Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la dana
La Generalitat abrió una cuenta solidaria que prometió que destinaría a los afectados, pero no detalla en qué los ha gastado. Fuentes del Consell filtraron en marzo que sería para pymes y que lo gestionarían cuatro entidades que, contactadas por elDiario.es, aseguran no saber nada de ese dinero
El 1 de noviembre de 2024, medio millón de valencianos afectados por la peor riada que se recuerda intentaban deshacerse del barro, conseguir luz y agua potable y recurrían a la solidaridad ciudadana para comer caliente. En medio de ese caos, en el que no había coches, ni transporte público, ni medicinas en muchas localidades, la Generalitat Valenciana decidió abrir una cuenta corriente en el Banco Sabadell bajo su titularidad para que la enorme ola de solidaridad en toda España se transformara en dinero para los afectados, recogido en una cuenta del erario público.
Pese a que la Generalitat tiene su propio presupuesto público, de más de 31.000 millones de euros el año de la dana, y sus mecanismos para solicitar ayuda al Estado y a la Unión Europea, el Consell dirigido por Carlos Mazón hacía una llamada a la solidaridad personal de los españoles.
Como anunció a través de canales oficiales, se trataba de abrir “una cuenta solidaria destinada a apoyar a los afectados por la dana que ha azotado a la Comunidad Valenciana. A través de esta iniciativa, ciudadanos, entidades y empresas podrán hacer donaciones que se destinarán íntegramente a asistir a las personas afectadas y a contribuir a reparar los daños sufridos”. No aclaraba nada más, ni cuándo, ni cuánto ni cómo ni quién repartiría ese dinero o con qué criterios.
Un año después, el montante recogido es de 12.317.471,70 euros –la última actualización disponible es a 8 de septiembre–, la mayor parte de los cuales se donó en los primeros meses de la tragedia. Según el listado que ha obtenido elDiario.es a través de una pregunta al Portal de Transparencia, hay desde pequeños ingresos de 5 euros el primer día que abrió la cuenta a los 20.000 euros que alguien ingresó de golpe el 4 de noviembre.
En general, las donaciones más repetidas están en torno a los 20, 50 o 100 euros, lo que evidencia que se trata de ciudadanos o pequeñas empresas, y no grandes compañías, quienes decidieron contribuir con su dinero (además de que ya lo estaban haciendo con sus impuestos) a la recuperación de una mínima normalidad, a la vista de las carencias que estaban pasando miles de valencianos desasistidos que salían en las televisiones, medios y redes sociales todos los días.
Varias personas caminan por una de las calles afectadas en Paiporta (Valencia), tras las fuertes lluvias causadas por la DANA EFE/Manu Bruque
El Sabadell consiguió acumular 12 millones en la cuenta y se comprometió a aportar un euro adicional por cada euro donado, “con una aportación mínima por parte de la entidad de 500.000 euros” que se ha convertido en tres millones, según ha informado esta entidad.
Pero ¿dónde está ese dinero? ¿Se ha utilizado para “contribuir a la reparación de daños y reconstrucción económica y social tras la dana sufrida el pasado 29 de octubre”, como prometió el Consell? La sola pregunta hace que desaparezcan los interlocutores oficiales y los portavoces de las consellerias responsables de la gestión de este dinero ciudadano.
Para que ese dinero recogido en una cuenta bancaria privada pase a estar dentro de los presupuestos de la Generalitat y sea 'gastable' hay que hacer una resolución de generación de crédito, como confirma un ex alto cargo de la Conselleria de Hacienda y varios interventores. Ese traspaso debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Así se hizo, por ejemplo, con las donaciones por la pandemia en 2021, que se acabaron transfiriendo a la Conselleria de Universidades. En el buscador del DOGV no aparece resultado para las donaciones de los 12 millones de la dana.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda, que han atendido la pregunta de elDiario.es sobre si el dinero se ha traspasado o no y adónde, han dejado de contestar a llamadas y mensajes tras conocer la pregunta. Otra opción es que se haya metido directamente en los presupuestos de 2025 o que se haya transferido de una manera poco transparente o no formal, explican fuentes de la Intervención del Estado, aunque eso no cumpliría con la legalidad exigida.
En julio de este año, la Vicepresidencia Segunda de Recuperación desestimó informar a este medio a través de una petición al Portal de Transparencia del destino de las donaciones –después de varios meses de escritos y alegaciones para obtener los datos– alegando que “el Plan Endavant [de recuperación] no contiene información individualizada sobre la cuantificación de los gastos e inversiones que cada una de las consellerias va a realizar en la ejecución de las iniciativas”, aunque Transparencia le había instado a informar. En definitiva, el departamento dirigido por el teniente general retirado Gan Pampols pasaba la pelota a otros.
Los portavoces de la Vicepresidencia Segunda también han atendido la pregunta de elDiario.es pero, una vez conocido que se busca el destino de los 12 millones, no han dado respuesta y han dejado de responder. Sin embargo, mientras este medio investigaba sobre el dinero, desde el Consell se filtró a El Español el supuesto destino de las donaciones: los 12 millones se iban a dedicar a autónomos y microempresas de la zona. Además, según ese medio, “la ejecución del programa se desarrollará en coordinación con ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Unió Gremial, Confecomerç y la Cámara de Comercio, entidades que colaborarán en la implementación de los mecanismos de apoyo, según confirma el Consell".
elDiario.es ha preguntado este lunes a esas cuatro organizaciones y confirman que no saben nada de esta cantidad de millones ni están gestionando ese dinero público, para lo cual se requeriría una legión de empleados y burocracia que estas entidades no tienen actualmente capacidad de abordar. “Sí que hemos ayudado al tejido empresarial de la zona DANA a hacer el papeleo de las ayudas y a darles información”, coinciden. “Pusimos un autobús hace tiempo para dar información”, señalan en la Cámara de Comercio. “No gestionamos dinero público”, confirman en Unió Gremial. “No hemos oído hablar de ello”, dicen en Confecomerç.
El único rastro de ayudas que han acabado en pymes y empresas de la zona cero son las de reactivación del pequeño comercio, en el que se dice claramente que el dinero sale de “los respectivos anexos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de la Generalitat, por un importe total de 21.000.000 euros y para el ejercicio 2026”, sin ninguna mención a las donaciones de ciudadanos
También se ha puesto en marcha un bono comercio, pero que tiene su origen en fondos de la Diputación de València, no de la Generalitat Valenciana. En estos meses tampoco se ha hecho un acto público de presentación o reunión con ningún agente social que haga referencia específica al destino de los 12 millones de euros que reunieron miles de ciudadanos y empresas españolas en los días más aciagos de la Comunitat Valenciana
Las primeras denuncias en los tribunales contra la mujer del presidente llegaron a mediados de 2023 cuando un abogado pidió información y la Universidad respondió con un apoyo cerrado a la legalidad del proyecto académico
son los mismos argumentos con los que Peinado, meses después, abrió su propia línea de investigación.
Para cuando Manos Limpias llevó a Begoña Gómez al juzgado en abril de 2024 con una denuncia plagada de recortes de prensa y un bulo, por tanto, ya había más denuncias y querellas contra ella, algunas con un año de antigüedad. Y la Fiscalía de Madrid ya se había interesado por ellas: un mes antes, la fiscal provincial Pilar Rodríguez había pedido a su equipo de prensa información sobre la querella de Baselga, remitiendo un enlace de El Distrito anunciando su interposición. El medio que, con el mismo abogado, se había querellado también contra Begoña Gómez por lo mismo un año antes.
Post it con las anotaciones del restaurante de Manuel Becerra y Begoña Gómez
Esa conversación de la fiscal provincial con su equipo se plasmó en un post-it en su agenda, junto con otra anotación: “Restaurante Manuel Becerra”. Porque varios periodistas habían pedido información sobre la causa judicial que investigaba la tragedia del restaurante Burro Canaglia un año antes, cuando un incendio causó dos muertos. La Guardia Civil decidió que esta nota debía ser incorporada a la causa del Tribunal Supremo, aunque no guardaba relación, y ha servido para que la derecha difunda el bulo de que la fiscal Pilar Rodríguez y Begoña Gómez se reunieron en un restaurante para trazar una estrategia de defensa ante la inminente apertura de casos judiciales contra ella.
La supuesta reunión por la que el PP pide explicaciones nunca existió, el restaurante en cuestión llevaba un año calcinado, y la documentación a la que ha tenido acceso este periódico prueba que la Fiscalía sí estaba reuniendo información sobre estas primeras querellas ultras contra Begoña Gómez. El 13 de marzo de ese año, el día en que está colocado el post-it en la agenda, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, explicó por escrito a la Fiscalía General en una dación de cuentas qué había pasado con todas esas querellas “con idéntico contenido” contra la esposa del presidente y su trabajo en la Complutense. HazteOir, la organización ultracatólica que ejerce la acusación popular contra Begoña Gómez y el fiscal general, ha sido la primera en intentar judicializar este bulo.
De las querellas fracasadas a la causa de Peinado
Los primeros movimientos contra Begoña Gómez llegaron en 2023 con una estrategia conjunta de un abogado que pidió información a la Complutense y, después, convirtió esa información en querellas a través de un medio ultra y una tertuliana conspiranoica, pero ninguna cristalizó en una causa judicial. Hubo que esperar a que Juan Carlos Peinado abriera diligencias a petición de Manos Limpias, diera entrada a todos los partidos y organizaciones ultras que lo pidieron y llegara al mismo punto: investigar la vida laboral de Begoña Gómez.
La causa –su versión inicial– arrancó cuando la organización ultra de Miguel Bernad presentó una macedonia de informaciones de prensa con las que acusaba a Begoña Gómez de favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas millonarias con cartas de recomendación, de intervenir en el rescate a Air Europa, y finalmente una noticia de The Objective que exponía ambiguamente que existía una subvención a nombre de Begoña Gómez: una hostelera cántabra con el mismo nombre que la esposa del presidente.
La lupa de Peinado no se puso sobre la Universidad Complutense y la década de trabajo que Gómez había desarrollado allí hasta semanas después, cuando la asociación ultracatólica HazteOir presentó su propia querella pero esta vez apuntando a su cátedra y su máster. El rector Goyache fue finalmente imputado y, con el paso de los meses y las nuevas querellas de la extrema derecha, Begoña Gómez pasó a estar triplemente investigada por su relación con la Complutense: por supuestamente conseguir la cátedra usando su matrimonio con Pedro Sánchez, por apropiarse de un software y, finalmente, porque su asistente en Moncloa envió correos a sus interlocutores en la Universidad.
La Audiencia Provincial ha ido limando estas imputaciones mientras Peinado ha adaptado sus diligencias hasta dejar a Begoña Gómez al borde de juicio. Los magistrados supervisores del proceso levantaron la imputación del rector ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. El último movimiento de Peinado, después de haberse pronunciado en dirección opuesta hace menos de un año, es dar entrada como acusación a la Universidad Complutense de Madrid. La misma institución que hace dos años, a respuestas del abogado cuyas querellas abrieron la veda, defendió a capa y espada las colaboraciones de Begoña Gómez.
Álvaro Pérez "El Bigotes" (i), Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (d), durante otro de los juicios de la trama Gürtel. (Europa Press)
30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero
Ya se han celebrado 11 juicios de la trama. Este lunes día 20 comienza el último juicio de una red de corrupción que costó la presidencia a Mariano Rajoy. La Fiscalía pide 77 años de cárcel para Francisco Correa. Hay otra veintena de procesados
El empresario Francisco Correa, líder de la trama. (AFP)
Por fin. Este lunes 20 de octubre empieza en la Audiencia Nacional el último juicio del caso Gürtel: una trama de corrupción tan compleja que se tuvo que desgajar en 12 piezas separadas para que los investigadores pudieran atar todas las
piezas del puzle. En esta ocasión, los cerebros de la red, liderada por Francisco Correa, y los abogados, asesores fiscales y testaferros que idearon los tejemanejes de negocios ilegales durante una década (1999-2009) se sentarán en el banquillo por fraude fiscal, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Estamos hablando de 21 acusados.
La celebración de este último juicio será el capítulo final de unos de los mayores escándalos que ha golpeado al PP. Tan duro que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez, una vez que se conoció la primera de las sentencias del caso, en 2018. La Audiencia juzga ahora las maniobras que realizaron Correa y su equipo para esconder en el extranjero el dinero que ganaron “por su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares”. El juez instructor cifró en 30.945.506,97 euros, con céntimos incluidos, las comisiones percibidas por “sus actividades presuntamente ilícitas”.
La Fiscalía pide para Correa 77 años de prisión. Este, que actualmente está en libertad, ya ha enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una nueva confesión para cumplir con el compromiso de que sigue colaborando con la justicia. Son solo tres páginas en las que menciona la cuenta ‘Soleado’, abierta en Suiza. “Quienes conocían perfectamente el origen ilícito de mi capital en el extranjero fueron Arturo Fasana y Dante Canonica”, señala Correa. Fasana y Canonica son dos reputados brókeres, famosos ya por ser los agentes y testaferros que gestionaron en Suiza los 65 millones que Juan Carlos I recibió de la monarquía de Arabia Saudí. Curiosamente, ninguno de los dos será juzgado.
Habrá que ver si Correa da detalles nuevos en el juicio o se limita a ratificar lo que averiguaron la Fiscalía y el juez instructor durante la investigación. Otro de los que ha presentado confesión es Pablo Crespo, máximo colaborador de Correa y que llegó a ser secretario de organización del PP gallego. “Como contraprestación con relación a mi participación en diversos negocios con el señor Correa, percepción de comisiones por adjudicaciones de obras y para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá”, admite Crespo. En resumen, la trama ganó tanto dinero armando contratos públicos y organizando eventos, que decidió esconderlo fuera de España. El culmen del despropósito es que Correa, empresario acaudalado durante años y con un alto nivel de vida, no llegó a presentar en años ninguna Declaración de la Renta.
Territorios ‘offshore’
La pregunta que se hacen los investigadores es si han descubierto
realmente todo el dinero que los procesados escondían en el extranjero. Muchas de las empresas que Correa y su gente creó en España tenían como accionistas “a compañías ubicadas en territorios ‘offshore’, si bien se interponen distintas entidades instrumentales ubicadas en países de la Unión Europea”. Por ejemplo, una empresa española tenía como accionista a otra en Portugal, esta a otra en Reino Unido, y esta última a otra en la Isla de Nevis, una isla caribeña considerada paraíso fiscal. Correa tenía la ayuda para configurar este entramado societario del abogado Luis de Miguel Pérez y del fiscalista Ramón Blanco Balín, que también serán juzgados.
Economista y asesor fiscal, Ramón Blanco Balín era el cerebro financiero de la trama, un experto en blanqueo de capitales.
Inspector de finanzas del Estado. Amigo de José María Aznar, con grandes contactos en el mundo empresarial. Su currículo es brillante. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorporó a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombró su segundo y en 2002 fue elegido consejero
delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer). También ha mandado a la Audiencia una confesión, asegurando que conoció a Correa a través de Alejandro Agag, yerno de Aznar, y que empezó a trabajar para ellos porque le “indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.
José Ramón Blanco Balín
Además, serán juzgados José Luis Izquierdo, el que fuera contable de la trama, y varios testaferros que ayudaron a
Correa a ocultar sus fondos, por ejemplo, en Panamá, EEUU (en Miami, Correa compró varios apartamentos) y las Islas Vírgenes Británicas. Izquierdo es un personaje peculiar. Por su cabeza pasaba el complejo entramado de apuntes, registros, entradas y salidas de la contabilidad de las principales empresas de la trama. Confesó cuando fue detenido que Correa le pidió “que cuando me
refiriera a él le llamara Don Vito”, como el capo de la película ‘El Padrino’.
José Luis Izquierdo fue arrestado la mañana del 6 de febrero de 2009 en unas oficinas de la calle Serrano, casi a la misma hora en la que su jefe Correa que era apresado a 640 kilómetros de distancia, en Sotogrande (Cádiz). Dos policías acompañaron a Izquierdo al garaje y registraron minuciosamente su Mercedes
C220, pero no encontraron nada. El siguiente destino fue la casa de Izquierdo, en el municipio madrileño de Coslada. Allí decomisaron un ordenador, pero les faltaba algo. Tras la vivienda, llegó el cacheo del propio Izquierdo. En uno de sus bolsillos, 65.000 euros en billetes de 500 euros. Pero tampoco era lo que buscaban.
Entonces uno de los policías notó que Izquierdo tenía cerrado el puño de la mano izquierda. Con fuerza. El agente miró a su compañero y sonrió. “Abra la mano, por favor”. La contabilidad de la caja ‘B’ de Correa acababa de ser descubierta oculta en un pequeño pen drive de color negro y 8 gigas de capacidad, y con ella, los secretos de la trama. “El puto pen drive, macho. Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo”, diría después Paco Correa en prisión a uno de sus abogados.
José Luis Izquierdo, el contable de la trama, en un momento de su declaración en otro juicio del caso Gürtel
También se sentarán en el banquillo de los acusados Antoine Sánchez, el primo de Correa, y el poderoso empresario José
Luis Ulibarri. Tiene el 50% de la televisión de Castilla y León y es propietario de varios medios en esa región, entre ellos ‘El Mundo de Castilla y León’ y varias cabeceras locales. Ya fue condenado en otra de las piezas del caso, y en este la Fiscalía pide para él 14 años de prisión, multas de 20 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. Los 11 juicios celebrados hasta la fecha sobre la trama Gürtel dejan ya casi un centenar de personas condenadas a penas de prisión. Una minuciosa radiografía de este listado deja claro que la Gürtel fagocitó como una hidra las entrañas del PP. Ya se ha acreditado, por ejemplo, que los populares manejaban una caja B con la que llegaron a financiar la reforma de su sede de la calle Génova. Entre los condenados populares están los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Ángel Sanchís; el exdiputado y exvicepresidente de Castilla y León Jesús Merino; el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que formó parte de los Gobiernos de Esperanza Aguirre.
Luis Bárcenas, extesorero del PP, a la salida de los juzgados, en una foto de archivo de 2015. (Europa Press)
La lista la completan diputados autonómicos como Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch; y exalcaldes de Alarcón) Arturo González Panero (Boadilla del Monte) y Ginés López (Arganda del Rey). Sin olvidar que el PP ha sido condenado ya en tres ocasiones a título lucrativo, es decir, por beneficiarse de los negocios ilícitos de la trama. La justicia es lenta pero inexorable. Esta pieza en concreto se abrió en agosto de 2008. Casi dos décadas después, la Audiencia podrá cerrar el telón de esta malograda película.
97