dilluns, 3 de febrer del 2025

Enfrentamiento político a cuenta de las megaplantas solares


Por Esperanza Calzado - Febrero 03, 2025
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Enfrentamiento político a cuenta de las megaplantas solares
Intervención en los terrenos expropiados. Foto: Plataforma Campiña Norte.

El PP pide una comisión de investigación mientras que la alcaldesa de Lopera recuerda que fue la Junta la que autorizó la polémica planta fotovoltáica

Todo el mundo tiene algo qué decir a cuenta de los proyectos de plantas solares que se proyectan en Lopera, Marmolejo y Arjona. Más allá de la denuncia presentada por la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, los principales partidos políticos se ven inmersos en un cruce de acusaciones y reproches.

Así, el PP ha registrado la petición de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lopera en el que se debata la creación de una comisión informativa especial al respecto. "Por las informaciones que nos están llegando, mucho nos tememos que tanto la alcaldesa, Carmen Torres, como la anterior y actual responsable de Medio Ambiente en la Diputación Provincial, Isabel Uceda, ya sabían desde hace mucho tiempo de estos proyectos y en su momento no dijeron nada, ni advirtieron a los agricultores, ni se opusieron de ninguna forma", ha afirmado en una nota el portavoz 'popular'.

La alcaldesa, Carmen Torres, no da crédito a esta petición. Considera que es un "completo disparate" y recalca que "no hace falta investigar nada, porque ya se sabe que las fotovoltaicas han llegado a Lopera de la mano del PP y de la Junta". "Es la que ha autorizado la planta fotovoltaica", ha recordado.

La también secretaria general del PSOE de Lopera ha asegurado que la Junta de Andalucía y el PP "son los únicos responsables políticos de la implantación de las fotovoltaicas" en el municipio, puesto que "fue el Gobierno andaluz el que declaró de utilidad pública la instalación de estas plantas". Critica que "fueron el PP y la Junta de Andalucía los que abrieron las puertas de Lopera de par en par a la implantación de estas fotovoltaicas".

Finalmente, Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer su posición ante "la instalación de plantas fotovoltaicas que destruyen más de 100.000 olivos en la provincia de Jaén".

"Marmolejo, Lopera y Arjona son los tres municipios afectados por la construcción de siete plantas fotovoltaicas que estarán totalmente operativas el próximo año", ha dicho este viernes en una nota el diputado de esta formación por la provincia jiennense, Francisco José Alcaraz, uno de los firmantes de las preguntas para las que solicitan respuesta escrita.

lacontradeJaen eldiario.es

Polémica a cuenta de un macroproyecto fotovoltaico entre los pueblos de Benamira y Esteras de Medinaceli (Soria)

 


JORNALS D´ALCALDES I ALCALDESSES DE LA NOSTRA COMARCA PERCEBUTS EL 2022, L´ANY ANTERIOR A LES ELECCIONS MUNICIPALS

 




PERCEPCIONES DE ALCALDES ISPA 2023 (RETRIBUCIONES AÑO 2022)

L´juntament d´Albocàsser no apareix

-Alcalà de Xivert, 44.400 € dedicació exclusiva.

-Vall d´Alba, 37.578,52 € dedicació exclusiva.

-Benlloc, 32.921,21 € dedicació exclusiva.

-Les Coves de Vinromà, 32.480 € dedicació exclusiva.

-Tírig, 16.896,18 € dedicació parcial.

-Torreblanca, 12.000 € sense dedicació.

-Serra d´Engalceran, 9.000 € sesnse dedicació.

-Serratella, 8.048,96 € dedicació parcial.

-Cabanes, 6.332 € dedicació no exclusiva.

-Sant Mateu, 4.050 € sense dedicació. 

-Torre Endoménec, 3.600 € dedicació parcial.

-Vilanova d´Alcolea, 1.200 € sense dedicació

-La Salzadella, 0,00 € sense dedicació.


MINISTERIO PARA LA TRANSFOEMACIÓN DIGITAL I DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

diumenge, 2 de febrer del 2025

La dilación eleva a 55 millones el coste de los dos macroproyectos solares de acciona en Morella


La compañía tiene el permiso de la Generalitat, pero el Ayuntamiento ha recurrido







CASTELLÓ. El lento proceso burocrático de aprobación medioambiental de los parques solares fotovoltaicos Morella Llivis y Morella Llacua pasa factura a la sociedad promotora. Kirov ITG, filial de Acciona e impulsora de los dos parques solares desde junio de 2023, se ha visto obligada a corregir al alza su previsión inversora para desarrollar los dos gigantescos proyectos de energías renovables previstos en el término de la capital de Els Ports.

El primero de ellos se ha encarecido de 21,8 a casi 23 millones de euros mientras el coste de la puesta en marcha de Morella Llacua crece, de momento, 28 a 31,9 millones de euros, según admite la sociedad promotora en un documento remitido a la Generalitat.

18.000 placas solares menos

La Dirección General de Energía y Minas autorizó el pasado mes de septiembre ambos proyectos. Eso sí, los condicionó a algunos cambios para aminorar su evidente impacto ambiental y paisajístico. Por ejemplo, Morella Llivis reducirá el número de módulos fotovoltaicos de 95.200 a 85.644, si bien a cambio se le permite aumentar la potencia de cada panel solar. Lo mismo sucederá en Morella Llacua, que pasará de 95.200 a 87.264 paneles repartidos en una parcela de 841.451 metros.

Recurso municipal... y de 140 vecinos

A pesar de que la filial de Acciona ya tiene las autorizaciones en el bolsillo, el Ayuntamiento de Morella mantiene su firme oposición a los dos macroparques solares. En octubre presentó un recurso de alzada contra los proyectos al entender que colisionan contra la Red Natura 2000, favorecen la despoblación y el abandono rural y destrozan el territorio. Ese recurso, que probablemente siga su recorrido en los tribunales, cuenta con la adhesión expresa de 140 vecinos de Morella a título particular.

El consistorio trabaja en varios frentes para tratar de compatibilizar la protección de su término municipal con los diferentes proyectos de lucro económico que puedan surgir.

Protección de un humedal en la zona

A finales de 2022 ya logró que la Generalitat protegiera la Bassa del Pla de Bassetes como reserva de fauna silvestre e impidiera así la realización de cualquier clase de actividad molesta, excepto de tipo educativo, científico o conservacionista. El Ayuntamiento asumió la gestión de la reserva al ser propietaria de los terrenos.

La balsa, de 9.407 metros cuadrados, posee una forma irregular gracias a la recogida de agua por escorrentía en períodos de sequía. En ella habitan especies como la tortugueta, el sapillo moteado, el crustáceo de agua dulce o el sapo corredor, con la particularidad de que muy cerca se desarrollan diferentes actividades de extracción de arcilla.

castellonPlaza



Fotos de las palas de aerogeneradores para el Cluster del Maestrazgo


La empresa GE Vernova, de Coves de Vinromà (Castellón) ha fabricado y entregado el 80% de los 122 molinos del parque que el fondo danés CIP construirá en el primer trimestre de 2025. 

Antonio García / Bykofoto
Heraldo.es



















Ayuntamientos valencianos se rebelan contra los “macropolígonos” de renovables

 


Ayuntamientos valencianos se rebelan contra los “macropolígonos” de renovables

Diferentes municipios de la Comunitat Valenciana se movilizan contra los decretos de la Generalitat y los “macropolígonos” de energías renovables que "amenazan su autonomía municipal".

 

La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables ha impulsado una campaña para que los municipios valencianos presenten mociones en sus plenos con el objetivo de frenar la aplicación de diversas normativas autonómicas que limitan la autonomía local en la gestión del suelo y permiten la urbanización de espacios protegidos para proyectos de energías renovables.

Petición de derogación de normativas

Los ayuntamientos que han decidido sumarse a esta iniciativa reivindican la derogación de varios articulados de leyes y decretos considerados lesivos para la capacidad municipal de ordenación territorial. En concreto, la Coordinadora solicita la eliminación de:

  • El artículo 9 (apartados 1, 2 y 3) y una parte del artículo 19 del Decreto Ley 14/2020, que permite la urbanización del suelo no urbanizable protegido de los municipios para instalaciones fotovoltaicas, salvo que el plan general lo prohíba expresamente, lo cual no ocurre en la mayoría de casos.
  • El artículo 1 del Decreto Ley 1/2022, que restringe la capacidad municipal para decidir sobre el tipo de proyectos de energías renovables que pueden implantarse en suelo no urbanizable y limita la suspensión de licencias urbanísticas como herramienta de ordenación territorial.
  • El apartado 5 (puntos 4 a, b y c) del artículo 122 de la Ley 6/2024 de 5 de diciembre de simplificación administrativa, que reduce la autonomía municipal al forzar la compatibilidad urbanística general, ampliando el suelo no urbanizable ocupable, incluso si está protegido, y prohibiendo la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68 de la TRLOTUP.

Zonas inundables y la revisión del PATRICOVA

Otro de los puntos clave de estas mociones es la exigencia de revisar el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana), con el fin de adaptarlo a la nueva realidad tras los episodios de DANA. La propuesta busca prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energía en zonas inundables o que generen riesgos por escorrentía, revisando también los proyectos ya en tramitación dentro de estas zonas de riesgo.

Denuncias contra el modelo especulativo

Desde la Coordinadora, se argumenta que estas regulaciones han dado pie a un fenómeno especulativo bajo la excusa de la emergencia climática, permitiendo la implantación de macroproyectos que impactan negativamente en los espacios forestales y agrícolas municipales. Según la plataforma ciudadana, las normativas impugnadas benefician a grandes empresas y fondos de inversión, dejando a los municipios sin capacidad de decisión sobre su propio territorio y permitiendo la urbanización de hasta el 10% del suelo no urbanizable, incluso el protegido.

Movilización municipal

Los ayuntamientos están trasladando estas mociones a la Generalitat Valenciana con el objetivo de presionar para modificar una regulación que consideran abusiva y contraria al derecho constitucional a la autonomía municipal. Algunos municipios ya han aprobado las mociones en sus respectivos plenos, sumándose a esta reivindicación por una ordenación territorial más justa y sostenible.

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