dimarts, 19 de març del 2024

De Chamberí a la Sevilla rural: el novio de Ayuso usó a tres “tiesos” para su fraude

 


Un pub abandonado junto a la sede de las sociedades de David Herrera, en una casa de vecinos



Arahal (1)

Pedro Águeda

Arahal (Sevilla) —

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En el banquillo de los acusados por grandes fraudes coinciden individuos que estaban destinados a no cruzarse jamás. En un extremo de esas tramas hay jefes de organizaciones criminales o delincuentes de ‘cuello blanco’ que intentan ocultar sus ganancias a través de sociedades pantalla. En el otro, personas con pocos recursos que prestan su nombre y su firma como titulares de esas falsas empresas y ganan algo de dinero a cambio. El martes, unas horas después de que elDiario.es desvelara el presunto fraude a Hacienda del novio de Ayuso, uno de esos hombres fumaba apoyado en el muro de su casa de Arahal, un pueblo de la comarca sevillana de La Campiña. Insiste en que no ha cobrado “un duro” por inscribir a su nombre tres sociedades implicadas en el caso de las facturas falsas. 

Pongamos que el hombre se llama Antonio. Ha aceptado hablar con este periódico a cambio de que no se publique su verdadero nombre. En Arahal, la principal actividad es el cultivo de la aceituna de mesa. El trabajo escasea y él sale adelante como panadero, de madrugada, empleado en el horno de un polígono industrial. El resto del día lo pasa viendo la tele o saludando a los vecinos que conducen por delante de la casa de sus padres. Ni él ni su hermano, camarero, pueden independizarse con lo que ganan. Tienen 35 y 44 años. 

Si la jueza acepta el criterio de la Fiscalía, en unos días Antonio y su hermano figurarán investigados en la causa que se abra por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental. Compartirán la lista de acusados con el novio de la presidenta madrileña, otro vecino de Arahal y un empresario mexicano. Puede que lleguen a coincidir en un pasillo del juzgado y que no se reconozcan. Antonio no acierta a entender qué hace su nombre en el periódico digital del pueblo ni cómo ha llegado a compartir espacio con la mujer más importante de la derecha española. “Yo no soy un terrorista. Yo soy un tieso”, repite.  

El hilo que conecta un piso –dos en realidad– de una zona prohibitiva de Madrid con la casa de Antonio y su hermano en El Arahal está aún por reconstruir. La respuesta puede estar a unos metros de la pared donde se apoya Antonio. En ese otro número de la misma calle vive, junto a su madre, David Herrera, de los pocos en la barriada que estudió en la universidad. Es el tercer imputado de El Arahal, junto a Antonio y su hermano. 

Graduado social, Herrera se presenta como empresario mientras aguarda a que le reconozcan la invalidez por serios problemas de visión. Interrumpe su siesta para rebatir a elDiario.es en la puerta de su casa la tesis de la Fiscalía. Defiende que él realizó los trabajos que Hacienda niega. Añade que tiene facturas que pueden demostrarlo y que se las enseñó a los inspectores de la Agencia Tributaria. A la pregunta de si conoce al novio de Ayuso, asegura tajante que no. Según su versión, un conocido le presentó a otro que le envió a su vez a “un hombre que vino de Madrid, trajeado” de la empresa de Alberto González. ¿Maxwell Cremona SL?. “Esa. Me causó buena impresión. Era un aparejador o arquitecto”, añade. 

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a Herrera y al resto porque cree que sus sociedades nunca realizaron los trabajos que declaró Alberto González. El empresario ganó dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas en pandemia. Eso supuso que en 2020 multiplicase por seis sus ingresos, pero al tiempo pagó en impuestos una tercera parte que en el ejercicio interior. ¿El motivo? En teoría había gastado tanto en contratar con terceros que las ganancias eran casi anecdóticas. Hacienda cree que es mentira y que esos gastos con otras sociedades son falsos. En el caso de la rama andaluza, las facturas que rechazó por falsas están relacionadas con trabajos que en teoría realizaron esas personas en 2021 por cuenta de la empresa de Alberto González para el grupo sanitario Quirón, principal cliente del novio de Ayuso.

La Agencia Tributaria y la Fiscalía concluyen que las sociedades de Herrera y los dos hermanos fingieron realizar determinados trabajos dentro del plan de González para pagar menos impuestos. Fueron en total 1,7 millones que el novio de Ayuso dejó de declarar, principalmente con la ayuda de un presunto testaferro mexicano, Maximiliano Niederer, imputado en la causa y que vive en una lujosa urbanización de Villaviciosa de Odón. De esos 1,7 millones escamoteados al fisco, un total de 205.955 euros corresponden a facturas falsas de cuatro empresas con sede en casa de Antonio y su hermano, de David Herrera y en un domicilio de Sevilla capital. 

Una de estas sociedades tiene su supuesta sede tras la tapia en la que fuma apoyado Antonio. “Resulta del todo imposible que la sociedad Bianconera Spa SL haya prestado los servicios de sistema de seguridad en la información, toda vez que la mercantil no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados e imprescindibles para el desarrollo de dicha actividad facturada”, recoge el informe de Hacienda, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El "entramado" de empresas de Alberto González Amador

Alberto González

Amador

Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente

Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering

Quirón Salud

Ginmosur SL

11.495€

Gayani Ltd.

922.585,63€

20.000€

Mke

Manufacturing SA

Baluarte Desarrollo

Centro Especial de Empleo

620.000€

Desarrollo Social de CEE

el Manantial SL

Purpura Star SL

76.800€

21.200€

Bianconera

SPA SLU

Bianconera de

Servicios

Profesionales SL

10.500€

66.000€

Maximiliano Eduardo

Niederer González

D. H. L.

A. C. S.

JM. C. S.

La Agencia Tributaria ya estuvo aquí el verano pasado. “Habiendo visitado el domicilio social y fiscal, por la inspección resulta ser un domicilio particular, sin rótulo ni identificación alguna de la mercantil”, recogió. El funcionario que firma precisa que para realizar servicios de “seguridad en la información” se requiere “personal experto en la materia, con unos conocimientos técnicos muy precisos respecto a protección de datos y seguridad de la información”. 

Aroma a incienso y calles vacías

Como en tantas ciudades andaluzas, el aroma a incienso sorprende a estas alturas del año al doblar cualquier esquina. “Aquí la Semana Santa es más importante incluso que la feria”, explica un vecino. Tendrá que ser el recuerdo del martirologio de Cristo el que saque de su aparente tedio a la localidad, de cerca de 20.000 habitantes. El martes al mediodía, cuando la información de elDiario.es irrumpe en el panorama mediático y político, nadie parece conocer en Arahal algo de las comisiones del novio de Ayuso, del piso de lujo de la presidenta y de la presunta implicación de tres vecinos del pueblo. “¿Pero eso cómo va a ser, chiquillo?”, responde al reportero un jubilado que sale del bar. 

Antonio figuró el undécimo en las listas del Partido Popular en las elecciones municipales de 2019 y algunos medios lo han vinculado con una de las familias políticas de la formación en la capital sevillana. “¿Pero qué me estás diciendo? Si yo ni les voto. Me metí ahí porque hacía falta uno y me lo dijo un amigo”, responde a la cuestión sobre el tema. 

Otra de las sociedades con sede en Arahal a las que facturó Alberto González es Purpura Star. Para llegar a su sede hay que salir a las afueras del pueblo. La sede de la sociedad es uno de los dos pisos que hay en el bajo de un edificio de dos plantas. Está justo enfrente del teatro municipal. Pasan minutos hasta que abre la puerta una mujer. Es la ex esposa de Herrera, que ha ido a limpiar el local. Antes de separarse vivían en el piso de enfrente. Por lo que se adivina desde la puerta, la limpieza hacía falta. En una estantería se amontonan archivadores y en uno de ellos luce una pegatina con el nombre de la sociedad Bianconera. 

David Herrera asegura que “claro” que tuvo trabajadores, hasta 15, pero que todos le facturaban como autónomos. Cuando este medio alude a la especialización que requerían los trabajos, Herrera responde: “Yo tenía un perito en Sevilla para eso”. 


Herrera cuenta que conoce a Antonio desde que nació. “¿No lo voy a conocer si lo tuve en brazos?”, comenta. Añade que han sido socios, pero en el pueblo solo recuerdan que Antonio tuviera un bar, un negocio que acabó mal porque según algunos vecinos, “su socia le engañó”. Ha trabajado en la construcción y en una fábrica antes que haciendo y repartiendo pan. 

Sin embargo, el joven aparece como socio, en ocasiones único, de varias sociedades. Purpura Star es una de ellas. Se creó el 7 de octubre de 2020. Antonio tenía 300 participaciones de un euro cada una y David las 270 restantes a diez euros, así hasta alcanzar los 3.000 euros necesarios de capital social. Para su constitución, Antonio aporta un Seat León; Herrera, un ordenador portátil. En enero pasado, la sociedad pasó a ser administrada por un individuo con residencia en Torre del Mar (Málaga).

En 2021, Purpura Star estaba dada de alta en 14 actividades económicas, desde la albañilería y los servicios de limpieza a otros financieros, cobro de deudas, servicios agrícolas y ganaderos. No le constaban trabajadores por cuenta propia y, en contra de lo que declara Herrera, tampoco por cuenta ajena. En cualquier caso, no declaró por ninguno de ellos, pero le facturó a Maxwell Cremona SL, la sociedad del novio de Ayuso, 61.952 euros. Fue su mayor ingreso ese año.

Hacienda: “Son facturas falsas”

Los movimientos sospechosos no acaban aquí. Maxwell Cremona, o lo que es lo mismo, Alberto González Amador, hizo tres ingresos por los trabajos pero en la cuenta de otra sociedad, Baluarte, al frente de la cual figura Antonio en solitario. Hacienda ha concluido que todo es un invento: “Las facturas emitidas no responden a trabajos efectivamente prestados sino que más bien se trata de facturas falsas o falseadas que no amparan la realidad de los servicios descritos en las mismas”.

De los 61.952 euros ingresados por Maxwell, la sociedad del novio de Ayuso, fueron retirados de la cuenta bancaria de Baluarte un total de 39.000 euros en efectivo entre los días 7 y 13 de abril de 2021. Al mes siguiente, la revista Lecturas desvelaría que Isabel Díaz Ayuso tenía una nueva pareja, Alberto González Amador, al que calificaba de “técnico sanitario”. 

¿Por qué ingresó el empresario madrileño ese dinero si los trabajos no se habían realizado? Los expertos explican que es el ‘modus operandi’ habitual para aminorar la carga impositiva: se acuerda el pago de una cantidad a los colaboradores en el fraude a cambio de la emisión de las facturas falsas que luego se presentarán a Hacienda para pagar menos impuestos. 

Ocurre con otra de las sociedades implicadas, El Manantial. Otra vez Antonio, el panadero, es socio único. Otra vez su principal cliente es Maxwell y, en esta ocasión, en cuanto el novio de Ayuso le ingresó 25.662,00 euros, fue retirada toda esa cantidad menos 605 euros ese mismo día de la cuenta. “Suele ser habitual en empresas emisoras de facturas falsas o falseadas dado que aparentan el pago de una supuesta prestación de servicios no acometidos por la mercantil y prueba de ellos es la retirada de los fondos en efectivos en el mismo momento en que se cobra”, dejó por escrito el técnico de Hacienda. 

Aquella otra empresa donde Antonio figura como socio único, Baluarte, deja demasiadas evidencias a los inspectores de Hacienda. Está dada de alta como correduría de seguros y gestoría. En 2021 declaró tener 16 empleados. En la lista aparecen apellidos que apuntan a varios familiares de Antonio y David. “Siete de ellos perciben un importe inferior a los 100 euros. Otros siete perciben un importe inferior a los 10.000 [en todo 2021]. Y de los dos restantes, uno de ellos es David Herrera”, afirma Hacienda.

Ese año, Baluarte vende supuestamente caballos, por lo que ingresa, en su mejor operación, poco más de 10.000 euros. También anota pagos por hacer seguros, unos pocos cientos de euros. Y otra vez, la mayor fuente de ingresos de las sociedades en las que aparecen Antonio y David es Maxwell Cremona SL, del novio de Ayuso, con un pago de 20.000 euros por supuestamente haber prestado “servicios de apoyo técnico-ambiental” en dos proyectos. Para la Agencia Tributaria no es posible porque “no cuenta con los medios humanos adecuados ni acredita tener los medios materiales necesarios para el desarrollo de la prestación”.

David niega con la cabeza en la puerta de la casa de su madre mientras abre los brazos: “Pero dios mío, si nosotros le hicimos a Quirón trabajos de seguridad, de limpieza… pero si yo tengo las facturas… Me voy a defender, me voy a defender en el juzgado”. Cree que los trabajos de los que duda Hacienda los hizo para Quirón a través de la empresa de González Amador.

En el caso de que la pareja de Ayuso continúe adelante con su confesión (“ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal”) necesitará el acuerdo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero también de Antonio, su hermano, David y el supuesto testaferro mexicano. La pareja de la presidenta madrileña busca pagar los 350.000 euros defraudados más la multa que le imponga el tribunal en la condena que acreditará que es un defraudador fiscal. A Antonio le marean esas cifras: “Yo soy un tieso, yo no tengo ”.

elDiario

La empresa con la que la pareja de Ayuso facturó 3,7 millones: cero empleados, un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera

 


Panamera

Alberto Pozas / Elena Herrera

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El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tiene empleados por cuenta ajena pero sí consta a su nombre un coche de lujo: un Porsche Panamera.


Además, la compañía adquirió con posterioridad otro vehículo de alta gama, un Maserati que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid, según adelantó El Plural y confirmó elDiario.es. La segunda compañía, que Hacienda califica como “una mera sociedad interpuesta”, se llama Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el “principal cliente” de González Amador. 

La investigación se centra en la evolución de la principal empresa de González Amador: Maxwell Cremona Ingeniería SL. Y en cómo su cifra de negocio se multiplicó con la llegada de la pandemia y la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario. Esta es la sociedad que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se atribuyó hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros de forma ilegal por servicios que los supuestos proveedores nunca prestaron y que sirvieron para deducirse gastos indebidamente. El propio González Amador confesó el pasado 2 de febrero por escrito haber cometido dos delitos fiscales.

En 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 fue de 287.000 euros. En 2019 siguió subiendo y llegó a los 357.000 euros. En esos años, destaca Hacienda, la empresa firmó contratos de asesoría con Quirón, Arval o el Hospital San Francisco de Asís. Pero fue con la llegada de la pandemia cuando las cifras se dispararon: 2,3 millones de euros en 2020 y 1,3 millones en 2021. Ahí, tal y como ha revelado elDiario.es, entraron en juego las comisiones salidas de la compraventa de mascarillas. 

Los ingresos crecieron, pero no el pago de impuestos. Unos datos que “sorprenden significativamente a la Inspección”, dice Hacienda en uno de sus informes. Los investigadores no cuestionan el negocio de la empresa de González Amador, pero sí que sus cuotas tributarias no se vieran incrementadas “en la misma proporción”. Es, sostiene la Agencia Tributaria, “sumamente llamativo” que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. Los gastos contabilizados con las facturas falsas hicieron la ingeniería contable que ahora denuncia la Fiscalía. 

En enero de 2020, antes de su explosión millonaria de ingresos, los bienes del activo empresarial de Maxwell Cremona se reducían a un ordenador portátil y una impresora, además de la fianza de una vivienda. Un año después, el primer día de 2021, la empresa sigue teniendo el mismo portátil, la misma impresora, 3.900 euros en cortinas pero un activo más: un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros. 

La valoración invita a pensar en que se trata o bien de un Porsche de segunda mano o un modelo antiguo de alta gama. La página web de la compañía indica que, actualmente, ese tipo de vehículos no se venden por menos de 125.000 euros. En páginas de segunda mano el precio, en algunos casos, sí baja de los 40.000 euros. 

Además, el empresario cuenta también con un Maserati matriculado en 2017 que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid. Son hasta seis multas de tráfico por infracciones cometidas en el distrito de Chamberí que suman 385 euros, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, acumula otras dos sanciones que suman 563 euros más relacionadas con el conocido como impuesto de circulación. 

Maxwell Cremona se constituyó en 2016 para dedicarse a las consultorías y auditorías energéticas y la promoción medioambiental y sostenible de los recursos, aunque la pandemia cambió su rumbo hacia los certificados de la International Standarization Organization (ISO). Son los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple la normativa internacional y que, en los primeros meses de pandemia, marcaban la diferencia entre las mascarillas útiles y las mascarillas inservibles. 

La empresa no tenía trabajadores como tal, pero sí recurrió continuamente a “un nutrido grupo de auditores externos” autónomos, dedicados a hacer auditorías y certificar que un producto podía obtener la pegatina ISO de calidad. La documentación de la Agencia Tributaria refleja pagos a 10 auditores que trabajaron para la empresa de González Amador entre 2020 y 2021 y a los que pagó, entre todos y a lo largo de esos dos años, un total de 235.500 euros, incluyendo un comercial cedido a Quirón Salud, su mejor cliente.

Masterman & Whitaker, “una mera sociedad interpuesta”

La segunda parte de las investigaciones sobre la ingeniería societaria de González Amador para seguir mejorando su factura fiscal deriva de los movimientos que hacía con su segunda sociedad: Masterman & Whitaker. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador compró esta otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. 

Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”. Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según Hacienda y la Fiscalía. 

La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”. 

La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”. 

La factura falsa de 600.000 euros

El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. 

A veces, una sociedad pantalla se utiliza para que alguien canalice sus ingresos y que pague el Impuesto de Sociedades, más benevolente que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene tipos más altos. En este caso, las acusaciones de la Fiscalía sobre González Amador y la empresa Masterman & Whitaker pasan por considerar que su objetivo era ubicar la carga fiscal en la sociedad que más le convenía, sin corresponderse con la realidad de los trabajos que había hecho para Quirón. 

El resultado de todo esto, según Hacienda y la Fiscalía, fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Pero, previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanja la administración.

elDiario.es

El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos


Javier Ramírez (derecha), junto al alcalde Almeida en un acto electoral

José Precedo / Diego Casado

Madrid — 

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El Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para hacer obras en el piso que Alberto González Amador compró en la capital, en el que vive actualmente junto a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única petición para ejecutar los trabajos, que fue presentada a través de una declaración responsable, fue rechazada a finales del año 2022 por la Junta de Chamberí debido a la ausencia de la documentación necesaria.

El concejal que presidía en ese momento la Junta era Javier Ramírez, quien no renovó su acta de edil en Cibeles y actualmente se encuentra lejos del distrito. Su nombre también fue desplazado de los puestos de salida en la lista electoral del Ayuntamiento para las últimas elecciones municipales y quedó relegado al número 33, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad última para la confección de la listas en la región corresponde a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid.

Fuentes internas del PP contactadas por este periódico achacan la salida de Ramírez a una “represalia” por haber negado las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid. Y aseguran que recibió “presión” del partido para permitirlas. Contactado por elDiario.es, Javier Ramírez asegura desconocer el expediente sobre las obras que fueron denegadas y dice estar satisfecho con su actual ocupación al frente de Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona esta carretera de circunvalación. El alcalde Almeida lo colocó allí en julio del año pasado, después de las elecciones, pese a no contar con ninguna experiencia en el campo de la movilidad ni las infraestructuras.

Con la caída de Javier Ramírez también fue cesada María Cristina Goncer, la coordinadora general de Chamberí. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución en la que denegaba las obras para Alberto González y su nombre apareció entre los 13 primeros ceses que ejecutó el Gobierno de Almeida después de su reelección como alcalde. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el cese fue voluntario porque la coordinadora quiso volver a su plaza. Goncer, que es funcionaria de carrera con nivel 30, fue colocada recientemente por el área de Urbanismo como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.

Obligación de revertir las obras

La pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. La reforma en su piso de 208 metros cuadrados era integral: según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También incluía la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pero ninguno de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la “paralización y/o el cese inmediato de la actuación”, así como “la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación”, en el caso de que ya hubiera comenzado los trabajos.

El motivo del rechazo era que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no había concretado ni las fases constructivas de su obra ni había aportado los documentos técnicos necesarios, y tenía intención de “ampliar” su declaración responsable con estos y otros detalles, algo que el Ayuntamiento le tuvo que recordar que no era posible en un trámite de este tipo.

La Junta de Chamberí advirtió también a González Amador que para las obras que había comunicado era necesario un plan para gestionar los residuos que iban a generar, además de aportar una fianza que asegurara su correcto traslado. Y pese a que no consiguió el permiso municipal que diera luz verde a su reforma, le impuso el pago de 287,70 euros como tasa por la prestación de los servicios urbanísticos que había generado.

La presentación de una declaración responsable es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión -en este caso la Junta de Chamberí- ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación.

En casos como el de la declaración responsable presentada por Alberto González, con resolución negativa, la persona responsable tiene que esperar al menos tres meses para presentar una nueva declaración responsable que le habilite para hacer los trabajos y, en cualquier caso, tiene vetado avanzar en la obra hasta obtener la luz verde del Ayuntamiento. De hacerlo se expone a una multa del consistorio.

González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.

En octubre de 2023 la revista Vanitatis publicó que Díaz Ayuso se mudaba a esta propiedad de Chamberí. En el artículo, un vecino de la zona aseguraba que se acababan de vender dos pisos, debido al fallecimiento de “propietarios de toda la vida” en una manzana de marcado carácter residencial. “Es necesario hacer obras y actualizarlos porque el edificio es de los años 50”, añadía a esta publicación.

No consta otra petición de obras ni inspecciones

El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. El actual concejal de distrito, que sustituyó a Javier Ramírez, es Jaime González Taboada, que entró en las listas electorales después de cuatro años sin cargos públicos, coincidiendo con la aparición de su nombre en la Púnica, que no derivó en ninguna imputación.

Taboada es el presidente del PP de Chamberí, agrupación de la que es afiliada Isabel Díaz Ayuso. Ambos se conocen desde hace más de una década. Su candidatura apareció por sorpresa en la lista del PP para el Ayuntamiento de Madrid y, después de las elecciones, Almeida le asignó la gestión de su distrito de residencia.

Los técnicos de la Junta de Chamberí son los encargados de comprobar si Alberto González Amador cumplió las órdenes municipales o ejecutó obras sin licencia, en el caso de que el equipo de Taboada decidiera enviar una inspección a la finca. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque el consistorio “no ofrece información sobre expedientes de particulares”.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

elDiario.es

dilluns, 18 de març del 2024

Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón: «Estaría bien no hacer demagogia con la costa: Sánchez no ha tirado ninguna casa»

 


 





Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón. 
Con una amplia experiencia política, tanto en la provincia como en Madrid, de nuevo la Subdelegación del Gobierno cuenta con una mujer. El Gobierno central reemplazó a Soledad Ten por Antonia García Valls para dar un impulso más político a la institución en un oasis socialista rodeado de administraciones públicas controladas por el PP como la Generalitat, el Ayuntamiento de Castellón o la Diputación Provincial. Antonia García Valls tiene muy claras las prioridades de su gestión para testimoniar la acción del Gobierno central en el territorio.
domingo, 17 marzo 2024 - 06:40

P. Con la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el linde de Costas, ¿cree que el Gobierno se excedió en su intento de proteger el dominio público?

R. Primero hay que matizar que la sentencia del Supremo sobre la modificación de la ley de Costas del 2022 no hace referencia al linde de Costas, sino a un tema de la propia tramitación de la Ley, no es un tema de contenido. Actualmente dicha ley aún tiene 11 recursos pendientes. Habrá que ver cómo se van resolviendo y a partir de ahí ver qué hay que hacer.


Ahora bien, no pienso que el Gobierno se exceda en proteger el dominio público. De hecho, y es la única realidad, desde que gobierna Pedro Sánchez en la provincia de Castellón por el deslinde de Costas no se ha tirado ninguna casa. Recuerdo las movilizaciones por el derribo de Torre la Sal en agosto de 2021 y Torre la Sal sigue ahí y seguirá ahí. Estaría bien no hacer demagogia con estos temas. El año pasado se autorizaron 53 chiringuitos, nunca antes se habían autorizado tantos y se ha realizado con esta ley de Costas.

Por otro lado quiero destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único que se ha tomado en serio el plan de lucha contra la regresión de la costa sur de la provincia, denominado ‘Plan Cantabria’, realizando con un presupuesto de 6.544.047,07 euros las obras de estabilización del frente litoral de La Llosa y Almenara. Antes de que finalice marzo, esperamos que finalicen las obras del tramo de costa de Les Marines de Nules con un presupuesto de 4.072.745,04 euros.

Durante este año está previsto que el proyecto del tramo entre el río Belcaire y el Estañol de Moncofa (8.380.562,69 euros), el tramo de costa del sur deXilxes (3.836.761,61 euros) y el de la playa al sur de Burriana (5.666.891,05 euros) superen la tramitación ambiental, último paso previo a la licitación de las obras.


También están en información pública el proyecto constructivo de estabilización de las playas adyacentes a la desembocadura del río Anna en Burriana y el proyecto constructivo para la estabilización de la playa de la Torre en Almassora.

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