La secretaria de Igualdad, Paloma Pascual, reivindica que “el 25N no puede ser solo una fecha en el calendario porque la violencia machista no entiende de días”
Plaza Publicado: 23/11/2025 ·18:15
CASTELLÓ. El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha aprobado por unanimidad una resolución con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la que reafirma su compromiso diario con la igualdad y propone que “cada 25 de mes sea un 25N simbólico que mantenga viva la lucha contra la barbarie”. La iniciativa se trasladará a los ayuntamientos en forma de moción para que los consistorios puedan sumarse y mantener la concienciación activa todo el año.
La secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE de Castelló, Paloma Pascual, ha subrayado que “el 25N no puede ser solo una fecha en el calendario porque la violencia machista no entiende de días ni tampoco podemos detener la lucha contra ella”.
Pascual ha recordado que desde 2003 1.288 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género y que, solo en 2024, 43 mujeres perdieron la vida y más de 34.000 requirieron protección. “Solo en la Comunitat Valenciana, las denuncias han aumentado un 6,4% en el primer trimestre de 2025, y la provincia de Castelló registró 755 casos”, ha destacado la dirigente socialista, quien ha remarcado que “detrás de estas cifras hay vidas rotas, familias destrozadas y personas que sufren en silencio”.
La resolución aprobada por el Comité Provincial establece cinco acuerdos que definen la hoja de ruta del partido para los próximos meses: conmemorar cada 25 de mes como un “25N simbólico”, reforzar la formación en igualdad para cargos públicos y militancia, incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todas las políticas, crear un calendario provincial de actividades de igualdad y prevención, e impulsar acciones de sensibilización y colaboración con asociaciones, centros educativos y servicios sociales.
“Cada cargo, cada agrupación y cada militante socialista debe sentir que defender a las mujeres es una tarea de todos los días”, ha concluido Pascual.
En más de dos décadas sólo se ha ejecutado el 50% del desarrollo previsto y el sector valenciano reivindica la eliminación de las zonas decretadas en 2001, salpicadas por el caso Erial
Elisabeth Rodríguez Publicado: 24/11/2025 ·06:00 Actualizado: 24/11/2025 · 06:17
VALÈNCIA. Tras veinticinco años de cortapisas y lastres, el desarrollo de la energía eólica en la Comunitat Valenciana parece atisbar el cambio que tanto ansía el sector de las renovables valencianas. Al menos en lo que a normativa se refiere, puesto que el Consell ultima el nuevo plan eólico que modificará el decretado por el gobierno de Eduardo Zaplana en 2001, investigado en el caso Erial, y cuya ejecución desde entonces apenas alcanza el 50%.
Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a ValenciaPlaza al asegurar que el Plan Eólico "está bastante avanzado", a falta de revisión y cerrar algunos flecos jurídicos. Según indican desde la cartera que dirige Marian Cano, esta normativa es uno de los ejes de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana.
En 2024 el Consell manifestó su intención de revisar el denominado Plan Eólico tras la reivindicacion reiterada del sector, que critica especialmente la zonificación en la que se distribuyen los permisos para la instalación de aerogeneradores, lo que también conllevó problemas jurídicos con los promotores que desarrollaron o trataron de desarrollar algunos parques. Además, los procesos de adjudicación del Plan Eólico son objeto de investigación en el caso Eorial por amaño de adjudicaciones y cobro de sobornos de empresarios.
En este nuevo plan, la intención es contar con aerogeneradores de menor impacto pero más eficientes, tal y como como lleva tiempo pidiendo la normativa europea. Cabe recordar que la Generalitat tiene como objetivo alcanzar los 4.000 megavatios (MW) en 2030 y que actualmente hay instalados 1.243 MW, por lo que todavía queda pendiente más de la mitad por desarrollar en los próximos cinco años.
La patronal de las renovables valencianas, Avaesen, asegura que se encuentran en un grupo de trabajo abierto con técnicos y cargos de la conselleria y orevén que no se tardará en cerrar este nuevo plan. El sector ha trasladado a la mesa la petición de eliminar las zonas de desarrollo tal y como están configuradas, para que pase a funcionar como el desarollo de plantas fotovoltaicas, donde los promotores solicitan el permiso para instalarse en la zona más idónea.
"Reivindicamos un modelo similar al del desarrollo de la fotovoltaica, donde se puedan realizar proyectos fuera de las antiguas zonas eólicas, y que cada proyecto tenga su análisis ambiental específico. Es lo coherente con las normativas que emanan de Europa y con la situación actual de la tecnología, que permite la viabilidad de proyectos donde hace 25 años no era posible", especifican a este diario.
Imagen de un parque eólico. -
Otras de las reivindicaciones es moderinzar el sistema de desarrollo. "El plan eólico de la Comunitat Valenciana tiene casi 25 años y tanto la tecnología como las normativas europeas. El plan eólico debe superarse por una estructura más moderna", agregan. "Solicitamos también un marco específico para la repotenciación de proyectos. Esto es importante, porque muchos parques eólicos están a final de su vida útil y además están saliendo ayudas para esto en el PRTR, y es importante que las aprovechemos como Comunitat, destacan.
Los seis frentes del Plan Eólico
Las costuras legales del modelo del Plan Eólico —desde su diseño técnico hasta sus adjudicaciones— se han manifestado en seis ejes principalmente durante las últimas dos décadas. Estas son las que más controversia han generado.
1. La fragmentación de parques
Uno de los puntos más sensibles del plan fue la división de grandes instalaciones en subconjuntos inferiores a 50 MW. Sobre el papel, se trataba de ordenar territorialmente la potencia; en la práctica, los tribunales dedujeron que esa estrategia permitía mantener la autorización en manos de la Generalitat y sortear la competencia estatal. Varias resoluciones del TSJ valenciano señalaron que algunos de esos subconjuntos constituían, en realidad, un único parque, anulando autorizaciones clave y sembrando dudas sobre la arquitectura jurídica del plan.
2. Los conflictos de interés en los estudios ambientales
La credibilidad institucional también se vio afectada por las denuncias de conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de estudios ambientales. El caso más sonado señaló al entonces director general de Energía por contratar a una empresa vinculada a un familiar directo. Aunque la investigación penal no derivó en condenas, el episodio alimentó la percepción de opacidad y añadió presión sobre un plan ya cuestionado por su diseño administrativo.
3. Choque con la normativa ambiental europea
La estructura original del plan tampoco encajó con las exigencias comunitarias. Varias ONG ecologistas elevaron denuncias a Bruselas alertando de posibles vulneraciones de la Directiva de Hábitats, la de Aves y la normativa europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos previstos en áreas protegidas —LIC, ZEPA o entornos de especial relevancia ecológica— colocaron al plan bajo el escrutinio europeo y activaron advertencias sobre la insuficiente integración del principio de precaución.
4. Evaluaciones ambientales cuestionadas
El procedimiento de evaluación ambiental fue otro de los puntos negros del plan. La utilización de "declaraciones complementarias" para modificar proyectos sin una nueva evaluación completa y la aprobación de algunas tramitaciones fuera de plazo abonaron la idea de que la administración actuó con una laxitud incompatible con la magnitud del despliegue previsto. El TSJ valenciano acabó por tumbar parte de esas actuaciones, reforzando la tesis de que el proceso nació con carencias estructurales.
5. Impactos sobre territorio y patrimonio
Más allá del plano jurídico, la oposición local encontró en la protección del territorio un argumento sólido. Colectivos y ayuntamientos afectados documentaron afecciones a zonas forestales, corredores faunísticos, elementos de piedra en seco y enclaves arqueológicos. Aunque muchas de estas denuncias no llegaron a los tribunales, sí alimentaron recursos, alegaciones y paralizaciones que complicaron aún más la ejecución del plan.
6. Caducidades y revocaciones que reabren el debate
Veinte años después, las consecuencias siguen aflorando. La Generalitat ha declarado en los últimos meses la caducidad de documentos ambientales de varios proyectos por irregularidades detectadas en la tramitación original. Estas decisiones no solo frenan parques previstos, sino que reabren el debate sobre la vigencia del modelo y refuerzan la necesidad —asumida ya por el Consell— de elaborar un nuevo marco regulatorio que cierre la etapa de incertidumbre jurídica y reubique la planificación eólica en parámetros actuales.
HI HAN MÉS JUDICIS EN LES QUE NO ES FA CAS ALS TESTIMONIS: L´ABSOLUCIÓ DELS TRAJES DE CAMPS, PER EXEMPLE
21 de gener del 2012, recordem-ho
"La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes".
"El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel."
"Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".
El sastre, la cajera y los cabecillas de Gürtel, los testigos clave en el 'caso de los trajes'
El sastre Jose Tomás, durante el juicio por el 'caso de los trajes' contra Ricardo Costa y Francisco Camps.Kai Försterling / EFE
De los noventa testigos que han declarado en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, algunos han destacado por la relevancia de sus testimonios.
La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes.
El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel.
Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, la cajera de la tienda madrileña Forever Young o el sastre José Tomás se han convertido en algunos de los testigos más importantes del juicio por el llamado 'caso de los trajes' contra Francisco Camps y Ricardo Costa.
Cerca de noventa personas han explicado al tribunal popular del juicio de los trajes su versión acerca de los regalos que supuestamente entregó la trama Gürtel al expresident de la Generalitat y al exsecretario general del PPCV durante los 26 días que ha durado el juicio.
Sus declaraciones, en algunos casos, como el de José Tomás y el del propietario de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, se llegaron a prolongar hasta siete horas por las preguntas de las fiscales y los abogados, muchas de las cuales no obtuvieron respuesta.
La primera persona que declaró como testigo fue la exadministradora de varias empresas del grupo Correa, Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".
Jordán, bajo protección policial tras las denuncias que interpuso contra Francisco Correa y Pablo Crespo, aseguró ante el juez que en realidad no sabía si eso era cierto yachacó la afirmación a los nervios y la presión.
Correa sucedió a Jordán en la sala pero decidió guardar silencio, una opción que aceptó el magistrado al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid con los que podría existir relación.
El supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, aconsejado por el mismo abogado que Correa, también prefirió no prestar declaración, pero cambió de idea durante el interrogatorio del abogado defensor de Camps y aseguró que ninguna de las empresas que dirigía pagó prendas de vestir ni a Camps ni a Costa.
A Álvaro Pérez, 'El bigotes', le llegó el turno de declarar como supuesto responsable de la filial valenciana de Gürtel días después, y aunque también se negó a declarar, no desaprovechó la oportunidad de realizar una única afirmación para negar haber regalado trajes a los imputados en la causa.
Los tres cabecillas comenzaron a ser investigados a raíz de una denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que también prestó declaración y aseguró que Correa le había hablado del sastre que hacía "todas las cosas para Camps y Costa", aunque añadió que no podía saber si sus empresas regalaron trajes a políticos valencianos.
Facturas modificadas, escoltas que prestan dinero...
Otro de los testigos más esperados fue José Tomás, quien aparte de insistir en que no era sastre declaró durante cerca de siete horas, afirmando que Camps no pagó ninguna de las prendas de vestir adquiridas en las tiendas en las que trabajaba y que todo se computaba en una cuenta que abonaba Pablo Crespo.
Las declaraciones de los testigos también incluyeron la comparecencia del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, que junto al exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que se negó a declarar en el juicio, aceptó en septiembre el pago de una multa de 9.600 euros por aceptar regalos de la trama.
Sin embargo, en el juicio Camps se declaró inocente y aseguró que había firmado la conformidad "a efectos formales" para acabar "con un drama personal", algo que según dijo también iba a hacer Camps el mismo día que dimitió como president porque así habían "quedado los cuatro".
También destacó la declaración de una excajera de Forever Young, María Calero, quien afirmó que ninguno de los acusados le pagó nunca en efectivo en sus visitas a la tienda y relató que la primera vez que vio a Camps, éste se acercó hasta la caja para darle la mano y no para abonar el traje que se estaba llevando.
Al día siguiente, el que fue su jefe y propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, mostró su versión de los hechos, que consiste en que Tomás facilitó a modo de regalo facturas falsas a Pérez y Crespo "para que se desgravaran" esos importes.
Además, negó la declaración del informático Francisco Ferre, que había admitido horas antes que, a petición de los responsables de Forever Young, modificó tres registros de venta sustituyendo el nombre "Camps" por la inscripción "Alv Pérez", que según afirmó correspondía al nombre del responsable de Orange Market.
Una de las últimas declaraciones destacadas fue la del exescolta de Camps, un policía nacional que afirmó haber prestado cerca de 200 euros al expresident para pagar en Forever Young, versión que corroboró el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.
La vicepresidenta del Consell y Consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero Benítez comparece en la comisión de de investigación por la gestión de dana el 29 de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados.
