En esa misma línea, The Independent habla de "crisis" en Cataluña con "cientos de heridos", mientras The Daily Telegraph la eleva a la Unión Europea tras la "violencia" durante el referéndum catalán.
El diario gratuito Metro dedica su principal titular a la "fuerza bruta" de la Policía.
El rotativo independentista escocés The National califica la jornada como "el día de la vergüenza en España" y The Scotsman subraya los "cientos de heridos" por los agentes policiales.
También el económico The Financial Times destaca los "cientos de heridos" y el alemán Frankfurter Allgemeine incluye una imagen de los altercados como la única de su portada de este lunes.
En Francia, el periódico de izquierdas Libération destaca en portada "el golpe de fuerza" contra el referéndum, el diario progresista Le Monde le dedica un espacio menor de su primera página, prescindiendo de las imágenes de la tensión en Cataluña este domingo, y el conservador Le Figaro apunta que "la violencia ensacha la brecha entre Madrid y Catalunya".
En Italia, en el Corriere della Sera la violencia policial también es la protagonista, " Violencia en Catalunya, votación en el caos", y La Repubblica lleva la noticia de los disturbios al titular principal, con la reacción del Gobierno Madrid, aunque sin fotografía.
El diario portugés Publico da una menor presencia al tema en su portada y lo titula: "Madrid pierde el primer round".
Las televisiones también recogen la violencia
Las cadenas de televisión internacionales también se han hecho eco de lo acontencido este domingo en Catalunya, destacando las imágenes de las cargas policiales en vídeos difundidos en las redes sociales. Entre ellas, CNN, NBC y abc.
Data de publicació: 29 de set. 2017 xavi prats castelló
30.09.2017 | 23:54
El juez sustituye la pena de prisión del exalcalde de Vall d'Alba por una multa
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló ha
aceptado la petición del ex vicepresidente de la Diputación de Castelló y
ex alcalde de Vall d'Alba de sustituir la pena de ocho meses de
prisión, a la que fue condenado por el caso de la Depuradora de Borriol,
por una multa de 14.400 euros.
La Audiencia de
Castelló condenó el 15 de abril de 2016 a Francisco Martínez a una pena
de 8 meses de prisión, una multa de 12.600 euros y una inhabilitación
especial para el empleo o cargo público por el tiempo de dos años.
Sentencia que fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en
febrero de 2017 al rechazar el recurso de casación incoado por la
defensa del ex vicepresidente de la diputación.
Tras la
ratificación del Supremo, la Audiencia de Castelló inició el expediente
para ejecutar la sentencia y requerir al penado para el cumplimiento de
las penas impuestas. Una ejecutoria que alegó la defensa suplicando la
sustitución de la pena de prisión por la pena de multa y de forma
subsidiaria, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, tal y
como se contempla en el Código Penal. De forma paralela a la petición de
suspensión de la pena, el ex alcalde de Vall d'Alba realizó el pago de
la multa impuesta en la sentencia, que ascendía a un total de 12.600
euros.
Por su parte, el Ministerio Fiscal informó a la
Sala Segunda de la Audiencia de Castelló que a la vista de la hoja
histórico penal y demás circunstancias penales de Francisco Martínez y
en atención al artículo 80 del Código Penal, no ponía objeciones a la
suspensión de la pena.
A este respecto, en su auto, el
tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia de Castelló estimó que
además del hecho de que el ex vicepresidente de la diputación había
abonado la multa, «no pensamos que concurra ningún supuesto por el que
proceda denegar la sustitución de la pena de prisión impuesta por la
pena de multa».
Así mismo, el tribunal tuvo en cuenta
el hecho de que la sentencia condenatoria no solicitaba ninguna
indemnización en concepto de responsabilidad civil y de que fue absuelto
de los otros delitos de los que le acusaba el Ministerio Fiscal. Para
ponderar su decisión, también se tuvo en cuenta que han transcurrido más
de cuatro años desde la fecha en la que se cometieron los hechos y el
ex alcalde de Vall d'Alba no tiene «otros antecedentes penales que
impidieran la sustitución solicitada.
Por todas estas
razones, la sala acordó la sustitución de la pena de ocho meses de
prisión por una multa de dieciséis meses, dos días por cada día de
condena de prisión, con una cuota diaria de 30 euros. Un total que
asciende a 14.400 euros y que Francisco Martínez abonó el 31 de julio de
2017.
De esta manera, Martínez ha cumplido con el pago
de la multa de 12.600 euros que le impuso la sentencia y con la pena de
8 meses de prisión, que le ha sido sustituida por una multa, en este
caso de 14.400 euros. Aunque cabe apuntar que resta por aprobar la
liquidación de condena de la pena de inhabilitación especial para el
empleo o cargo público por el tiempo de dos años, dado que en la
actualidad todavía está habilitado el plazo concedido al Ministerio
Fiscal y a la defensa para decidir sobre ella.
Punto y aparte judicial
A
falta de la liquidación de la inhabilitación para ocupar empleo o cargo
público durante dos años, el pago dinerario de Francisco Martínez por
el delito al que fue condenado en el caso de la Depuradora de Borriol
supone que los que fueran máximos mandatarios del Partido Popular en
Castelló hayan cumplido las penas impuestas por la justicia.
Carlos
Fabra, ex presidente de la Diputación de Castelló obtuvo el tercer
grado el 28 de abril de 2017, con lo que se considera cumplida la pena
de prisión por los cuatro delitos fiscales a los que fue condenado.
Así
mismo, este estadio penal ha alcanzado Francisco Martínez, ex
vicepresidente de la diputación y presidente accidental durante un año
por la enfermedad de Fabra.
No obstante, ambos están
siendo investigados por otros supuestos delitos. En el caso de Francisco
Martínez, la fiscalía de Castelló solicita once años de prisión, una
multa de un millón de euros y 21 años de inhabilitación de cargo público
por presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociaciones
prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales en tres
operaciones urbanísticas desarrollada en Vall d´Alba cuando Martínez era
alcalde. El caso está pendiente de que el juez decrete la apertura de
juicio oral o archive la instrucción.
Por su parte,
Fabra está siendo investigado por un delito de cohecho cometido
supuestamente en los patrocinios que otorgó al ex piloto de
motociclismo, Álex Debón, cuando era presidente de la sociedad pública
de gestión del aeropuerto de Castelló, Aerocas. http://www.levante-emv.com/castello/2017/10/01/juez-sustituye-pena-prision-exalcalde/1622383.html
El presidente valenciano lamenta el "fracaso de la politica" y asegura que "sólo cabe el diálogo" EFE 01/10/2017
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado este domingo "triste" por la "ruptura emocional y la fractura que se está produciendo en Cataluña" y ha considerado que "los actores principales" en este asunto "han fracasado".
Puig ha realizado estas declaraciones en el Palau de la Generalitat, donde hoy han empezado los actos oficiales de conmemoración del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
"Todos estamos perdiendo; me producen tristeza las imágenes y lo que está detrás, la ruptura emocional, la fractura que se está produciendo".
También "la falta de inteligencia enorme en los últimos años, el fracaso de la política y sus actores principales".
A su juicio, ahora "sólo cabe el diálogo; ya mismo ha de haber un nuevo relato territorial para España en el que los diferentes pueblos tengan un encaje compartido".
Por último, ha pedido a "los actores principales" que "den un paso atrás si no son capaces de dialogar" porque "lo importante son los ciudadanos y no es posible la deslegitimación de la convivencia democrática".
El referéndum fallido quedó en una enorme movilización social que ahora deben gestionar Rajoy y Puigdemont, con los partidos divididos sobre las posibles salidas
El 1-O ha provocado una profunda fractura institucional y una enorme brecha dentro y fuera de Cataluña y acerca la política española al abismo, con el Gobierno de Mariano Rajoy mucho más débil para afrontar esa situación. Probablemente, empieza hoy una nueva e incierta etapa en la democracia constitucional que se inició en 1978.
Del referéndum ilegal no salió un resultado homologable, como pretendían inicialmente los líderes soberanistas, como punto de apoyo para un proceso de independencia. Pero fue una enorme movilización social ciudadana en Cataluña, aunque no se cumplieran las exigencias legales para un referéndum vinculante de tanta trascendencia. Y de la jornada sale la impresión de fracaso del Estado y sale Mariano Rajoy debilitado por la gestión del conflicto, desdela falta de acción política previa al coste político de las medidas policialespara evitar el transcurso de la jornada electoral.
Las imágenes de las fuerzas de seguridad actuando en las puerta de los colegios durante toda la mañana desgastan la imagen del Ejecutivo y ponen en cuestión la forma de afrontar un desafío independentista que empezó incumpliendo la Constitución y el Estatut y terminó por vulnerar hasta su propia ley del referéndum. Las imágenes de la actuación policial acudieron al rescate del proceso soberanista, cuando más aislado estaba en todo el mundo. Porque antes de iniciarse el despliegue policial, la Generalitat ya había admitido que renunciaba a un referéndum homologable al cambiar las normas sobre la marcha.
El reflejo de los hechos en los medios internacionaleshabla por sí solo, aunque los agentes actuaran cumpliendo la orden del juez. La pretensión de Rajoy de solución jurídica, quirúrgica, limpia y limitada termina estallando con esas imágenes y causael disgusto en la UE, que puede convertirse en presióninternacional. Esa gestión es a la vez criticada por los más radicales de la derecha y al tiempo ha agrietado el frente con el principal partido de la oposición, porqueel PSOE ha criticado la gestión de la intervención de la policía y la Guardia Civilen la puerta de los colegios y en privado expresa su claro rechazo.
La fractura social y la brecha territorial se concretan en la diferente visión de los hechos en Cataluña y desde el resto de España. En Cataluña se extiende esa gran movilización y aumenta el independentismo por el 1-O, mientras en el resto de España es posible que haya compresión entre muchos ciudadanos susceptibles de apoyar al PP en unas futuras elecciones. Lo que en Cataluña es negro, en el resto de España se ve blanco y viceversa.
Al Gobierno, además, ha sido burlado y le ha fallado la información previa para conocer los movimientos de la organización material del referéndum y no detectar las urnas de plástico y, sobre todo, ha fracasado por no medir que los Mossos no cumplirían en todos sus términos la orden judicial y se pondrían de perfil.
¿Qué ocurre a partir de hoy? ¿Quién recoge los pedazos del destrozo? Lo primero será buscar cómo restablecer la legalidad, si es que es posible.
Carles Puigdemont y los promotores de la consulta anuncian que pueden seguir su hoja de ruta prevista y mantener la idea de una irreal declaración unilateral de independencia, aunque sea diferida en el tiempo y no sea aceptada por otros estados. O puede intentar otras vías más improbables, como la negociación o la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, pero ya es difícil meter la pasta de dientes de nuevo en el tubo y frenar la movilización ciudadana en la calle que alentó. Para empezar, el martes arranca una huelga general convocada por la CUP y con una policía autonómica al margen de las órdenes judiciales.
Y Rajoy afronta la nueva y difícil etapa también más débil, porque le será muy difícil contar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos y asegurar su estabilidad. Y tiene muy complicado tener al PSOE detrás para abordar duras medidas posibles como la aplicación del 155 de la Constitución en caso de declaración de independencia. En esas circunstancias y con ese rechazo evidente en Cataluña, Rajoy debe liderar la búsqueda de la salida.
En el otro lado del Congreso, Pablo Iglesias ha vuelto a recordar la opción dela moción de censura, pero ahora es mas difícil que nunca. PSOE y Podemos necesitarían el voto de partidos independentistas que, a su vez, exigirían un referéndum pactado que Pedro Sánchez no está en condiciones de aceptar. No lo puede aceptar, entre otras cosas, porque el Tribunal Constitucional ha cerrado esa vía y solo sería posible con una reforma de la Constitución que el PP puede vetar
Iglesias: "Ningún argumento justifica el uso de la violencia contra la población civil"
El PSOE se mueve entre la exigencia de distanciamiento que mostró el PSC al pedir la dimisión de Rajoy y elecciones generales y su anuncio de que apoyará la defensa del Estado, aunque critique la actuación policial y asegure que le avergonzó.
Sánchez dice que el 1-O es la "crónica del fracaso" de las políticas de Rajoy y Puigdemont
No obstante, una vía posible, la única abierta, es la de esa reforma, pactada en la nueva comisión creada en el Congreso a instancias de Sánchez y aceptada por Rajoy. Para eso, el PP tendrá que ser flexible, Podemos rebajar su propuesta de máximos de fin de lo que llama el 'régimen del 78' y los independentistas aceptar renuncias, además de convencer a los que tanto ilusionó. En caso contrario, el bucle y la confrontación seguirán. Ciudadanos también está alejado de esa reforma por razones contrarias. El primer paso puede ser la reunión de Rajoy con el resto de partidos, anunciada por el presidente del Gobierno, aunque quizás ahora puede ser demasiado tarde, después de tanto tiempo perdido.
Con una legislatura que puede ser fallida, hay un horizonte de amenaza deelecciones generales anticipadas por la falta de apoyos al Gobierno del PP para hacer frente a la declaración de independencia, pero esa hipótesis choca con la manera de ser de Rajoy y la convicción, que seguro tendrá, de no poder afrontar ese abismo institucional con un proceso electoral inestable y de incertidumbre, tras el cual, como es sabido, no es sencillo formar Gobierno.
El fracàs de la política que els socialistes hem denunciat des de fa temps ens ha portat als fets lamentables d’avui en una jornada ben trista.
La incapacitat pel diàleg dels governs presidits per Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, i la decisió temerària de la majoria parlamentària independentista de celebrar un referèndum unilateral i il·legal, que tampoc ha rebut una resposta política del govern d’Espanya, han estat la causa del xoc de trens sobre el que hem advertit fa temps.
La irresponsabilitat d’uns i altres ens ha portat fins aquí, i no volem que actuacions policials amb ús de la força puguin malmetre la convivència que, malgrat tot, segueix absolutament vigent a Catalunya.
Ho hem dit des del primer moment: avui no s’està produint un referèndum efectiu, vinculant i amb garanties. Qualsevol intent de donar validesa jurídica a la mobilització d’avui no té cap mena de sentit.
No estem, doncs, davant d’un referèndum que pugui legitimar decisions polítiques rellevants. És per això que considerem inacceptable qualsevol acció policial desproporcionada. Demanem, per tant, el cessament immediat dels intents d’impedir per la força una important mobilització ciutadana en un simulacre de votació.
Ara mateix, els presidents Rajoy i Puigdemont estan obligats a dialogar per evitar mals majors. Ara mateix han de posar les bases perquè es produeixi el diàleg i la negociació que han estat incapaços de mantenir al llarg dels darrers cinc anys.
Ni Rajoy ni Puigdemont han estat a l’alçada. Han de reflexionar sobre si són les persones més adequades per impulsar el diàleg. Si no es veuen capaços de restablir la normalitat i d’obrir la porta a una negociació seriosa, el millor és que renunciïn a les seves responsabilitats en favor de qui pugui fer-ho, o de procedir a convocar eleccions avançades a Catalunya i Espanya.
Ni Catalunya ni el conjunt d’Espanya no es mereixen això. Hi ha un altre camí. Els partidaris del diàleg hem de ser capaços d’ajudar, des de dins o des de fora dels governs, a una negociació que ha de culminar en un pacte que ha d’incloure l’instrument que permeti votar als catalans amb totes les garanties i, si el contingut del pacte inclou una reforma constitucional, al conjunt dels espanyols. Els socialistes ho hem demanat des de fa molt de temps. Hem proporcionat voluntat pel diàleg, instruments pel diàleg amb la creació d’una Comissió al Congrés dels Diputats, i propostes concretes.
Reiterem la nostra mà estesa a tots els que vulguin sincerament dialogar, sense excloure res i sense prefigurar el resultat de la negociació. Estem disposats a donar estabilitat als governs que s’impliquin de forma activa en la recerca d’una solució.
Fem una crida a la calma i la serenitat. El problema que tenim entre mans i les tensions desfermades avui tenen solució a través d’un diàleg sincer al que ens comprometem i al que emplacem a totes les institucions i totes les forces polítiques
La situación de falta de examinadores en las autoescuelas ha provocado el cierre de una empresa de la provincia de Castellón según ha denunciado el Partido Socialista. En estos momentos hay 1.600 exámenes pendientes.
La secretaria de Organización del PSOE en la provincia, Ana Edo, asegura que las autoescuelas están al borde del colapso económico, lo que ha provocado que una de las empresas de la provincia haya tenido que cerrar. Según Edo los alumnos tienen una lista de espera de entre 2 y 3 meses para examinarse y por ello hay más de 1.600 pruebas pendientes.
En la provincia hay 7 examinadores, aunque 3 están de baja y los otros 4 están realizando la huelga que se está llevando a cabo tres días a la semana. Además, si la Dirección General Tráfico no amplia la plantilla de examinadores los trabajadores de las autoescuelas han convocado una huelga indefinida a partir del 4 de septiembre.