Javier AlonsoEste Billete es una inesperada segunda parte de otra columna con el mismo título publicada el 9 de junio de 2017, hace más de ocho años, cuando el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal auspiciada cinco años antes por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El título respondía a la evidencia de que Montoro no iba a pagar –en ninguno de los sentidos que el verbo pagar tiene– por el agujero causado a la Hacienda pública. Ni el Tribunal de Cuentas le hizo pagar el dinero dejado de ingresar, que ya no se podía reclamar a los evasores porque habían pasado cinco años, ni el ministro presentó la dimisión, ni Rajoy tuvo a bien cesar al autor de la tropelía.
Esta segunda parte, con el mismo título, responde a la sospecha de que Montoro tampoco pagará por el escándalo que ha salido a la luz ahora, aunque la investigación judicial se estaba desarrollando en secreto desde hace ocho años.
Una investigación que se inició en 2017 sobre hechos que fueron denunciados en la prensa mucho antes, por ejemplo, por Ben Sills en Bloomberg (agosto de 2012) o por Eva Belmonte en Civio (octubre de 2013), sin que Rajoy se enterase porque solo leía el Marca.
Montoro debe pagar pero no lo hará porque, como ha recordado su sucesora, María Jesús Montero, se podrán rectificar las leyes que beneficiaron a las empresas clientes del despacho lobista fundado por él, pero el dinero que las administraciones han dejado de percibir –entre ellas, el Ayuntamiento de Sagunto– no se va a recuperar.
Tampoco el Tribunal de Cuentas actuará aquí porque este organismo no practica la caza mayor. Lo suyo es pedir resarcimientos a alcaldes de medio pelo que cobran dietas indebidas, a concejales manirrotos y a empleadas de empresas municipales de transportes que son víctimas de una estafa.
Puede que ni siquiera penalmente pague el exministro por sus pecados, ya que la investigación se inició por un mensaje de correo electónico encontrado en un registro durante otra investigación y la doctrina garantista del Tribunal Supremo a raíz del caso Naseiro no ha variado: no son válidas las pruebas obtenidas casualmente en un registro ordenado en el curso de otra causa judicial. Los abogados del despacho ya han solicitado que se anule esas pruebas.
Además, dado que los cambios legales presuntamente impulsados por Montoro a cambio de dinero fueron aprobados por el Congreso, el exministro también se beneficiaría de la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional que libró a Chaves y Griñán de la cárcel en el caso de los ERE, según la cual no hay responsabilidad penal del gobernante cuando la decisión final la toma el legislativo. La separación de poderes al servicio de los delincuentes.
Así que el único consuelo que nos va a quedar a sus víctimas, que somos todos, es coger las palomitas y asistir a la sucesión de revelaciones sobre el tipo presuntamente más corrupto de la historia de la actual democracia. Porque esto es más grave que lo de Cerdán, Ábalos, Zaplana y todos los presuntos corruptos y corruptos condenados que quieras poner de ejemplo.
Esto es –si se demuestran los indicios que parecen bastante sólidos, tengan castigo penal o no– un ministro de Hacienda que perdona a evasores fiscales forrándose a costa de bajar impuestos a empresas que le pagan por ello, causando un daño a la Hacienda pública y, en el colmo de la sinvergonzonería, defraudando él mismo a Hacienda.
Resulta que el ministro que obligó a drásticos recortes en los servicios públicos, el trilero de la financiación autonómica que se reía de los valencianos y nos llamaba llorones cuando le pedíamos la reforma del sistema, no se manejaba por principios de justicia sino de avaricia.
Gracias a la investigación, hemos descubierto que la manera de conseguir la reforma de la financiación no era acudir al Ministerio de Hacienda con informes y propuestas de reforma, como hicieron Alberto Fabra y Ximo Puig, sino pasarse por el despacho de Equipo Económico (antes, Montoro y Asociados) y encargarle el proyecto. Es decir, pasar por caja. La de disgustos que nos habríamos ahorrado de haberlo sabido.
Por cierto, Galicia, que está muy cómoda con el actual sistema de financiación autonómica y no quiere cambiarlo, sí que contrató a Equipo Económico cuando Núñez Feijóo era presidente de la Xunta.
PS: La diputada del PP Noelia Núñez ha dimitido por haber falseado su currículum, dejando en evidencia a otros que, con infinitos más motivos para dimitir, siguen en el cargo.
castellonPlaza
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