dilluns, 6 d’agost del 2018
Y ETA seguía asesinando cuando se hicieron estas declaraciones.. Si no hubiese habido "moción de censura" el PP habría acercado presos de ETA a Euskadi, porque era lo que habían pactado con el PNV para que le aprobasen los Presupuestos de 2.018
Carlos Romero
Y ETA seguía asesinando cuando se hicieron estas declaraciones.. Si no hubiese habido "moción de censura" el PP habría acercado presos de ETA a Euskadi, porque era lo que habían pactado con el PNV para que le aprobasen los Presupuestos de 2.018 y Santi Potros hubiese salido de la cárcel ayer, con Mariano Rajoy de presidente del gobierno, como estaba previsto.
La jueza del 'caso Máster' pide al Supremo que impute a Pablo Casado
La magistrada ha elevado una exposición razonada en la que reúne "indicios de responsabilidad penal" contra el presidente del PP
El Supremo es el único órgano judicial que puede citar como investigado a Casado dado que al ser diputado en el Congreso tiene condición de aforado
La investigación ha destapado que varios alumnos con el mismo expediente que Casado aprobaron sin ir a clase ni entregar trabajos
Marcos Pinheiro / Iñigo Aduriz
06/08/2018 - 10:30h
La jueza mantiene imputadas a tres alumnas que aprobaron el máster como Casado
MÁS INFO
La jueza pide a la Guardia Civil un informe sobre posibles enchufes de Casado y otros compañeros de máster
La jueza exige a los compañeros de Casado la documentación con la que aprobaron el máster
La jueza que investiga el caso Máster ha pedido al Tribunal Supremo que impute a Pablo Casado por cohecho impropio y prevaricación. Carmen Rodríguez-Medel ha elevado una exposición razonada en la que reúne los indicios contra el presidente del PP. El Alto Tribunal es el único órgano judicial que puede citar como investigado al presidente del PP dado que al ser diputado en el Congreso tiene condición de aforado.
En su auto, la magistrada recuerda que ha continuado practicando hasta el día de hoy diligencias de investigación en la pieza concerniente a Casado, "intentando agotar la instrucción en todo aquello que no causase indefensión al aforado, de modo que, en aplicación de la doctrina citada del Alto Tribunal, sólo cuando ya no es posible continuarla se eleva Exposición Motivada".
"De este modo, entendiendo esta magistrada que está agotada la instrucción en todo aquello que no implica actuaciones procesales a realizar con el aforado, siendo necesario garantizar sus derechos de conformidad con lo previsto en el artículo 118 LECrim, procede elevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo Exposición Motivada al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa en esta pieza C podría corresponder a ese Alto Tribunal en relación con la indiciaria responsabilidad penal de don P.C.B, Diputado por el Partido Popular en el Congreso de los diputados", añade.
El líder del PP se matriculó en un máster de derecho en el que le convalidaron 18 de 22 asignaturas por haber cursado Derecho. Para las cuatro asignaturas restantes entregó cuatro trabajos que en total suman 92 páginas. Lo hizo sin hablar con ningún profesor, con las únicas indicaciones de Enrique Álvarez Conde. Era con quien trataba y a quien enviaba los trabajos.
Tres alumnas ya imputadas
Durante la semana pasada, la jueza celebró los interrogatorios clave para determinar si había delito en el máster de Casado. Así ha comprobado que tres compañeras de Casado, con un expediente calcado al suyo, aprobaron sin ir a clase. Una ha reconocido que ni siquiera entregó trabajos, mientras que las otras dos han sido incapaces de demostrarlo. No han aportado un solo documento que demuestre que cursaron el título que obtuvieron.
Dos de esas alumnas tienen vínculos con el PP. Alida Mas Taberner era alto cargo de la Generalitat valenciana y María Mateo Feito es hija de una exasesora del Gobierno de Cifuentes y trabajó en el Ministerio de Empleo durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La tercera, María Dolores Cancio, era becaria del catedrático Enrique Álvarez Conde, el responsable del máster.
En su declaración aseguro que fue este profesor quien le recomendó matricularse para acceder al doctorado. Le dijo qué asignaturas convalidar, le dio permiso para no ir a clase y ni siquiera le exigió que entregase nada para obtener el título. Según resumieron algunos abogados al término de la declaración, vino a decir que le regalaron el máster. Fuentes jurídicas confirman que es la impresión que le quedó a la jueza después de escucharla.
https://www.eldiario.es/politica/Master-Supremo-impute-Pablo-Casado_0_798970816.html
Pedro Sánchez echa raíces en el gobierno
Matías Vallés 05.08.2018 | 05:00
Pedro Sánchez ha efectuado un dilatado balance de sus primeros sesenta días al frente del ejecutivo, equivalentes a mil días en las legislaturas canónicas. Es lícito trasladar la comparecencia de fin de curso a los dudosos trabajos de fin de máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, con la particularidad de que el presidente del Gobierno se puntuaba a sí mismo.
Bajo esta premisa, a nadie puede sorprender que el presidente considere superado su máster en La Moncloa, desde el discutible veredicto de que «los ciudadanos se reconocen en su Gobierno». También aquí, su ventaja se debe a que la piedra de toque es Rajoy, así cualquiera. Sánchez padece ya la incipiente tentación cesarista de acaparar el protagonismo y eclipsar a los ministros, astronautas o no.
El humilde aprobado se le queda corto a Sánchez, que se atribuye la calificación cum laude por haber propiciado un «cambio de época». Algún asesor anglohablante ha traducido verbátim el epochal change inglés, una forma grandilocuente de sortear el sobado histórico. Al margen de la autoevaluación radiante, el presidente aspiraba a la cotidianeidad, a transmitir la sensación de que echa raíces en el Gobierno, por citar la palabra mayúscula que golpeó en decenas de ocasiones durante su intervención.
Al anudarse continuamente al «Gobierno», su presidente no solo confirma que soñaba con el puesto, sino que lo veía inalcanzable.
Pretende un Ejecutivo aséptico, por lo que evitaba las referencias al PSOE de los raquíticos 84 diputados. Al distanciarse del partidismo para ejercitar la navegación unipersonal, no se proclama tanto una figura mesiánica como tecnocrática, un líder de consenso para una encrucijada. Si la adscripción neutral parece exagerada, baste recordar que Sánchez ni siquiera es diputado, un distanciamiento inseparable de las figuras sin filiación partidista. De hecho, la inmensa mayoría de su grupo socialista posee el dudoso honor de haberle votado con el mismo entusiasmo que habían mostrado antes al apoyar a Rajoy. El Gobierno de todos y para todos apunta a una curiosa tentación populista, al despegar el poder político de los partidos que la Constitución considera indispensables para vehicularlo. Es comprensible que Podemos, dotado todavía de los escaños indispensables para que la suma con el PSOE supere al PP, tenga la sensación de que Sánchez es el caballo de Troya. Ante las vacaciones, el presidente dio muestras de confiar en sí mismo por encima de una formación que le ha proporcionado más de un disgusto, y que todavía lo mira de forma extraña.
Tal vez Sánchez ha demostrado que gobernar es más fácil de lo que parece, si puedes lograrlo sin el concurso de tres de cada cuatro diputados del Congreso. También ayuda presentarse ante los medios sin plasma, y al día siguiente de salir a hombros en el barómetro del CIS. Durante una década, el Centro de Investigaciones Sociológicas mantuvo imperturbable la llama de un dominio del PP en los sondeos. Dos meses después de la moción de censura, los populares casi se hunden a la tercera posición. Habrán cambiado de métodos científicos, o por lo menos de encuestados.
Aparte de deslindar si los excelentes resultados deben atribuirse a méritos del presidente del Gobierno o de Tezanos, la clave no radica en la primera plaza del PSOE en el barómetro. El CIS no coloca a Sánchez en la cúspide, sino en el centro del tablero. Los socialistas se erigen en la opción menos odiada entre la sopa de siglas. Pese a las acusaciones de radicalismo, los encuestados sitúan al socialismo más cerca de la utopía del centro que cualquier otra formación. Por si esto fuera poco, el partido en La Moncloa articula un juego a tres bandas. Puede enfocar su consolidación hacia la izquierda auténtica, la derecha de ciudadanos o el nacionalismo. Los resultados consignados en este párrafo ganan en prestancia porque son mas difíciles de cocinar que la veleidosa intención de voto.
Sánchez gana al compararlo. Mientras el PSOE navega por el centro, aunque sea sumergido, el PP se percibe más escorado hacia la derecha que Podemos hacia la izquierda. Un resultado curioso, dado que Pablo Casado pretende excavar hacia un extremo que su partido ya controla. Algún asesor debería recordarle que, según la misma encuesta del CIS en un dato difícil de manipular, tres de cada cinco españoles juran que en ningún caso votarían a los populares. Puede que exageren, pero sorprende su determinación. En fin, Sánchez se atrevió incluso a predicar sobre energías renovables, ese punto en que un líder político considera que puede colar el tópico más inverosímil.
https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2018/08/05/pedro-sanchez-echa-raices-gobierno/1024812.html
A les Coves, tal dia com avui del 2016 els covarxins teniem el programa de festes a casa, l´alcaldessa amenaçava amb treure la temible pala grossa i el PSPV portavem dos mesos fent cua per ser rebuts per la sra. Nos(dos anys i dos mesos després seguim esperant turno)
6 de agosto de 2016 a las 10:51
" Fa dos mesos que esperem que, en resposta a la nostra sol·licitud per escrit, la Sra. alcaldessa ens done dia i hora per a entrevistar-nos amb ella i l´Equip de Govern perquè en assabenten de com van els temes municipals més rellevants."
Comunicat de l´executiva Local del PSPV-PSOE
Després d´haver llegit al Programa de Festes la Salutació de l´alcaldessa, Sra. Mónica Nos, l´Agrupació Local Socialista de les Coves ens sentim obligats, per la part de responsabilitat que ens pertoca, a demanar disculpes per aquesta ofensa que, en el tercer paràgraf de la susdita Salutació, ha fet a tots els alcaldes/sses i regidors/res que han tingut responsabilitats a l’hora d’administrar l’Ajuntament i, per extensió, el municipi de les Coves. Aquesta agrupació no comparteix, en absolut, la comparació que aquesta senyora fa sobre el nostre ajuntament/municipi en etiquetar-lo de «bancal erm» que s’ha trobat i que, gràcies a ella, s’està posant en productivitat amb llaurades de «pala grossa», extracció de «pedra» i passada de «cultivador». Pensem que aquest desafortunat paràgraf sols és producte d’una personalitat adàmica, que no comprén que abans d’ella hi ha hagut altres persones, siguen del partit que siguen, que han dedicat hores i esforços a conrear el seu/nostre municipi de la millor manera que han sabut, algunes vegades amb errors i altres amb encerts, perquè tots/totes sóm humans/nes.
Dels comentaris apuntats en el tercer paràgraf de la Salutació, el que sí és cert és que al nostre Ajuntament, com ben bé diu l’alcaldessa, ha estat passada la «pala grossa» que, a dia d´avui, s’ha emportat l´advocada urbanista que tenia contratada l’anterior corporació i que tan bona funció ens va fer en aturar els residus del complicat poligon industrial. També s’ha emportat i ha posat a l’atur dos empleats municipals; un tercer se n’ha anat per voluntat pròpia (pensem que, possiblement, per la proximitat de la «pala grossa»). Les comissions participatives han parat fora del bancal; han deixat el càrrec tres regidors electes, i tres altres membres de la llista no han acceptat compartir alcaldia amb la conductora del «cultivador» . (Clar, vista la manera de treballar amb «pala grossa»… qualsevol s’hi fica.)
Això sí, del que s´ha pogut sembrar i adobar, ni nosaltres (l’Agrupació Local dels socialistes) ni la majoria de la gent del poble en sabem res. Fa dos mesos que esperem que, en resposta a la nostra sol·licitud per escrit, la Sra. alcaldessa ens done dia i hora per a entrevistar-nos amb ella i l´Equip de Govern perquè en assabenten de com van els temes municipals més rellevants. Continuarem esperant, perquè pareix que las cosas de palacio van despacio; i, mentrestant, a veure si a qui li toca i per la part de responsabilitat que té es disculpa d’aquest despropòsit.
L’Executiva Local del PSPV-PSOE
diumenge, 5 d’agost del 2018
El dia de la Mare de Deu, Albocàsser ens solidaritzarem en els xiques les dones i els homes que patissen les injustícies de les guerres al mon
Tere Boix Ferrando
El dia de la Mare de Deu, Albocàsser ens solidaritzarem en els xiques les dones i els homes que patissen les injustícies de les guerres al mon.
MARENOSTRUM un acte on junts cantarem a la llibertat dels pobles i els donarem la ma de tot cor
El projecte solidari MARENOSTRUM naix de les inquietuds socio culturals que cada any transmitim en el dia de la festa major d'Albocàsser .
Som un equip de xiquets homes i dones que moguts pel drama de les guerres i de les persones que les patissen, volem
aportar el nostre granet de sorra fent que en una nit simbòlica un poble ens unim a la causa en record, sentiments i ajuda.
La mala pata de otro caso aislado:Los pinchazos de la Operación Enredadera, "Hasta que nos metan en la cárcel nos vamos a reír un montón"
Los imputados estaban organizados para amañar concursos públicos comprando voluntades de políticos y funcionarios
El empresario José Luis Ulibarri, cabecilla de la trama según la investigación, intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja"
Laura Cornejo
04/08/2018 - 20:16h
José Luis Ulibarri (EFE)
MÁS INFO
Manuel Campo Vidal llamó a la mano derecha de Ulibarri para saber por qué había cobrado 100.000 euros
Los dos cargos de Ciudadanos en León imputados pedían 20.000 euros por sus gestiones para la trama 'Enredadera'
Los hombres de Ulibarri en los medios: cómo sacar más dinero público a los políticos
Los pinchazos telefónicos autorizados por el juez de la Operación Enredadera son una pieza básica en la causa. Fundamentalmente demuestran que los imputados estaban organizados para amañar concursos públicos comprando voluntades de políticos y funcionarios, pero es que además denotan la impunidad que creían tener, el poder que ostentaban, y la presión que hacían a través de los medios de comunicación del cabecilla, José Luis Ulibarri, y su socio, Ángel Luis García 'El patatero'.
El poder de Ulibarri
Prácticamente desde el inicio de la investigación, la Udef situó a José Luis Ulibarri en el nivel superior de la organización. Las escuchas dejaban claro que era él quién tenía la influencia y el poder, y según colaboradores "más peligro que una caja bomba", "ese levanta las gafas y...", comentaban. Los agentes centraban su poder en sus amistades políticas y en los medios de comunicación de su propiedad, y sus colaboradores tenían en cuenta además su participación en la trama Gürtel. En una conversación, Ángel Luis García indica a un posible socio que busque en internet quien es José Luis Ulibarri "dueño de El País en Castilla y León" (en realidad era socio de la cabecera de El Mundo).
Los políticos que entran a formar parte de la trama, facilitando pliegos o convenciendo a otros para que lo hagan, intentan siempre paralizar cualquier información negativa sobre ellos en los medios de Ulibarri. Es el caso del alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, que teme que el director de Diario El Mundo de Valladolid, Pablo Lago, saque "algún artículo" por haber prescindido de un histórico del PSOE en León, Tino González. Como le explica El Patatero, Llamas teme que González "muera matando". Ulibarri pide que le transmita el mensaje de que "esté tranquilo".
Miedo a 'Dios'
También en esas grabaciones queda clarísimo el miedo reverencial a José Luis Ulibarri: en una conversación entre del delegado de Gespol en Catalunya, José Alberto Bueno, y el delegado de la zona centro, Roberto Legazpi, tratan el posible amaño del concurso del tráfico en Palencia. Legazpi, dice haber recibido la llamada de 'Dios' para saber si tienen a alguien en ese Ayuntamiento. "Entonces me pregunta, Dios claro, Dios habla con sus homólogos, si esa concejala, esa concejala de mierda de Palencia, que no sabe como se llama, si tendríamos, si tendríamos todo su apoyo, vale, entonces le he dicho, hombre entiendo que sí, digo con Paloma sé que está muy bien con Jose Alberto y tal, dice no tendríamos su apoyo, sí vale perfecto, tenemos su apoyo". Pero Bueno duda, y Legazpi teme haber metido la pata: "No jodas tú, es que tira un trueno y me mata, no me jodas que no lo sabes, le he dicho a Dios que sí".
A lo largo de más de un año de pinchazos, con excepción de Ulibarri y su mano derecha, Miguel Manovel, los investigados hacen todo tipo de bromas jocosas sobre la jerarquía establecida y también sobre su conducta delictiva. En una de las conversaciones, Roberto Legazpi se ríe con su compañero Bueno después de haber comentado como inflar costes en los contratos. "Esto es alucinante, hasta que nos metan en la cárcel, nos vamos a reír un montón", dice entre risas.
A su vez, José Alberto Bueno, que llega a visitar el Ayuntamiento de León entrando por una puerta trasera, subiendo hasta la sexta planta en un ascensor con llave y sin que quede constancia del acceso, comenta al acabar la reunión con dos concejales que uno de ellos le ha despedido "entre lágrimas" y que le va a "chupar la polla".
También se refieren a socios y rivales como "mafiosos". Así describen a un empresario de la competencia, el presidente de Aceinsa. "Es mafioso, mírate internet, quién es...un mafioso, es un prenda, otro prenda". "De los que últimamente tenemos varios, pues otra prensa de esa línea". A pesar de su opinión, Legazpi se reunió con él para ofrecerle concurrir juntos a concursos. Cuando comenta la reunión con Bueno dice: "Este es el típico que eso (risas) ya está ¿sabes?. Bueno le responde que "como el de gafas (Ulibarri), pero Legazpi precisa: "A menos escala porque el de gafas es mucho más. Pasa que el de gafas vende de todo y hace de todo y está en todos los sitios".
Ilegalidades camufladas
Miguel Manovel, que hace llamadas muy prácticas, siempre encaminadas a resolver problemas, comenta en una de ellas que para el contrato de Arroyomolinos, la sociedad que usan tiene que certificar estar al día con Hacienda. En el caso de Utebo es imposible porque no tiene ni una sola persona dada de alta. La solución que da es traspasar el alta de un trabajador que tiene en otra sociedad.
Cohechos y sobornos
A lo largo de todo el sumario aparecen referencias a pagos y regalos que se hace a funcionarios y políticos. Es especialmente reveladora la reacción de Ángel Luis García cuando sabe que ha quedado fuera de una adjudicación en Oviedo. Monta en cólera porque ha estado dos años en contacto con el jefe de la Policía Local y cree que le ha traicionado: "Dos años pagándole todo, pagándole el palco (del estadio) y me trata así", estalla. En pleno enfado incluso amenaza con acudir a un juzgado a denunciar los hechos.
Indiscreciones telefónicas
Mientras que los hombres de Gespol intentan hablar en clave y se refieren a Ulibarri como 'Dios', ' el de las gafas', ' el de eurovisión' o 'el jefe', su socio El Patatero saca de quicio a estos por su manía de "decir apellidos", "qué puta manía", comentan. Ulibarri también intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja", "no me cuentes nada, no me cuentes nada", advierte en varias ocasiones. Su discreción es tal, que los investigadores van descubriendo que tiene más teléfonos que el que pinchan al inicio y un Ipad en el que consume 11 gigas en 10 días, lo que les lleva a pensar que usa este dispositivo para recibir correos sobre sus negocios ilegales.
También es discreto Sadat Maraña, el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, que usa su teléfono móvil sin ser muy explícito, pero sobre todo el de su novia. Para hablar con Legazpi, dice este en una de sus escuchas, siempre le llama desde un locutorio, nunca desde su teléfono.
El empresario José Luis Ulibarri, cabecilla de la trama según la investigación, intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja"
Laura Cornejo
04/08/2018 - 20:16h
José Luis Ulibarri (EFE)
MÁS INFO
Manuel Campo Vidal llamó a la mano derecha de Ulibarri para saber por qué había cobrado 100.000 euros
Los dos cargos de Ciudadanos en León imputados pedían 20.000 euros por sus gestiones para la trama 'Enredadera'
Los hombres de Ulibarri en los medios: cómo sacar más dinero público a los políticos
Los pinchazos telefónicos autorizados por el juez de la Operación Enredadera son una pieza básica en la causa. Fundamentalmente demuestran que los imputados estaban organizados para amañar concursos públicos comprando voluntades de políticos y funcionarios, pero es que además denotan la impunidad que creían tener, el poder que ostentaban, y la presión que hacían a través de los medios de comunicación del cabecilla, José Luis Ulibarri, y su socio, Ángel Luis García 'El patatero'.
El poder de Ulibarri
Prácticamente desde el inicio de la investigación, la Udef situó a José Luis Ulibarri en el nivel superior de la organización. Las escuchas dejaban claro que era él quién tenía la influencia y el poder, y según colaboradores "más peligro que una caja bomba", "ese levanta las gafas y...", comentaban. Los agentes centraban su poder en sus amistades políticas y en los medios de comunicación de su propiedad, y sus colaboradores tenían en cuenta además su participación en la trama Gürtel. En una conversación, Ángel Luis García indica a un posible socio que busque en internet quien es José Luis Ulibarri "dueño de El País en Castilla y León" (en realidad era socio de la cabecera de El Mundo).
Los políticos que entran a formar parte de la trama, facilitando pliegos o convenciendo a otros para que lo hagan, intentan siempre paralizar cualquier información negativa sobre ellos en los medios de Ulibarri. Es el caso del alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, que teme que el director de Diario El Mundo de Valladolid, Pablo Lago, saque "algún artículo" por haber prescindido de un histórico del PSOE en León, Tino González. Como le explica El Patatero, Llamas teme que González "muera matando". Ulibarri pide que le transmita el mensaje de que "esté tranquilo".
Miedo a 'Dios'
También en esas grabaciones queda clarísimo el miedo reverencial a José Luis Ulibarri: en una conversación entre del delegado de Gespol en Catalunya, José Alberto Bueno, y el delegado de la zona centro, Roberto Legazpi, tratan el posible amaño del concurso del tráfico en Palencia. Legazpi, dice haber recibido la llamada de 'Dios' para saber si tienen a alguien en ese Ayuntamiento. "Entonces me pregunta, Dios claro, Dios habla con sus homólogos, si esa concejala, esa concejala de mierda de Palencia, que no sabe como se llama, si tendríamos, si tendríamos todo su apoyo, vale, entonces le he dicho, hombre entiendo que sí, digo con Paloma sé que está muy bien con Jose Alberto y tal, dice no tendríamos su apoyo, sí vale perfecto, tenemos su apoyo". Pero Bueno duda, y Legazpi teme haber metido la pata: "No jodas tú, es que tira un trueno y me mata, no me jodas que no lo sabes, le he dicho a Dios que sí".
A lo largo de más de un año de pinchazos, con excepción de Ulibarri y su mano derecha, Miguel Manovel, los investigados hacen todo tipo de bromas jocosas sobre la jerarquía establecida y también sobre su conducta delictiva. En una de las conversaciones, Roberto Legazpi se ríe con su compañero Bueno después de haber comentado como inflar costes en los contratos. "Esto es alucinante, hasta que nos metan en la cárcel, nos vamos a reír un montón", dice entre risas.
A su vez, José Alberto Bueno, que llega a visitar el Ayuntamiento de León entrando por una puerta trasera, subiendo hasta la sexta planta en un ascensor con llave y sin que quede constancia del acceso, comenta al acabar la reunión con dos concejales que uno de ellos le ha despedido "entre lágrimas" y que le va a "chupar la polla".
También se refieren a socios y rivales como "mafiosos". Así describen a un empresario de la competencia, el presidente de Aceinsa. "Es mafioso, mírate internet, quién es...un mafioso, es un prenda, otro prenda". "De los que últimamente tenemos varios, pues otra prensa de esa línea". A pesar de su opinión, Legazpi se reunió con él para ofrecerle concurrir juntos a concursos. Cuando comenta la reunión con Bueno dice: "Este es el típico que eso (risas) ya está ¿sabes?. Bueno le responde que "como el de gafas (Ulibarri), pero Legazpi precisa: "A menos escala porque el de gafas es mucho más. Pasa que el de gafas vende de todo y hace de todo y está en todos los sitios".
Ilegalidades camufladas
Miguel Manovel, que hace llamadas muy prácticas, siempre encaminadas a resolver problemas, comenta en una de ellas que para el contrato de Arroyomolinos, la sociedad que usan tiene que certificar estar al día con Hacienda. En el caso de Utebo es imposible porque no tiene ni una sola persona dada de alta. La solución que da es traspasar el alta de un trabajador que tiene en otra sociedad.
Cohechos y sobornos
A lo largo de todo el sumario aparecen referencias a pagos y regalos que se hace a funcionarios y políticos. Es especialmente reveladora la reacción de Ángel Luis García cuando sabe que ha quedado fuera de una adjudicación en Oviedo. Monta en cólera porque ha estado dos años en contacto con el jefe de la Policía Local y cree que le ha traicionado: "Dos años pagándole todo, pagándole el palco (del estadio) y me trata así", estalla. En pleno enfado incluso amenaza con acudir a un juzgado a denunciar los hechos.
Indiscreciones telefónicas
Mientras que los hombres de Gespol intentan hablar en clave y se refieren a Ulibarri como 'Dios', ' el de las gafas', ' el de eurovisión' o 'el jefe', su socio El Patatero saca de quicio a estos por su manía de "decir apellidos", "qué puta manía", comentan. Ulibarri también intenta ser discreto y lo hace bajo una máxima: "por teléfono, ni una paja", "no me cuentes nada, no me cuentes nada", advierte en varias ocasiones. Su discreción es tal, que los investigadores van descubriendo que tiene más teléfonos que el que pinchan al inicio y un Ipad en el que consume 11 gigas en 10 días, lo que les lleva a pensar que usa este dispositivo para recibir correos sobre sus negocios ilegales.
También es discreto Sadat Maraña, el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, que usa su teléfono móvil sin ser muy explícito, pero sobre todo el de su novia. Para hablar con Legazpi, dice este en una de sus escuchas, siempre le llama desde un locutorio, nunca desde su teléfono.
El PP considera que sus estatutos no obligarían a Pablo Casado a dimitir si es imputado por su máster
Las normas internas contemplan la apertura de un expediente informativo para los dirigentes que hayan sido citados a declarar como investigados
Los estatutos solo establecen la suspensión de afiliación cuando se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción
Iñigo Aduriz
04/08/2018 - 20:15h
El presidente del PP, Pablo Casado. EFE
Los avances de la investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre las supuestas irregularidades del Máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que Pablo Casado cursó entre 2008 y 2009, están complicando el horizonte político del líder del PP. Esta misma semana, una de las alumnas que tiene un expediente calcado al del presidente de los conservadores confesaba ante la magistrada que se sacó el título sin hacer nada, ya que ni fue a clase ni entregó trabajos.
Tanto ella como las otras dos compañeras de Casado con idéntico expediente que también declaraban ante la jueza salían de los juzgados imputadas por prevaricación, incrementando las opciones de que la jueza solicite al Tribunal Supremo –único órgano judicial competente para investigar a Casado, dada su condición de aforado– que también impute al presidente del PP en las próximas semanas.
Si finalmente llega a producirse esa imputación, los conservadores no creen que su presidente tenga que dejar su cargo. Fuentes de la dirección nacional del partido explican a eldiario.es que los estatutos de la formación conservadora "no obligan" a ninguno de sus cargos a dimitir si un tribunal les cita a declarar como investigados.
Las normas internas se limitan a establecer que cuando "se tenga conocimiento" de que alguno de sus dirigentes "ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial", el Comité de Derechos y Garantías del partido "procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente".
"La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial", añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.
El Comité de Derechos y Garantías
No obstante, antes de tomar posesión de su cargo Casado tuvo que dejar claro por escrito su compromiso de comunicar a la dirección del PP "la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
Los estatutos tan solo establecen la suspensión provisional de afiliación, que "será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías", cuando "un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".
Asimismo, en los casos "de delitos flagrantes de corrupción", el Comité de Derechos y Garantías Nacional, "a la vista de la gravedad de los hechos", podrá determinar "la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Se decretará el archivo del expediente disciplinario "en el momento en el que recaiga sentencia absolutoria, aunque no sea firme, auto de sobreseimiento o el expedientado quede excluido de la investigación judicial".
Pérdida de condición de afiliado
Los estatutos también contemplan la extinción de la condición de afiliado para quien sea condenado "por un delito mediante sentencia judicial firme previo informe del Comité de Derechos y Garantías y atendiendo a la gravedad del delito". Y consideran como una "infracción muy grave" la condena por un delito "que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" del partido.
La sanción de esa infracción muy grave va desde la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo o directamente la expulsión del PP.
https://www.eldiario.es/politica/PP-considera-estatutos-obligarian-Casado_0_799670695.html
Los estatutos solo establecen la suspensión de afiliación cuando se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción
Iñigo Aduriz
04/08/2018 - 20:15h
El presidente del PP, Pablo Casado. EFE
Los avances de la investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre las supuestas irregularidades del Máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que Pablo Casado cursó entre 2008 y 2009, están complicando el horizonte político del líder del PP. Esta misma semana, una de las alumnas que tiene un expediente calcado al del presidente de los conservadores confesaba ante la magistrada que se sacó el título sin hacer nada, ya que ni fue a clase ni entregó trabajos.
Tanto ella como las otras dos compañeras de Casado con idéntico expediente que también declaraban ante la jueza salían de los juzgados imputadas por prevaricación, incrementando las opciones de que la jueza solicite al Tribunal Supremo –único órgano judicial competente para investigar a Casado, dada su condición de aforado– que también impute al presidente del PP en las próximas semanas.
Si finalmente llega a producirse esa imputación, los conservadores no creen que su presidente tenga que dejar su cargo. Fuentes de la dirección nacional del partido explican a eldiario.es que los estatutos de la formación conservadora "no obligan" a ninguno de sus cargos a dimitir si un tribunal les cita a declarar como investigados.
Las normas internas se limitan a establecer que cuando "se tenga conocimiento" de que alguno de sus dirigentes "ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial", el Comité de Derechos y Garantías del partido "procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente".
"La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial", añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.
El Comité de Derechos y Garantías
No obstante, antes de tomar posesión de su cargo Casado tuvo que dejar claro por escrito su compromiso de comunicar a la dirección del PP "la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
Los estatutos tan solo establecen la suspensión provisional de afiliación, que "será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías", cuando "un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".
Asimismo, en los casos "de delitos flagrantes de corrupción", el Comité de Derechos y Garantías Nacional, "a la vista de la gravedad de los hechos", podrá determinar "la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Se decretará el archivo del expediente disciplinario "en el momento en el que recaiga sentencia absolutoria, aunque no sea firme, auto de sobreseimiento o el expedientado quede excluido de la investigación judicial".
Pérdida de condición de afiliado
Los estatutos también contemplan la extinción de la condición de afiliado para quien sea condenado "por un delito mediante sentencia judicial firme previo informe del Comité de Derechos y Garantías y atendiendo a la gravedad del delito". Y consideran como una "infracción muy grave" la condena por un delito "que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" del partido.
La sanción de esa infracción muy grave va desde la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo o directamente la expulsión del PP.
https://www.eldiario.es/politica/PP-considera-estatutos-obligarian-Casado_0_799670695.html
Otro presunto caso aislado:La jueza investiga un quebranto al Consell de 3 millones de una empresa creada por Blasco
La Generalitat denunció en Anticorrupción tras descubrir múltiples irregularidades y perdió un solar en Alaquàs para vivienda protegida
Ramón Ferrando | València 05.08.2018 | 01:01
La jueza investiga un quebranto al Consell de 3 millones de una empresa creada por Blasco
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto una investigación para aclarar un presunto quebranto económico de cerca de tres millones de euros de una empresa creada por Rafael Blasco durante su paso por la Conselleria de Ordenación del Territorio y Vivienda. El Consell de Ximo Puig descubrió múltiples irregularidades en la gestión de la empresa mixta dependiente del Ivvsa «Desarrollos Urbanos para la vivienda Protegida S.L.» (DUPV) y llevó en 2016 el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal remitió el asunto al juzgado y la juez ha abierto diligencias previas al apreciar indicios de delito. La Generalitat se va a personar como acusación.
Según el relato de la denuncia que ahora investiga el juzgado, Desarrollos Urbanos para la Vivienda Protegida compró un solar en Alaquàs del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) sin desembolsar un euro, repartió dinero a manos llenas en contratos con empresas afines y familiares de los promotores privados, y nunca puso un ladrillo en el solar.
Las irregularidades que ahora va a investigar la magistrada parten desde el mismo momento en el que en 2004 el Ivvsa convocó a «empresas interesadas» en aportar suelo para construir viviendas en Orpesa, Vinaròs, El Puig, Massalfassar, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Catarroja y Vila-real y dio un plazo de 7 días para presentarse.
Ninguna de las compañías presentadas acreditó ser propietaria del suelo (debían aportar al menos el 25 %), pero el Ivvsa resolvió a favor de Urbana Ducat que controlaba el 51 % de la empresa mixta junto a otras dos firmas y la Generalitat se quedó con el 49 % restante. La firma mixta DUPV tenía a Rafael Blasco como presidente del consejo de administración y a Andrés Selma como secretario y miembro del consejo. Según denuncia el Consell, la celeridad y falta de transparencia en el procedimiento de selección de las empresas llegó a tal punto que tan solo transcurrieron 16 días entre el anuncio del DOCV y la firma de la escritura de constitución de la sociedad.
En 2006, el Ivvsa vendió a DUPV por tres millones de euros (pagados con un crédito puente) un solar de 6.000 metros cuadrados de su propiedad en Alaquàs sin el preceptivo trámite de publicidad y concurrencia por lo que no quedó garantizado que el precio se ajustaba «al valor de mercado».
Además, y con el objetivo de poder obtener el aval público de distintas operaciones crediticias a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat vendió al Ivvsa un 2 %. Con la adquisición de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat pasó a ser el accionista mayoritario (con el 51 %) con todas las obligaciones que ello comportaba.
Informe de la Intervención
Un informe emitido en 2015 por la Intervención de la Generalitat reveló que la empresa mixta no tuvo en ningún momento ni medios materiales ni personal propio y que toda la actividad la realizó el socio privado externo. Según la Intervención, no consta que ni el Ivvsa ni la Generalitat hubiesen realizado algún tipo de control. Además, se descubrió «lazos de parentesco» entre los administradores y propietarios de todas las mercantiles que habían participado desde el primer momento como socios. Es decir, que las empresas privadas de la sociedad presuntamente adjudicaban los trabajos a firmas con las que tenían vinculaciones.
La denuncia que presentó el Consell ante la Fiscalía incluyó a todos los equipos de Vivienda del PP. Aunque en ese momento la conselleria puntualizó que la identidad de los posibles responsables públicos tenía que ser determinada por el juzgado, estimó «prudente apuntar la identidad de quienes han sido en cada momento los representantes de la Generalitat a través del Ivvsa. El largo listado incluía nombres como el de Rafael Blasco, Esteban González Pons, María Ángeles Ureña y el fallecido José Ramón García Antón.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/08/05/jueza-investiga-quebranto-consell-3/1753114.html
Ramón Ferrando | València 05.08.2018 | 01:01
La jueza investiga un quebranto al Consell de 3 millones de una empresa creada por Blasco
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto una investigación para aclarar un presunto quebranto económico de cerca de tres millones de euros de una empresa creada por Rafael Blasco durante su paso por la Conselleria de Ordenación del Territorio y Vivienda. El Consell de Ximo Puig descubrió múltiples irregularidades en la gestión de la empresa mixta dependiente del Ivvsa «Desarrollos Urbanos para la vivienda Protegida S.L.» (DUPV) y llevó en 2016 el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal remitió el asunto al juzgado y la juez ha abierto diligencias previas al apreciar indicios de delito. La Generalitat se va a personar como acusación.
Según el relato de la denuncia que ahora investiga el juzgado, Desarrollos Urbanos para la Vivienda Protegida compró un solar en Alaquàs del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) sin desembolsar un euro, repartió dinero a manos llenas en contratos con empresas afines y familiares de los promotores privados, y nunca puso un ladrillo en el solar.
Las irregularidades que ahora va a investigar la magistrada parten desde el mismo momento en el que en 2004 el Ivvsa convocó a «empresas interesadas» en aportar suelo para construir viviendas en Orpesa, Vinaròs, El Puig, Massalfassar, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Catarroja y Vila-real y dio un plazo de 7 días para presentarse.
Ninguna de las compañías presentadas acreditó ser propietaria del suelo (debían aportar al menos el 25 %), pero el Ivvsa resolvió a favor de Urbana Ducat que controlaba el 51 % de la empresa mixta junto a otras dos firmas y la Generalitat se quedó con el 49 % restante. La firma mixta DUPV tenía a Rafael Blasco como presidente del consejo de administración y a Andrés Selma como secretario y miembro del consejo. Según denuncia el Consell, la celeridad y falta de transparencia en el procedimiento de selección de las empresas llegó a tal punto que tan solo transcurrieron 16 días entre el anuncio del DOCV y la firma de la escritura de constitución de la sociedad.
En 2006, el Ivvsa vendió a DUPV por tres millones de euros (pagados con un crédito puente) un solar de 6.000 metros cuadrados de su propiedad en Alaquàs sin el preceptivo trámite de publicidad y concurrencia por lo que no quedó garantizado que el precio se ajustaba «al valor de mercado».
Además, y con el objetivo de poder obtener el aval público de distintas operaciones crediticias a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat vendió al Ivvsa un 2 %. Con la adquisición de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat pasó a ser el accionista mayoritario (con el 51 %) con todas las obligaciones que ello comportaba.
Informe de la Intervención
Un informe emitido en 2015 por la Intervención de la Generalitat reveló que la empresa mixta no tuvo en ningún momento ni medios materiales ni personal propio y que toda la actividad la realizó el socio privado externo. Según la Intervención, no consta que ni el Ivvsa ni la Generalitat hubiesen realizado algún tipo de control. Además, se descubrió «lazos de parentesco» entre los administradores y propietarios de todas las mercantiles que habían participado desde el primer momento como socios. Es decir, que las empresas privadas de la sociedad presuntamente adjudicaban los trabajos a firmas con las que tenían vinculaciones.
La denuncia que presentó el Consell ante la Fiscalía incluyó a todos los equipos de Vivienda del PP. Aunque en ese momento la conselleria puntualizó que la identidad de los posibles responsables públicos tenía que ser determinada por el juzgado, estimó «prudente apuntar la identidad de quienes han sido en cada momento los representantes de la Generalitat a través del Ivvsa. El largo listado incluía nombres como el de Rafael Blasco, Esteban González Pons, María Ángeles Ureña y el fallecido José Ramón García Antón.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/08/05/jueza-investiga-quebranto-consell-3/1753114.html
Otro caso aislado:La Audiencia Nacional juzgará a 79 personas por las macrocausas de Bankia y Bancaja
La cifra rozará los 90 si al final también se procesa a los investigados por las cuentas de Banco de Valencia
Gemma Martínez | València 04.08.2018 | 21:53
José Luis Olivas, a su llegada al juzgado de València para declarar como testigo por la Fórmula 1. efe/m. briuque
Una década después de la crisis de 2008, que supuso la práctica desaparición de las cajas de ahorro y obligó a España a rescatar al sector financiero con más de 56.000 millones de euros, los gestores y administradores de algunas de las entidades más problemáticas se dirigen al banquillo, en algún caso por primera vez.
En esta dirección, la Audiencia Nacional juzgará a 79 personas (presidentes, directivos, miembros del consejo de administración y otros profesionales vinculados al sector financiero) por las dos macrocausas relacionadas con la antigua Bancaja y con su sucesora, Bankia. La cifra crecerá y rozará las 90 si los investigados por las cuentas del Banco de Valencia (la instrucción aún está en trámite) son finalmente procesados.
Cinco de los 79 están en las dos causas: José Luis Olivas (expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia), Antonio Tirado (expresidente de Bancaja), Rafael Ferrando (expresidente de Cierval, la antigua patronal valenciana), Remigio Pellicer (empresario del mueble) y Ángel Villanueva (exsecretario de Bancaja). Ellos estaban en el consejo de Bancaja, de Bankia o de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Los primeros que se sentarán en el banquillo en la Audiencia Nacional serán las 31 personas físicas encausadas por la salida a Bolsa de Bankia, que se produjo en 2011. Será el próximo 26 de noviembre por orden de la sección cuarta de la Sala de lo Penal. El juicio se celebrará en San Fernando de Henares (Madrid) y las sesiones están fijadas hasta el mes de junio de 2019. La magistrada será Ángela Murillo y 31 personas físicas (y 3 jurídicas) deberán responder de presuntos delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de la salida a bolsa y de posible fraude a los inversores.
En el proceso participaran 12 acusaciones particulares, entre ellas la Abogacía del Estado, y dos populares, ejercidas por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), las mismas que participaron en el caso de las tarjetas black (cobro de gastos ilegales con cargo a tarjetas de Bankia).
México
La segunda gran macrocausa es de Bancaja por sus inversiones inmobiliarias en México, el caso conocido como Grand Coral. Esta semana, la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado auto de procesamiento contra 48 personas (43 si se excluyen de la cuenta a los cinco que ya están también en Bankia) por un presunto desfalco de 750 millones de euros. Están acusados de administración desleal y blanqueo de capitales.
Se está a la espera del escrito del fiscal para la posible apertura del juicio oral, algo que se espera que así sea.
La cifra de afectados crecerá, con toda probabilidad, cuando concluya la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz del caso Banco de Valencia, que investiga a exdirectivos y consejeros de la antigua filial de Bancaja a instancias de pequeños accionistas por falsedad en las cuentas.
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/economia/2018/08/05/audiencia-nacional-juzgara-79-personas/1752992.html
Les Coves rebrà de la Generalitat per invertir al Polígon Tres Cantons 86.780€ enguany i 80.104 l'any que ve
La provincia recibe diez millones de euros de la Conselleria de Economia para mejorar 29 polígonos industriales
- 4 agosto, 2018 -
La provincia recibe diez millones de euros de la Conselleria de Economia para mejorar 29 polígonos industriales
Las ayudas de mejora y modernización del Ivace 2018-2019 dan continuidad a las de 2017, se ha llegado a todas las comarcas de Castellón y beneficiarán a 19 municipios que son Villahermosa, Segorbe, Cabanes, Castellón, Les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Alquerías, Betxí, Burriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, Nules, La Vall d’Uixó, Vila-real, L’Alcora, Figueroles y Lucena. Climent, ha asegurado que “si mejoramos los polígonos estamos mejorando también la calidad de vida de los trabajadores”.
Las actuaciones susceptibles de ayuda son la obra civil que permita la implantación de fibra óptica, vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local, carril bici, pasarelas de peatones, depuradoras, mejora de la imagen, del alumbrado público, energía renovable y servicios contra incendios, sistemas de gestión de residuos, zonas verdes, herramientas web, mejora viaria, de accesos, señalización y de saneamiento
Castellón Información
El Ivace, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha concedido 10 millones de euros para subvencionar las actuaciones de mejora y modernización de un total de 29 polígonos industriales de la provincia de Castellón.
Estas ayudas se distribuirán en los ejercicios 2018 y 2019. De este modo, en 2018 se invertirán un total de 5,17 millones de euros y 4,82 millones en 2019. Las subvenciones forman parte de la convocatoria de ayudas del Ivace para proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con carácter bianual para los ejercicios 2018 y 2019 que cuenta con un presupuesto total de 24,59 millones.
El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha asegurado que “si mejoramos los polígonos estamos mejorando también la calidad de vida de los trabajadores y ciudadanos que se benefician de actuaciones como una mayor vigilancia, mejora de las zonas verdes y del alumbrado e implantación de recorridos biosaludables”.
Las comarcas que se beneficiarán de las ayudas son: el Alto Mijares que recibirá 37.609,67 euros en 2018 para subvencionar las actuaciones de mejora en un 71,33%; el Alto Palancia a la que se han concedido 874.585,30 euros para subvencionar las acciones al 71,33% en 2018. Asimismo, en la Plana Alta el Ivace ha concedido 1,96 millones de euros y en la Plana Baixa 6,39 millones de euros con un porcentaje de subvención del 79,73% en 2018.
En los polígonos industriales de l’Alcalatén se destinarán 726.513 millones de euros que permitirán subvencionar la mejora de los proyectos al 71,33% en 2018.
Hay que recordar que las subvenciones del IVACE tienen carácter bianual para los ejercicios 2018 y 2019. Es decir, pueden ser para proyectos y/o actuaciones anuales (ejecutables en 2018) o plurianuales (ejecutables en 2018 y 2019). Los municipios a los que se les concedan ayudas plurianuales tendrán una subvención del 100% en el ejercicio 2019.
Los municipios beneficiarios de las ayudas son Villahermosa del Río, Segorbe, Cabanes, Castellón de la Plana, Les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Alquerías del Niño Perdido, Betxí, Burriana, Chilches, Eslida, La Llosa, Nules, La Vall d’Uixó, Vila-real, L’Alcora, Figueroles y Lucena del Cid.
Ayudas provincia Castellón 2017
Climent ha recordado que esta iniciativa se puso en marcha en 2017 y benefició a 8 polígonos industriales del Baix y Alt Maestrat y Els Ports con una inversión de 1,94 millones de euros.
Los polígonos industriales fueron los siguientes: área industrial “portal del Mediterráneo” de Vinaròs, polígono ‘Capsades’ de Vinaròs, el polígono “Crta. Ulldecona” de Vinaròs, polígono industrial de San Rafael del Río, el área industrial de Benicarló, el polígono industrial ‘Santa Bárbara’ de Sant Mateu, el polígono ‘Les Casetes’ de Morella y el área industrial ‘Peiró Escala’ de Vilafranca.
Características ayudas
La ayuda consiste en una subvención de hasta el 100% de los costes considerados como subvencionables con limitaciones: en los polígonos industriales con una superficie menor de 25.000 metros cuadrados, la limitación se establece en 3 euros por metro cuadrado; en los polígonos industriales con una superficie mayor de 25.000 m, la limitación se establece en 2 /m. En todo caso, el límite máximo de ayuda será de un millón de euros por polígono, área industrial o enclave tecnológico.
Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva comparando las solicitudes presentadas en los ámbitos de cada una de las líneas presupuestarias.
Actuaciones subvencionables
Las actuaciones susceptibles de ayuda son la obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios, vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local, carril bici, pasarelas de peatones, ampliación o creación de depuradoras, mejora de la imagen del polígono, mejora del alumbrado público, generación de energía renovable y servicios contra incendios.
También se subvenciona la implantación de ecoparque o de sistemas de gestión de residuos, mejora e implantación de zonas verdes, ubicación sobre el viario de zonas/recorridos biosaludables, creación de herramientas web con información del polígono industrial accesible al Ivace, mejora viaria (más aparcamientos y/o viales, viales más amplios, nuevos accesos, señalización y/o identificación de calles, señalización horizontal y/o vertical de tránsito), mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales, mejora en el suministro de agua, sucia y potable y/o aumento de caudal y presión y dotación de suministro de gas a alta y baja presión.
http://www.castelloninformacion.com/provincia-recibe-diez-millones-consell-mejorar-poligonos/
dissabte, 4 d’agost del 2018
El PP de Casado ganaría las elecciones con 2 puntos de ventaja sobre el PSOE, según una encuesta para OKDiario(el de Eduardo Inda Arriaga)
Posted on 30 julio, 2018 by Redacción1
El PP de Pablo Casado ganaría las elecciones generales según una encuesta electoral de Demoscopia y Servicios para OKDiario. Los populares serían la primera fuerza política, pese a caer 6 puntos respecto a las últimas elecciones, y obtendrían un 27,1 %. El PSOE mejoraría sus últimos resultados electorales y subiría hasta el 25,3 %, situándose a menos de 2 puntos del PP. Ciudadanos mejoraría sus resultados de 2016 y sería la tercera fuerza con un 20,8 %. Por último, Unidos Podemos quedaría como cuarta fuerza con un 16,8 %.
http://elelectoral.com/2018/07/pp-casado-ganaria-elecciones-con-2-puntos-de-ventaja-sobre-psoe-encuesta-okdiario/
El PSOE obtendría mayoría con Unidos Podemos y PNV y ganaría en la mayoría de provincias
Posted on 3 agosto, 2018 by Redacción1
El CIS ha reflejado una gran subida de la intención de voto del PSOE desde que empezó el Gobierno de Pedro Sánchez. De acuerdo con una estimación realizada por El Electoral a partir de los datos de intención de voto ofrecidos por el CIS, el PSOE ganaría en la mayor parte de provincias de España. El Partido Popular pasaría de ser la primera fuerza en la mayor parte de las provincias a solo ganar en 4 de ellas (Ourense, Salamanca, Ávila y Murcia). Unidos Podemos ganaría solo en Álava; Ciudadanos, en Madrid; ERC en Lleida, Girona y Tarragona; y el PNV, en Bizkaia y Gipuzkoa. En el resto de provincias los socialistas serían la primera fuerza política. Esto se debe, no solo a la subida del PSOE en intención de voto, sino a la división del voto de derechas entre PP y Ciudadanos. Por ese motivo, el PSOE conseguiría ser la primera fuerza en provincias tradicionalmente conservadoras.
Por otro lado, según una estimación a partir de los datos del CIS, el PSOE obtendría entre 124 y 129 escaños y podría conseguir una mayoría parlamentaria con el apoyo de Unidos Podemos y PNV. El Partido Popular sería la segunda fuerza con entre 79 y 85 escaños. Ciudadanos, empatado con el PP en intención de voto, sería tercera fuerza con entre 71 y 73 escaños. Unidos Podemos obtendría entre 41 y 45 escaños. ERC lograría una significativa subida y conseguiría 14 escaños, 5 más que actualmente. El PNV obtendría 6 escaños, sumando uno respecto a 2016. El PDeCAT perdería la mitad de sus escaños y obtendría 4. EH Bildu mantendría sus 2 escaños actuales. Por último, Coalición Canaria podría mantener su único escaño, aunque tendría cierto riesgo de perderlo, en el caso de que obtuviese un 0,2 % de voto, tal y como indica el CIS.
http://elelectoral.com/2018/08/el-psoe-obtendria-mayoria-con-unidos-podemos-y-pnv-y-ganaria-en-la-mayoria-de-provincias/
La Generalitat evita la urbanització de penya-segats verges a Alcossebre
El Ayuntamiento de Alcalà trasladó la voluntad de urbanizar 89.100 m2 con 427 viviendas en la costa virgen de Cala Blanca
Levante De Castelló Alcalà De Xivert 03.08.2018 | 22:44
La dirección general de Ordenación del Territorio ha denegado la solicitud del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert de obtener la Evaluación Ambiental Estratégica del sector Urbanizable no Pormenorizado Residencial nº25 con el que pretendía urbanizar la costa virgen de Cala Blanca junto a la Sierra de Irta, protegida por el Plan de Acción Territorial (Pativel).
En concreto la mercantil Merditerráneo Calidad Urbana S.L. y el ayuntamiento proponen la urbanización de un sector de 89.100 metros cuadrados con 427 viviendas y usos terciarios complementarios a los que unir un vial y dos nuevas rotondas en una zona de acantilados vírgenes.
Desde la dirección general que dirige Lluis Ferrando han remarcado que la solicitud del informe a conselleria se ha producido «sin que el proyecto haya pasado por el Pleno de la localidad, sin ninguna fase previa de exposición pública y sin conocimiento de la totalidad de la corporación municipal» además de «ser abiertamente contrario a las previsiones del Pativel» por lo que se ha emitido informe negativo.
«El Pativel permite en la zona la construcción en la parte trasera del sector, situada ya entre urbanizaciones preexistentes, pero obliga a mantener en estado natural Cala Blanca-Cala Mundina la zona forestal continua», remarcó Ferrando quien apuntó que «el informe técnico preceptivamente obliga al ayuntamiento a que se respeten los valores ambientales y paisajísticos del paraje si se desea llevar a cabo la urbanización de la zona».
Además, tal y como apuntó, «el escrito tuvo entrada el 30 de julio en la conselleria, solicitando el ayuntamiento una respuesta en un plazo de apenas 20 días hábiles, coincidiendo estrictamente con el periodo vacacional», apuntando también el mismo que «transcurrido el plazo establecido sin que haya pronunciamiento, el procedimiento continuará en los términos establecidos en la legislación del Estado».
«Es como mínimo sorprendente que se quiera reactivar ahora un proyecto propio de la época de la burbuja inmobiliaria en las formas en la que se plantea, cuando el ayuntamiento es plenamente consciente de que degrada de forma definitiva uno de los recursos turísticos más importantes de la localidad», señaló Ferrando tras advertir que la Generalitat «no permitirá la destrucción de uno de los parajes vírgenes más importantes de la costa castellonense».
El director general reiteró que «gracias al Pativel se evitará el deterioro ambiental que se pretende, pero es que además el proyecto es abiertamente contrario al desarrollo turístico sostenible y de calidad que interesa al conjunto de la sociedad y a la economía del municipio». En cualquier caso, incidió en que el Plan de Acción Territorial si que permite «urbanizar una parte importante del sector, facilitando su crecimiento económico, pero obliga a respetar y a proteger la zona de mayor valor ambiental y paisajístico, que además genera una transición armónica entre el espacio edificado de la playa de Alcossebre con el Parc Natural de la Serra d'Irta».
https://www.levante-emv.com/castello/2018/08/04/generalitat-evita-urbanizacion-acantilados/1752696.html
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