Un altre cas aïllat: La Fiscalia rastreja fins a 17 milions de la caixa B del PP d'Aguirre

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que no está imputada, tenía a su nombre la cuenta bancaria de la Fundación Fundescam, que según el ministerio público podría haber financiado de forma irregular al PP madrileño



Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre EFE

CASO PÚNICA
La Audiencia Nacional condena a Granados a dos años de cárcel por el 'chivatazo' de la Púnica
En concreto, las citadas fuentes relatan a este diario que el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, considerado por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como el cabecilla de la trama ‘Púnica’, alardeó en privado de que la formación de Aguirre había utilizado hasta 11 millones de euros en negro en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, y otros 6 millones de euros en 2011.

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007.

En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo legalmente gastado.


Hasta el momento, la presunta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre se investiga en dos procedimientos distintos: en la ‘Púnica’ y en ‘Lezo'. En el primero se analiza el periodo de Francisco Granados como secretario general, mientras que en el segundo las pesquisas se centran en el papel de Ignacio González al frente de la formación.

En ambas piezas separadas está imputado el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, condenado ya a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas ‘black‘ de Caja Madrid. Entre los investigados en estos procedimientos están tanto Ignacio González como Francisco Granados, pero no Esperanza Aguirre.

Aguirre y Gallardón
El fiscal Carlos Iáñez, el responsable de la investigación del ‘caso Lezo’ hasta hace unos meses, dejó un escrito en el que pedía la imputación de la exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón, según adelantó LaSexta. Sin embargo, el nuevo jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón mantiene retenida esta petición, a la espera de que los nuevos fiscales del caso tomen una decisión al respecto.

Vozpópuli ha tenido acceso a un informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enviado al juez García-Castellón el pasado 30 de octubre, en el que los agentes advierten del “enmascaramiento de gastos electorales del PP en las elecciones autonómicas de 2011”.

Los guardias, que apuntan a un “extraña” intermediación entre varias empresas en una adjudicación de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid por un importe de 122.787 euros, indican de forma textual en su informe: “El Laboratorio de Almagro 36 SL participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del mencionado contrato público, y llegó a percibir el 60% de los beneficios del mismo, y habría abonado una importante cantidad de dinero de los presupuestos del contrato a la misma empresa que en ese momento estaba realizando la campaña electoral para el Partido Popular: Central de Producers SL”.

Pero los posibles problemas de Esperanza Aguirre con la justicia no acaban con el posible dinero negro gastado en las campañas electorales, ya que la expresidenta de la Comunidad de Madrid figuraba como autorizada de la cuenta corriente de Fundescam, la fundación con la que se financió el PP de Madrid, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 1 de marzo.

Elecciones de 2007
En concreto, los agentes ya han constatado que la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) abonó facturas al PP madrileño por un importe de 96.300 euros para las elecciones autonómicas de 2007.


Foto de una reunión de Fundescam en el año 2002.
Y por ello, las fiscales Anticorrupción del ‘caso Púnica’ aluden a Esperanza Aguirre como una de las personas que habrían integrado la "red de decisión” que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales y autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipales y autonómicas), que se acercaron a los 5 millones de euros.

La Fiscalía también hapuesto la lupa en las actividades de otra fundación presidida por Esperanza Aguirre, y pretendedescubrir si “e PP utilizó también para abonar gastos de campaña de forma subrepticia a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad a la vista de las importantes cantidades recibidas por dicha fundación de la citada entidad financiera Caja Madrid".

Ernest Blanch aposta pel continuisme i manté a Ana Belén Edo Gil com la seva segona

El líder provincial del PSPV de Castelló pergeña una ejecutiva con seis vicesecretarías, una específica para la agrupación de la capital de La Plana

S. Navarro 15.12.2017 | 11:44

El líder provincial del PSPV de Castelló, Ernest Blanch, ha apostado por Ana Edo, secretaria de organización de la ejecutiva saliente en los últimos seis años, como número dos de la ejecutiva provincial que está pergeñando de cara al inminente congreso provincial, que se celebrará este sábado en Almenara.

Fuentes próximas al secretario general provincial han confirmado que la designación de Edo como número dos de la futura dirección provincial del partido es un reflejo de la apuesta de Blanch «por las mujeres» y una manera «de premiar» el trabajo de Edo en los últimos seis años, como secretaria de organización.

Ana Edo, según esas mismas fuentes, será la responsable de la vicesecretaría primera de acción Política y Territorio. A esta primera vicesecretaría estará vinculada la secretaría de organización, que recaerá en la persona de Estíbaliz Pérez, alcaldesa de Almenara, que de esta forma pasará a ocupar el número 3 en el escalafón de la nueva cúpula provincial del de los socialistas.

La propuesta de la ejecutiva que presentará Blanch a los delegados del congreso de Almenara incluye también como novedad la creación de otras cinco vicesecretarias, una por cada comarca, y una específica para la Agrupación Local del PSPV en la capital de la Plana.

Blanch mantenía a últimas horas de la noche de ayer conversaciones con los distintos sectores del partido, y de manera especial con los afines a los candidatos derrotados en las Primarias del pasado mes de noviembre, José Benlloch, alcalde de Vila-real, y el exsenador Pep Lluís Grau, líder del colectivo ´Militantes en pie´, posicionado en favor del actual líder federal del PSOE, Pedro Sánchez. El esfuerzo de Blanch por conformar una ejecutiva de integración y cosechar así un mayor apoyo en el cónclave de Almenara se está centrando en la Agrupación Local de la ciudad de Castellón.

El secretario general intenta primero lograr la incorporación a la ejecutiva en primera persona del exsenador Grau. Este ha señalado que aún no tiene tomada una decisión final, que dependerá de la oferta que ponga sobre la mesa Ernest Blanch. Ambos celebraron a últimas horas de la noche de ayer una reunión con el fin de sellar un acuerdo definitivo.

Otro fleco, y no de menor calado, es cómo Ernest Blanch incorporará en la nueva dirección a Germán Renau, rival de Amparo Marco en las Primarias del PSPV para la alcaldía de la ciudad de Castelló. Sobre este extremo, Blanch se ha limitado a confirmar que Renau estará en su ejecutiva, pero no ha desvelado cuál sera su función.

http://www.levante-emv.com/castello/2017/12/15/ernest-blanch-apuesta-continuismo-mantiene/1655119.html

Normes de Castelló

Què són les Normes de Castelló?

Les Normes de Castelló i la seua transcendència social

D’ençà de la Renaixença, la societat valenciana –en sintonia amb el conjunt de la catalanitat– experimentava la necessitat de disposar del registre codificat de la llengua. La solució no podia ser cap més que abraçar la normativització que conduïa l’Institut d’Estudis Catalans, la qual, així que fou promulgada (1913), havia estat assumida per elements de la Joventut Valencianista així com, uns anys més tard, per la Sociedad Castellonenca de Cultura. Definitivament, la fita de la normativització era assolida pel País Valencià, a través dels escriptors i les entitats que es mostraren sensibles a la funció social de la llengua del país, mitjançant el document signat a Castelló de la Plana, el 21 de desembre de 1932, el qual hem convingut a identificar amb la denominació de Normes de Castelló.

En la seua dimensió material, les Normes de Castelló no són sinó un document més aviat breu i modest, fins i tot no exempt d’algunes imperfeccions (al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura apareixia precedit per una declaració introductòria), integrat per trenta-quatre «bases ortogràfiques unificadores», al qual fou annexat el Vocabulari ortogràfic valencià (1933), de Carles Salvador. Com és sabut, aquestes regles ortogràfiques eren una adaptació, redactada pel professor Lluís Revest, de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans, tal com foren publicades a l’«Exposició de l’ortografia catalana», que encapçalava el Diccionari ortogràfic, de 1917. Recordem, així mateix, que el Vocabulari ortogràfic abreujat (1926), de Pompeu Fabra, era adaptat per Carles Salvador en el seu Vocabulari, el qual estava constituït per unes 6.000 entrades, que incloïen uns pocs valencianismes, entre veus del lèxic general i de toponímia. Efectivament, la figura de Pompeu Fabra i l’impacte social que havia començat a produir la seua obra de modernització de la llengua es projectava també damunt els cercles del valencianisme.

Paga la pena de remarcar que als promotors de la codificació acordada a Castelló de la Plana no els feia el pes el terme de «normes» per etiquetar la seua obra normativitzadora, en lloc del qual hi van optar, de manera conscient, pel recurs a l’expressió «bases ortogràfiques unificadores». Segurament, el terme «bases» afavoria la interpretació de les regles ortogràfiques en un cert sentit de concòrdia, o pacte provisional; de tota manera, la tal provisionalitat també incloïa –si més no, entre els grans valedors d’aquesta codificació– la decisió que la denominació de «normes ortogràfiques» tan sols esqueia a les sancionades per l’Institut d’Estudis Catalans, respecte de les quals les acordades a Castelló –tal com hi insistia el professor Manuel Sanchis Guarner, un dels seus signataris– no eren sinó «una adaptació, amb lleus retocs, de les de l’Institut d’Estudis Catalans». En qualsevol cas, les Normes de Castelló constitueixen una proclamació rotunda de catalanitat de la llengua nacional dels valencians, no solament per la literalitat dels seus continguts sinó també pels objectius explícits que les van guiar. I ací n’hi haurà prou amb la referència a l’autoritat de Salvador Guinot, l’eximi president de la Societat Castellonenca de Cultura, l’entitat que va protagonitzar l’etapa definitiva de la normativització valenciana: «Creiem que res més pràctic i beneficiós pot ésser que acceptar les “Normes” de l’Institut (d’Estudis Catalans)».

Són remarcables els efluvis d’entusiasme i d’esperança amb què van reaccionar els cercles valencianistes davant l’aprovació de les Normes. Gaetà Huguet, per exemple, presentava l’esdeveniment –sens dubte, històric, potser un dels més transcendents del primer terç del segle XX valencià– com a l’impuls que hauria de dur a unir les organitzacions polítiques per aconseguir l’Estatut d’autonomia.

Ben mirat, fou mitjançant l’eina de la codificació lingüística que el català dels valencians va poder fer la travessia del franquisme sense caure en un procés de degradació interna, de patuesització, que segurament hauria estat irreversible. Fou gràcies a la reforma fabriana que entràrem en la modernitat –tal com proclamava Joan Fuster a Prada, l’any 1963– i, en última instància, sense la fortuna de les Normes de Castelló avui no hauria estat possible el nivell admirable de producció lingüística que genera la societat valenciana en tots els àmbits de la comunicació, de la recerca, de la creativitat (literari, científic o acadèmic) i de la convivència diària.

Les Normes de Castelló, al focus de l’actualitat

Definitivament, la normativització de la llengua dels valencians és una realitat admirable i consolidada. Tanmateix no deixa d’ésser vulnerable, a causa, com és natural, de la feblesa dels vincles i dispositius polítics que entrebranquen l’avanç d’aquesta societat. Ací i allà assistim a iniciatives i episodis, generats per sectors socials i, més greu encara, per institucions oficials, que actuen en la direcció contrària als passos que ha fet la societat valenciana en el camí de l’estandardització lingüística. Ben mirat, costa de comprendre –i, per suposat, no admeten justificació possible– els intents per fer recular la situació actual de la llengua dels valencians a estadis d’uns quants decennis enrere, els quals semblaven superats, un panorama social en la regeneració del qual s’havien deixat generosament la suor i la sang valencians de la talla de Gaetà Huguet, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Enric Valor, Francesc Ferrer Pastor, Josep Bausset i tants d’altres.

Si hom renuncia al llegat d’aquests valencians insubornables, si hom perd l’horitzó de les fronteres de la llengua –i, pitjor encara, si hom no és capaç de situar la pròpia comunitat lingüística dins el mapa global– aleshores hi ha el risc d’abraçar-se, com a contrapartida, a mites particularistes tals com el de la «identitat exclusiva» o de la «genuïnitat» idiomàtica, els quals sovint deriven en la mitificació de fòssils pintorescos i de peculiaritats pseudofolklòriques. Òbviament, l’alternativa del particularisme no admet cap més sanció que la de provinciana, miop i involucionista. Potser una tal alternativa tan sols disposa d’una eixida final, la del secessionisme, la temptació de crear una llengua nova. I val a dir que, per desgràcia, disposem d’indicis que avisen de l’amenaça real d’una tal temptació.

Així doncs, ara mateix resulta ben òbvia i legítima la justificació de l’oportunitat, i fins i tot la necessitat, que tenim d’exposar les Normes de Castelló a una reflexió pública i constant, això és, de mantenir-les vives, de commemorar-les i vindicar-les. En aquesta direcció, la qüestió de les Normes ha estat capaç de generar un seguit d’iniciatives que cobreixen en termes força satisfactoris l’ampli espectre del camp cultural, iniciatives que s’han anat estenent arreu de l’extensa geografia valenciana. No sols això; l’interès per les Normes de Castelló ha desbordat l’àmbit estricte de la cultura i s’ha fet present als carrers, a través d’unes formes d’expressió de to obertament polític, tot contribuint a mantenir activat el debat social al voltant de la normativització. Al capdavall, superen amb escreix els seus factors d’ordre cultural i avui podem afirmar que han acumulat una densa càrrega d’elements simbòlics i de valors i interessos civils. Han esdevingut, en definitiva, un element clau del valencianisme contemporani. Certament, les Normes de Castelló han assolit una projecció social desconeguda fins ara.

Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista.

http://www.normesdecastello.uji.es/que-son-les-normes-de-castello/

Avui tampoc plourà

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Que ha de fer un polígon per merèixer ser-ho i pagar els deutes? URBANITZAR i vendre o llogar parcel·les, com el de Sagunt

Tres noves empreses han adquirit parcel·les al complex empresarial. © DIARI LA VEU
La venda i el lloguer de parcel·les al Parc Sagunt permeten liquidar els deutes del complex empresarial

L'entitat devia 12 milions d'euros, dels quals 6 corresponien a la Generalitat i altres 6, al SEPI

Dijous, 14 de desembre de 2017 18:15h
Redacció / València

El complex empresarial Parc Sagunt ha amortitzat tots els préstecs amb els seus socis en liquidar el deute de 12 milions que tenia pendent, dels quals 6 milions corresponien a la Generalitat i altres 6, a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), organisme públic dependent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. D'aquesta forma, Parc Sagunt inicia ara una nova fase de consolidació de l'activitat i de reforçament del seu paper com a palanca del creixement econòmic al País Valencià.

Segons ha explicat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, "la clau per a posar a zero el comptador del deute de Parc Sagunt radica en els diners que han entrat en la societat en els últims mesos, provinents de la venda i lloguer de parcel·les, la qual cosa ha permés a la societat sanejar els seus comptes i deixar de pagar, a més, els costos financers associats a aquest deute".

Precisament aquest dijous el Consell d'Administració de Parc Sagunt ha adjudicat la venda d'una nova parcel·la a l'empresa Fustes Castillo per un import d'1,5 milions d'euros. Així mateix, l'empresa CrownPackaging Manufacturings, SLU, dedicada a la fabricació d'envasos i embalatges, ha exercit la seua opció a compra d'una altra parcel·la que estava en dret de superfície per 4,97 milions, mentre que Inmoarnedo ha fet el mateix amb la parcel·la I1-7.2 per un valor de 2,81 milions.

Mira ha assenyalat que, "durant anys, Parc Sagunt ha sigut un pou sense fons en el qual es van enterrar milions d'euros per la mala gestió de l'anterior executiu, però ara hem aconseguit rellançar el projecte i a més convertir-ho en una àrea industrial i logística referent a Europa, que ha començat ja a generar beneficis per a la societat valenciana". Per a la secretària autonòmica, "el desig del Consell és donar suport a tota actuació que espente la Comunitat Valenciana cap a la millora de la competitivitat i l'especialització del nostre teixit productiu, i Parc Sagunt constitueix la millor mostra d'açò".

El projecte "que ens vam trobar la vora de la fallida", explica Mira,"s'ha convertit en una fita empresarial i està cridat a ser un dels grans centres logístics, donada la seua posició privilegiada al centre de l'Arc Mediterrani".
https://www.diarilaveu.com/noticia/78504/parc-sagunt-liquida-deute

TAL DIA COM AVUI

2001.- Comença la distribució pública dels euros. Les entitats bancàries d'arreu l'Estat posen a disposició de tots els ciutadans les primeres monedes mitjançant una bosseta coneguda com a "euromoneder" que conté 43 peces en què s'inclouen tots els valors emesos i que equival a 2.000 pessetes.
https://www.diarilaveu.com/

ARA ICETA

Un altre cas aïllat:L'Audiència confirma la imputació de Rafael Blasco pel tripijoc de set contractes informàtics

POR UN IMPORTE DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

Valencia Plaza


 El exconseller Rafael Blasco tras salir de su declaración. Foto: BIEL ALIÑO / EFE
14/12/2017 -
VALÈNCIA (EFE). La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el exconseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha confirmado su imputación por el supuesto amaño de contratos informáticos.

Este asunto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se investiga en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el marco de la quinta pieza separada del caso Cooperación, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de dicha Conselleria

En la causa, abierta por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se investiga el amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra en prisión, junto al exconseller Blasco, tras ser condenado por el desvío de las ayudas públicas destinadas a cooperación internacional.

Además de Blasco y Llinares, en esta pieza separada figuran como investigados la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuan, el empresario Augusto Tauroni y otras tres personas: el jefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.

Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
http://www.valenciaplaza.com/la-audiencia-confirma-la-imputacion-de-rafael-blasco-por-el-amano-de-siete-contratos-informaticos

Fracàs del PP en el seu intent de castigar, retallant-les ajudes, a la PATRONAL i als sindicats per la seua manifestació a favor del finançament just

Manifestación a favor de la financiación
Fracaso del PP en su intento de castigar a los organizadores de la protesta a favor de la financiación
Veto de la izquierda en la segunda jornada del debate de presupuestos a la enmienda de Bonig para recortar ayudas a la patronal y los sindicatos por la manifestación

15.12.2017 | 01:17

El intento del PP de castigar a los organizadores de la manifestación celebrada en València por una financiación justa para la Comunidad Valenciana ha quedado en saco roto. La comisión de Economía de las Cortes Valencianes rechazó ayer las dos enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos de la Generalitat para 2018 en las que pedía retirar 900.000 euros de los tres millones de euros de subvenciones nominales directas a la patronal autonómica CEV y a CCOO y UGT. Mientras que el PP se quedó solo en su intento de mermar las ayudas a la patronal, en el caso de la enmienda para el recorte a los sindicatos sumó el apoyo de Cs y de los no adscritos.

El grupo parlamentario popular pedía detraer 300.000 euros de los 2,4 millones de euros del programa sobre condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales que reciben la patronal valenciana y los dos sindicatos, y que esta cantidad fuera asignada por concurrencia abierta y competitiva para todas las entidades sindicales y empresariales de la Comunidad.


El diputado popular Vicente Casanova defendió que estas enmiendas no pretendían disminuir «ni un euro» ni a los sindicatos ni a la patronal autonómica, sino «aumentar ligeramente las ayudas por concurrencia disminuyendo las directas», al tiempo que le afeó al PSPV y Compromís que respaldaran la propuesta de Podemos de reducir 110.000 euros la ayuda a la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec).

Esto ocurría ayer en la comisión de Economía 24 horas después de que se rechazaran las enmiendas para recortar las ayudas a la aerolínea Air Nostrum, que mantendrá la subvención de tres millones de euros que recoge el proyecto de ley de presupuestos. Podemos quería quitar la línea directa de tres millones a la compañía con el objetivo de destinar esa cuantía a programas para reducir la brecha digital, mientras el PP reclamaba que fuera a ONG's y al Banco de alimentos. Sin embargo, para 2018 se mantendrá la inyección económica al haber sido rechazadas esas enmiendas en las que el PP y Cs volvían a hacer pinza contra las ayudas a Air Nostrum tras haber conseguido tirar para atrás el aumento de sueldos para los funcionarios con altos cargos en la Generalitat.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en unas declaraciones recogidas por EFE, quitó hierro ayer a la pinza formada entre Podemos y PP. De pasada y con un simple «no significa nada», el jefe del Consell achacó a «la dialéctica democrática» la alianza entre estas formaciones, unas declaraciones con las que buscó salvar la imagen del Pacto del Botànic.

Los presupuestos de la Generalitat no incluirán la subida de sueldos de altos cargos, una propuesta del Consell bloqueada por Podemos en su intento de hacerse valer y que fue respaldada junto a los partidos de la derecha. Un rechazo que por cierto Puig dijo «no entender» porque «nadie entiende que uno cobre menos con más responsabilidad». El jefe del Consell aprovechó para destacar que tiene socios preferentes: los diputados de Podemos, lo que evidencia que el apoyo de los «ex» de Cs capitaneados por Alexis Marí está en la recámara. Indicó que el Consell está «en disposición de acordar con el conjunto de fuerzas parlamentarias y especialmente con Podemos que es nuestro socio parlamentario preferente y fundamental».
http://www.diarioinformacion.com/politica/2017/12/15/fracaso-pp-castigar-organizadores-protesta/1968285.html

Cs i PP batallen per vore qui és més del PP

PP y Cs, a la greña con el adocrinamiento

HÈCTOR SANJUAN Valencia

15 DIC. 2017 07:24

Antonio Clemente, saludado por Mariano Rajoy en el Senado. SERGIO RODRIGUEZ


Ciudadanos se abstiene de la propuesta de los populares en el Senado para a reforzar la Alta Inspección
PP y Ciudadanos coinciden en señalar el problema pero no la forma en cómo combatirlo
PP y Ciudadanos no se ponen de acuerdo a la hora de combatir lo que ellos consideran un adoctrinamiento en las aulas españolas. Ya en el Congreso, las dos formaciones, que coinciden en señalar el problema pero no la forma en cómo combatirlo, mostraron sus desavenencias en un encendido debate protagonizado por los diputados valencianos Toni Cantó (Cs) y Elena Bastidas (PP).El pasado miércoles en el pleno de Senado estas diferencias volvieron a salir a la luz. Los populares presentaron una moción que pedía que «en aquellos casos en los que la inspección educativa autonómica no actúe conforme a las funciones que tiene atribuidas» se «refuercen y amplíen las competencias de la Alta Inspección educativa, de tal manera que disponga de mecanismo para velar ágil y rápidamente por que los centros educativos desarrollen sus actividades con sujeción a los principios constitucionales».

El texto fue enmendado por Ciudadanos. En el debate, el valenciano Luis Crisol defendió la necesidad de crear una agencia independiente, que no dependa de lo que inste el Gobierno de turno, que sea imparcial y que sus informes sean públicos. «Nos hemos abstenido porque el PP no ha admitido nuestra enmienda, que pretendía subsanar los graves defectos técnicos de su moción. La Alta Inspección educativa ya tiene las atribuciones precisas para actuar, y lo que hay que hacer es activarlas», explicaron desde la formación morada. El PP alegó que Ciudadanos presentó mal sus enmiendas al agrupar sus cinco peticiones en una sola. De haberlo hecho por separado, explicó el senador del PP, hubieran rechazado las tres primeras por estar ya recogidas en su texto y hubieran incluido otras dos con algunos pequeños retoques de redacción».Horas después del debate, el portavoz del grupo territorial de la Comunidad en el Senado, Antonio Clemente, aseguró que en tema de adoctrinamiento hay que ser «firmes y contundentes, sin bandazos» y «no se pueden tener un discurso diferente dependiendo la cámara o los interlocutores a los que te dirijas». Clemente censuró así a la «sonada abstención» protagonizada por Ciudadanos y al rechazo de PSPV y Compromís a la iniciativa del PP. Por su parte, Cs acusó a los populares de querer «liberar al Gobierno de la responsabilidad que la ley le atribuye para crear una nueva responsabilidad que atribuir al parlamento».
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/15/5a32da2422601d43468b460a.html

El nou PSPV busca donar poder en l'executiva a capital i comarques

    CUENTA ATRÁS PARA EL CONGRESO PROVINCIAL

Benlloch ve más cerca un acuerdo de integración, pero no «a cualquier precio»


   
J. ABAD // M. AMORIZA
15/12/2017
Con las negociaciones para lograr una propuesta que alcance el mayor consenso posible en el congreso provincial de mañana, sábado, como telón de fondo, los socialistas del equipo de Ernest Blanch, el secretario provincial elegido en las primarias, baraja para la ejecutiva un núcleo duro formado por seis vicesecretarías, de las que cinco se corresponderían a las comarcas castellonenses y una sexta con la capital.

De las cinco primeras, la de la Plana Baixa la ocuparía Ángel Badenas, pese a que su acuerdo inicial al sumarse a la candidatura de Blanch y retirarse de la carrera antes de las primarias era para ocupar una vicesecretaría única.
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En cuanto a la reservada a la ciudad de Castellón, el puesto sería para Germán Renau, quien respaldó al nuevo secretario general a cambio, precisamente, de ostentar el liderazgo capitalino en la ejecutiva provincial.

Esta amplia estructura de primer nivel, que doblaría a la vigente hasta ahora, proporcionaría mayor protagonismo a los territorios, pero estrecharía, sin embargo, el margen de maniobra para la integración de miembros de las candidaturas de José Benlloch y de Josep Lluís Grau, en el ámbito de gestión al que aspiran, señalan fuentes socialistas.

En la cuenta atrás para el cónclave de Almenara, durante la jornada de este jueves continuaron adelante las conversaciones del líder electo, Ernest Blanch, con el resto de sensibilidades, rondas que se completaron con una reunión por la noche con Grau, quien confirmó que la plataforma que representa tiene voluntad de llegar a acuerdos.

En cuanto a Benlloch, los contactos han sido «constantes», según confirmó el también alcalde de Vila-real, quien valoró tras hablar con Blanch ayer que «las posturas se acercan muchísimo en este momento», aunque matizó que están «encallados» en lo que se refiere a la integración de personas de su equipo en el núcleo duro de la ejecutiva.

José Benlloch, quien ha sido elegido por los delegados de su equipo para llevar personalmente las negociaciones cara al congreso, explicó que han propuesto que esta sensibilidad cuente con el 30% de los miembros del comité provincial y uno de los tres puestos que se eligen mañana para el comité nacional, planteamiento sobre el que estimó que «no habrá ningún problema».

Agradeció de forma explícita a Blanch su «voluntad desde el principio de hablar» y su «disponibilidad», insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo para que el partido salga «más fuerte» de la cita congresual, pero matizó también que su equipo no se integrará «a cualquier precio».

Benlloch, quien anunció más conversaciones para hoy, especificó que no aceptarán «solo vocalías», sino que buscan «una participación real, para trabajar, y que implique responsabilidades» .
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nuevo-pspv-busca-dar-poder-ejecutiva-capital-comarcas_1115065.html

Les Coves obre demà la seva nova sala d'exposicions

15/12/2017
LES COVES DE VINROMÀ 3 El Ayuntamiento de les Coves de Vinromà ultima la apertura de la nueva sala de exposiciones de la población. Este espacio cultural se inaugurará mañana y mostrará la obra de los artistas locales con el fin de dotar al municipio de un punto de interés cultural y turístico orientado a poner en valor la creación artística. Entre las muestras, estará la colección permanente de Tomás Roures. RD

40 empreses de Catalunya es traslladen a Castelló però cap al NO URBANITZAT Polígon Font de Boira

DESDE OCTUBRE


   
N. MARTÍNEZ
15/12/2017
El Colegio de Registradores de la Comunitat ha detectado en su último balance que 40 empresas de Cataluña han cambiado su sede social a la provincia de Castellón, en apenas dos meses y medio.

De este modo, en el periodo analizado desde el referéndum del pasado 1 de octubre hasta el pasado miércoles, 13 de diciembre, la Comunitat ha recibido a 205 firmas catalanas. De ellas, la mayoría ha elegido para su nueva sede la provincia de Valencia (140). Le sigue en segunda posición la de Castellón, con 40; y la de Alicante, por último, con 25.



La fuga de negocios de Cataluña, que se ha disparado a raíz del contexto de inestabilidad política que vive la comunidad vecina, se ha saldado, hasta mediados de diciembre, con 3.004 mercantiles que han tomado la decisión de llevar su sede social fuera de este territorio y han seleccionado otros puntos del resto de España para establecerse.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/40-empresas-cataluna-trasladan-castellon_1115066.html

FRACKING A CASTELLÓ NORD:el Consell anuncia oficialment la renúncia de Montero Energy Corporation, als permisos d'investigació denominats Aristóteles, Arquimedes i Pitágoras.

MEDIO AMBIENTE
Oficializan la renuncia a buscar hidrocarburos

 
REDACCIÓN CASTELLÓN
14/12/2017
La Plataforma Antifracking Comarques de Castelló celebra que el Consell haya anunciado oficialmente la renuncia del grupo Samca, propietario de Montero Energy Corporation, a los permisos de investigación denominados Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras.

Ya en julio se anunció que Montero Energy renunciaba a desarrollar los 3 proyectos de búsqueda de hidrocarburos que afectaban a 42 municipios del norte de la provincia de Castellón. Desde entonces, Montero Energy esperaba que se hiciera oficial la comunicación de renuncia.

No obstante, la Plataforma Antifracking ha denunciado la «pasividad del Gobierno de la Generalitat con esta problemática, ya que las resoluciones de aceptación y desestimiento y las declaraciones de los cierres de los expedientes fueron firmadas por el director general de Energía y Minas el 28 de agosto y no se han comunicado oficialmente hasta tres meses después».

La compañía ya renunció en noviembre del 2015 a sus planes exploratorios mediante el fracking y ahora en julio del 2017 ha descartado también la exploración a través de técnicas convencionales.

La plataforma considera que PSPV y Compromís ha desaprovechado la oportunidad de posicionarse claramente en contra de este tipo de exploraciones como anunciaban sus programas electorales y dar un golpe de efecto denegando estos proyectos de forma contundente y que se adoptaran medidas legales para impedir las explotaciones de hidrocarburos en la Comunitat.

L'estació de tren d'Alcalà de Xivert tornarà a obrir-se

La estación de tren de Alcalà de Xivert volverá a abrirse tras 17 años de cierre
Las instalaciones se van a acondicionar por parte de la empresa y al ser una actuación mínima el plazo de apertura será inminente

Levante De Castelló Alcalà De Xivert 14.12.2017 | 22:46
Tras permanecer diecisiete años cerrada, la estación de tren de Alcalà de Xivert volverá a abrir, con el fin de prestar el servicio de sala de espera para los usuarios del tren. Las instalaciones, propiedad de Adif, se acondicionarán por parte de la empresa y, dado el buen estado en el que se han mantenido, requerirán únicamente de limpieza y pintura. Por parte del ayuntamiento, se ha solicitado reiteradamente a Adif y Renfe –antigua propietaria- que pudieran abrirse las instalaciones, para garantizar la comodidad de los usuarios. Finalmente, tras una reunión mantenida en València el pasado noviembre con el subdirector general de estaciones, Juan Cano, se llegaba a un acuerdo con Adif para poder hacerlo posible en la menor brevedad de tiempo posible.

Durante la jornada de ayer visitaron las instalaciones el alcalde Francisco Juan y el concejal de Urbanismo, José Colom, acompañados por técnicos de Adif, para comprobar que tanto el vestíbulo como la sala y los servicios requieren una actuación mínima, que se realizará en unas semanas, por lo que el plazo de apertura será inminente. «Estamos muy satisfechos porque, tras muchas gestiones y reuniones, hemos conseguido que se vuelva a abrir la estación y que los vecinos puedan contar con este servicio», señaló el alcalde. Tras las peticiones realizadas por el ayuntamiento, también se realizarán labores de mantenimiento de la jardinería de la estación, por parte de Adif, así como de mejora y limpieza del paso subterráneo y de puesta en funcionamiento del ascensor que comunica los andenes. «Esperamos que, al igual que hemos resuelto la apertura de la estación, se vayan resolviendo el resto de problemáticas. Confiamos en que así será ya que nos hemos encontrado con una buena predisposición por parte de Adif», finalizó Francisco Juan.

El PSPV de València pressiona Puig per baixar la quota dels afiliats

Una de las enmiendas del congreso provincial pide un estudio para eliminar el plus por la deuda

Alfons Garcia | València 15.12.2017 | 04:15
El PSPV de València no quiere que los socialistas de la terreta sean los que más pagan de España por ser militantes. Sucede así porque en 2009, en tiempos de Jorge Alarte como secretario general, se aprobó un complemento de 2,5 euros al mes a la cuota estatala (cinco euros) para hacer frente a las deudas del partido por los costes de los procesos judiciales contra la corrupción del PP y por la hipoteca de la sede de la calle Blanqueries.

Hoy, los juicios están cerrados y el edificio central se acaba de vender a una empresa hotelera, así que la agrupación de Moncada ha presentado una enmienda al congreso de la provincia de València de mañana para que se aborde un estudio «con la intención última de dejar sin efecto y anular la parte de la cuota del militante procedente de la deuda histórica».

Como en el último congreso federal se acordó subir la cuota en toda España de 5 a seis euros, el último recibo girado a los militantes del PSPV es de 8,5 euros. Con la citada propuesta, que previsiblemente saldrá adelante, el PSPV de la provincia, liderado por la sanchista Mercedes Caballero, pedirá a Puig pagar como las otras federaciones: 72 euros al año, y no 102.

Otras enmiendas inciden en un debate histórico en el PSPV: potenciar la estructura comarcal sobre la provincial, impuesta por Ferraz para toda España. El congreso federal ya rechazó dar libertad a los valencianos para organizarse. La propuesta de la dirección provincial es abundar en la complementariedad de todas las estructuras. Dada la mayoría de Caballero, es la tesis que saldrá adelante.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/15/pspv-valencia-presiona-puig-bajar/1655002.html

Ana Edo: “És vergonyós que el conflicte laboral dels examinadors ho haja hagut de resoldre l'oposició davant la negativa de Rajoy a fer-ho”

Un acord de tots els grups de l'oposició ha posat fi a la vaga. Es presentarà una esmena durant la tramitació parlamentària dels pressupostos perquè els examinadors puguen cobrar les quantitats pactades en el seu moment amb el Govern. Els socialistes de Castelló estan satisfets per haver contribuït amb la seua pressió a crear un clima propici a l'acord.

14/12/17

La secretària d'Organització en funcions de l'Executiva del PSPV-PSOE en la província de Castelló, Ana Edo, ha manifestat que “el grau de deixadesa i de pasotisme del Govern del Partit Popular és de tal calibre, que han hagut de ser els grups de l'oposició en el Congrés dels Diputats els que resolguen el conflicte laboral existent amb els examinadors de Tràfic, que realitzaven aturs continuats des del passat estiu”.

Edo diu que “el PP ens ha portat a una situació absurda”, que “açò és el món a l'inrevés” perquè “no ha sigut el Govern el que ha resolt el problema, sinó l'oposició en bloc, pactant amb els examinadors la presentació d'una esmena parlamentària durant la tramitació dels pressupostos per valor de 2.750.000 euros, amb la qual Rajoy es veurà obligat a abonar a aquests treballadors les quantitats pactades en el seu moment i mai complides pel Govern del PP”.

La dirigent socialista celebra que “la forta pressió que els socialistes hem realitzat a Castelló i en el conjunt d'Espanya, haja ajudat a crear el clima social que ha fet possible el posicionament conjunt de tots els grups parlamentaris de l'oposició per a posar fi a la injusta situació que s'havia creat per culpa del Partit Popular”.

Sobre aquest tema, recorda “que el caos existent en Tràfic era responsabilitat absoluta del PP i Rajoy, que primer van retallar tots els llocs de treball que els va donar la gana, i després van optar per no complir l'acord laboral aconseguit amb els examinadors que encara estan en actiu”.

“Una estranya forma de governar que de moment s'ha saldat amb el tancament de dues autoescoles en la província de Castelló i amb la pèrdua de vuit llocs de treball. I amb varis milers de persones esperant que els donen data per a poder examinar-se”.

Per a Ana Edo resulta “vergonyós” que en un país democràtic, “haja de ser l'oposició la que resolga un problema important per la senzilla raó que al govern no li ha donat la gana solucionar-ho”.

Arribats a aquest punt, espera “que Rajoy deixe de crear problemes i que inicie les accions necessàries que permeten que es produïsca un increment del nombre d'examinadors en la província de Castelló perquè en pocs mesos es puga desembossar el caos existent i perquè els qui fins ara no s'han atrevit a matricular-se, s'animen a fer-ho”.

http://web.psoe.es/castelloprovincial/pressnotes/859150/page/ana-edo-vergonyos-que-conflicte-laboral-dels-examinadors-haja-hagut-resoldre-loposicio-davant-negativa-rajoy-fer.html

El PSPV-PSOE demana al Govern del PP que deixe de discriminar al Baix Maestrat i que construïsca d'una vegada la línia de Rodalies fins a Vinaròs, l'última novetat ferroviària en aquesta zona va ser la construcció de la doble via que va escometre el ministre socialista Josep Borrell en 1994

El portaveu d'Infraestructures dels socialistes, Sergio Bou, recorda que l'última novetat ferroviària en aquesta zona va ser la construcció de la doble via que va escometre el ministre socialista Josep Borrell en 1994. Des de llavors, el PP ha governat a Madrid durant 14 anys, sense que haja fet gens per a millorar la connectivitat d'aquesta comarca. A l'única cosa que s'han dedicat els seus dirigents ha sigut a fer soroll durant el mandat de Zapatero i a paralitzar després tota la programació que va realitzar el president socialista per a impulsar el Corredor Mediterrani i portar les Rodalies fins a Vinaròs.

13/12/17

El secretari d'Infraestructures en funcions de l'Executiva provincial del PSPV-PSOE, Sergio Bou, demana que el Govern de Rajoy que “es pose a treballar d'una vegada, que deixe de discriminar al Baix Maestrat i que pose en servei com més prompte millor la línia de Rodalies que ha d'unir Castelló i Vinaròs”.

Ha destacat que des que en 1994 el Govern socialista de l'època, amb Josep Borrell com a ministre d'Obres Públiques, construïra la doble via en les comarques del nord de Castelló, “en aquesta zona no s'ha tornat a produir cap novetat ferroviària, a pesar que, des de llavors, el Partit Popular ha governat durant 14 llargs anys”.

En la seua opinió, “és una mica del que haurien d'avergonyir-se els responsables comarcals del Partit Popular i, també, el seu president provincial, Miguel Barrachina, que únicament han sabut fer soroll durant els anys de govern de Zapatero, però que han demostrat tenir capacitat d'influència zero sobre els dirigents nacionals del Partit Popular”.

I és que, segons Bou, “no tenim més que remetre'ns als fets, que posen de manifest que en el PP són mestres a l'hora de muntar brega quan estan en l'oposició, però políticament inútils quan estan al capdavant del Govern d'Espanya”.

El també alcalde de Santa Magdalena de Pulpis recorda que “quan se celebren les eleccions, es tria a persones de les quals s'espera que realitzen ben el seu treball, continuant o millorant, si fóra el cas, la labor dels seus antecessors”. El que en la seua opinió no té sentit és que “després de passar-se 7 anys i mitjà fent soroll durant el manat de Zapatero, amb l'arribada al Govern de Rajoy es paralitzara tot el que estava en marxa, portant-se per davant la planificació realitzada sobre el Corredor Mediterrani i l'estudi per a l'extensió de la línia de Rodalies fins a Vinaròs, que el propi president Zapatero i el ministre José Blanco havien deixat molt avançada”.

Sergio Bou considera que “si Rajoy haguera respectat l'ardu treball de planificació desenvolupat pels govern de Zapatero, el tram d'alta velocitat i les Rodalies ja estarien funcionant en el Baix Maestrat i en el conjunt de la província de Castelló”.

El dirigent socialista lamenta que haja ocorregut just el contrari, “perquè el Partit Popular, durant els seus 14 anys de govern, s'ha dedicat a sabotejar i discriminar a la província de Castelló”.

Arribats a aquest punt, “exigim al ministre De la Serna que es deixe de fotos i propaganda, i que es pose a treballar per a complir d'una vegada per sempre amb les província de Castelló i, molt especialment, amb el Baix Maestrat”.

http://web.psoe.es/castelloprovincial/pressnotes/859089/page/pspv-psoe-demana-govern-del-que-deixe-discriminar-baix-maestrat-que-construisca-duna-vegada-linia-rodalies-fins-vinaros.html

Tots, excepte Fiscalia, fan com si s'escandalitzen pel frau però ningú exigeix la devolució dels diners

Imagen de archivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz.
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Fuente:EFE/Archivo


PP, Podemos e IU dan por hecho que se defraudaron cientos de millones pero no reclaman que los 6.000 trabajadores beneficiarios devuelvan el dinero cobrado

Mié, 13 Dic 2017 

Duras palabras, como cabía esperar, de los partidos andaluces de la oposición sobre la gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía que ha llevado al banquillo a dos de sus presidentes y dos decenas más de ex altos cargos. Con motivo del comienzo este miércoles de la vista oral de la pieza política del caso en la Audiencia de Sevilla, que deberá resolver una serie de farragosas cuestiones previas antes de pasar a los interrogatorios de testigos y acusados, los tres partidos de la oposición se han mostrado muy severos con las tres décadas y media de gobiernos del PSOE.

PP Podemos e IU coinciden en mostrarse muy contundentes al dar por hecho el fraude multimillonario en la gestión de los ERE, pero al mismo tiempo son extremadamente cautos en lo relativo a exigir la devolución de los cientos de millones supuestamente defraudados.

El enigma de los 6.000

La razón de tanta prudencia probablemente sea esta: más del 80 por ciento de esos 855 millones concedidos en ayudas sociolaborales durante más de diez años los han cobrado o los siguen cobrando los 6.000 trabajadores de las empresas reestructuradas o cerradas que amortiguaron el impacto de la crisis gracias a la partida presupuestaria 31L.

Como se sabe, entre los beneficiarios han sido finalmente detectados 126 intrusos que habrían percibido ilegítimamente 12 millones de euros. A esa cantidad habría que sumar cerca de 150 millones más que pudieron cobrar irregularmente mediadoras, aseguradoras y empresas y entidades que se beneficiaron injustificadamente de los fondos en cuestión. El resto del dinero ha ido a parar a esos 6.000 trabajadores de empresas efectivamente en crisis.

El PP eleva el fraude a 1.280 millones

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este miércoles que "paguen los responsables y que vuelva a las arcas públicas cualquier recurso” desviado por “el uso fraudulento de los ERE" que hizo el Partido Socialista. 

El pasado día 23, la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, informaba en rueda de prensa de que la Junta solo había recuperado el 8% de las cantidades reclamadas en el fraude de la formación y apenas el 0,53% del fraude total cifrado en 855 millones en el caso de los ERE.

Es más, a los delitos de inhabilitación y malversación planteados por la Fiscalía, la acusación del PP personada en la causa añadió el de asociación ilícita y elevó el perjuicio a las arcas públicas andaluzas hasta los 1.280 millones, cantidad en la que se incluyen los intereses. 

Dinero para vicios

Por su parte, Podemos Andalucía ha sido más duro incluso que el PP. Para su portavoz adjunta en el Parlamento, Esperanza Gómez, “el PSOE convirtió el desempleo en un negocio lucrativo para dirigentes, familiares y personas afines, enriqueciendo a una minoría privilegiada a la que se le costeaban vicios y prebendas”. Gómez acusó además a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de no aprobar “ninguna medida que impida un nuevo caso ERE”.

En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Inmaculada Nieto, afirmaba que la Junta ha creado “una red una clientelar muy sólida que se ha llevado por delante el tejido productivo de mayor calidad y estabilidad en el empleo". Esa gestión de los sucesivos ejecutivos socialistas habría tenido “unas consecuencias devastadoras para nuestra tierra", debido a "un modelo de gobierno absolutamente lesivo para el interés general".

Mirar para otro lado

Ese mirar para otro lado a la hora de tomarse en serio la recuperación de un dinero que se da por defraudado no es exclusivo de los políticos de la oposición.

De hecho, una de las paradojas procesales de la macrocausa de los ERE es que a los responsables políticos acusados de malversación pese a no haber gestionado los fondos les han sido impuestas fianzas millonarias para asegurar la recuperación de los millones defraudados –741 según el fiscal y 855 según el juez instructor–, mientras que a los efectivamente beneficiados por las ayudas ni se les ha reclamado que devuelvan lo cobrado ni han sido incluidos en la causa como beneficiarios a título lucrativo, que es la tipificación penal de quienes sin saberlo se lucran con un delito cometido por otros.

https://www.elplural.com/andalucia/2017/12/13/todos-se-escandalizan-del-fraude-pero-nadie-exige-la-devolucion-del-dinero

Caso ERE: Manual d´instruccions per no perdrer´s

Los ex presidentes Manuel Chaves (4d), y José Antonio Griñán (3d), y los ex consejeros Gaspar Zarrías (2d), y José Antonio Viera (d), junto a los 22 ex altos cargos , sentados en el banquillo.
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Fuente:EFE
Comienza el juicio para determinar si los 22 ex altos cargos se concertaron para otorgar ilegalmente durante 10 años 854 millones de euros en ayudas sociolaborales

ANTONIO AVENDAÑO

Mar, 12 Dic 2017

En medio de una enorme expectación que irá menguando a medida que el proceso entre en materia abordando cuestiones jurídicas y presupuestarias singularmente abstrusas para los profanos, este miércoles comienza en la Audiencia Provincial de Sevilla la vista oral contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía con sus presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza.

Para la inmensa mayoría de ellos va a ser uno de los peores días de sus vidas. El hecho mismo se sentarse en un banquillo en un tiempo marcado por grandes casos judiciales de corrupción y, por tanto, ser vistos por gran parte del público como delincuentes ya es terrible para quienes nunca se vieron en un trance similar y además siempre han estado convencidos de que en el peor de los casos pudieron equivocarse, pero no delinquir. Eso, no obstante, tendrá que decidirlo el tribunal a lo largo de los próximos meses tras escuchar a los procesados y a más de un centenar de testigos propuestos por las partes.

No solo 22


En todo caso, y esta es una de las grandes contraindicaciones del relato de la acusación, para que la trama delictiva hubiera existido y cumplido concertadamente su propósito, a lo largo de una década tendrían que haberse coordinado entre sí yo ya los 22 procesados, sino decenas más de personas: los políticos y funcionarios que participaban en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos; los políticos y funcionarios que tramitaban y aprobaban las modificaciones presupuestarias necesarias para alimentar la maquinaria delictiva; los políticos y funcionarios que gestionaban la concesión de las ayudas; los funcionarios que las pagaban; y finalmente los funcionarios destinados en los órganos de fiscalización encargados de velar por la legalidad de la gestión de los fondos públicos.
Entre la larga lista de sospechosos habría que incluir también en buena lógica a los diputados del Parlamento que cada año aprobaban esa paradójica 'ley ilegal' de Presupuestos, pero la instrucción los dejó fuera de la causa con el llamativo argumento de que los verdaderos culpables elaboraban el proyecto prespuestario de forma tan diabólicametne astuta que el Parlamento no sabía realmente lo que estaba aprobando.
1El caso
Lo que a partir de este miércoles 13 de diciembre tendrá que determinar la Audiencia de Sevilla es si, como sostienen el auto del juez Álvaro Martín y la Fiscalía Anticorrupción, los 22 procesados implantaron y mantuvieron entre los años 2000 y 2011 un mecanismo administrativo y presupuestario “cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros (…) y que fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario”.
2El origen
La macrocausa de los ERE tiene su origen en el intento de extorsión a dos empresarios sevillanos a quienes los exdirectivos de la empresa pública Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce –ya condenados por ello– pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros por la adjudicación de una Escuela de Hostelería en las instalaciones de la citada empresa mixta. Los empresarios grabaron las conversaciones del intento de extorsión y las llevaron ante la Fiscalía a comienzos de 2009. El 24 de abril, con la noticia ya en los medios de comunicación, el PP presentó una denuncia que correspondió al Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, se hizo cargo de la investigación.

En ese contexto y a raíz de un contencioso laboral por la financiación pública del ERE de Mercasevilla de 2007, los sindicatos denunciaron que había una persona ajena a la empresa que se había beneficiado de una prejubilación sin haber trabajado nunca en ella. Tras esa revelación y de la negativa de la Junta a sufragar ese ERE que entonces consideraba irregular pese a haberle dado luz verde en el pasado, en enero de 2011 Alaya abre una nueva pieza cuya instrucción acabará convirtiéndose en la macrocausa de los ERE.

La jueza Alaya también investigó distintas operaciones realizadas por Mercasevilla, entre ellas una venta de terrenos que encontró sospechosa y por la cual procesó a una decena de personas, entre ellas el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos. Todas ellas fueron absueltas.
3El convenio
La crisis de los 90 provocó en Andalucía una especial situación de conflictividad laboral, especialmente en la industria, provocada por el cierre y deslocalización de empresas, muchas de ellas multinacionales. Para hacer frente a esos conflictos que dejaban en la calle a miles de trabajadores, la Junta crea un fondo de ayudas a empresas en crisis para intentar mantener la actividad, ayudar a realizar expedientes de regulación de empleo, fundamentalmente mediante el pago de prejubilaciones, y salvar el mayor número de empleos. Se crea la partida 31-L en los presupuestos anuales de la Junta, que contó desde 2001 a 2010 con más de 700 millones de euros.

Para agilizar el proceso administrativo de dichas ayuda y tras descartar la aprobación de un decreto específico que las regulara, la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) firmaron en 2001 un convenio para que, mediante transferencias de financiación de Empleo al IFA, fuera este el que abonase las ayudas sin tramitar los expedientes, que quedaban bajo el control de Empleo.
4El control
Según el juez, la consecuencia directa de ese convenio fue que “se suprimía el control sobre la concesión de ayuda o subvención, que no se residenciaba ni en la Consejería, que se limitaba a controlar una transferencia de financiación, ni en IFA-IDEA, que controlaba una orden de pago de la propia consejería, sin que se examinase en ningún caso el expediente que debía soportar la concesión”. Además, para el juez “el empleo de esta transferencia de financiación conllevaba la supresión de su procedimiento ordinario de concesión, así como su control previo”.

Sin embargo, en recursos como el planteado en su día por el Gabinete Jurídico de la Junta se sostiene que “la concesión de las subvenciones y ayudas sociolaborales seguía residenciada en la Consejería de Empleo y, por tanto, los actos de concesión de subvenciones debían obligatoriamente someterse a fiscalización. En consecuencia, la falta de fiscalización previa es una irregularidad atribuible al órgano gestor de la ayuda y no al denominado procedimiento específico”.
5Las alertas
La Intervención General de la Junta de Andalucía, dirigida por el también procesado Manuel Gómez Martínez, emitió hasta 15 informes desde 2003 hasta 2009, que subrayaban lo irregular del mecanismo utilizado para pagar los ERE. Los informes alertaban de un uso inadecuado o impropio –pero nunca ilegal– de las transferencias de financiación. Tampoco advirtieron esos informes de que se estuvieran menoscabando los fondos empleados o que hubiera un fraude manifiesto. En todo caso, el Gobierno autonómico no cambió el procedimiento. Según la acusación, el hecho de que se fiscalizara a a pagadora –la agencia pública IFA/ IDEA– mientras que los expedientes permanecían en la Consejería de Empleo, propiciaba que el control quedara fuera del alcance del Interventor.

Desde las defensas se ha argumentado, en cambio, que el hecho de que el pago de las subvenciones y ayudas se realizase por el ente instrumental no eximía al órgano gestor de las ayudas del deber de someter a fiscalización previa los actos de concesión, ni impedía de ningún modo que, cumpliendo con su obligación, el órgano gestor sometiera tales actos a fiscalización previa.
6El informe de actuación
Es otro de los conceptos claves del caso. Se conoce como informe de actuación al escrito elaborado por la Intervención General de la Junta al evaluar la gestión económico-financiera de las empresas públicas de la Junta. Se emite informe de actuación en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos.

El informe de actuación se remite al titular de la Consejería de que dependa la respectiva empresa y al de la Consejería de Economía y Hacienda, para que, en el plazo de quince días, manifieste su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. El presidente Griñán siempre sostuvo que no frenó en seco el procedimiento de concesión de las ayudas porque la Intervención General de la Junta no emitió informe de actuación.
7Las transferencias de financiación
Es una figura presupuestaria cuya interpretación está sujeta a controversia. Acusadores y defensores la interpretan de modo distinto. Se trata de aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos y en principio se destinan a financiar la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste.  Para el juez, su empleo para pagar las ayudas sociolaborales era contrario a derecho, por cuanto la transferencia de financiación “estaba destinada, por la Ley 8/97 de 23 de diciembre, a atender los gastos ordinarios de explotación de la empresa pública a la que la misma fuese destinada, en este caso IFA-IDEA, y no a la concesión de ayudas a terceros”.

Para las defensas, sin embargo, su uso era común en los Presupuestos y la Intervención pudo llegar a calificar su uso como impropio pero nunca como ilegal o contrario a derecho. Uno de los argumentos a favor de su uso en los ERE es que “si es el Parlamento en la Ley del Presupuesto el que establece la naturaleza, el destino y el modo de gestión presupuestaria de una partida determinada calificada como transferencia de financiación, la ejecución adecuada y apropiada de dicha partida será, precisamente, la que disponga la Ley del Presupuesto”. Según esta línea argumental, la transferencia de financiación es un mecanismo presupuestario neutro en sí mismo, que no produce efectos perversos y cuyo empleo no depende de una decisión administrativa sino de una decisión del legislador.
8Los pagos
Según las diligencias judiciales, consultoras como Vitalia o Uniter calculaban qué cantidad había que pagar a cada trabajador que se quería prejubilar por parte de una empresa en función de su antigüedad en la empresa, su salario y sus circunstancias personales. Una vez determinado el coste, se contrataba la aseguradora con la que se contratarían las pólizas. Cuando los trabajadores se adherían al ERE y ejercían su derecho a prejubilarse, la aseguradora –que capitalizaba el coste total de la operación y pagaba el coste de la Seguridad Social durante todo el periodo hasta la jubilación– les ingresaba mensualmente las cantidades pactadas en una cuenta corriente hasta cumplir 65 años, fecha a partir de la cual el trabajador pasaba a ser un jubilado más a cuenta del Estado.

Hay una pieza abierta que investiga si las mediadoras –una figura habitual en la gestión de cualquier ERE de cierta envergadura– cobraron sobrecomisiones por encima de la media del mercado. Un informe de la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, aseguraba que esa media de mercado era del 2 por ciento del total de cada póliza, pero un posterior informe de la aseguradora Generali ha desmentido con rotundidad y numerosos datos el cálculo de la Dirección de Seguros.
9El informe de la IGAE
El informe pericial elaborado a petición de la juez Mercedes Alaya por técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es la principal prueba de cargo contra los encausados. Los peritos condenaron sin paliativos el uso de las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder las ayudas.

En su declaración ante la juez Alaya admitieron que el informe pericial que se les ha encomendado versaba sobre la legalidad del procedimiento, por lo que algunas defensas han cuestionado la legitimidad misma del encargo por valerse el juez de peritajes jurídicos para resolver aquello que tenía que haber resuelto por sí solo.

Su cualificación profesional también ha sido puesta en entredicho ya que de los cuatro, sólo uno de ellos es licenciado en Derecho; y de los otros tres, dos son licenciados en Ciencias Económicas y otra en Ciencias Químicas.

En un tono cercano al sarcasmo, el recurso del Gabinete Jurídico de la Junta reprochaba al peritaje de la IGAE haber atribuido al Parlamento andaluz "el residual papel de tonto útil para la ejecución de un plan criminal preconcebido", a la hora de aprobar los presupuestos. El contrainforme aportado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago defiende que no existieron irregularidades en las transferencias de financiación.
10Los beneficiarios
El grueso de los beneficiarios de las ayudas son más de 6.000 trabajadores de empresas en crisis que cobraron o siguen todavía cobrando hasta el momento de su jubilación. Una de las paradojas de este caso es que la justicia no ha reclamado a esos despedidos o prejubilados la devolución del dinero cobrado ni se ha planteado considerarlos beneficiarios a título lucrativo, una situación tipificada penalmente.

De los 855 millones otorgados durante diez años, la Junta ha reclamado por vía administrativa 135 cuya concesión habría sido irregular o ilegal, aunque las acusaciones consideran que todas las ayudas fueron ilegales.
11Los procesados
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.

Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación.

En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.
https://www.elplural.com/andalucia/2017/12/12/caso-ere-manual-de-instrucciones

Sort tenim de la herencia de Zapatero:El Govern aplicarà el 2019 (eleccions generals) la pujada de les pensions de viduïtat que va aprovar Zapatero el 2011

Foto EFE
La base de cálculo será del 60% a partir de 2019, Rajoy paralizó la subida ya aprobada y la aplicará con 8 años de retraso

ANGÉLICA RUBIO es directora de ELPLURAL.COM

Jue, 14 Dic 2017

En el año 2011 el Gobierno de Zapatero decidió subir las pensiones de viudedad aumentando la base de cálculo al 60%. Fue una de las medidas adoptadas por Zapatero para paliar los efectos de la crisis entre la población más desfavorecida. En noviembre de 2011 Rajoy ganó las elecciones por mayoría absoluta y una de sus primeras medidas -dentro de un brutal recorte depolíticas sociales- fue parar dicho incremento. Ahora el Gobierno anuncia que lo aplicará, pero con 8 años de retraso dado que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2019  para los beneficiarios mayores de 65 años que no perciban otra pensión pública ni perciban otros ingresos por la realización de trabajo o de capital en cuantía relevante.

 Requisitos

Cabe recordar que la base reguladora es el indicador que sirve para calcular la cuantía de la pensión, y se relaciona con lo cotizado por el trabajador durante sus años de actividad. En el caso de las pensiones de viudedad se calcula todavía en un 50% de lo que cotizara el cónyuge fallecido.

Se podrán beneficiar quienes tengan una edad igual o superior a los 65 años, que no tengan otra pensión pública española o extranjera, no percibir ingresos por la realización de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, no percibir rendimientos del capital, de actividades económicas o ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en cómputo anual superen el límite de ingresos establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.


Pero atención, porque el Gobierno ha estipulado que la mejora prevista se reconozca a solicitud del interesado por la entidad gestora correspondiente, y será a cargo de la entidad gestora o mutua colaboradora de la Seguridad Social, que sea responsable de la pensión de viudedad de que se trate.
El incremento, en todo caso, será gradual. A partir de la publicación en el BOE del real decreto, en los próximos días, la subida de la base reguladora (que sirve para calcular la cuantía de la pensión) será del 53%, mientras que a partir del 1 de enero de 2019 el porcentaje se situará en el 60%

1.300 millones a partir de 2019

La memoria económica que acompaña al decreto ley estima que el incremento de gasto en el presupuesto de la Seguridad Social será de 175,1 millones de euros para el ejercicio 2018 y de 1.381 millones de euros/año a partir de 2019.

En la actualidad, el 92% de las pensiones de viudedad corresponde a mujeres. Esto se debe a la escasa incorporación al trabajo remunerado que en su día tuvieron las mujeres que se encuentran actualmente en edad de ser pensionistas. Durante los 40 años de dictadura estaba mal visto que las mujeres trabajaran fuera del hogar y hastala década de los 90 del siglo pasado las mujeres no empezaron a incorporarse masivamente al mercado laboral.  La media de las pensiones de viudedad para las mujeres es de 645,33 euros y para los hombres, de 479,51 euros. la razón, los salarios de los hombre son más altos y por tanto también las pensiones que dejan a sus viudas.
https://www.elplural.com/economia/2017/12/14/el-gobierno-aplicara-en-2019-la-subida-de-las-pensiones-de-viudedad-que-aprobo

Holanda:Les turbines offshore tenen tres components principals: gòndoles, torres i pales que es fabriquen en diferents ubicacions i s'envien a Eemshaven, on estan preparats per a la instal·lació en el mar. Les gòndoles es fabriquen a Saint-Nazaire (França), les pales estan fetes a Castelló (Espanya) per LM Wind Power, i les torres estan fabricades a Alemanya i Xina.

The Haliade 150-6MW turbine was designed for a marine environment. Thanks to its 150-meter rotor, its output is 15% higher than the offshore turbines of the same generation.

GE ready to ship 24 nacelles (66 in all) and more for offshore Netherland wind farm

December 13, 2017 Paul Dvorak 

GE Renewable Energy announces the depart of the last set of nacelles to be shipped this year to Merkur’s Offshore Windfarm logistical hub in Eemshaven Netherlands. By the end of the month, this hub will have received 24 nacelles, 24 blades, and several other tower fragments and transition pieces. With all these component in-place, local teams will perform some pre-assembly works while getting prepared for the installation phase that is set to begin mid-February 2018.

The offshore turbines have three main components – nacelles, towers, and blades — that are manufactured in different locations and then shipped to Eemshaven, where they are prepared for the eventual installation at sea. Nacelles are produced in Saint-Nazaire (France), the blades are made in Castellon (Spain) by LM Wind Power, and the towers are manufactured in Germany and China.

Remaining nacelles, blades and tower pieces will continue to be shipped to Eemshaven logistical hub until mid-summer 2018. Installation of the 66 GE Haliade 150-6MW is expected to be completed by end of September 2018.

Laurent Verdier, GE’s Offshore Wind Project Office Leader said “with this shipment, one-third of our 66 GE’s Haliade 150-6MW nacelles for Merkur Offshore windfarm will be in the logistical hub, where local teams will get ready for the installation phase. Thanks to the good work of our teams, we are right where should be with this important project.”

Merkur windfarm is located approximately 35km north of the island of Borkum, Germany, in the North Sea, and consist of 66 turbines that will generate approximately 1,750 GWh annually, enough clean energy to power around 500,000 homes. When completed, Merkur will be one of Germany’s largest offshore wind farms.

The Haliade 150-6MW turbine was specifically designed for a marine environment. Thanks to its 1150-meter rotor, its output is 15% higher than the offshore turbines of the same generation, and can save up to 21,000 metric tons of CO2 annually. At a total height of 170 meters, the Haliade is almost twice as tall as Big Ben, and its 150-meter diameter blade is comparable to twice the wingspan of an Airbus.

http://www.windpowerengineering.com/offshore-wind/ge-ready-ship-24-nacelles-66-offshore-netherland-wind-farm/