dilluns, 3 de febrer del 2025
ZAMBOMBAZO DIRECTO DE ÓSCAR PUENTE A LOS GURÚS DE FEIJÓO
TRAILER de CATALUÑA AMBIGUA. ESTRENO 27/2/25
Enfrentamiento político a cuenta de las megaplantas solares

El PP pide una comisión de investigación mientras que la alcaldesa de Lopera recuerda que fue la Junta la que autorizó la polémica planta fotovoltáica
Todo el mundo tiene algo qué decir a cuenta de los proyectos de plantas solares que se proyectan en Lopera, Marmolejo y Arjona. Más allá de la denuncia presentada por la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, los principales partidos políticos se ven inmersos en un cruce de acusaciones y reproches.
Así, el PP ha registrado la petición de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lopera en el que se debata la creación de una comisión informativa especial al respecto. "Por las informaciones que nos están llegando, mucho nos tememos que tanto la alcaldesa, Carmen Torres, como la anterior y actual responsable de Medio Ambiente en la Diputación Provincial, Isabel Uceda, ya sabían desde hace mucho tiempo de estos proyectos y en su momento no dijeron nada, ni advirtieron a los agricultores, ni se opusieron de ninguna forma", ha afirmado en una nota el portavoz 'popular'.
La alcaldesa, Carmen Torres, no da crédito a esta petición. Considera que es un "completo disparate" y recalca que "no hace falta investigar nada, porque ya se sabe que las fotovoltaicas han llegado a Lopera de la mano del PP y de la Junta". "Es la que ha autorizado la planta fotovoltaica", ha recordado.
La también secretaria general del PSOE de Lopera ha asegurado que la Junta de Andalucía y el PP "son los únicos responsables políticos de la implantación de las fotovoltaicas" en el municipio, puesto que "fue el Gobierno andaluz el que declaró de utilidad pública la instalación de estas plantas". Critica que "fueron el PP y la Junta de Andalucía los que abrieron las puertas de Lopera de par en par a la implantación de estas fotovoltaicas".
Finalmente, Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer su posición ante "la instalación de plantas fotovoltaicas que destruyen más de 100.000 olivos en la provincia de Jaén".
"Marmolejo, Lopera y Arjona son los tres municipios afectados por la construcción de siete plantas fotovoltaicas que estarán totalmente operativas el próximo año", ha dicho este viernes en una nota el diputado de esta formación por la provincia jiennense, Francisco José Alcaraz, uno de los firmantes de las preguntas para las que solicitan respuesta escrita.
lacontradeJaen eldiario.es
Polémica a cuenta de un macroproyecto fotovoltaico entre los pueblos de Benamira y Esteras de Medinaceli (Soria)

11 de enero, un centenar largo de vecinos de Benamira y localidades cercanas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Medinaceli para manifestar su rotundo rechazo al proyecto de construcción de la planta fotovoltaica promovida por Eólica de Medinaceli, S.L.U. Con pancartas, lemas y la participación de una mayoría de vecinos, han buscado visibilizar su preocupación por el futuro de sus pueblos, argumentando que el proyecto FV Caramonte no solo impactará negativamente en el medio ambiente y el paisaje, sino que también agravará los problemas de despoblación.
Uno de los puntos más controvertidos es la proximidad de la planta FV Caramonte a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que alberga especies en peligro de extinción como la alondra ricotí. Según la Asociación de Vecinos de Benamira, el proyecto podría dañar irreversiblemente la biodiversidad local y comprometer el turismo sostenible, que es uno de los pilares económicos de la zona.
Proyecto fotovoltaico en Medinaceli
La empresa Eólica de Medinaceli, SLU (Engie) proyecta instalar un megaparque fotovoltaico en el término municipal de Medinaceli entre los pueblos de Benamira y Esteras de Medinaceli, ambos pedanías de aquél. Esta planta ocuparía una superficie de 87 hectáreas y albergaría más de 76.000 paneles solares en la vega del Jalón, a unos tres km de su nacimiento y apenas a 500 m de ambos pueblos. A su vez, la planta fotovoltaica se proyecta colindante 650 m con un espacio natural que cuenta con la máxima protección ambiental según las leyes nacionales y europeas.
En la Asociación de Amigos de Benamira (AAB) hemos estudiado el proyecto y detectado deficiencias y errores graves, entre ellos la inexistencia de un verdadero estudio de alternativas, así como grandes carencias en el contenido del estudio de impacto ambiental que tienen como consecuencia una localización que causará graves impactos sobre dichas poblaciones y el espacio natural mencionado, por lo que hemos presentado alegaciones a su construcción. También la ONG conservacionista ha pedido que se deniegue la autorización a este proyecto, que afectaría a zonas de gran importancia ornitológica.
Proyectos sostenibles ambientalmente
El impacto que esta planta solar tendría sobre nuestro entorno supondría un grave deterioro del medio natural, el paisaje y la vida en nuestros pueblos, comprometiendo en gran medida su futuro y agravando el problema de despoblación existente.
Se trata de una zona altamente tensionada, que ya alberga numerosas infraestructuras: en un radio de apenas 3 km discurren la autovía A-2, el AVE Madrid-Barcelona, tres parques eólicos, y la correspondiente subestación eléctrica y líneas de alta tensión. Existe además otra planta fotovoltaica en tramitación de 24,5 ha y una potencia de 16,5 MWp que ocupará terrenos adyacentes con la anterior, amplificando sus impactos.
No cabe otra explicación para esta ubicación que su conveniencia para la empresa, la cual, falseando burdamente el estudio de alternativas, ha evitado evaluar otras ubicaciones evidentes y cercanas que, teniendo las mismas características técnicas y económicas que la elegida, no generan afecciones directas sobre poblaciones ni espacios protegidos. La AAB no está en contra de la planta solar, sino de una ubicación tan dañina.
El problema es de orden político
Pese a que el pasado 11 de enero alrededor de 150 vecinos de Benamira, Esteras de Medinaceli y otras pedanías y pueblos cercanos nos manifestamos frente al ayuntamiento en contra del proyecto, el alcalde de Medinaceli, Gregorio de Miguel (PP), no ha mostrado el menor interés por nuestras reivindicaciones.
Admitiendo (en declaraciones para RNE) que las placas “suponen un ingreso importante” para el municipio, afirmó no haber hablado nunca con la empresa “en cuestión de placas solares” y desconocer “cómo está la situación”. Su postura es la de mantenerse equidistante, amparándose en que unos pocos vecinos sí están interesados en ceder sus tierras a la planta solar, desoyendo las quejas de la gran mayoría de vecinos y las fundadas dudas sobre la legalidad del proyecto.
Las administraciones tienen que velar por el bien común
En una carta presentada en el ayuntamiento el día 22 de enero, hemos solicitado al alcalde que haga uso de la facultad que la Ley de evaluación ambiental otorga a las administraciones públicas afectadas para que puedan, mediante el correspondiente informe, elevar al órgano competente para la aprobación del proyecto, su disconformidad con el mismo, pero aún no hemos recibido respuesta.
Dado que las carencias y errores señalados vienen siendo habituales en este tipo de proyectos, y considerando el elevadísimo número de ellos que han de ser tramitados en un futuro próximo, demandamos una intervención urgente por parte de las administraciones responsables, para exigir que los estudios de alternativas y de impacto de estos proyectos cuenten con la calidad y contenido mínimos establecidos en la normativa actual sobre evaluación ambiental. Tenemos futuro y lo queremos aquí.
ecoticias
JORNALS D´ALCALDES I ALCALDESSES DE LA NOSTRA COMARCA PERCEBUTS EL 2022, L´ANY ANTERIOR A LES ELECCIONS MUNICIPALS
PERCEPCIONES DE ALCALDES ISPA 2023 (RETRIBUCIONES AÑO 2022)
L´juntament d´Albocàsser no apareix
-Alcalà de Xivert, 44.400 € dedicació exclusiva.
-Vall d´Alba, 37.578,52 € dedicació exclusiva.
-Benlloc, 32.921,21 € dedicació exclusiva.
-Les Coves de Vinromà, 32.480 € dedicació exclusiva.
-Tírig, 16.896,18 € dedicació parcial.
-Torreblanca, 12.000 € sense dedicació.
-Serra d´Engalceran, 9.000 € sesnse dedicació.
-Serratella, 8.048,96 € dedicació parcial.
-Cabanes, 6.332 € dedicació no exclusiva.
-Sant Mateu, 4.050 € sense dedicació.
-Torre Endoménec, 3.600 € dedicació parcial.
-Vilanova d´Alcolea, 1.200 € sense dedicació
-La Salzadella, 0,00 € sense dedicació.
MINISTERIO PARA LA TRANSFOEMACIÓN DIGITAL I DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
diumenge, 2 de febrer del 2025
La dilación eleva a 55 millones el coste de los dos macroproyectos solares de acciona en Morella
La compañía tiene el permiso de la Generalitat, pero el Ayuntamiento ha recurrido

CASTELLÓ. El lento proceso burocrático de aprobación medioambiental de los parques solares fotovoltaicos Morella Llivis y Morella Llacua pasa factura a la sociedad promotora. Kirov ITG, filial de Acciona e impulsora de los dos parques solares desde junio de 2023, se ha visto obligada a corregir al alza su previsión inversora para desarrollar los dos gigantescos proyectos de energías renovables previstos en el término de la capital de Els Ports.
El primero de ellos se ha encarecido de 21,8 a casi 23 millones de euros mientras el coste de la puesta en marcha de Morella Llacua crece, de momento, 28 a 31,9 millones de euros, según admite la sociedad promotora en un documento remitido a la Generalitat.
18.000 placas solares menos
La Dirección General de Energía y Minas autorizó el pasado mes de septiembre ambos proyectos. Eso sí, los condicionó a algunos cambios para aminorar su evidente impacto ambiental y paisajístico. Por ejemplo, Morella Llivis reducirá el número de módulos fotovoltaicos de 95.200 a 85.644, si bien a cambio se le permite aumentar la potencia de cada panel solar. Lo mismo sucederá en Morella Llacua, que pasará de 95.200 a 87.264 paneles repartidos en una parcela de 841.451 metros.
Recurso municipal... y de 140 vecinos
A pesar de que la filial de Acciona ya tiene las autorizaciones en el bolsillo, el Ayuntamiento de Morella mantiene su firme oposición a los dos macroparques solares. En octubre presentó un recurso de alzada contra los proyectos al entender que colisionan contra la Red Natura 2000, favorecen la despoblación y el abandono rural y destrozan el territorio. Ese recurso, que probablemente siga su recorrido en los tribunales, cuenta con la adhesión expresa de 140 vecinos de Morella a título particular.

El consistorio trabaja en varios frentes para tratar de compatibilizar la protección de su término municipal con los diferentes proyectos de lucro económico que puedan surgir.
Protección de un humedal en la zona
A finales de 2022 ya logró que la Generalitat protegiera la Bassa del Pla de Bassetes como reserva de fauna silvestre e impidiera así la realización de cualquier clase de actividad molesta, excepto de tipo educativo, científico o conservacionista. El Ayuntamiento asumió la gestión de la reserva al ser propietaria de los terrenos.
La balsa, de 9.407 metros cuadrados, posee una forma irregular gracias a la recogida de agua por escorrentía en períodos de sequía. En ella habitan especies como la tortugueta, el sapillo moteado, el crustáceo de agua dulce o el sapo corredor, con la particularidad de que muy cerca se desarrollan diferentes actividades de extracción de arcilla.
Fotos de las palas de aerogeneradores para el Cluster del Maestrazgo
La empresa GE Vernova, de Coves de Vinromà (Castellón) ha fabricado y entregado el 80% de los 122 molinos del parque que el fondo danés CIP construirá en el primer trimestre de 2025.
Antonio García / BykofotoAyuntamientos valencianos se rebelan contra los “macropolígonos” de renovables

Diferentes municipios de la Comunitat Valenciana se movilizan contra los decretos de la Generalitat y los “macropolígonos” de energías renovables que "amenazan su autonomía municipal".
La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables ha impulsado una campaña para que los municipios valencianos presenten mociones en sus plenos con el objetivo de frenar la aplicación de diversas normativas autonómicas que limitan la autonomía local en la gestión del suelo y permiten la urbanización de espacios protegidos para proyectos de energías renovables.
Petición de derogación de normativas
Los ayuntamientos que han decidido sumarse a esta iniciativa reivindican la derogación de varios articulados de leyes y decretos considerados lesivos para la capacidad municipal de ordenación territorial. En concreto, la Coordinadora solicita la eliminación de:
- El artículo 9 (apartados 1, 2 y 3) y una parte del artículo 19 del Decreto Ley 14/2020, que permite la urbanización del suelo no urbanizable protegido de los municipios para instalaciones fotovoltaicas, salvo que el plan general lo prohíba expresamente, lo cual no ocurre en la mayoría de casos.
- El artículo 1 del Decreto Ley 1/2022, que restringe la capacidad municipal para decidir sobre el tipo de proyectos de energías renovables que pueden implantarse en suelo no urbanizable y limita la suspensión de licencias urbanísticas como herramienta de ordenación territorial.
- El apartado 5 (puntos 4 a, b y c) del artículo 122 de la Ley 6/2024 de 5 de diciembre de simplificación administrativa, que reduce la autonomía municipal al forzar la compatibilidad urbanística general, ampliando el suelo no urbanizable ocupable, incluso si está protegido, y prohibiendo la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68 de la TRLOTUP.
Zonas inundables y la revisión del PATRICOVA
Otro de los puntos clave de estas mociones es la exigencia de revisar el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana), con el fin de adaptarlo a la nueva realidad tras los episodios de DANA. La propuesta busca prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energía en zonas inundables o que generen riesgos por escorrentía, revisando también los proyectos ya en tramitación dentro de estas zonas de riesgo.
Denuncias contra el modelo especulativo
Desde la Coordinadora, se argumenta que estas regulaciones han dado pie a un fenómeno especulativo bajo la excusa de la emergencia climática, permitiendo la implantación de macroproyectos que impactan negativamente en los espacios forestales y agrícolas municipales. Según la plataforma ciudadana, las normativas impugnadas benefician a grandes empresas y fondos de inversión, dejando a los municipios sin capacidad de decisión sobre su propio territorio y permitiendo la urbanización de hasta el 10% del suelo no urbanizable, incluso el protegido.
Movilización municipal
Los ayuntamientos están trasladando estas mociones a la Generalitat Valenciana con el objetivo de presionar para modificar una regulación que consideran abusiva y contraria al derecho constitucional a la autonomía municipal. Algunos municipios ya han aprobado las mociones en sus respectivos plenos, sumándose a esta reivindicación por una ordenación territorial más justa y sostenible.
