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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechaza condenar la dictadura. EP.
Se reactiva el 'caso residencias' de la Comunidad de Madrid. Dos juzgados diferentes de la región capitalina han citado a declarar esta semana como imputados a tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en sendas causas donde se someterá a examen si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes o 'protocolos de la vergüenza'. Estos procedimientos, que nacen de actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron en aquellos años, se ponen nuevamente en marcha tras dos intentos previos fallidos de tomar declaración a los responsables.
En concreto, los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como 'protocolo de la vergüenza' que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era, en marzo de 2020, director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del citado triaje y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. Será el martes 9 de diciembre cuando los tres tengan que acudir a declarar como imputados al Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas, para analizar la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo, y al día siguiente, harán lo propio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas, en este caso por la querella presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En estos procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
Esta será la tercera vez que se cite a estos tres ex altos cargos. En dos ocasiones anteriores estuvieron citados como imputados, pero no prestaron declaración.
La primera fue el pasado 26 de mayo, cuando debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones. Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres exdirigentes al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". El abogado de Martínez Peromingo fue quien quien solicitó la inhibición.
Decenas de causas judiciales contra ellos están en la mesa y la decisión de cuál es el Juzgado competente para hacerse cargo de ellas depende de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el Juzgado 3 no quisiera acumular las causas. Los propios imputados tienen intereses contrapuestos: mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima.
Desde la pandemia del Covid-19, las manifestaciones en la capital para protestar por la gestión en las residencias han sido incontables. La última fue convocada el pasado 22 de noviembre por la asociación Marea de Residencias, juntando a miles de personas en las calles madrileñas y exigiendo "justicia" para los 7.291 fallecidos en residencias durante lo peor de la pandemia.
La portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, denunciaba las políticas "discriminatorias" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que "dejaron fuera de la sanidad a las personas que vivían en residencias". López recordaba las cifras del drama: en apenas dos meses murieron 9.470 personas en la región, la mitad en comparación con las cifras nacionales; y 7.291 sin asistencia sanitaria.
Asimismo, la asociación recordaba desde las calles que "esto no puede volver a ocurrir", reivindicando la creación de una Ley de Residencias que garantice la asistencia pública y los derechos de las personas que viven en estos centros, además de instar al Gobierno a que "se implique" para que estas medidas se lleven a cabo. Por otro lado, la organización centraba sus esfuerzos en pedir más servicios de "calidad" y en abogar por la desaparición tanto de la gestión privada como la colaboración público-privada, donde hubo “un mayor índice de mortalidad” que en los centros públicos.
Contactada por ElPlural.com, la portavoz de Marea de Residencias asegura que su denuncia "se basa en un delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal por la denegación discriminatoria de una prestación". "Esperamos que haya una investigación exahustiva, que se reconozca la discriminación que sufrieron por razón de discapacidad y vivir en una residencia. Se les negó su derecho a la prestación sanitaria. Podrían haber sobrevivido o al menos haber muerto dignamente, pero los abandonaron, siendo los más vulnerables, y les dejaron ante una muerte cruel", ha señañaldo.
Del mismo modo, López trasladó que agotarán "todas las vías" judiciales en España para conseguir esa "justicia para las 7.291 víctimas" y, en caso de que no sea posible, llevarán el asunto “a los tribunales internacionales”. Al conocer que los imputados declararían de nuevo, Marea de Residencias mostraba su confianza para que "después de dos aplazamientos en otros tantos Juzgados, esos ex altos cargos declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida a las personas que vivían en las residencias de Madrid durante la pandemia".
elPlural
Un anestesista para dos quirófanos, urgencias atendidas por médicos sin MIR y radiólogos online: las banderas rojas en el Hospital de Torrejón
Un directivo reprendió a empleados por no seguir las consignas de rechazar usuarios. Además de acceder al audio de la reunión, EL PAÍS recabó documentos que demuestran que se siguieron dando las polémicas directrices


Los planes de ahorro del hospital de Torrejón no solo quedan reflejados en los extractos de los audios de una reunión que EL PAÍS publicó el miércoles en la que se pedía rechazar pacientes para mejorar beneficios. Están explicitados también en instrucciones escritas, cuya literalidad o imagen no ha sido publicada para proteger a las fuentes. Una de ellas es el extracto del correo que aparece en la imagen de esta noticia, en el que un directivo de confianza del consejero delegado de Ribera reprende a empleados para que sigan las consignas dadas: “Como comentamos en la reunión NO SE DEBEN INCLUIR PACIENTES NO CÁPITA (sic) en diálisis peritoneal, y al parecer esta instrucción estaba clara”. Con “no cápita” se refiere a pacientes que no corresponden al área sanitaria que cubre el hospital y que debían seleccionarse por su rentabilidad.

Tras dos días de silencio desde que este periódico desvelara las órdenes de los dirigentes del grupo sanitario Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital público, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al tema este sábado. Ha insinuado que los audios están descontextualizados: “Lo que pido es que en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada en una pugna entre directivos”.

Coincide con lo que ha difundido el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en una carta personal que ha enviado a un grupo de profesionales del sector, a la que ha tenido acceso este periódico y que también ha trascendido este sábado. En ella asegura que los audios no son completos y que están fuera de contexto. Gallart, que pidió ser apartado de la gestión del hospital de Torrejón, aunque sigue dirigiendo el grupo, no ha negado en su comunicado que diera la instrucción de aumentar las listas de espera. Además, hay pruebas de las directrices de los audios más allá de las grabaciones publicadas, como este correo.
EL PAÍS tuvo acceso a cuatro audios pertenecientes a una reunión que Gallart tuvo el 25 de septiembre con una veintena de mandos del grupo y del Hospital Universitario de Torrejón. Se publicaron dos, que eran los que tenían que ver con los planes en ese centro. En ellos, decía lo que ya han replicado numerosos medios: que había que “desandar el camino” de la reducción de listas de espera que el hospital hizo en 2022 y 2023 para buscar un EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de “cuatro o cinco millones”. También que había que buscar qué procesos son contributivos a este EBITDA.
Antes de su publicación, EL PAÍS tomó tres cautelas para asegurarse de que no se trataba de una manipulación ni de afirmaciones sacadas de contexto. Primero, verificó con otras fuentes lo dicho en esa reunión. A continuación, este diario tuvo acceso a una ampliación de más de 20 minutos con toda la intervención inicial de Gallart. Comprobó el contexto y que no restaba veracidad alguna a los planes que quedan de manifiesto en los fragmentos. Por último, recabó documentación por escrito que reforzase la veracidad de estos planes.
En el comunicado que Gallart ha enviado este sábado, manda otro audio de aquella reunión para contextualizarla: “Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva”, según recoge Europa Press.
Esto no es contradictorio con nada de lo publicado hasta ahora por este diario. Además, EL PAÍS ya incorporó en su primera información que Gallart expuso la mala situación financiera del hospital para hacer los recortes y subir las listas de espera: “El consejero delegado justifica esto ante su audiencia, alegando que el hospital de Torrejón es deficitario, que nunca va a dar beneficios hasta el final de la concesión, ya que cada año pierden nueve millones de euros en amortizaciones y gastos financieros. Asegura que lo que aporta la administración no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el hospital”.
Pero lo que refuerza aún más que las intenciones de Gallart no están descontextualizadas son las órdenes por escrito a las que EL PAÍS ha tenido acceso, en las que un directivo recuerda a empleados las instrucciones dadas anteriormente. Tal y como insinúa el empresario en los audios, son indicaciones para seleccionar los procesos “no cápita” en función de su rentabilidad. Por primera vez, se publica aquí un fragmento de una de estas instrucciones escritas dos semanas después de la reunión del 25 de septiembre, en poder del periódico:
“Sobre este tema, ya me han pasado los pacientes que tenemos en peritoneal, y según el último listado (septiembre) creo que sí tenemos pacientes no cápita en esta modalidad, cuando como comentamos en la reunión NO SE DEBEN INCLUIR PACIENTES NO CÁPITA en diálisis peritoneal, y al parecer esta instrucción estaba clara. Os paso los dos pacientes para que confirméis que efectivamente hay 2 pacientes no cápita en peritoneal”.
No se publica más documentación de la que ha tenido acceso este medio para no comprometer a las fuentes. Pero existen otras en las que se da la orden de reutilizar productos sanitarios de un solo uso hasta 10 veces, tal y como publicó este diario el viernes.
En su comparecencia del sábado, Ayuso ha dicho: “Aquí ha habido dos denuncias, la primera, que se obligaba a aumentar las listas de espera por un interés político. Y otra, que se ha estado reutilizando material médico o incluso que se han encontrado restos humanos en las camas del hospital, lo que es gravísimo”.
EL PAÍS solo ha publicado instrucciones, en ningún momento ha dicho que esas directrices se estuvieran ejecutando, porque no tiene pruebas de ello. No ha publicado que “se ha estado reutilizando material médico”, sino que se dieron las órdenes de hacerlo, que están documentadas por escrito. Y mucho menos ha afirmado este medio nada que tenga relación con restos humanos en las camas del hospital.
elPaís