La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta ocho años y dos meses de cárcel a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en el marco de la pieza 6 del caso Púnica por llevar a cabo "prácticas corruptas", entre marzo de 2012 y octubre de 2014, para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
El principal condenado es el empresario y asesor comercial David Marjaliza, a quien la Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de cárcel por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales agravado y los delitos continuados de fraude a la Administración pública, prevaricación, continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, en relación de concurso ideal medial.
Eso sí, al igual que varios acusados, los magistrados de la Sección Primera le aplican las atenuantes de atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño.
En el caso de los alcaldes bajo cuyo mandato se adjudicaron los contratos de eficiencia energética objeto de enjuiciamiento, la Audiencia condena al exalcalde de Parla a José María Fraile Campos (PSOE) a dos años de cárcel como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, así como a otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias.
Para el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita (PP), se establece la pena de cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho. La misma condena ha recibido el exregidor de Villalba Agustín Juárez López de Coca (PP) como autor de un delito de fraude a la Administración Pública, un delito de prevaricación y un delito de cohecho, todos ellos en relación de concurso ideal medial, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas.
La sentencia condena igualmente a Daniel Ortiz Espejo (PP), exalcalde de Móstoles, a tres años de prisión como autor de un delito de cohecho y a 12 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de revelación de información reservada. Al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (perteneciente a la formación independiente UDMA, la Sala también le impone una pena de casi tres años de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias. Por último, Gonzalo Cubas (PP), exalcalde de Torrejón de Velasco, ha sido condenado a tres años de inhabilitación especial por delito de prevaricación.
Por el contrario, tras examinar la prueba, los magistrados absuelven de los delitos de los que estaban acusados a los exalcaldes de Almendralejo José García Lobato (PP) y de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (PP).
"Organización criminal con una planificación integral"
La sentencia también condena a penas de seis años y seis meses de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice y al director Comercial Constantino Álvarez por delitos de organización criminal y continuado de fraude a la Administración pública, continuado de prevaricación, continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, en relación de concurso ideal medial. Por los mismos delitos y por tráfico de influencias, el tribunal impone una pena de seis años y 11 meses al que fuera director Comercial de Cofely Pedro García Pérez.
Por su parte, la empresa Cofely, como persona jurídica, también sido condenada por delito continuado de cohecho a la pena de tres años y seis meses de multa con una cuota diaria de 2.500 euros por día y por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Parla a otros seis meses de multa con una cuota diaria de 2.500 euros al día, al tiempo que se le absuelve de blanqueo de capitales.
"En definitiva, lo que resulta de la valoración conjunta de la prueba practicada es que los empleados de Cofely implicados en estos hechos desarrollaron la mecánica delictiva involucrando a varios departamentos de la compañía durante tres años, sin que encontraran ninguna traba, al revelarse como ineficaces las medidas anticorrupción proclamadas formalmente pero que no se desarrollaron en orden a prevenir y detectar estas prácticas corruptas", subraya la resolución a la que ha tenido acceso este medio.
Y es que, según se extrae de la sentencia, entre marzo del 2012 a octubre del 2014, Cofely y Marjaliza, "con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron como una organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en los ayuntamientos que son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza al objeto de obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en dichas entidades locales, por lo que participaba en varios concursos a la vez, en los que ofrecía o aceptaba acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban".
El fallo relata cómo la "proximidad" de Pedro García con los alcaldes, concejales y técnicos permitió que Gaela Hamon, también condenada a cuatro años de prisión, "recibiera de la mano de aquel, informaciones previas como facturación de energía, datos de consumo, estado de las instalaciones, inventario de luminarias, meses antes de los anuncios de licitación de los concursos, disfrutando de un gran margen de tiempo para preparar la oferta de Cofely".
Los alcaldes minusvaloraban otras ofertas en "perjuicio de sus ayuntamientos"
En otro círculo de la organización estaban los negociadores David Marjaliza y Pedro García, en contacto directo con los alcaldes, ediles y técnicos que se avinieron a adjudicar a dicha empresa los contratos de eficiencia energética "a cambio de recibir dádivas". "Ambos acusados eran receptores directos de las informaciones necesarias para la confección de las ofertas de Cofely con ventaja sobre el resto de posibles compañías interesadas".
De igual forma, el Director General Didier Maurice tenía el "dominio definitivo" sobre la fijación de los precios por los que se iban a licitar los contratos, cuyos importes eran siempre muy superiores al resto de las compañías del sector. "Pese a su mayor cuantía, en muchas ocasiones sus precios eran aceptados por los acusados alcaldes y funcionarios, quienes aseguraban con distintos ardides que la adjudicación fuera a su favor en las condiciones que imponía Cofely, disuadiendo a otras compañías a concurrir por el excesivo importe de los requisitos de solvencia económica–financiera, solvencia técnica y años de experiencia, o la premura y limitados plazos para presentar la oferta".
De hecho, cuando se dio el caso de adjudicaciones en concurrencia con otras compañías, "los acusados alcaldes y ediles minusvaloraban a las otras ofertas, en perjuicio de sus ayuntamientos".
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