dissabte, 4 de novembre del 2017
Consellers empresonats: Munició per la defensa
El primer acto de la campaña electoral
Que medio exgovern duerma hoy en prisión es una respuesta abusiva y desproporcionada: una solución penal a un problema político que así no se va arreglar. Pero este martirio penal no da a los líderes independentistas la razón.
Cuando la Generalitat puso las urnas el 1 de octubre contra el mandato expreso del Tribunal Constitucional, cuando el Parlament proclamó la República de Catalunya con ese referéndum ilegal como excusa, es evidente que el Govern incumplió la ley. También es obvio que saltarse la ley y las órdenes judiciales tiene consecuencias penales en cualquier país democrático, y hay varios delitos que con toda justicia se les podrían imputar. El de desobediencia grave a la autoridad: de seis meses a un año de multa. O el de prevaricación: de tres a ocho meses de multa y hasta 15 años de inhabilitación. O el de malversación: hasta ocho años de prisión, si se demuestra el uso de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal.
Son todos ellos delitos graves y que la justicia debe investigar y castigar. Son lo bastante serios como para que no fuese necesario forzar la mano y aplicar un derecho penal de autor, de contundencia desmesurada y de dudoso encaje legal. ¿Rebelión sin violencia? Es como un homicidio sin víctima: un oxímoron. Es una mano dura penal que solo da argumentos a quienes quieren retratar a la democracia española como un Estado autoritario, como un país incapaz de dar salida política a los problemas políticos. Como la Turquía occidental.
España no es Turquía ni Rajoy es Erdogan. A los separatistas en Turquía –los kurdos– no les aplican el Código Penal: les bombardean. El Gobierno ha clausurado más de un centenar de medios de comunicación, ha encarcelado a cientos de periodistas, de jueces, de fiscales, de maestros, de policías... Pero que España no haya llegado a la represión de Turquía no significa que el Gobierno y la Fiscalía a sus órdenes no estén forzando los cauces de la justicia y del Estado de derecho hasta límites que cualquier demócrata –independentista o no– debería criticar.
Hay un derecho fundamental que debe proteger a todos, también a quienes se saltan la ley: el derecho al juez natural. Está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y también en nuestra Constitución. Es el derecho de cualquier acusado a que le juzgue el juez que le toque por ley, no el que le convenga al Gobierno o al fiscal. Es un derecho que en este caso se está incumpliendo porque el juez que le toca por ley a los independentistas imputados ni es el Tribunal Supremo para los aforados –sería el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya– ni tampoco es la Audiencia Nacional.
“El delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”. No lo digo yo. Lo dijo en 2008 –por escrito, en un auto– el propio pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Casi una veintena de magistrados y también el fiscal llegaron a esa conclusión cuando Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo. Es lo mismo que afirmó también el Tribunal Supremo, cuando aceptó la querella contra Garzón en un auto donde textualmente se dice que el delito de rebelión “nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de gobierno (…) por lo que es absolutamente injustificado concluir de forma taxativa que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación”.
La Audiencia Nacional nunca ha sido el tribunal que juzgaba la rebelión, como sabe mejor que nadie el propio fiscal General del Estado, José Manuel Maza: él participó, como magistrado del Supremo, en aquel proceso penal contra Garzón. La argumentación que ha usado la Fiscalía en su querella para llevar este caso a la Audiencia Nacional es tan alambicada que ha necesitado nueve folios para atribuir la competencia a este tribunal, algo que normalmente se suele ventilar en un párrafo o dos.
La competencia del Tribunal Supremo en el caso de los aforados es también cuestionable. Lo normal habría sido que se ocupase el TSJ catalán, y no el Supremo. Es lo que siempre ocurre con los aforados autonómicos cuando son imputados. El argumento que da la Fiscalía –que las consecuencias del delito trascienden el territorio catalán– es también inaudito porque hay muchos otros delitos de gravedad cuyas consecuencias trascienden los límites provinciales y nunca antes se aplicó un criterio similar.
¿Por qué la Fiscalía General del Estado prefiere la Audiencia Nacional a la Audiencia Provincial de Barcelona? ¿Por qué prefiere a los jueces del Tribunal Supremo antes que los del TSJ catalán? La respuesta parece obvia y las órdenes de prisión preventiva le dan plenamente la razón: porque cree que serán más duros con los independentistas. Porque ambos tribunales están mucho más controlados políticamente. Porque creen que jueces que no vivan en Catalunya serán menos comprensivos con los acusados. Porque la presión social en España, el "a por ellos", juega a su favor.
Las respuestas tan distintas que han dado el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ante querellas casi idénticas demuestran hasta qué punto la interpretación de un mismo Código Penal puede cambiar. El Supremo ha rebajado un par de grados los delitos imputados nada más llegar. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha metido a 7 exconsellers y al exvicepresidente Oriol Junqueras en prisión.
La decisión de Carles Puigdemont y el resto del Govern en el exilio de refugiarse en Bélgica es políticamente muy cuestionable. ¿Como se puede pedir a los funcionarios catalanes que resistan al 155 mientras uno se escapa a Bruselas? La desobediencia a las leyes como forma de lucha –tan legítima como eficaz en muchos casos, desde la insumisión a la mili hasta las protestas de la PAH– siempre ha sido cuestionable en el procés catalán. Por una razón: porque quienes han desobedecido a las leyes, el Parlament y el Govern catalán, eran también quienes promulgaban leyes y se ocupaban de hacerlas cumplir. Pero la desobediencia a las leyes, como estrategia de resistencia civil, implica también aceptar las consecuencias de esa insumisión para dejar en evidencia la irracionalidad y la desproporción de esa respuesta. No es eso lo que ha escogido medio exgovern.
Refugiarse en Bélgica mientras otros asumen las consecuencias de tus actos políticamente no tiene un pase. Legalmente es otra cosa. Probablemente es lo mejor que podían hacer.
La fuga a Bélgica de Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers obligará a que sea un juez belga quien tenga que decidir sobre los delitos que se imputan al expresident. Sobre las penas y las pruebas. Sobre la competencia de los tribunales que les acusan. Sobre si procede aceptar la extradición.
Que Oriol Junqueras y medio govern duerman hoy en prisión es una respuesta desproporcionada: una solución penal a un problema político, que con la represión y la cárcel solo se puede agravar. Pero este martirio penal no da a los líderes independentistas la razón. Salvo cuando denuncian ser víctimas de un abuso judicial.
La respuesta desproporcionada de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional no cambia en nada la conclusión principal: fue un atropello antidemocrático declarar la independencia de Catalunya de forma unilateral con el argumento de un referéndum ilegal en el que solo participó un 43% de la población.
En su última rueda de prensa desde Bruselas, el martes, Carles Puigdemont argumentó que “solo estaba cumpliendo con su programa electoral”. El expresident debería saber que esa mayoría de catalanes que no le votó también tiene derechos. Que un programa electoral no está por encima del Estatut de Autonomía ni de la Constitución. Que su mayoría era más que suficiente como para gobernar Catalunya, pero no para iniciar un proceso unilateral de ruptura donde no le seguía ni la mitad de su propia población.
Las órdenes de prisión que ha dictado la juez Carmen Lamela son el primer acto de una campaña electoral que empieza mal. ¿Qué pasará si se repite el mismo resultado o si los independentistas ganan por un margen aún mayor? ¿Qué hará el Gobierno si esto es lo que votan los catalanes?
La Audiencia Nacional tiene una respuesta. Una respuesta que, sin ser Turquía, se acerca peligrosamente a lo que le gustaría a Erdogan.
Les raons del PSC
El modelo de Inés Arrimadas se parece mucho al del PP y a nosotros no nos van a encontrar en la política de frentes", responde sobre la posibilidad de configurar un Govern de los partidos constitucionalistas
03/11/2017 - 21:11h
Eva Granados (Barcelona, 1975) es una de las políticas socialistas con más proyección. La portavoz de la campaña del PSC reitera que la decisión de la jueza Carmen Lamela de meter en prisión a medio Govern es despropocionada pero no quiere ir más allá. Granados defiende que en España el Estado de Derecho funciona y que los políticos independentistas encarcelados pueden interponer los recursos que consideren oportunos si piensan que se han vulnerado sus derechos.
El PSC considera que la encarcelación de medio Govern es desproporcionada. ¿Significa que no es justa?
Nosotros no valoramos las decisiones judiciales. Las respetamos y las acatamos. Como en el caso de las medidas cautelares contra los 'Jordis' también ahora nos parecen unas medidas cautelares desproporcionadas. No queremos entrar en el ámbito jurídico porque pensamos que tenemos que separar muy bien los poderes del Estado. Nosotros somos un partido político y por lo tanto lo que queremos valorar es la situación política y no entrar en las decisiones judiciales.
Pero, situados en el ámbito judicial, hay muchos juristas que afirman que se están vulnerando derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a que a cualquier acusado le juzgue el juez que le toca por ley. La Audiencia Nacional en el 2008 señaló que no era competente para los delitos de rebelión y a los miembros de la Mesa del Parlament les tocaría el TSJC y no el Supremo, en tanto que son aforados autonómicos. ¿Esto no es instrumentalizar la justicia con intereses políticos?
Creemos que estamos en un Estado de Derecho y que las personas que están siendo juzgadas, más allá de las medidas cautelares que ya he dicho que vemos desproporcionadas, tienen todas las garantías. Y si alguna considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos tiene que interponer los recursos que considere. Insisto, no vamos a entrar en el debate jurídico. La situación es muy complicada, el momento es muy excepcional, y tenemos que dejar trabajar a cada uno de los poderes del Estado.
Usted entiende que no se han vulnerado sus derechos.
No voy a entrar a valorar si se vulneran o no sus derechos. Acatamos las decisiones judiciales y entendemos que las personas que están en esos procesos, por motivo de sus actos y no de su ideología, tienen las garantías del Estado de Derecho y pueden utilizarlas si consideran que se han vulnerado sus derechos.
Ya ha habido una primera denuncia y VOX pedirá la ilegalización de la CUP, ERC y PDeCAT. ¿Consideraría normal que se pueda ilegalizar alguno de los partidos independentistas?
La independencia es una aspiración política del todo legítima como lo es el federalismo que defendemos los socialistas. No creemos que se tengan que ilegalizar las ideas. VOX y también algunos portavoces del PP lo han planteado. Nosotros nos queremos separar de toda esa escalada alrededor del proceso independentista en Catalunya y separar lo que son los derechos, las leyes y los procesos judiciales de lo que es la política.
Hay un conflicto evidente en Catalunya. Hay más de dos millones de personas que han desconectado emocionalmente de España y es un problema político que tenemos que solucionar por la vía política. Ilegalizar partidos políticos sería provocar aún más incendio. Los socialistas estamos aquí para apagar los incendios que otros encienden e intentar que los pirómanos no sean los protagonistas de la política. Vamos a hacer lo posible para que en esta campaña electoral se planteen soluciones.
¿En estas condiciones se puede desarrollar una campaña en normalidad?
Es una campaña excepcional porque el Govern que ha tenido hasta ahora Catalunya ha situado a las instituciones fuera de ley. El PSC lleva muchos años alertando de los riesgos de situar las instituciones fuera de la ley. Para el sector independentista hemos sido los antipáticos que hemos estado recurriendo al Tribunal Constitucional mediante amparos porque veíamos vulnerados nuestros derechos.
Lo más relevante no es el rechazo a la idea de la independencia, no es el qué sino el cómo. Los partidos que apoyan la independencia han decidido vulnerar los derechos de los diputados de la oposición, ir en contra de la opinión de los letrados del Parlament, saltarse el reglamento del Parlament, el Estatut y la Constitución. Lo que pasó en el pleno del 6 y 7 de septiembre es el origen y ahora estamos viendo las consecuencias.
Después, hubo unas horas en las que Puigdemont pareció que iba a apostar por un adelanto electoral. Si se hubiese producido, si no hubiese escuchado a los puros, a los que en ese rato le llamaron traidor, no estaríamos en esta situación. Hemos tenido un Govern que aunque de manera legítima defienda la independencia ha decidido saltarse todas las normas de convivencia. Estamos en un mundo de adultos en el que los actos tienen consecuencias.
Tampoco quiero dejar fuera del ámbito de las responsabilidades al PP porque este conflicto viene de mucho más atrás. Ha estado gobernando con una mayoría absoluta, haciendo cada viernes con el Consejo de Ministros más independentistas. José Montilla hace 10 años ya habló de la desafección. Todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica sobre cómo hemos llegado hasta aquí porque es un gran fracaso de la política el que en Catalunya en estos momentos estemos en esta situación. La víctima de todo esto es la sociedad catalana. Me preocupa la huida de empresas, la incertidumbre y el miedo que se ha instalado en la población y que la política en vez de dar soluciones haya generado más estos problemas.
Dice que todos tienen que hacer autocrítica. ¿Qué es lo que han hecho mal los socialistas?
No hemos sabido explicarnos suficientemente bien. Llevamos muchos años intentando que prosperara una relación bilateral entre gobiernos, hemos intentado el diálogo hasta el último segundo y más, y seguiremos intentándolo. Pero es evidente que se ha producido un fracaso global de la política cuando hemos llegado hasta esta situación, con la aplicación del 155 que nadie quería y con estas consecuencias judiciales para un gobierno que decide saltarse la ley.
Sobre el rechazo al 155, hay un excompañero suyo, el hasta este jueves alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha abandonado el PSC y ha renunciado a la alcaldía y dice que lo hace por dignidad y para ser coherente con sus valores. Más allá de lamentar su renuncia, ¿entiende su decisión?
Yo la respeto. Los socialistas no estamos traicionando ninguno de nuestros valores con las decisiones que hemos ido tomando hasta este momento. Nosotros somos los que queremos que haya un marco de diálogo entre gobiernos y lo hemos estado trabajando todo lo que hemos podido. Pero es evidente que ha habido dos gobiernos que no querían hablar. Los socialistas no estamos en el Gobierno de Catalunya ni estamos en el Gobierno de España. Vamos a seguir trabajando en un entendimiento entre todos los pueblos de España y especialmente entre Catalunya y el resto de España.
La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, insiste en que el próximo Govern, emulando lo que fue en su momento el modelo vasco, debe ser un gobierno constitucionalista. ¿Lo descarta?
Las propuestas de Inés Arrimadas ya no se las acepta ni Xavier García Albiol. Así que ella puede hacer todas las propuestas que quiera pero nos presentamos a las elecciones con propuestas de sociedad muy diferentes. El contrario al modelo social que tenemos en el PSC lo representan Ciudadanos y el PP. Necesitamos un Parlament que sea plural y en el que se puedan llegar a acuerdos. Lo único que nosotros descartamos son aquellas formaciones que deliberadamente quieran romper con España. El modelo de Arrimadas se parece mucho al del PP y a nosotros no nos van a encontrar en la política de frentes.
Tienen otra oferta encima de la mesa. Pablo Iglesias propone un nuevo tripartito de izquierdas.
Pablo Iglesias tiene algunos problemas previos. Tiene que solucionar cuál es su modelo federal o confederal de partido y de que manera se presentan, con qué alianzas y después aclarar exactamente qué modelo quiere para España. Escuchar a Albano Dante Fachin es una cosa y cuando escuchas a Ada Colau tampoco acabas de tener claro qué modelo quiere. Así que vamos a esperar a ver qué programa electoral tienen los 'comuns' y podremos contrastar modelos.
Colau asegura que no es independentista y que su apuesta es un modelo confederal. ¿Está muy lejos de lo que quiere el PSC?
Nosotros defendemos un modelo federal dentro de una España plurinacional. Colau en todo este proceso ha equivocado el tiro al defender las instituciones de autogobierno al lado de aquellos que son los responsables de la intervención de esas mismas instituciones de autogobierno. Ha estado acompañando al proyecto político que en su origen tenía saltarse las instituciones.
Y paralelamente gobierna con ustedes en Barcelona.
Sí, claro, porque pensamos en Barcelona. Tenemos que tener claro qué es hacer política y qué es hacer política en cada instancia. Nosotros cuando llegamos a acuerdos en el ámbito municipal tenemos compartimos modelos de ciudad con nuestros socios e intentamos que no interfieran en la situación política excepcional que hay ahora en Catalunya.
Los 'comuns' y los independentistas han anunciado que en esta campaña van a reclamar la amnistía de los políticos encarcelados y que se derogue la aplicación el 155. ¿El PSC estaría dispuesto a pedir también ambas cosas?
El 155 era un artículo que no queríamos que se hubiese aplicado y tiene sentido hasta el día de las elecciones. Se aplicó porque Puigdemont no convocó las elecciones y por eso le hacemos a él responsable de esa aplicación. El día que se vota se acaba el 155. Respecto a las amnistías estamos en una fase muy embrionaria. Amnistía, indulto... son cuestiones judiciales que no creo que tengamos que poner en programas electorales. Tenemos que ver cómo acaba todo y entiendo que tanto la amnistía como el indulto se hace sobre sentencias firmes y de momento no hay ninguna. No me voy a situar en ningún futurible porque creo que no toca en estos momentos.
Uno de esos encarcelados, Oriol Junqueras, dejó escrito un artículo en el diario 'Ara' en el que se expresa en términos muy duros contra el PSC. Les acusa de ser cómplices de que esté en la cárcel.
Nosotros pertenecemos al mundo de los hombres y las mujeres mientras que Oriol Junqueras se sitúa en otro, con citas bíblicas como las que hay en ese artículo. Preferiría que en vez de señalar, como señaló en su momento la CUP, y situarnos como malvados, Junqueras estuviese en el mundo de los hombres y las mujeres, incluso el de los que han tenido que trasladar su empresa o cambiar las cuentas por las decisiones que él ha tomado. Lo que hace es dividir a la sociedad catalana entre buenos y malos cuando la política es algo mucho más complejo. Todos los que hacemos política en este país estamos condenados a entendernos. La mejor manera no es señalar sino buscar puntos de encuentro.
Estas últimas semanas hemos comprobado que todo lo que puede empeorar, empeora. ¿Pronostica que de aquí a 21 de diciembre puede seguir siendo así?
Estos días que están siendo tan excepcionales y en los que estamos todos con el alma en vilo me he preguntado: ¿Cuánta gente hay tomando decisiones en escenarios en los que se plantea el cuanto peor, mejor? Y prefiero no responderme esa pregunta. Tenemos que recoser un país que está fracturado por la estrategia planificada por unos grupos políticos que esta así por sus calendarios y sus decisiones. Necesitamos recuperar Catalunya, volver a coser lo que se ha roto por decisiones irresponsables de sus gobernantes y que la política regrese a unas instituciones que todo el mundo se sienta como propias. Esa es nuestra responsabilidad.
¿Y si el independentismo vuelve a tener una mayoría en el Parlament?
Pues seguiremos hablando porque eso es la política. La cuestión no es la independencia, que es legítima. La cuestión es cómo se llega a los objetivos. Sólo puede ser a través del diálogo, el pacto y la reforma. Las leyes se reforman, no se desobedecen.
DUI + presons= 56.844 ciutadans a l'atur
El paro sube en 56.844 personas. Catalunya apenas crea empleo y es donde más sube el paro en octubre @LaVanguardia
GUERRA DEL AGUA PARA TODOS!! Els 7.200.000 € de caríssima propaganda tirats en un racó ( l'important era la guerra, no l'aigua)
Edificio donde están los trasteros del material de la Fundación Agua y Progreso.
La fundación de propaganda protrasvase del PP valenciano acabó en dos trasteros
"Allí estaba todo. Había muebles, folletos, montones de papeles y hasta una carpa". Antonio Torres, director general de Relaciones con las Corts y responsable de la unidad de recuperación de la Generalitat Valenciana que busca rescatar lo que se pueda rescatar de los años de corrupción protagonizados por el PP, describe así la escena. En dos grandes trasteros ubicados en el sótano de un bloque de viviendas de Manises, localidad del área metropolitana de Valencia, estaba almacenado todo lo que quedaba de la extinta Fundación Agua y Progreso.
Se trata de los vestigios de la entidad que actuó como auténtico brazo propagandístico del PP valenciano a favor del conflictivo trasvase del Ebro y contra la política hídrica del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Un instrumento en el que los gobiernos de Francisco Camps gastaron 7,2 millones de euros procedentes de las arcas de la Generalitat durante los ocho años transcurridos desde la victoria de Zapatero, y su inmediata derogación del proyectado trasvase en 2004, hasta que en 2011 Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con un programa que ya no recogía ese polémico proyecto.
Se conocía desde la legislatura pasada la cifra del dinero de la Generalitat gastado en la fundación (al que habría que añadir los fondos procedentes de otras administraciones como las diputaciones provinciales) porque el entonces diputado socialista Francesc Signes, hoy subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, logró establecerla a fuerza de hacer preguntas y reclamar documentación al Consell presidido por Alberto Fabra. También se sabía que Agua y Progreso, centrada en la propaganda, fue liquidada en 2011 en cuanto Rajoy llegó al Gobierno.
Pero, aunque Signes denunció entre otras cosas que la entidad había gastado 1,8 millones de euros en una plantilla de media docena de personas y al menos 80.000 euros en hoteles y restaurantes, no se había podido entrar al detalle de los gastos al no disponer de las facturas ni de la documentación mercantil.
Toda esa documentación permanecía almacenada en los dos trasteros que, tras el cambio de gobierno se localizaron por casualidad gracias a que se detectó que la Generalitat pagaba gastos de una comunidad de vecinos en un edificio de Manises. Al averiguar a qué obedecían esos pagos, se descubrieron los dos trasteros. ¿Por qué en Manises y por qué en ese edificio? Ningún funcionario ha sido capaz de aclarar exactamente qué relación ligaba a la Generalitat con ese bloque residencial en concreto. Documentos aparte, del material allí almacenado se han reciclado algunos elementos, como la carpa publicitaria, que ahora sirve para proteger en el campo un tractor del área de agricultura.
Amb un producte nostre: La lògica de la decoració ceràmica,
Parte de la ruta de la cerámica de Castellón
Las empresas cerámicas de Castellón buscan ser más competitivas con la decoración digital
La provincia acumula el 95% de la producción
La Asociación Española de Técnicos publica el primer libro sobre esta práctica para dar un valor añadido al sector, con 15.000 empleos
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), en colaboración con la Diputación de Castellón, presentará en breve el libro “Introducción a la decoración digital cerámica”, elaborado a partir de “las empresas cerámicas punteras en decoración digital, que posibilita productos con un mayor valor añadido y más eficientes, haciendo más competitiva esta importante industria en los mercados internacionales”.
04/11/2017 01:00
“Es un sector vital para la provincia de Castellón y la economía valenciana, que siempre ha tenido mucho dinamismo, y que ahora se traduce en apostar decididamente por la transformación digital, que ya supone y supondrá más en el futuro una revolución industrial con un gran salto cualitativo y cuantitativo en todo lo relativo a la organización y gestión de las empresas cerámicas y su automatización, en un mundo cada vez más globalizado”, destacan desde ATC a El Confidencial Autonómico.
El 95% del sector cerámico español está ubicado en la provincia de Castellón, sobre todo en el denominado “triángulo del azulejo”, que abarca las ciudades de Villarreal, Onda y Alcora. Da trabajo directo a 15.000 personas.
“Introducción a la decoración digital cerámica” es una ambiciosa obra, firmada por Isaac Nebot Díaz y Pierluigi Dal Corso, pero en su elaboración han contribuido también otros importantes expertos: Vicent Joan Estall i Poles, María Oset Expósito.Eva Miguel Hervás, Víctor Carnicer Cervera, Joaquín Luque Flores y Natalia Maartínez Borrás.
Una industria clave en un mundo globalizado
“Con la palabra “Introducción” queremos ser humildes porque sabemos que estamos en el comienzo de una revolución industrial debido a la tecnología digital, pero ya hay importantes empresas cerámicas que llevan unos años de experiencia”, señalan a ECA.
La obra “trata de dar una visión integral y práctica de los conocimientos más actuales y de vanguardia en el campo de la tecnología de decoración digital, en un momento clave de la industria cerámica en un mundo cada vez más globalizado, que puede ver en este libro la punta de lanza de la nueva revolución industrial cerámica”, subrayan a este digital.
La crisis económica que se inició en 2007 en Estados Unidos se notó ya ese año en el sector cerámico. “Vimos ya señales de alarma en los mercados extranjeros, y pronto nos pusimos a trabajar, al comprobar la caída del sector de la construcción y entrever que la clave de la superación era la calidad: las empresas que apostaron por este futuro se han consolidado, pese a la caída de la construcción en España, lo cual no impidió que se perdieran unos 8.000 empleos en la crisis de estos años”.
La nueva decoración digital se encadena en la denominada “industria 4.0”, la nueva revolución industrial impulsada por la transformación digital.
El libro es bilingüe español-inglés “para llegar al mayor número posible de profesionales del sector cerámico”.
Benlloch: "El PSPV-PSOE demana canvis per tornar a liderar l'esquerra i recuperar la Diputació"
Benlloch: El PSPV-PSOE pide cambios para volver a liderar la izquierda y recuperar la Diputación
El candidato de ‘Guanyem Castelló’ apuesta por un partido más próximo a los ciudadanos en todos los rincones de la provincia
José Benlloch, pre-candidato a secretario de la Ejecutiva Provincial socialista, está convencido de que el PSPV-PSOE de la provincia de Castellón está pidiendo un cambio a gritos; una nueva proyección en la que el militante se sienta integrado y las propuestas socialistas lleguen a la gente de la calle en todos los municipios. El PSPV-PSOE debe recuperar la Diputación, pero debe hacerlo a través de los municipios y no podrá hacerlo si no llega a todos los rincones de la provincia.
Esperanza Molina/Castellón Información
José Benlloch lidera una de las cuatro pre candidaturas que se han presentado en la provincia de Castellón para liderar la ejecutiva del PSPV-PSOE. Representa a un colectivo que parte de una misiva prioritaria: ‘Guanyem Castelló’, en el que se pone de relieve que el PSPV-PSOE provincial tiene que volver a recuperar su esencia, como representante de la izquierda, y de las necesidades de todos los ciudadanos de la calla de cada uno de sus municipios.
Esta mañana, José Benlloch, alcalde de Vila-real y portavoz del Grupo Socialista en Diputación; y Ana Besalduch, alcaldesa de Sant Mateu, se han reunido con medios de comunicación para trasladar las ideas que defienden en esta nueva apuesta provincial. Y no se han andado con tapujos.
Las líneas fundamentales de su candidatura son: el cambio en las políticas de gestión del PSPV-PSOE en la provincia; un nuevo concepto de territorialidad que de protagonismo a todos los municipios de la provincia, y la cohesión de todos los militantes socialistas para sumar la energía de los más jóvenes y la experiencia de quienes han trabajado por el partido durante toda una vida.
El PSPV-PSOE de Castellón está pidiendo un cambio a gritos, indicaba Benlloch. Un cambio para que vuelva a ser el partido ilusionante que defendía una ideología y una forma de actuar que respalde las necesidades de todos los ciudadanos en todos los rincones de la provincia.
Se necesita un cambio, no una continuidad. Los datos, los resultados de los últimos años han demostrado que el partido no puede mantener una estructura comarcal que ha generado en una pérdida de cohesión y de iniciativas. La política provincial tiene que surgir de la provincia, de los municipios, y el PSOE debe aspirar a conquistar de nuevo la Diputación de Castellón, como un órgano de gestión que presente a los municipios.
Pero eso es muy difícil, admitió el candidato, si se parte de una realidad en la que el PSPV- PSOEcarece de representación en 28 municipios de la provincia.
En estos momentos, destacaban Benlloch y Besalduch. Castellón, la Comunitat Valenciana el PSOE, viven un momento histórico. El PSOE nacional tiene un líder fuerte respetado por sus militantes; Ximo Puig ha logrado recuperar la Generalitat para un proyecto de izquierda después de dos décadas de dominio del PP; y en la provincia, el PSOE gobierna en la mayor parte de las alcaldías de las ciudades que reúnen un mayor número de población.
Pero la mayor debilidad del PSOE se encuentra en los 28 municipios donde no tiene ni un solo representante que defienda a sus ciudadanos y reivindique sus necesidades.
Y esto exige trabajo, indicaba Benlloch. Porque la política no se hace desde un sillón esperando a que las ideas se muevan solas… El PSPV-PSOE debe visitar pueblo a pueblo, conocer a sus habitantes, trasladar la ilusión de un proyecto que valora las necesidades de la gente… “El partido es un instrumento para el cambio”, pero para eso, hay que hacer campaña y centrarla en las personas… hacer que se sientan partícipes de este proyecto… “Llenando salones no ganamos calle, hay que estar en la calle”.
Esta ha sido una de las razones por las que Benlloch y su grupo de ‘Guanyem Castelló’ decidió comenzar su campaña desde un municipio como El toro, porque todos los municipios de la provincia son importantes.
Y esta forma de pensar ya es un cambio en lo que se ha hecho hasta ahora porque: “si se hace siempre lo mismo, se consigue siempre lo mismo”.
El grupo que lidera Benlloch no se plantea la existencia de 4 propuestas como una división interna del PSOE, sino como cuatro proyecciones de lo que se quiere hacer en Castellón. Esto es solo el principio, porque también están convencidos de que una vez presentadas las candidaturas, llegará el momento de la cohesión, de poner sobre la mesa las ideas y, posiblemente de unificar posturas.
Y en este sentido, se abre una brecha entre el candidato más oficialista, el que representa la continuidad, del grupo de Ernest Branch, y los otros tres líderes. En suma, que cuando llegue el momento de la verdad, es posible que, al menos tres de las cuatro candidaturas, puedan presentar un frente unido contra la continuidad.
En lo que respecta a los avales, el reglamento del partido establece un mínimo (3%) y un máximo (6%) para formalizar la candidatura en estas primarias.
En ‘Guayem Castelló’ afirman que ya han superado el techo en los dos extremos,
Calendario de primarias
El martes, 7 de noviembre se cerrará el plazo para presentación de avales y se proclamarán abiertamente las candidaturas que cuentan con el apoyo de los militantes para presentar oficialmente su propuesta como candidatos a la secretaría provincial del PSPV-PSOE.
Con el respaldo de los avales, comenzará la verdadera campaña, se sucederán los pactos, si los hubiera, y se visualizarán completamente todas las iniciativas y propuestas.
La primera jornada de votación se realizará el 19 de noviembre. La segunda, el día 26 del mismo mes.
En base a los resultados se proclamará al secretario provincial y comenzará la segunda fase, la preparación del Congreso provincial, prevista para el próximo 16 de diciembre.
El objetivo de todos los candidatos: Un PSPV-PSOE renovado, capaz de liderar la izquierda con un proyecto político consensuado.
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