Las contradicciones ahogan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras intenta sobrevivir a la investidura con la vista puesta en una eventual repetición electoral que le otorgue una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa. Primero pidió urgencia para formar un ejecutivo; ahora ha retrasado ahora todo lo posible la votación. Del rechazo inicial a pactar con fuerzas independentistas, ha pasado a explorar la abstención de Junts. Critica las cesiones a los socios del PSOE, pero asume las demandas de los nacionalistas canarios. Sigue defendiendo que debe gobernar el partido más votado, según la "costumbre", obviando que la Constitución consagra el sistema parlamentario. Rechazaba a Vox como socio, pero ahora escenifica su sintonía con Abascal. Y condena los préstamos de diputados para formar grupo parlamentario, que ya utilizó Aznar.
El candidato del PP llegó prometiendo “derogar el sanchismo", pero desde las elecciones, e incluso antes, pide la abstención socialista para aplicar su programa. En su camino hacia La Moncloa, Feijóo modula posiciones, relativiza principios y cambia el discurso en función de la coyuntura y la búsqueda de apoyos parlamentarios.
Lo que era urgente ahora puede esperar
El líder del PP salió de las elecciones generales pidiendo reuniones urgentes con los partidos políticos y en particular con el presidente Pedro Sánchez con el argumento de que había que agilizar los plazos. España, decía, tiene problemas que no pueden esperar, así que anunció el inicio de un “diálogo para negociar un Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”. El 9 de agosto la secretaria general Cuca Gamarra anunció reuniones urgentes para pactar con Coalición Canaria y cinco días después el coordinador general, Elías Bendodo, defendió una investidura rápida antes de que terminase el mes. “Es bueno para el conjunto de los españoles”. “Estamos en plena presidencia de la Unión Europea y cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos”, argumentó. Un ejecutivo “que empiece a rodar cuanto antes, ya que hace falta que así sea”.
Ahora, en cambio, con el encargo del rey de presentarse a la investidura, Feijóo ya no tiene ninguna prisa. De hecho, en vez de solicitar una investidura rápida, pidió a la presidencia del Congreso demorarla hasta finales de septiembre con la excusa de que necesita ese tiempo (35 días) para negociar con otros partidos en busca de apoyos. El propio candidato decidió tomarse libre toda la semana alegando que los grupos parlamentarios aún no se habían constituido, algo que no le impidió firmar un pacto con Coalición Canaria.
“Parece razonable” que “se le dé un tiempo razonable a quien ha ganado las elecciones para que pueda hablar con el resto de formaciones políticas y conseguir los cuatro votos que le faltan al Partido Popular para poder aspirar a esa investidura”, aseguró hace unos días su vicesecretario general Borja Sémper.
Del prófugo de la justicia al partido tradicional y legal
La primera reacción del PP, después de conocer los resultados electorales y la intención de Pedro Sánchez de intentar armar una mayoría en el Congreso que le permitiese mantener la coalición de Gobierno, fue denunciar que pactar con Junts sería tanto como trasladar la capital de España a Waterloo, la localidad belga en la que vive el líder de esta formación, Carles Puigdemont, desde que huyó de la justicia española hace casi seis años. La alternativa que propone Pedro Sánchez, según Feijóo, es que, “al final, la capital de España pase a estar en Waterloo” y que “un huido de la Justicia”, decida “cómo va a ser el Gobierno de España”.
Un mes después, cuando el PP se dispone a pedir una reunión a los diputados de Junts en el Congreso para explorar la posibilidad de que se abstengan en la investidura de Feijóo —lo que le daría automáticamente la presidencia del Gobierno—, Génova ya no habla de los independentistas en esos términos. Más bien al contrario, defiende la legitimidad de negociar con el partido de Puigdemont porque, en palabras del vicesecretario Esteban González Pons, “Junts es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.
Constitución sí, pero mejor “la costumbre”
Si hay una idea que los dirigentes del PP repiten en todas sus intervenciones es que el partido más votado es el que debe gobernar. Aunque no tenga mayoría suficiente en el Congreso. Es una tesis incompatible con el sistema parlamentario español, que es el que consagra la Constitución que los de Feijóo dicen defender.
Se apoyan en la idea de “la costumbre” como fuente de derecho: debe gobernar el partido más votado porque “siempre ha sido así”.
La tesis del PP esconde en realidad la intención de negar legitimidad a cualquier Gobierno que nazca del acuerdo entre partidos en el Congreso. Y contradice el criterio que el PP ha aplicado allí donde ha tenido oportunidad, desde el actual Gobierno de Extremadura, a los de Castilla y León, Murcia y Madrid después de las elecciones de 2019.
El PP defiende, además, que la regla no rige cuando el más votado no le gusta: es el caso de Junts y EH Bildu —impidió con sus votos que ambas formaciones se hiciesen con las alcaldías de Barcelona y Vitoria.
Vox no era “buena idea”, ahora se “confirma la relación”
En plena campaña electoral, cuando trataba de quedarse con todo el espacio posible a la derecha del PSOE, Feijóo decía que Vox no era una “buena idea como socio”. No le gustaba. “Creo que Vox, en este momento, no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país. Provocaría unas tensiones innecesarias y España tiene que ocuparse de lo importante. Y algunas discusiones que Vox pone encima de la mesa es alejarnos de lo importante. Nunca he hablado con los ideólogos de Vox y algunos me producen mucha intranquilidad. Por tanto, no me siento cómodo con ese partido”, llegó a declarar en una entrevista publicada por El Español.
Ahora Feijóo ya no dice lo mismo. Necesita los 33 votos de la extrema derecha para soñar con una investidura y ha asumido escenificar la sintonía entre su partido y el de Abascal. “Tenemos una relación de normalidad democrática en el objetivo compartido de proteger nuestra nación y defender la Constitución. La relación de colaboración se mantendrá”, admitió el martes pasado.
De la dictadura de las minorías a la “agenda canaria”
Durante la campaña electoral, Feijóo pidió con insistencia respaldo electoral para evitar un Gobierno “secuestrado por las minorías”. El discurso del presidente del PP se apoya constantemente en la idea de que no es legítimo, como hace Pedro Sánchez, llegar a acuerdos con partidos minoritarios y pactar sus votos a cambio de determinados compromisos.
Ahora sigue diciendo lo mismo, cuando pronostica cesiones del PSOE y de Sumar a sus potenciales socios en Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero, en cambio, acepta las peticiones de Coalición Canaria a cambio de su único voto en el Congreso. Un pacto, conocido como la agenda canaria, que no solamente incluye demandas propias de las islas que se ejecutarán a través de convenios bilaterales, sino un compromiso para que el Gobierno canario tenga presencia en las reuniones de España con Marruecos. Además de dar a Coalición Canaria capacidad de influir en la legislación estatal en materia de oportunidades para jóvenes, acceso a vivienda, lucha contra la violencia machista, derechos LGTBI, educación, formación profesional dual, pensiones, dependencia y salarios.
Derogar el sanchismo, con la ayuda de Pedro Sánchez
Es esta una contradicción que ya pusieron de manifiesto durante la campaña electoral los dirigentes de Vox y que algunas voces del PP, en particular Esperanza Aguirre, han destacado después de la votación. Feijóo intentó atraer al PP a todos los descontentos con el Gobierno de coalición proclamando, como resumen de su programa, la voluntad de “derogar el sanchismo”, entendiendo por tal la práctica totalidad de las leyes y proyectos impulsados durante los últimos cuatro años.
Ahora, sin la mayoría en el Congreso que buscaba para cumplir su promesa, está pidiendo al propio Pedro Sánchez que le haga presidente para hacer lo mismo, derogar el sanchismo. Del reduccionismo de esa idea, que Génova ha decidido enterrar por lo menos hasta que se vote la investidura de su líder, el PP ha pasado ahora a defender la necesidad de “recuperar un proyecto común y compartido de política que proyecte lo mejor de nosotros mismos”. “Que la dialéctica política, que el tono, que la profundidad del debate sea tal, no sea epidérmico”, en palabras de su vicesecretario Borja Sémper.
Prestar diputados es “un fraude”, salvo si lo hace Aznar
El PP ha criticado que Sumar y el PSOE vayan a prestar diputados a Esquerra y a Junts para que ambas formaciones puedan constituir grupos parlamentarios. Sin esta ayuda externa no podrían conseguirlo, porque no cumplen los criterios establecidos en el reglamento del Congreso. Hacen falta al menos 15 diputados o, en su defecto, haber obtenido al menos el 15% de los votos en todas las circunscripciones donde se haya presentado candidatura o un 5% de los votos en el conjunto del Estado.
Lo que van a hacer los partidos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz “fuerza las costuras de la norma" y “es un poco fraude”, según el PP. Los de Feijóo sostienen que de ese modo se “altera el resultado de las elecciones”, se “maquilla”.
Lo que no dicen es que José María Aznar hizo lo mismo en 1996. El entonces líder del PP necesitaba los votos de los cuatro diputados nacionalistas de Coalición Canaria para su investidura y su grupo no puso entonces ningún reparo para que hubiera un préstamo y facilitarles tener grupo propio. Lo hicieron a través de UPN, cuyos dos parlamentarios, socios del PP en la Comunidad de Navarra, se unieron a los canarios durante el primer periodo de sesiones. La misma situación se repitió en el año 2000, también con el beneplácito del Partido Popular, que ahora, en cambio, habla de alteración del resultado electoral.
infolibre
