dissabte, 8 de febrer del 2025

El PSPV, l’antídot contra Mazón

 




Els i les socialistes de Castelló venim d’un XV Congrés Nacional carregats d’energia i d’il·lusió. En Diana Morant tenim una futura presidenta que confia en Castelló. Ho ha demostrat ampliant la presència de castellonencs en la direcció del partit i això, per a nosaltres, és un reconeixement a la faena ben feta per tots els companys i companyes de les nostres comarques. Tania Baños com a vicesecretària general, juntament amb Rafa Simó i Amparo MarcoAna BesalduchMaría José SalvadorErnest BlanchMaría Victoria GarridoRocío Ibáñez i José Benlloch, són l’equip que treballarà per a reforçar el projecte socialista des d’una mirada castellonenca i aconseguir l’objectiu de retornar la decència a la Generalitat.

D’aquest congrés eixim més forts. No tenim dubtes que som l’única alternativa a un govern negligent i incompetent que ha abandonat la ciutadania quan més ho necessita. Els valencians i valencianes estan farts d’un Consell noquejat que ha deixat de costat la reconstrucció per a apostar-ho tot per la fàbrica de mentides que és ara el Palau de la Generalitat. Això és, enganyar per a tapar la seua incompetència.

Primera força

No tenim cap minut a perdre. Hem de treballar de valent per a reforçar el nostre projecte i consolidar-lo com la primera força a Castelló i a la Comunitat Valenciana. En nosaltres està l’esperança. Estem ací per a culminar la renovació del partit i apostar pels millors perfils i les millors idees, sempre al costat de la gent.

El congrés de València és només el punt de partida d’un canvi tan possible com necessari. El temps de Mazón s’acaba i ara és el moment de Diana Morant i de Samuel Falomir per a tornar la decència a la política a Castelló i a la Comunitat. Som l’antídot a tanta desvergonya.

Opinión | LA RÚBRICA

Ruth Sanz

Diputada provincial del PSPV-PSOE

elperiodicoMediterraneo

Varias organizaciones ecologistas se oponen al proyecto eólico del Cluster del Maestrazgo

 



renovables

Plantean la suspensión cautelar de las obras de construcción por su impacto negativo sobre la biodiversidad.

Las obras del Cluster del Maestrazgo empiezan el primer trimestre de 2025 con la apertura de accesos
Heraldo.es
NOTICIA
ACTUALIZADA 7/2/2025 A LAS 21:03
Palas destinadas al Cluster del Maestrazgo en una fábrica de Castellón.Antonio Garcia/Bykofoto
Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, junto a la plataforma territorial Paisajes de Teruel, se unen para transmitir su oposición al proyecto Clúster Eólico Maestrazgo mientras defienden una implantación de las energías renovables compatible con el territorio. Las organizaciones mencionadas se unen para firmar un 'Manifiesto en favor de la biodiversidad y en contra del Clúster Maestrazgo'.

Por los impactos que los combustibles fósiles generan sobre el clima, la naturaleza y las personas, las organizaciones ecologistas apoyan y consideran urgente la transición hacia fuentes de energía renovable. Sin embargo, "el despliegue desordenado y excesivamente centralizado de las energías renovables está produciendo importantes impactos locales que pueden y deben ser evitados", según el comunicado conjunto de las cuatro entidades conservacionistas.

El Clúster Eólico Maestrazgo constituye "un proyecto de generación eléctrica de grandes dimensiones", cuyas instalaciones se extienden por las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre y cuyas líneas de evacuación recorren el Alto Maestrazgo de Castellón hasta la estación eléctrica de Fraiximeno, en Morella. Esta instalación "amenaza de manera directa la preservación de la biodiversidad al ubicarse dentro de lugares con figuras de protección natural, o en zonas muy próximas a ellas, y con alta presencia de especies de aves recogidas dentro de los catálogos de especies amenazadas". El proyecto refleja cómo, aún hoy, existen proyectos de energías renovables que "se proyectan y desarrollan sobre zonas de alta sensibilidad ambiental y/o social en nuestro país".



La práctica totalidad de los términos municipales sobre los que se proyectan los parques, así como un número significativo de los molinos eólicos que los componen, se encuentran "ubicados o rodeados por zonas de máxima sensibilidad ambiental, Red Natura 2000 y/o Espacios Naturales Protegidos". En concreto, "se identifican afecciones a 8 espacios de la Red Natura 2000 (3 Zonas de Especial Protección para las Aves, 3 Zonas de Especial Conservación y 2 Lugares de Interés Comunitario)". 


Al tratarse de un área que engloba diversas zonas de alta sensibilidad ambiental y al existir "sospechas argumentadas y suficientes de que el proyecto podría acarrear serios impactos locales y acumulativos", las organizaciones firmantes consideran que debería prevalecer, en todo caso, la aplicación del principio de precaución. Asimismo, reivindican que en las áreas protegidas la prioridad debe ser la conservación y restauración de la naturaleza, ya que "hay suficiente potencial fuera de ellas para abastecer la totalidad de la demanda de energía con renovables".

En este sentido, el manifiesto firmado por las organizaciones reivindica el "cumplimiento del derecho y participación en materia de información ambiental reconocido por el Convenio de Aarhus", y apela a dar la oportunidad de revisión del proyecto Clúster Maestrazgo "suspendiendo la ejecución del mismo de forma cautelar, al amparo del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Asimismo, las organizaciones solicitan que en dicha revisión se evalúe el incumplimiento de las directivas europeas relativas a la conservación de hábitats y especies.

Por último, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF insisten en la necesidad de llevar a cabo una planificación territorial vinculante que excluya el desarrollo de energías renovables en las zonas de mayor sensibilidad ambiental, así como priorizar su instalación en zonas de suelo antropizado (entre otros: puertos, infraestructura pública, carreteras, aparcamientos, polígonos industriales o vertederos) y/o suelo industrial, urbano, urbanizable, degradado y sin valores ambientales especialmente relevantes.
elHeraldo


El Gobierno invertirá 49,2 millones para crear los terceros carriles en la AP-7 entre Castelló y Almenara

 ENTRE EL KILÓMETRO 428,0 Y 463,4


Tramo de la AP-7 en la que actuarán. / Mediterráneo


El ministro Óscar Puente explica que la redacción del proyecto "está muy avanzada" y será aprobado "durante los próximos meses"





El ministro Óscar Puente, durante su intervención este viernes, en Castelló. / Mediterráneo


David Donaire


Castelló 07 FEB 2025 10:41

El Ministerio de Transportes invertirá 49,2 millones de euros para implantar los terceros carriles de circulación rápida en la AP-7 entre Castelló y Almenara, concretamente entre los kilómetros 428 y 463,4.


Es uno de los proyectos pendientes por el Gobierno en materia de infraestructuras que el ministro del ramo, Óscar Puente, ha actualizado su estado durante la jornada celebrada este viernes en la capital de la Plana, en la que ha anunciado que la redacción del proyecto "está muy avanzada" y será aprobado "durante los próximos meses".



El proyecto permitirá facilitar los adelantamientos gracias a la incorporación de terceros carriles y habilitar apartaderos de emergencia para reforzar la seguridad ante el aumento de vehículos pesados que circulan por la autopista.



Y es que la liberación de la AP-7 provocó una redistribución de tráfico en la red viaria del entorno de esta vía, de manera que la AP-7 es utilizada frecuentemente por camiones que antes optaban por circular por carreteras alternativas y libres de peaje, como la A-7 o la CV-10.


Un incremento en el número de vehículos pesados que, como explicaron desde el ministerio con anterioridad, causa problemas puntuales de capacidad y en la fluidez del tráfico, especialmente por los adelantamientos entre ellos, lo que motiva la necesidad de este proyecto.



"La liberación de la AP-7 fue una decisión valiente, pero necesaria, y ha supuesto una reconfiguración amplísima de los flujos en esta provincia, llegando a triplicar el tráfico pesado en esta vía", ha desgranado el ministro.

elperiodicoMediterraneo

Video. A Castelló, desdejuni Empresarial 'Mediterráneo' amb Óscar Puente, Ministre de Transports i Mobilitat Sostenible



OSCAR PUENTE EXPOSA EL SEU PLA D´INFRAESTRUCTURES PER A CASTELLÓ

 













Óscar Puente fija para 2027 la conexión de Castellón, Valencia y Alicante con un AVE regional

El ministro señala que el año que viene arrancará la segunda fase del cambio de ancho entre Tarragona y la capital de la Plana

Medi TV


Iván Checa


Castellón 07 FEB 2025 10:20 Actualizada 07 FEB 2025 12:42

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el acto organizado por Mediterráneo, con el apoyo de Simetría y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la puesta en marcha en el 2027 de un servicio de AVE regional valenciano, que unirá Castellón, Valencia y Alicante, las tres provincias de la autonomía.


Según ha detallado, su departamento impulsa obras en diferentes tramos para poder activar esta conexión, que unirá en ancho estándar las ciudades de Castelló, València, Alicante y Elx, impulsando la movilidad entre todas ellas y reduciendo sustancialmente los tiempos de viaje.


El ministro ha detallado además que será posible, con este servicio, la parada en las ciudades de Xàtiva, Villena, Orihuela o Sagunt, "vertebrando a toda la Comunitat Valenciana con la alta velocidad". "Este tren se va a convertir en un auténtico Cercanías de alta velocidad y va a dinamizar enormemente el territorio", ha destacado Puente.



Dicho hito, no obstante, será posible tras completar actuaciones como la implantación de la doble vía de ancho mixto entre Castelló y València, prevista para este mismo año, así como otras intervenciones en la Encina o Alicante.


22% más de inversión ejecutada

Más allá, en su intervención el titular de Transportes ha repasado las inversiones del Gobierno en la provincia de Castellón, destacando el 22% de incremento en el gasto en infraestructuras ejecutado, hasta alcanzar los 140 millones de euros, o el repunte del 21% en las adjudicaciones, hasta los 122 millones de euros. El ferrocarril resulta sin duda el gran protagonista, ya que copa tres de cada cuatro euros invertidos en la provincia.


En detalle, el corredor mediterráneo aparece como una de las apuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante el 2024 se invirtieron en global 1.306 millones de euros. En el horizonte está la finalización este año del tramo Castelló-València-Almussafes, mientras que para el 2027 se prevé terminar el Vila-seca (Tarragona)-Castelló.


Cambio de ancho y accesos al puerto

Uno de las metas más relevantes de estos trabajos será el cambio de ancho en el tramo Tarragona-Castellón, la "actuación más ambiciosa del Corredor" . La fase 1 de las obras, como ha explicado Puente, se encuentra en ejecución, centrada en vía, la energía y las instalaciones. La segunda fase dará inicio en el 2026 y comportará el "corte total durante seis meses". De esta forma será "la primera vez en la historia que se cambie el ancho en un tramo de la red ferroviaria de interés general".









Otra de las infraestructuras en desarrollo centrales para la provincia es el nuevo acceso ferroviario sur al puerto de Castellón. El ministro apuntó que el tramo 1 se completará este mismo año, mientras que el tramo 2 finalizará las obras entre 2026 y 2027. Actualmente ya se ha ejecutado una inversión de 92 millones de euros, aunque el total asciende a 335,5 millones. En el acceso sur se enmarca también la estación intermodal, cuya adjudicación de las obras se ha producido esta misma semana, como recogió este diario, con la vista puesta en finalizarla en 2026. De esta forma, se generará una alternativa de transporte "mucho más competitiva y sostenible".

Encuentro empresarial de 'Mediterráneo'

elperiodicoMediterraneo



divendres, 7 de febrer del 2025

El PP de Les Coves pide ampliar inversiones en caminos rurales tras dana

 


El Partido Popular de Les Coves ha trasladado a Consell y Diputación la necesidad de ampliar las inversiones en la localidad para reparar los caminos rurales que resultaron afectados por las lluvias del pasado 28 de octubre.

La portavoz del PP en Les Coves, Cristina Orient, agradece que entre ambas administraciones la localidad ya haya aprobado cerca de 300.000 euros para recuperarse tras las riadas. 'Pero necesitamos más porque muchos caminos están destrozados'.

Trasladan al secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, a la directora territorial de Agricultura, María Luisa Albiol, y al diputado provincial de Infraestructuras, Héctor Folgado, la urgencia de ampliar las actuaciones en la localidad. 'El Gobierno de Pedro Sánchez nos niega ayudas. Es un castigo inmerecido porque hacen falta más fondos'.

Orient anuncia que el PP solicitará a la alcaldía 'una reacción ante el desprecio del Gobierno del PSOE al municipio'. 'Somos una de las poblaciones que más hemos sufrido y el PSOE nos ha dado la espalda. Este es un castigo ante el que no nos callamos'.


 



La Plana al Dia | Les Coves de Vinromà | General | 06-02-2025

El vídeo de Mazón horas antes de la tragedia que indigna a los valencianos

El juzgado urge al Gobierno de Mazón a que le diga “antes de cinco días” quién decidió enviar la alerta masiva por la DANA

 


Archivo - Imagen de una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del mes de noviembre. Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

La magistrada solicita también a los medios de comunicación imágenes de la crecida de esa rambla e información sobre las declaraciones y comunicaciones realizadas por las autoridades y los responsables de Emergencias

elDiariocv


València —

6 de febrero de 2025 16:03 h

Actualizado el 06/02/2025 16:12 h



La titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción 3 de Catarroja ha vuelto a requerir a la Generalitat para que comunique qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la Dana el pasado 29 de octubre, al tiempo que ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron.



En un auto que ha sido notificado este jueves a las partes, la magistrada también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas” durante esa fecha.


Por último, ha acordado citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.


La resolución judicial recoge que de la práctica de los ofrecimientos de acciones y declaraciones de testigos y familiares de los fallecidos del partido judicial de Catarroja “se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta”.


La magistrada recuerda que muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, mientras que otras estaban o circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.


La juzgadora considera que es necesario analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal del barranco del Poyo y su conocimiento por parte de los responsables de Emergencias, sino también si la “simple percepción directa de cualquier persona cercana” a esa rambla de la “intensidad del desbordamiento” pudo permitir a esos responsables conocer la situación.


Además de analizar la remisión del SMS por el sistema Es-Alert, la titular del órgano judicial entiende que ha de dilucidarse también si se comunicó el riesgo existente a la población y la evolución de las circunstancias meteorológicas por “otros medios” de forma previa, como “conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios”.


Respecto al envío del SMS de alerta a la población, la juez indica que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión, por lo que vuelve a requerir a la Administración autonómica para que lo comunique “en el improrrogable plazo de cinco días”. También solicita a la Conselleria que identifique al funcionario o al técnico que ejecutó esa orden.


Por otro lado, el auto señala que existe un intervalo de tiempo sin mensajes sobre el caudal de la Rambla del Poyo en las comunicaciones de la CHJ de esa tarde del 29 de octubre, en concreto entre un correo fechado a las 16.13 horas y otro a las 18.42.


No obstante -precisa la juez- la propia Confederación informó en una nota de prensa fechada el pasado 4 de febrero que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba y transmitía datos actualizados cada cinco minutos.


Es por esta razón por la que la magistrada requiere al ente hídrico que facilite “la integridad” de los datos existentes en ese intervalo de tiempo sobre el caudal del barranco y concrete “el medio utilizado de transmisión”, si éste consistía en su publicación en la página web de la CHJ o se usó algún otro.



El auto, que ha sido notificado ya a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas hasta hoy en el procedimiento, puede ser recurrido en reforma o apelación.

elDiario.es


La jueza de la DANA subraya el “altísimo riesgo” para las víctimas del que Mazón no avisó

 La instructora recuerda que muchas víctimas de avanzada edad perecieron en las plantas bajas de sus propios domicilios y que el texto de la alerta remitida a las 20.11 solo instaba a evitar desplazamientos

Carlos Mazón en el Centro de Coordinación de Emergencias.

Lucas Marco

València —
6 de febrero de 2025 22:29 h

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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias de la DANA, ha mostrado algunas de sus cartas en un auto notificado este jueves a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas, de momento, en la causa. En el apartado en el que detalla los hechos, en apenas nueve líneas, la magistrada expresa sus primeras conclusiones tras las primeras declaraciones de testigos y de familiares de los fallecidos: constata el “desconocimiento” de la situación de “altísimo riesgo” por parte de las víctimas el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica barrancada. Además, la resolución también reseña la tipología de víctimas: personas de la tercera edad que permanecían en las plantas bajas de sus domicilios y gente que circulaba por la calle o que bajó a los garajes a intentar sacar sus automóviles.


La jueza parece tener un cierto enfoque de la causa; un encauzamiento a modo de prolegómeno de una instrucción que se antoja larga y compleja. Y es que no es ajena a los efectos de la barrancada: sin ir más lejos la sede de los juzgados de Catarroja fue arrasada por la riada. Se basa, de momento, en lo que le han contado las víctimas y supervivientes, a los que la magistrada viene haciendo el trámite de oficio de ofrecimiento de acciones. Así, la resolución afirma que “resulta conveniente analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal de la Rambla del Poyo (...) o no, por los responsables de emergencias a través de medios técnicos, sino igualmente si la simple percepción directa de cualquier persona cercana a la rambla de la intensidad del desbordamiento pudo permitir su conocimiento ulterior por los responsables de emergencias a medida que iba aumentando el caudal”.

A los numerosos videos en redes sociales de la tarde del 29 de octubre sobre los brutales efectos de la riada, se suma la detallada cobertura en directo de À Punt, la televisión autonómica valenciana. Cuando sonó la alerta automática en el plató de À Punt, la cadena retransmitía en directo cómo un viandante rescataba a una mujer atrapada por la fuerza del agua, una imagen que sirve de metáfora audiovisual de la inutilidad de un aviso que llegó manifiestamente tarde, cuando ya había desaparecidos.

Además, la jueza no solo se centra en el sistema Es Alert y su remisión tardía a las 20.11. El auto explica que el “análisis de la evitabilidad” de los 76 fallecimientos acaecidos en el partido judicial de Catarroja, que también incluye las localidades de Albal, Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona, Massanassa y Sedaví, exige analizar, más allá del mensaje masivo a los móviles, “si se comunicó a la población por otros medios previamente” durante “todo el día” 29 de octubre el peligro, “ya fuera a través de conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios, así como la evolución de las circunstancias meteorológicas de dicho día”.

A nadie se le escapa que, sobre las 13.00, el president Carlos Mazón aseguró en una polémica comparecencia, cuyo video fue borrado posteriormente de su cuenta oficial de X, que la emergencia prácticamente se había acabado. Poco después se fue a comer al restaurante El Ventorro, de donde salió pasadas las 18.00 de la tarde.

El auto pide a RTVE, À Punt, Atresmedia, Mediaset y al Grupo Prisa que aporten las declaraciones de las autoridades responsables de la emergencia sobre el conocimiento del sistema Es Alert, la “viabilidad de su utilización y su regulación”, en referencia a las contradicciones de la entonces consellera Salomé Pradas sobre las alertas automáticas. Pradas fue pillada mintiendo al respecto de manera manifiesta.

“Nuevo plazo improrrogable” al Consell

La instructora también apremia a la Conselleria de Emergencias e Interior para que informe específicamente sobre quién —en concreto, con nombre y apellidos— “tomó la decisión” de emitir la alerta a las 20.11. Una pregunta muy clara y aparentemente sencilla a la que el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama “no responde” en su informe remitido previamente. Y ello a pesar de que lo pidió la jueza en un auto del pasado 5 de diciembre.

El largo informe de la Conselleria de Emergencias se limita a indicar dos apartados que, en definitiva, no explican nada de nada. “No se contesta por ello a lo interesado por este juzgado”, afirma la jueza. Aunque sin demasiada vehemencia —otros jueces habrían montado en cólera, y con razón—, la magistrada da un “nuevo plazo improrrogable” de cinco días a la conselleria para que “proceda a la oportuna respuesta” a lo que acordó en su auto (cuyo cumplimiento, evidentemente, no es opcional ni voluntario para nadie). La instructora queda, pues, a la espera de comprobar si, al segundo intento, el Consell por fin se digna a responder sin rodeos.

El auto alude a las comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre las mediciones del barranco del Poyo y al “intervalo” entre dos mensajes remitidos entre las 16.13 y las 18.42 (lo que Mazón y el PP llaman el “apagón informativo” del Gobierno central).

Sin embargo, la jueza también se refiere a la nota de prensa de la CHJ del pasado 4 de febrero (remitida para desmentir un audio incompleto grabado al presidente de la entidad, Miguel Polo) en la que se explica que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos. Por lo que la jueza pide a la CHJ “la integridad de dichos datos” en ese periodo entre las 16.13 y las 18.42, así como la “concreción del medio utilizado de transmisión”.

Por otro lado, cabe recordar que la propia Generalitat Valenciana reconoció horas antes de la DANA, en una nota interna de un alto cargo autonómico revelada por elDiario.es el pasado 25 de noviembre, que el seguimiento de ríos y barrancos también era su responsabilidad. Además, la Generalitat también retiró a los bomberos forestales que medían el caudal del barranco del Poyo.

elDiario.es

ACCELERANT RENOVABLES: Un alto cargo de Mazón es socio de una fotovoltaica con licencia aprobada por su propio departamento

 Manuel Argüelles fue elegido por el president para ser una pieza clave en su apuesta por este tipo de energía limpia, después de que, según denunció el jefe del Consell, el Botànic había propiciado “un parón (de los proyectos) por prejuicios ideológicos”

El director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, en una imagen de archivo.

Francesc Arabí

València —
6 de febrero de 2025 23:04 h

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Juez y parte. Es el máximo responsable del departamento de la Generalitat Valenciana encargado de conceder las autorizaciones para instalar plantas fotovoltaicas y eólicas y, al mismo tiempo, está vinculado a varias empresas del sector de las renovables dedicadas a lograr permisos para este tipo de negocios. Se trata del director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, quien antes de entrar en política era ya impulsor y promotor de la energía fotovoltaica. Como empresario e ingeniero.

Argüelles fue elegido por Carlos Mazón para ser una pieza clave en su apuesta por este tipo de energía limpia, después de que, según denunció el presidente de la Generalitat, el Consell del Botànic, había propiciado “un parón (de los proyectos) por prejuicios ideológicos”. Colocó a Argüelles en la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo, entonces dirigida por Nuria Montes, el 19 de octubre de 2023. El nombramiento obligó al nuevo alto cargo a renunciar a su presencia en los órganos de gobierno de una docena de empresas, en algunas de las cuales era socio fundador. Entre ellas figura, Pvingen Solar Beta, de la que fue administrador solidario desde el 2 de julio de 2021 al 28 de noviembre de 2023, cuando renunció al puesto para evitar incurrir en incompatibilidad con su cargo público.

Dejó cargos pero no traspasó las acciones

El 29 de mayo de 2024 la Generalitat autorizó a esa empresa a implantar en suelo no urbanizable del municipio de Monforte del Cid, cercano a la ciudad de Alicante, una central fotovoltaica de 4.000 kw de potencia. La autorización fue publicada en el DOCV el 5 de julio de 2024. Argüelles es beneficiario de esa concesión en tanto que participa como socio en la mercantil que ha obtenido la licencia. Porque si bien cesó como directivo, nunca liquidó sus intereses económicos en la sociedad.

¿En qué medida? PV Ingenergy Solar Beta es propiedad de la ingeniería PV Ingen Solutions, cuyo socio fundador y ex administrador solidario es el propio Argüelles. Es la matriz del grupo de trece firmas ligadas al director general durante su trayectoria en el sector privado. El responsable del departamento que autoriza las plantas de renovables de la Comunitat Valenciana cesó el 27 de octubre de 2023 como administrador de esa empresa madre, pero sigue siendo socio a través de Efyah Solutions, una firma 100% propiedad del alto cargo. Argüelles posee los 3.000 euros de capital social de esta SL, según consta en la declaración de bienes presentada con motivo de su nombramiento.

Cuatro megawatios y casi 7.300 paneles

Desde el 24 de mayo de 2017 era administrador único y socio único de Efyah. Como en otros casos, cesó como directivo, el 24 de noviembre de 2023, pero no transfirió las acciones. Por eso, en su condición de copropietario de PV Ingen Solutions es socio de la beneficiaria de los permisos para instalar la fotovoltaica de 4 megawatios en el citado municipio del Vinalopó. Esta planta solar abarca una superficie de 93.591 metros cuadrados y prevé la instalación de 7.290 paneles fotovoltaicos.

El ingeniero responsable del proyecto es Gonzalo Navarro, socio también de Argüelles en PV Ingen Solutions, a través de su sociedad Inversiones Mendinavarro. La concesión del permiso para construir esta planta de renovables fue firmada por Rosa María Aragonés, jefa de servicio de Industria, Energía y Minas en Alicante. Al tratarse de unas instalaciones con una potencia menor de 10 megawatios, la competencia de la resolución del expediente es de los servicios territoriales, que dependen de Argüelles. En la propia autorización administrativa se hace constar que cualquier recurso será resuelto por la Dirección General de Energía y Minas directamente en València.

Licencia municipal de obras

El pasado 8 de enero, PV Ingenergy Solar Beta solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid la licencia urbanística para construir la planta. El consistorio, cuyo alcalde, Juan José Hernández, es de Esquerra Unida, está obligado a otorgar el permiso, dado que se trata de un acto administrativo de trámite al que el Ayuntamiento no puede negarse. Este municipio alicantino alberga varias plantas solares debido a diversos factores. Entre otros, la orografía del terreno, el abandono de cultivos de secano o la práctica ausencia de zonas inundables, según el Patricova.

El negocio de la reventa de autorizaciones

Todas las empresas de ingeniería vinculadas a Argüelles son SL de apenas 3.000 euros de capital social, pese a que gestionan autorizaciones para proyectos que mueven millones de euros. Fuentes del sector indican que es bastante habitual la práctica de gestionar los permisos sin ningún ánimo de desarrollar los proyectos sino con la mera intención de revender las licencias. Entre otras razones porque carecen de capacidad tecnológica y de captar los recursos suficientes para poner en marcha las plantas. Les sale más a cuenta dar el pase a fondos de inversión especializados u otras empresas de mayor potencial. En el mercado de esta práctica especulativa que contribuye a la burbuja de las renovables el precio del megawatio autorizado cotiza entre 150.000 y 200.000 euros, según un experto. Así, un proyecto como el de Monforte del Cid podría venderse perfectamente por entre 600.000 y 800.000 euros antes de acometer la construcción de las instalaciones.

Argüelles: “En la territorial de Alicante no sabían que yo era socio”

El director general de Energía admite que es socio de la planta cuya autorización fue concedida por el departamento que él dirige: “Sí, tengo una pequeña parte, más o menos una doceava parte”. A través de su firma Efyah Solutions, copropietaria de PV Ingen Solutions, la matriz de la sociedad promotora. Desde esta mercantil se impulsan, explicó, “proyectos de pequeño tamaño en los que participa con un 10% con diferentes inversores”.

Pero alega que quienes tramitaron y firmaron la resolución ignoraban que su jefe estaba detrás del negocio. “Se autorizó desde Alicante y nadie sabía allí que yo participaba”, ha explicado a Eldiariocv.es. El plácet definitivo llegó cuando el alto cargo llevaba ya siete meses de director general, pero Argüelles destaca que la tramitación arrancó “mucho antes de llegar yo” a la Generalitat.


El alto cargo considera que los problemas de compatibilidad estarían despejados porque, por indicación de Transparencia, dice, dejó sus cargos en las empresas. En alguna tuvo que dar el relevo a su ex mujer, según cuenta. “Me dijeron que no podía ser administrador de ninguna empresa”. Mantuvo, eso sí, “únicamente mi parte accionarial”. Tampoco detecta en ello ningún posible conflicto de intereses. Porque, aduce, “no participo, ni he cobrado dividendos, ni sueldos ni ninguna cantidad de la empresa”. Simplemente es su propietario, el empresario.