Luis Bárcenas y Cristóbal Montoro / Nacho García
Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / J. G. Albalat / Ángeles Vázquez
Archivo - El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, llega a una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España).
El partido modifica el currículo de su 'número dos' en su web oficial para recoger los mismos datos académicos que figuran la del Congreso El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha jactado este viernes de que el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, "ha dejado de ser periodista" en la biografía que tiene colgada en la web del partido tras haberse enzarzado con él por sus títulos universitarios.
"Miguel ha dejado de ser periodista en la web del PP para pasar a ser licenciado en Políticas", ha destacado Puente en un mensaje de X, lanzado a las 11.25 de este jueves. "¡¡Cambiado!! [...] ¡¡Bravo Miguel!! ¿De darse tiros en el pie había alguna asignatura en la carrera? Porque sacarías matrícula!!!", ha ironizado Puente en su post.
El ministro ha acompañado su mensaje, recogido por Europa Press, con una captura de pantalla de la página web de los populares en la que aparece la biografía de Tellado con la información de ser Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela.
¿RARO, NO?
Previamente, a las 9.13 horas y a través de la misma red social, Puente había acusado a Tellado de discrepancias curriculares entre la página web de los populares y la del Congreso de los Diputados: "Según la web del PP eres periodista. Y según la del Congreso, licenciado en Ciencias Políticas".
"Raro, ¿no?", ha ironizado Puente tras acusar a Tellado de haberse "marcado un Noelia", en referencia a Noelia Núñez, la ya exdiputada y exdirigente del PP que dimitió esta semana por mentir acerca de su formación académica.
El ministro había adjuntado a su publicación dos capturas de pantalla: la primera, referida a la sección biográfica de Tellado en la página web del PP en la que se le presenta como periodista.
No obstante, según ha comprobado Europa Press, pasadas las once, en la página web del partido ya se presentaba a su secretario general como Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, el mismo título que se le atribuye en el perfil de Tellado que figura en la web del Congreso, del que el ministro también adjunta un imagen.
Ese contenido es el que figura en la última publicación de Puente y por el que se ha jactado públicamente de que "Miguel ha dejado de ser periodista".
SACA TUS TÍTULOS
Puente había utilizado su publicación de primera hora de la mañana para responder al 'número dos' del PP, quien le había instado previamente a que enseñase junto a otros dirigentes socialistas sus títulos de máster y estudios universitarios: "A ver Miguel, vas con un retraso de siete años. Yo mi título ya lo enseñé en 2018. Pero ya que estamos, saca los tuyos", ha respondido el ministro de Transportes.
Tellado ha replicado al ministro a las 10.33 horas a través de la propia X y le ha acusado de hacer el "ridículo": "Debe haber 300 entrevistas mías publicadas en las que digo que, aunque soy licenciado en Ciencias Políticas, he trabajado como periodista y jefe de prensa", ha explicado el dirigente 'popular' sobre esa acusación de discrepancia curricular.
"Como ves que tu campaña infame se os está dando la vuelta, sigues con tu basura", le ha recriminado el dirigente del PP. "A ver si lo arreglas y no te llevas a Pilar Bernabé, Patxi [López] y a ti mismo por delante", ha instado Tellado al ministro como paso previo de acusarle de hacer el "ridículo".
MSN Europa Press
Cristóbal Montoro y Rodrigo Rato / Nacho García
Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / J. G. Albalat / Ángeles Vázquez
Esta información se publicó el día 26 de abril de 2024. El contenido hace referencia a esa fecha.
Los correos electrónicos que intercambió en 2015 la cúpula del Ministerio de Hacienda con el entonces ministro, Cristóbal Montoro, ponen de manifiesto las presuntas maniobras desarrolladas por estos altos funcionarios en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, según ha comprobado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que ha podido consultar varios de los mensajes que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén Rus Vela. Este magistrado investiga si la consultora Equipo Económico, que fundó en 2006 Montoro, usó sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda” en beneficio de sus clientes, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacción.
El primer mensaje que alude a Rato lo envió el 21 de enero de 2015 -cuatro meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)- el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, quien relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la "situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”, explica este alto cargo, que finaliza el mensaje destacando que esta y otras informaciones podían comentarse "el jueves después del comité de dirección (es muy tarde, no sé si es oportuno), o después del CM [Consejo de Ministros] del viernes (que creo que es más apropiado). Como prefieras", especifica el mencionado email.
Y unos días después, el 9 de febrero de 2015, otro correo electrónico evidencia la relevancia de la participación de Montoro en las actuaciones de Hacienda, que auxilia a los jueces en sus investigaciones. Así, el jefe de gabinete de Montoro confirmaba que "RR [Rodrigo Rato] sí presentó 720 [Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir".
El 16 de abril de 2015 Felipe Martínez Rico relata a Montoro que la denuncia que había presentado la Fiscalía de Madrid contra Rato "tiene fecha de ayer. Es una denuncia muy extensa (54 páginas) y documentada. David [Mellado; que era secretario general técnico en el Ministerio de Hacienda] está repasando el texto". Además, el jefe de gabinete del ministro explica a su jefe que la denuncia "describe los siguientes riesgos: Delito fiscal por el IRPF e [Impuesto de Sociedades] IS, unido a un posible delito de blanqueo de capitales. El delito fiscal de IS está relacionado con la sociedad con residencia en Gibraltar. El riesgo fiscal está asociado a la familia Rato-Alarcó, y el texto de la denuncia cita operaciones en las que están involucrados varios miembros de la familia. 'Nos viene bien', para demostrar que la DTE [amnistía fiscal] ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria (AEAT) para centrar investigaciones de fraude fiscal, y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal", completa el documento.
En el email se alude, asimismo, a que la denuncia de la Fiscalía contra Rato detectaba "operaciones de despatrimonialización realizadas con mucha intensidad en 2014 y 2015, y que podría derivar de las posibles responsabilidades pecuniarias que le puedan ser exigidas en el proceso judicial de Bankia".
Un cuarto correo electrónico, este de 30 de septiembre de 2015, informa al entonces ministro de Hacienda de las detenciones que había llevado a cabo ese mismo día la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Ministro, la GC ha informado hoy a la AEAT de dos detenciones y registro en los respectivos domicilios de Teresa Arellano (secretaria de RR) y de Montero Quevedo (representante de Kradonara). Las actuaciones son consecuencia de las investigaciones de la GC por delito de blanqueo. Santiago [Menéndez] ha comprobado y confirma la hipótesis de lo que me comentabas esta mañana. Mañana tendrás una nota explicando la vinculación con la sociedad del hotel. Felipe", dice el mensaje, que tiene en su poder el juez de Tarragona.
Precisamente, la que fuera secretaria de Rodrigo Rato desde 1989 en el Partido Popular, en el Congreso, en el Gobierno y en Caja Madrid y Bankia, Teresa Arellano, rompió a llorar en la Audiencia Provincial de Madrid durante su declaración, que tuvo lugar hace dos semanas en el juicio por el supuesto patrimonio oculto del exvicepresidente del Gobierno.
A preguntas de su abogado, Arellano relató las consecuencias que según ella sufrió a raíz de su detención en 2015: "Me trasladaron a [la Comandancia de la Guardia Civil de] Tres Cantos (Madrid), donde permanecí dos noches en una celda, hasta que me pusieron delante de un juez instructor, ante el que estuve 30 minutos declarando y del que no he vuelto a saber nada en ocho años y medio. Mi vida se acabó tanto profesional como personalmente, y lamento, por favor, señorías, estar así, pero es una situación que no logro superar", declaró.
El último de los correos electrónicos de la cúpula de Hacienda sobre el caso Rato, que esta redacción ha podido consultar, lo envió el 30 de noviembre de 2015 el que fuera director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez al jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico. Y en él se informa al entonces titular de Hacienda sobre diferentes "informes". En el primero, prosigue el email, se aludía a "la operación con Telefónica, en el sentido que pedimos se tome declaración al representante legal de Telefónica para que informe del contrato con RR [Rodrigo Rato], y ya se incluyen determinadas pruebas, en la que queda de manifiesto que el señor RR estaba avisado a través de sus asesores de la simulación que suponía el cobro a través de Kradonara, etc". Esta empresa es una de las sociedades señaladas por los investigadores en relación al presunto blanqueo de capitales atribuido a Rato.
El mensaje alude, en el mismo sentido, a que "el control absoluto de RR sobre Kradonara queda demostrado ya que, daba el visto bueno a las cuentas y conocía con precisión todos los movimientos contables. El ánimo de ocultación se refleja en el correo que remite Domingo Plazas a su empleado Fernando Sedano, en el que pone de manifiesto lo irregular de emitir facturas entre sociedades, sin control y sin contrato que las ampare". El propio Rato ha reconocido en el juicio que las decisiones sobre esta empresa las tomaba él mismo.
En relación a otra de las empresas vinculadas al ex director gerente del FMI, el email indica que Muinmo es una sociedad "de los tres hermanos Rato que presentan concurso voluntario en el ejercicio 2014, dejando como principal acreedor a la Hacienda Pública (1.000.000 euros). La Hacienda Pública hubiera podido cobrar si no se hubiera procedido al vaciado de la compañía una vez realizadas las ventas de los activos más significativos. Las deudas son fundamentalmente por el IVA de dichas ventas (que son ventas relacionadas con los Rato, pero la Administración concursal no conoce ese dato)".
También informa sobre la mercantil Guide Bridge Capitalk, como "sociedad de RR con antiguos directivos de Caja Madrid. Ejercicios 2013/2014. RR percibe sus retribuciones, alrededor de 375.000 euros, a través de Explotaciones Carabaña, la cual no declara en el 347 pago alguno a RR. Guide Bridge Capital tiene entrada de divisas por 2 millones de euros que no aparecen recogidas en su modelo 200".
elperiodico.com
El Govern d´Espanya ha publicat les darreres dades generals d´atur registrat: el 10,29%
De les Coves, les dades més recents que s´han pogut aconseguir refererides a afiliació a la Seguretat Social i al nostre paro són del mes de febrer d´enguany.
Tenim dos dates diferents, l´actual de juliol pel que fa a l´atur general de tot el país i el particular de les Coves de fa sis mesos, del mes de febrer. La comparativa d´atur a Espanya amb l´atur a les Coves queda distorsionada pel decalatge temporal però si ens pot donar una idea de com va l´un respecte a l´altre.
-Espanya registra a 31 de juliol un atur del 10,29% .
-Les Coves registra a 28 de febrer 79 persones a l´atur.
-Les Coves registra a 28 de febrer 1.133 afiliats a la Seguretat Social
-Estes xifres ens donen un percentatge del 6,97% de covarxins/es al paro.
Amb aquests números podem també determinar altres estadístiques, per exemple que 1.133 persones, el 60,75% dels covarxins cotitzen per ells mateixos i pels 732 veïns del poble (jubilats, estudiants o menors d´edat).
Reconstrucción del correo electrónico de 12 de marzo de 2015 enviado por Felipe Martínez Rico a Cristóbal Montoro / Nacho García
Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / J. G. Albalat / Ángeles Vázquez
Por qué confiar en El PeriódicoEsta información se publicó el día 23 de abril de 2024. El contenido hace referencia a esa fecha.
Losa sobre las actividades de la consultora Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
En concreto, el 12 de marzo de 2015 el jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, remite un email al ministro con las alternativas que creían tener respecto a la posible implicación del PP en el caso: "Si se quiere dar contenido en la respuesta al juez, el plazo vence el domingo, (pero se podría solicitar una prórroga, y se contestaría la semana que viene); si se quiere plantear un conflicto de jurisdicción, el plazo vence el lunes". Después, Martínez Rico avisa al ministro de que, “de momento, ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez (hay cuota de delito, por importe de 220.000), y lo que quiere responder la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ONIF (conflicto)”. Al final, Hacienda optó por considerar que el PP, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal.
Fue la entonces inspectora jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, y no los funcionarios designados en Auxilio Judicial que hasta ese momento venían realizando los informes, la que contestó al juez Ruz. La alto cargo había rechazado en un primer momento elaborar el trabajo que le había reclamado Ruz, que se vio obligado a reiterar su petición de que se cuantificara el valor del Impuesto de Sociedades y del IVA que debía abonar el Partido Popular.
Este periódico ha podido consultar el correo electrónico de Martínez Rico, así como otros que se intercambiaron los miembros de la cúpula del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos entre 2013 y 2018, y que ahora tiene en su poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. En ellos, el que fuera jefe de gabinete del ministro, Felipe Martínez Rico, el secretario general técnico, David Mellado, y el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comunican a Montoro las opciones que tenía Hacienda para exonerar a la formación conservadora de cualquier delito fiscal en el caso de la caja 'b' del partido, que instruyó en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz. Este magistrado había descubierto que la formación liderada entonces por Mariano Rajoy había pagado en negro más de un millón de euros a la empresa de arquitectos Unifica para la reforma de la sede del partido en la madrileña calle de Génova. Y quería que los funcionarios de Hacienda determinaran si ese gasto podía tener implicaciones penales contra el PP como persona jurídica.
En ese momento, la cúpula de Hacienda sabía que la investigación judicial había detectado “más de 1 millón de entradas al Partido y 1,6 millones de salidas o pagos desde el Partido”. Y estos altos cargos alertaron al “ministro” de que “el juez estaba valorando un primer escrito de Hacienda y que podría solicitar otra vez el cálculo de la cuota”. Como respuesta al magistrado, Martínez Rico relata a Montoro que podían "elevar un conflicto jurisdiccional a una sala especial. La Abogacía nos transmite que el fiscal [Antonio Romeral] cree que no hay delito, y que quiere seguir investigando [un] posible delito fiscal solo de Unifica, y que esta valoración coincide con la de la Agencia Tributaria (AEAT)".
Estos mensajes de la cúpula de Hacienda se enviaron después de que Ruz hubiera dictado el 25 de febrero de 2015 una providencia en la que encargaba a los peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de Hacienda, que cuantificaran la deuda tributaria del PP “al objeto de determinar la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular por el Impuesto sobre sociedades de 2008 (…)”, si no se consideraran exentos de tributación los pagos en ‘b’ que habían sido descubiertos con los papeles de Bárcenas.
En el mismo sentido, los emails consultados por esta redacción evidencian que el ministro Montoro tuvo en todo momento información del procedimiento. Así, el 9 de marzo de 2015 Felipe Martínez Rico le envía un mensaje con un archivo adjunto denominado "Documento Fiscalía", en el que explica a su jefe en el Ministerio que a Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria, le habían enviado, "de manera informal, el mismo documento que adjunta Julia [Mansilla]. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz", alertó. Y por eso, la Agencia Tributaria comenzó a elaborar "un escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz".
A Santiago [Menéndez] le habían enviado de manera informal el mismo documento que adjunta Julia [Mansilla]. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz
La reacción del instructor llegó 24 horas después, el 10 de marzo. Ese mismo día los altos cargos del Ministerio informan a Montoro de que “ya había llegado el auto del juez”. En él Ruz calificaba de "infundado”, “erróneo” e “improcedente” el criterio de García-Valdecasas, al mismo tiempo que lamentaba que la negativa de la inspectora jefe de la ONIF a contabilizar el dinero que debía pagar el PP partía de “un deficiente entendimiento” de lo que era la labor de auxilio judicial.
Al día siguiente, el 11 de marzo, a las 9.33 de la mañana, el jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, reenvía a Montoro un email que previamente había recibido del secretario general técnico del Ministerio, David Mellado, en el que especifica las posibles respuestas que podían dar al magistrado: “Ministro, para tu información. Asunto: Alternativas Auto Juzgado Central de Instrucción número 5. Felipe, te paso alternativas que han revisado en el Departamento de Penal”.
Y unas horas después, a las 16.37 horas, Martínez Rico alude en otro correo dirigido a Montoro las dos principales opciones que Hacienda podía plantear al instructor: "La AEAT parte de unos ingresos de 1 millón de euros [...]. Si se le aplicasen los gastos deducibles (900.000), la base imponible quedaría en 100.000. La cuota defraudada, una vez reducida en retenciones, queda en alrededor de 30.000. No es delito". Si no se aplicaban estos gastos deducibles, prosigue el correo electrónico, "la aplicación directa del tipo del 25% a los ingresos de un millón de euros, resulta en 250.000, que sí es delito", destacan los altos funcionarios, para después concluir: “Como no hay prueba de los gastos deducibles, la AEAT considera que es probable que el juez no los tenga en cuenta para calcular la cuota defraudada. En este escenario, el cálculo de la cuota defraudada daría resultado de delito”.
Estas maniobras de la cúpula de Hacienda se conocen gracias a la investigación que desarrollan el juez de Tarragona Rubén Rus Vela y la fiscal Carmen García Cerdá. Y los emails ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda especifica a Montoro qué pasos se podrían dar para enfrentarse al juez Ruz en su disputa con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda sobre la implicación del PP en el caso de los papeles de Bárcenas. En la causa que sigue el juez de Tarragona contra Equipo Económico está imputado Ricardo Martínez Rico, hermano de Felipe Martínez Rico, entonces jefe de gabinete de Montoro. Ricardo también tuvo cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda. Otro de los imputados en el caso es Salvador Ruiz Gallud, que dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004.
El 8 de abril 2015, Montoro recibe un mensaje en el que le dan cuenta de aspectos relevantes de la acusación contra el PP: “Me comenta David [Mellado], el fiscal del caso (Romeral) va a acusar de delito fiscal al Partido por la parte de Unifica pero no por las donaciones ilegales. Considera el fiscal que, sin meterse a valorar si las donaciones deberían estar exentas o no en el Impuesto sobre Sociedades, el delito fiscal no está concretado (el auxilio de la AEAT ha dejado abiertas opciones en su informe en las que no hay cuota superior a los 120.000 euros). Lo único concreto es el delito fiscal en el caso del estudio de arquitectos, y ahí es dónde va a centrar la acusación. Parece ser que el fiscal va a formular así la acusación. (Unifica y no donaciones ilegales). Y que lo pasará a ok de la AEAT. Si se confirma lo que te he expuesto: la acusación, desde nuestro punto de vista, está bien enfocada; facilita el papel de la AEAT (que no tiene que sugerir cómo formular la acusación, sino simplemente confirmar el criterio del fiscal. Le he pedido información adicional a David sobre esto y sobre el procedimiento de la Infanta), que tendrá disponible mañana, por si te convocan el viernes. Felipe”.
También advierte al ministro de que el fiscal considera que, "aún en el hipotético caso de que se acusase de delito fiscal a Unifica, no hay elementos de prueba suficientes para imputar al partido como colaborador necesario. En todo caso, si existiesen elementos suficientes para imputación de colaboración necesaria, serían asignados a Bárcenas".
Desde la apertura de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, el Partido Popular y la Agencia Tributaria defendieron que los partidos políticos estaban exentos de tributar por el Impuesto de Sociedades. Pero esta conclusión fue rechazada tanto por Ruz como por la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional.
Los mensajes en poder del juez de Tarragona certifican también que la cúpula de Hacienda no se fía del instructor: "El informe de la AEAT que te envié ayer, el correspondiente al auxilio, que fijaba la cuota en 220.000 lo ha enviado el funcionario hoy por registro internamente a la ONIF. Santiago [Menéndez, director general de la AEAT] tiene miedo de posibles filtraciones [...] es posible que esta información haya podido llegar o llegue al juez", dice otro email de 13 de marzo de 2015. En el mismo sentido otro correo, este de 8 de enero de 2015, muestra este recelo respecto a la actuación de Pablo Ruz: "Ministro: El juez Ruz, a través del fiscal, ha pedido un tercer informe sobre la financiación del partido. Después de que la AEAT hiciese dos informes concluyentes, ahora el juez ha utilizado al fiscal para que sea el Inspector de Hacienda destinado en la Fiscalía quien haga un tercer informe sobre el tema: se había pedido hace un tiempo, y Santiago lo ha detectado hoy. El informe todavía no se ha emitido", dice el mensaje.
Anticorrupción concluyó en su escrito de acusación que los extesoreros del PP Luis Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta “gestionaron” los fondos en metálico que habían sido aportados al PP “por donantes de quienes no podían recibir los mismos” de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos. Sin embargo, no atribuyó ningún delito a la formación conservadora, que solo podía ser responsable civil subsidiaria de los delitos atribuidos a Bárcenas.
En la sentencia del caso, la Audiencia Nacional dio por probado que el PP pagó más de un millón de euros en 'b' para remodelar su sede en el centro de Madrid, al mismo tiempo que el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas fue condenado a dos años de prisión por abonar estos fondos "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública".
elperiodico.com
22 de julio 2025
SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (AEL) impulsarán una macrocausa judicial contra las plantas fotovoltaicas en superficies agrarias útiles para evitar un «apagón alimentario» ante el auge de estas instalaciones que, en algunos casos, se han construido en base a un «fraude de ley».
«Nuestro objetivo es que este plan cristalice en una acción legislativa, que el Congreso impulse un proyecto de ley para zonificar el territorio nacional (…) poder ver dónde sí y dónde no se puede (instalar las plantas fotovoltaicas)», ha explicado la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán.
Ambas asociaciones han escenificado este martes su alianza para poner en marcha una macrocausa judicial conjunta en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos con alto valor de cultivo, aunque no han especificado cuándo comenzarán ni el número de cultivos afectados.
Según Corbalán, muchos proyectos fotovoltaicos se están haciendo sin garantías y sin respetar la «zonificación» dado que no hay un orden que regule esta materia. A su juicio, se está calificando suelo industrial «por la parte de atrás», ya que una planta fotovoltaica no es una infraestructura.
Por su parte, la presidenta de la AEL, Margarita Fernández, ha urgido a que la instalación de estas estructuras se sustente en una planificación energética basada en criterios sociales, territoriales y ambientales y «no en intereses especulativos de organismos internacionales».
«Defendemos un modelo armónico, en el que convivan las energías renovables y la agricultura», ha resumido, y para ello realizarán un «análisis exhaustivo» de todos los proyectos fotovoltaicos nacionales, tanto de aquellos que ya están en funcionamiento como los que están en vías de desarrollo.
El primero será el de Lopera (Jaén), donde las asociaciones ya han pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que suspenda las expropiaciones y paralice los proyectos fotovoltaicos que implican la tala de 42.000 olivos. Para ello, SOS Rural ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que ya alcanza las 132.000.
Las portavoces han reiterado la necesidad de mantener el suelo agrario para no caer así en un «apagón alimentario», además, han coincidido en que con la pérdida de estas zonas se elimina «sumideros naturales de carbono» que protegen la biodiversidad y la desertificación.
«Renovables sí, pero de forma controlada», han resumido ambas portavoces a la espera de poner en marcha esta macrocausa judicial con la que esperan llegar a un futura ley que garantice el suelo agrícola y la protección del trabajo de los agricultores
agronegocios.es
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la sede de la Confederación Cooperativas. EP.
El síndic Jose Muñoz desde el PSPV-PSOE en Les Corts carga contra Carlos Mazón, al que acusa de repetir la estrategia de Cristóbal Montoro con un “BOE a la carta” diseñado para favorecer a grandes lobbies y sectores empresariales muy concretos. Bajo esta premisa, los socialistas aseguran que la Comunitat Valenciana está viviendo una regresión normativa que “coloca los intereses privados por encima del interés general” y compromete la financiación de los servicios públicos esenciales.
“Varias empresas tienen la capacidad de legislar a la carta con la ayuda inestimable del Partido Popular”, denunció este martes el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, en una comparecencia ante los medios. A su juicio, la Generalitat Valenciana estaría aprobando “leyes hechas a medida” para constructoras, eléctricas, nucleares o el sector del juego, reproduciendo así una práctica que, según recuerda, ya marcó la etapa de Montoro en el Gobierno central.
Uno de los ejemplos más claros para los socialistas es la reforma de la Ley del Juego impulsada por el Consell de Mazón. En su primer año de mandato, el gobierno autonómico eliminó la distancia mínima de seguridad entre las casas de apuestas y centros educativos, sanitarios o espacios de ocio infantil, una medida que el PSPV atribuye directamente a la presión de los lobbies del juego. Hasta entonces, la normativa establecía una distancia de al menos 850 metros para evitar la exposición de menores y jóvenes a estos establecimientos.
El PSPV alerta de que esta decisión ha disparado la apertura de nuevos locales de apuestas en barrios obreros y zonas vulnerables, una tendencia que contrasta con la línea restrictiva que se sigue en otras comunidades autónomas. “Mientras en otros territorios se refuerzan las limitaciones para proteger a la juventud y a los barrios más humildes, aquí Mazón ha hecho justo lo contrario, cediendo al lobby del juego”, lamentó Muñoz.
Por ello, los socialistas registrarán de inmediato en Les Corts una Proposición de Ley para restablecer esa distancia mínima y evitar que las casas de apuestas sigan proliferando cerca de colegios e institutos. “Queremos blindar la salud y el futuro de los jóvenes frente a la ludopatía y los intereses de unos pocos”, defendió el síndic socialista.
El otro gran frente abierto por el PSPV es la reciente condonación de 14 millones de euros a las empresas del sector nuclear. La Generalitat decidió eliminar un impuesto autonómico que gravaba la actividad de estas plantas, una tasa que se había implantado para compensar el impacto ambiental y económico de su actividad. Para Muñoz, esta medida supone un “regalo millonario” que solo beneficia a “una élite empresarial” mientras la Administración deja de recaudar recursos clave para reforzar la sanidad, la educación o la dependencia.
“En la Comunitat Valenciana, la ramificación del BOE a la carta tiene lugar con Carlos Mazón”, insistió Muñoz, quien remarcó que “se estaban aprobando leyes a la carta de determinadas empresas que se han visto beneficiadas por ello, mientras la ciudadanía paga la factura”.
En línea con esta denuncia, el PSPV ha registrado otra iniciativa parlamentaria para reimplantar el impuesto nuclear y recuperar esos 14 millones de euros que, advierten, podrían haberse destinado a reforzar plantillas en hospitales, ampliar infraestructuras educativas o financiar nuevas plazas en residencias públicas.
Además, la lista de favores incluye “concesiones a medida” para el sector de la construcción, con cambios normativos que permiten levantar viviendas de protección oficial más caras, edificar en zonas inundables o relajar restricciones urbanísticas en la costa. Además, denuncian la supresión de tasas e impuestos medioambientales a grandes eléctricas, una decisión que, a su juicio, “blinda beneficios millonarios” mientras el esfuerzo fiscal recae cada vez más en las rentas medias y bajas.
Muñoz también puso el foco en la reducción de plazas en residencias públicas de mayores, que según dice, “abre la puerta a la privatización de los cuidados” y favorece a empresas que gestionan residencias privadas. “Estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de lo público para que una minoría haga negocio a costa del bienestar común”, criticó.
El síndic socialista reclamó a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que detalle públicamente cuántos millones en impuestos se han dejado de ingresar por decisiones de este tipo y a qué lobbies se han beneficiado desde la llegada de Mazón al Palau de la Generalitat. “Queremos saber con cifras sobre la mesa cuántos recursos se han perdonado y cómo ese dinero podría haberse invertido en reforzar servicios que hoy están bajo mínimos”, subrayó.
Además, Muñoz denunció la falta de transparencia en la interlocución con los grupos de presión: “Ahora, con la modificación que hizo Mazón de la mano de VOX, nos es imposible saber qué lobbys están presionando y cómo influyen para que se legisle a su favor”, apuntó.
Con estos argumentos, el PSPV urge a Mazón a respaldar las dos iniciativas parlamentarias que devolverían la distancia mínima entre casas de apuestas y colegios y reimplantarían el impuesto nuclear. “Si de verdad gobierna para la mayoría, que las apruebe, digan lo que digan los lobbys”, retó Muñoz, convencido de que la “barra libre” para los grandes intereses privados tiene los días contados si la presión social y política aumenta.
Mientras tanto, los socialistas se preparan para convertir este debate en una de sus principales banderas de oposición en lo que resta de legislatura: “No vamos a permitir que se legisle a golpe de favores mientras se desmantelan derechos y servicios básicos que costaron décadas conquistar”, sentenció Muñoz.
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