21/10/2017 - 6:00
Puigdemont aún no lo sabe, pero ha perdido la batalla por la independencia por su culpa. La herida creada en la economía por la salida de empresas de Cataluña tardará muchos años en cerrarse. Como desvela hoy elEconomista, más de la mitad de las empresas con más de 200 trabajadores han cambiado ya de sede. Como se sabe, el efecto tractor que proporcionan las grandes sociedades es esencial para el desarrollo de cualquier país.
España no podría ser una de las grandes potencias internacionales sin multinacionales como Telefónica, Iberdrola o Banco Santander. Mercadona o Ford son un polo de atracción de talento y de inversiones para la Comunidad Valenciana, al igual que lo es Inditex para Galicia. Con excepción de Grifols, con un efecto arrastre pequeño, porque solo factura el 8 por ciento en España, todas las grandes se marcharon por culpa del separatismo.
Víctor Grifols, que recibió la Cruz de Sant Jordi de manos del propio Puigdemont, es el único que aguanta, porque su cliente prácticamente en monopolio desde hace 25 años es la Seguridad Social. Es decir, que todos los españoles sufragamos el separatismo de Grifols de manera involuntaria.
¡Paradojas de la vida! El principal financiador de la farmacéutica catalana es la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, se paseó con complementos con los colores de la bandera de España en los dos últimos desfiles de la Fiesta Nacional. Como es natural, Cifuentes guarda un silencio sepulcral sobre este asunto.
Menos temerosa de Dios es la actuación de la germana Lidl, bajo la dirección de Claus Grande. Lidl se mantiene contra viento y marea en Cataluña, después de afirmar que "respetaremos la legalidad vigente que quede establecida". La multinacional ya protagonizó una sonora polémica porque decoró sus centros comerciales con carteles de bienvenida en catalán y en inglés, excluyendo al castellano. Ante las protestas, retiró el inglés y dejó solo el catalán.
En el Gobierno de Mariano Rajoy existe una gran preocupación por el futuro de la factoría de Seat en Cataluña, con más de 15.000 empleados. La dirección en Alemania no hace más que preguntar por la situación y está dispuesta a trasladar una parte o toda la producción a un país del Este si el conflicto se agudiza. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene la encomienda de monitorizar el descontento.
Seat suspendió esta semana una campaña comercial para el lanzamiento de un pequeño todo terreno (SUV), al que quería bautizar con el nombre de Tarrako. Temía sufrir un boicot por la referencia de la nueva marca a Tarragona, ciudad donde Puigdemont inició su campaña para el referéndum ilegal del 1-O.
La multinacional empieza a notar una desaceleración de sus ventas fuera de Cataluña. Pero aún es pronto para sacar conclusiones. La presencia de Javier García Sanz en el consejo de administración de Volkswagen está siendo fundamental para calmar a los alemanes, según sus allegados. El directivo español ya jugó un papel crucial en la crisis del euro para que Volkswagen no deslocalizara producción de sus factorías de Martorell o Landaben (Navarra). Sanz preside el consejo de Seat y de todo el grupo en Latinoamérica.
Hay alrededor de 3.000 multinacionales con sede en Cataluña. Hasta ahora son las empresas nacionales las que cambiaron de domicilio, pero a éstas seguirá el baile de las foráneas, con el riesgo de que algunas trasladen su sede fuera de España. Consciente del peligro, el aún vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, organizó un encuentro en secreto este viernes, que tuvo que suspender. Los expertos son unánimes en que las que se marchan ahora jamás volverán, como ocurrió en Quebec. La experiencia también demuestra que las inversiones futuras irán a otros destinos, lo que arrastrará el traslado de los centros de producción, por la necesidad de concentrarse para ganar en eficiencia. Con el agravante de que poco a poco se perderá la carrera tecnológica, ya que las nuevas inversiones son también las más innovadoras.
El golpe infligido a la economía catalana por el Gobierno de Puigdemont es casi mortal. Sus efectos nocivos tardarán décadas en desaparecer. El punto de no retorno es la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que tiene pensado proclamar después de que Rajoy ponga en marcha el 155. Como el tira y afloja se prolongará, el daño se extenderá a toda la economía española, con la merma de alrededor de un tercio del crecimiento previsto para 2018, según la AIReF.
Solo la reapertura del diálogo constitucional podría revertir el declive. Pero antes pasarán meses de incertidumbre, que habrá que manejar con cautela para no provocar la estampida de más sociedades. Sobre todo, multinacionales.
Es triste reconocer que los políticos han sido incapaces, una vez más, de arreglar el conflicto y que éste sólo se solventará a las bravas, con efectos perniciosos para todos los ciudadanos, sobre todo los catalanes. Nos adentramos en un terreno pantanoso y desconocido, tanto desde el punto de vista político como económico.
No solo los independentistas causan estragos. Uno de los empresarios acostumbrado a sacar partido del bolsillo de miles y miles de ciudadanos es Florentino Pérez. Su última hazaña es la opa con el aval del banco JP Morgan sobre la española Abertis. La operación, presentada por Hochtief, filial germana de ACS, cuenta con el beneplácito del Gobierno, que intenta evitar que el grupo de autopistas caiga en las manos de una empresa italiana, como ya ocurrió con Endesa en la etapa de Zapatero.
Pero, en este caso, el remedio no servirá para atajar la enfermedad. La adquisición capitaneada por Pérez pretende que Abertis se nacionalice en Alemania, donde tendría su sede y estaría cotizada tras perder ACS la mayoría de Hochtief.
¡Valiente patriota el que haya tenido la idea! Por contra, la italiana Atlantia ofrece que la sede siga en Barcelona (ahora Madrid) y cotice en el Ibex 35.
El Estado tendrá la última palabra en la adquisición de Abertis, debido a que es dueña de los satélites que velan por la seguridad nacional, agrupados en Hispasat.
¡Que gane el mejor! No tiene ningún sentido que el Gobierno defienda una operación en razón de que la sede siga en España. Si encima la alternativa es que se vaya a Alemania, aún menos. Abertis anunciará en breve la venta de Hispasat a Red Eléctrica, con lo que su valor estratégico quedará reducido a las concesiones de autopistas, que perderá en su mayoría en los próximos años.
Produce pavor pensar qué obtendrá a cambio Pérez si se lleva el gato al agua. El exministro de Energía, José Manuel Soria, firmó sin pestañear un cheque por más de 1.400 millones en concepto de indemnización a ACS por el Castor.
El almacén de gas ubicado en Vinaroz (Castellón) está aún pendiente de su desmantelamiento, con un coste por otros cientos de millones a costa de las arcas públicas. Pérez tiene abierto un contencioso con el Estado por unos 450 millones en concepto de indemnización por la conexión ferroviaria con Francia, que tuvo que ser renacionalizada.
Espero que en esta ocasión el interés de unos pocos, como le ocurre a Puigdemont y a Junqueras, no esté por encima del de todos los ciudadanos.
Como acuñó James Carville, el jefe de campaña de Bill Clinton que le abrió las puertas de la Casa Blanca: "Es la economía, estúpido".
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