Gente que lleva años trabajando por sueldos míseros con la esperanza de algún día mejorar tienen que ver como una pija de cole privado les ha estado robando el mérito para forrarse del dinero público que les niegan para poder acceder al mercado de la vivienda. No entienden lo que duele e indigna a las clases populares que les roben lo único que tienen, el esfuerzo y el sacrificio para mejorar su vida. No lo entienden y les explota en la cara la conciencia de clase. Pero no importa, ella seguirá viviendo mejor que quien de verdad sí se esfuerza.

• eldiario.es