28 Dic, 2025 04:30 p.m.Actualizado: 29 Dic, 2025 07:55 a.m. ESP
INFOBAE
INFOBAE
En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia.

VALÈNCIA (EP). La Generalitat abrirá, a partir del próximo 1 de enero de 2026, el plazo para la caza controlada de jabalíes y para la retirada y gestión de las piezas abatidas "en condiciones de trazabilidad y bioseguridad", con el objetivo de reducir la densidad poblacional de esta especie como medida preventiva ante la amenaza que supone la Peste Porcina Africana (PPA).
Así se establece en el decreto ley publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de medidas urgentes y preventivas para el control de esta variedad en la Comunitat Valenciana, según ha informado el gobierno autonómico en un comunicado.
Los jabalíes presentan una "elevada densidad poblacional" en 440 municipios de la Comunitat Valenciana, lo que supone el 80 por ciento del total, y esta "sobreabundancia" hace que aumente el riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ello, desde el Consell se han articulado diversas medidas que ayuden a controlar su crecimiento.
Por una parte, se concederá a los titulares de cotos de caza una aportación de 40 euros por cada ejemplar de jabalí cazado y retirado del medio natural en las condiciones de seguridad y trazabilidad contenidas en el decreto ley. Generarán derecho al cobro los ejemplares que sean abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026 que estén justificados por la Generalitat en ese mismo periodo.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de espacios cinegéticos autorizados y los adjudicatarios de zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, principalmente sociedades y clubes de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos que gestionan más del 80% del territorio valenciano susceptible de albergar poblaciones de jabalí.
En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia. El presupuesto global establecido en el decreto para esta línea de actuación es de dos millones de euros.
Por otra parte, el decreto ley contempla también la puesta en marcha de un servicio complementario de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja, jaula o capturadero, que se instalarán en lugares en los que la caza no resulte una solución satisfactoria como método de control de la población, aproximadamente el 20% restante del territorio.
La iniciativa permitirá también avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información "más sólida" y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana.
El decreto ley también prevé la puesta en marcha de una Unidad Logística de coordinación y recogida de piezas abatidas y de monitorización de la población de jabalí. Estas medidas contarán con un presupuesto de 4 millones de euros.
En total, el decreto ley, cuya puesta en marcha ha requerido una coordinación estrecha entre departamentos y equipos técnicos especializados, contempla una dotación global de seis millones de euros para luchar contra la peste porcina africana, que en estos momentos constituye "una de las amenazas sanitarias más serias para la producción porcina a nivel mundial y europeo".
En el caso de la Comunitat Valenciana, el porcino es la primera producción ganadera de la región en términos económicos y representa aproximadamente el 35% del valor de la producción animal.
castellonPlaza
Los mercados premian a Italia y España
Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa
Los mercados estrechan las primas de riesgo a cifras de 2009 y redefinen el mapa fiscal de la UE
Los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Las dinámicas financieras dentro de la zona euro están experimentando un cambio significativo que hasta hace pocos años habría resultado difícil de imaginar. Desde la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, las economías del sur de Europa, tradicionalmente asociadas a mayores riesgos fiscales, han logrado recuperar la confianza de los mercados gracias a una mejora de sus equilibrios presupuestarios y a un mayor dinamismo económico, especialmente en el caso de España.
En paralelo, países que durante décadas fueron considerados los pilares de la estabilidad financiera europea muestran hoy señales de mayor fragilidad. Francia y, en menor medida, Alemania han comenzado a preocupar a los inversores, en un contexto de aumento del endeudamiento público y de mayores tensiones políticas y presupuestarias.
Este cambio de percepción se ha reflejado claramente en los mercados de deuda pública. Según ha informado Financial Times, las primas de riesgo de Italia y España frente a Alemania han alcanzado esta semana su nivel más bajo en 16 años, un dato que confirma el vuelco progresivo entre el norte y el sur de la zona euro.
El estrechamiento de los diferenciales de deuda se ha convertido en uno de los principales indicadores de este giro histórico. En el caso de Italia, la diferencia entre el interés del bono a diez años y el de Alemania se ha reducido hasta situarse en torno a los 0,7 puntos porcentuales. Se trata de un nivel que no se registraba desde finales de 2009, tras la crisis financiera global.
Con el interés del bono alemán cerca del 2,86% a finales de diciembre, los mercados están enviando una señal clara: el riesgo asociado a la deuda italiana se percibe hoy como mucho menor que en el pasado. Los inversores valoran los esfuerzos presupuestarios de Italia y una mayor disciplina fiscal tras años de desconfianza.
España sigue una trayectoria muy similar. Impulsada por un crecimiento económico más sólido que el de otras grandes economías europeas, la prima de riesgo española frente a Alemania ha caído por debajo de los 0,5 puntos porcentuales. Se trata de un nivel inédito desde la crisis de deuda de la zona euro, cuando los elevados déficits y el rápido aumento de la deuda encarecieron la financiación de los Estados y pusieron en duda la estabilidad del euro.
Para los mercados, el eje tradicional norte-sur ha dejado de ser una frontera clara entre economías sólidas y economías frágiles. En su lugar, la atención se centra cada vez más en la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo, así como en la capacidad de crecimiento y de control del gasto público.
Dentro de este nuevo mapa financiero, Francia emerge como el principal punto débil. Un déficit público elevado, combinado con un contexto político complejo, ha provocado que los costes de financiación del Estado francés superen ya a los de España.
En concreto, la rentabilidad del bono francés a diez años se sitúa en torno al 3,56%, por encima de la italiana (3,51%) y de la española (3,29%), según datos de mercado. Este repunte refleja el creciente escepticismo de los inversores sobre la trayectoria de las finanzas públicas francesas.
Además, las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que la deuda pública de Francia podría alcanzar en torno al 120% del PIB en los próximos años, una evolución que contrasta con los esfuerzos de consolidación fiscal observados en varias economías del sur de Europa.
Por último, Alemania, tradicional refugio de los inversores en la zona euro, empieza a ser observada con mayor cautela tras anunciar ambiciosos programas de gasto público. No obstante, los analistas y agencias de calificación consideran que la situación francesa resulta más preocupante por la combinación de bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y presión estructural sobre el gasto.
ELS DINERS GENERATS LOCALMENT ES QUEDEN A LA REGIÓ. ÉS INACEPTABLE QUE UNA EMPRESA PRIVADA ENTRE, UTILITZE ENERGIES RENOVABLES PER ENRIQUIR-SE I DESPRÉS S´EN VAGI DEIXANT AL POBLE NOMÉS LES MIQUETES.
Comunitat Energètica de Cellera de Ter
En què es basa
Qui participa:
Per instal·lacions i consumidors connectats a qualsevol nivell de tensió
Distància 2.000 metres entre comptadors
Assignació administrativa de la producció
Acord de repartiment: Es reparteix % de generació entre els consumidors participants
Es resta de la factura els kWh que corresponen
L’autoconsum compartit permet que diversos usuaris es beneficiïn de l’energia generada per una instal·lació fotovoltaica compartida, distribuint l’energia generada entre ells segons acord establert.
Model legal de la CE
El model d’instal·lació plantejada és autoconsum col·lectiu en xarxa interior amb compensació d’excedents. El model de cessió a la ciutadania seria cessió d’ús d’un bé de domini públic a través d’una llicència d’ocupació temporal mitjançant una taxa per la utilització privativa.
Ajuntaments
Inversió instal·lació
Paga Taxa
Instal·lació fotovoltaica
CONCURS
Cessió privatiu d’ús de les plaques als veïns:
0,5kWp ≈ 1 mòdul
1kWp ≈ 2 mòduls
Ciutadania:
Obté llicència d’ús període 1–4 anys
Estalvi Factura kWh autoconsumits
Com funciona?
L’Ajuntament de Cellera de Ter posa a disposició de la ciutadania i comerços una part de la potència de la instal·lació FV desplegada al Poliesportiu i al Cobert 1-O (142,8kWp)
L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de participació a la Comunitat Energètica
Aquells ciutadans que resultin seleccionats, abonaran una taxa municipal en funció de la modalitat:
Com funciona?
L’Ajuntament de Cellera de Ter posa a disposició de la ciutadania i comerços una part de la potència de la instal·lació FV desplegada al Poliesportiu i al Cobert 1-O (142,8kWp)
L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de participació a la Comunitat Energètica
Aquells ciutadans que resultin seleccionats, abonaran una taxa municipal en funció de la modalitat:
Las Comunidades Energéticas desarrollan proyectos de energías renovables, eficiencia energética o movilidad sostenible con el objetivo de generar beneficios ambientales, sociales y económicos en su entorno local. Habitualmente se constituyen en forma de asociación o cooperativa y requieren de un proceso de diseño técnico, asesoramiento legal y dinamización social.
Un ejemplo de este modelo es la Comunidad Energética que se está poniendo en marcha en Magaz de Pisuerga (Palencia), un municipio de algo más de 1.000 habitantes, cuya experiencia es plenamente replicable en otros municipios, incluidos los de la Comunidad Valenciana.
En este proyecto, el ayuntamiento impulsa la iniciativa facilitando cubiertas municipales para las instalaciones fotovoltaicas, mientras que los vecinos participantes se benefician de:
Desde el inicio del proyecto en Magaz de Pisuerga, los Agentes Energéticos de Feníe Energía han desempeñado un papel fundamental, aportando asesoramiento jurídico, apoyo en la divulgación del proyecto, análisis del potencial de ahorro y dimensionamiento técnico de las instalaciones.
Este tipo de iniciativas requieren perfiles profesionales capaces de:
Para las empresas instaladoras, esto se traduce en proyectos de mayor tamaño, relaciones estables con ayuntamientos y comunidades locales, y la posibilidad de posicionarse como referentes en su zona.

Paneles solares / Shutterstock
En Magaz de Pisuerga, la actividad principal de la Comunidad Energética será el autoconsumo colectivo de energía solar mediante instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales. Una vez constituido el grupo de participantes, se acuerda el reparto de la energía generada, asignando un porcentaje a cada miembro.
Este modelo es escalable y replicable en otros municipios, lo que abre la puerta a que las empresas instaladoras participen activamente en la transición energética desde una perspectiva más estratégica y con mayor valor añadido.
Los Agentes Energéticos de Feníe Energía están preparados para impulsar este modelo y apoyar a las empresas instaladoras que deseen ampliar su actividad hacia las Comunidades Energéticas, aportando conocimiento, estructura y acompañamiento durante todo el proceso.
elperiodicoMediterraneo
Falomir denuncia que cada euro que se regala a las grandes fortunas “es un euro que quitas para reducir las listas de espera, reforzar plantillas en los colegios o pagar a tiempo las ayudas a la dependencia”
Plaza Publicado: 27/12/2025 · 12:41
CASTELLÓ. El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha advertido de que el acuerdo de PP y Vox para investir a Pérez Llorca, y que incorpora nuevas rebajas fiscales a favor de las rentas más altas, “es el preámbulo de una nueva oleada de recortes en los pilares del sistema de bienestar de la Comunitat Valenciana en 2026”. El secretario general de los socialistas de Castelló, Samuel Falomir, ha asegurado que “cuando un gobierno decide bajar impuestos a quien más tiene, sabiendo que los recursos no son infinitos, lo que está haciendo es escribir la letra pequeña de los próximos tijeretazos en sanidad, educación y dependencia”.
Falomir ha lamentado que, “después de ocho años de renacimiento social, cultural y económico con el president Ximo Puig”, el nuevo ‘cap’ del Consell, el popular Pérez Llorca, “haya elegido como rumbo volver al manual de siempre, el de regalar dinero a unos pocos y cargar los costes sobre las clases trabajadoras y la gente que más necesita y más usa los servicios públicos”. En este sentido, ha advertido que “cada euro que se pierde en ingresos para beneficiar a las grandes fortunas es un euro que quitas para reducir listas de espera, reforzar plantillas en los colegios o pagar a tiempo las ayudas a la dependencia”.
El dirigente socialista ha puesto el acento en la situación de Castelló, que “hoy por hoy es la provincia más golpeada por el tsunami de recortes del PP, hasta el punto de que somos líderes en listas de espera quirúrgicas y hay muchísimos casos de personas dependientes que comienzan a cobrar cuando ya no están”, ha denunciado.
Falomir ha remarcado que “cuando Mazón o Pérez Llorca aparecen delante de un micrófono con discursos triunfalistas sobre bajadas de impuestos, nunca explican claramente a quién van dirigidas; así se aseguran de que la mayoría de la gente lo aplaudirá creyendo que se beneficiará, sin saber que no verá ni un euro y que, como recompensa, tendrá unos servicios públicos desmantelados y en ruinas”.
El secretario general ha subrayado que esta estrategia del PP “es una elección ideológica muy clara” que sitúa al gobierno valenciano “al servicio de las élites y no de la gente que se levanta cada día a trabajar para sacar adelante a su familia”. En este contexto, ha recordado que “los ocho años de gobiernos progresistas de Ximo Puig demostraron que había otra manera de gobernar, poniendo a las personas en el centro, fortaleciendo la sanidad pública, ampliando derechos y reconstruyendo una comunidad que el PP había dejado endeudada, rota y sin autoestima”.
Ante ello, Falomir ha reivindicado que “frente al caos y la inestabilidad que nos regala cada día el PP, solo existe la alternativa del PSPV-PSOE”. “Tenemos que acabar con el modelo de PP y Vox que convierte a la Generalitat en un laboratorio de experimentos fiscales para las rentas más altas y que da la espalda a las personas que más sufren la inflación, los salarios bajos y la precariedad, a las mismas a las que se les niega un SMI digno, unas pensiones dignas y una vivienda asequible”, ha incidido. “No queremos una Comunitat Valenciana de privilegiados, sino una Comunitat Valenciana para la mayoría social y un gobierno que no actúe como un consejo de administración”, ha concluido Falomir.
castellonPlaza
(Quina vista de negoci la dels de Més per la Magda)
Planta solar fotovoltaica.

Los inversores oportunistas encuentran terreno fértil en la crisis del sector renovable. El desplome de precios eléctricos, la pérdida de valor de los activos y la tensión financiera de numerosos promotores han transformado un mercado que durante años fue de vendedores en un terreno dominado por compradores con liquidez.
Se trata de un ajuste que ha sido especialmente duro con la tecnología fotovoltaica, donde muchos proyectos han visto cómo sus valoraciones se desplomaban en poco tiempo, obligándolos a replantear planes de negocio y calendarios de inversión.
Este entorno abre la puerta a fondos distressed y de deuda oportunista, inversores con una alta tolerancia al riesgo que buscan oportunidades allí donde otros ven dificultad. Según coinciden los expertos del sector, su presencia empezará a notarse con mayor claridad a lo largo de 2026.
“El mercado ha pasado de ser claramente vendedor a ser uno de comprador”, resume Lucía González, socia de Energía en Ontier. “Los precios han bajado de forma significativa. En muchos casos, el vendedor ya no aspira a obtener la rentabilidad inicialmente prevista, sino simplemente a no perder más dinero”, añade.
La coyuntura ha llevado a muchos desarrolladores a una situación límite, justo cuando sus proyectos necesitan más inversión para avanzar hacia la fase de construcción.
Muchos de ellos comenzaron entre 2017 y 2018 y coinciden ahora en etapas críticas, en un entorno financiero mucho más exigente y con una banca cada vez menos dispuesta a refinanciar.
“Esto crea ventanas para adquisiciones con descuento, reestructuraciones de financiación, búsqueda de coinversores y ventas aceleradas de carteras no estratégicas”, explica Patricia Figueroa, asociada senior de Mercantil y M&A en A&O Shearman.
A un nivel más estructural, desde Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, los socios Miguel Cuesta y Ana Beatriz Gamero coinciden en que este escenario desembocará en tres grandes movimientos: la entrada de fondos en proyectos en construcción y operativos, la consolidación del sector y reestructuraciones operativas y de deuda para garantizar la viabilidad de las empresas.
A su juicio, un número importante de proyectos "necesitarán reducir su apalancamiento o acometer inversiones adicionales en un entorno de escasez de capital, un terreno que sin duda aprovecharán los fondos especializados como una oportunidad única".
Un caso representativo de la tensión que vive el sector fue el de la planta termosolar de Guzmán Energía en Palma del Río (Córdoba), participada por Plenium (70%) y Mitsui (30%).
Ante sus dificultades financieras, la empresa logró en 2024 la homologación judicial de un plan de reestructuración de deuda con BBVA y varios bancos japoneses, evitando la insolvencia.
Los precios evidencian el cambio de ciclo. Según José de Santiago, socio de Corporate y M&A en Bird & Bird, “mientras que antes se pagaban entre 100.000 y 120.000 euros por MW, actualmente esos mismos proyectos se valoran, en algunos casos, en apenas 20.000 a 30.000 euros por MW”.
“Mantener un proyecto requiere seguir incurriendo en gastos, como avales y personal, incluso si se intenta minimizar el coste. Por eso, el incentivo de algunos desarrolladores no está únicamente en vender los proyectos en desarrollo, sino también en quitárselos del balance”, sostiene.
En paralelo a los fondos distressed, hay otro tipo de jugador que lleva tiempo ganando protagonismo en el mercado renovable español: el inversor estratégico de largo plazo.
“España atrae interés de inversores extranjeros, especialmente de China, que hace apuestas de largo plazo”, explica José de Santiago. “A diferencia de otros inversores más oportunistas, los inversores chinos planifican a 20 o 30 años, dispuestos a mantener su inversión, incluso si los precios actuales no son atractivos.”
El caso de China Three Gorges, que compró en 2024 la planta de Mula (Murcia) y quiere duplicar su cartera de renovables en España. Su objetivo no es especular con el ciclo, sino consolidar un hub de producción energética y tecnológica estable hacia 2030.
El capital de Medio Oriente también se ha reforzado en el mercado español. El gigante emiratí Masdar ha ampliado su presencia en proyectos solares y eólicos con varias adquisiciones, tanto de activos operativos como en desarrollo, como parte de su estrategia regional de diversificación energética.
Mientras tanto, algunos desarrolladores españoles más conservadores también han decidido esperar. “Existen clientes que no necesitan vender y están reteniendo los proyectos para ver si la situación mejora, confiando, por ejemplo, en que el almacenamiento les permita aumentar la rentabilidad y, con ello, el valor del proyecto”, apunta Lucía González, de Ontier.
El consenso entre los despachos es que los actores mejor colocados son aquellos con músculo financiero y flexibilidad.
“Los players con balance robusto, liquidez disponible y capacidad para estructurar PPAs (contratos de energía a largo plazo) o incorporar nuevas tecnologías están en mejor posición”, indica Patricia Figueroa, de A&O Shearman.
“Los fondos de infraestructuras con horizontes más largos y compradores industriales que integran almacenamiento o hibridación tienen ventaja", añade.
La presión sobre las empresas también ha disparado las operaciones de reestructuración.
“El equipo de reestructuraciones está viviendo un incremento de operaciones mediante las cuales las compañías buscan adaptar la estructura de su pasivo financiero y comercial, o incluso los contratos que les resultan más perjudiciales a la actual situación del mercado”, revelan los socios de Montero Aramburu & Gómez‑Villares Atencia.
Y continúan: “Esto es muy relevante. La normativa actual en materia de planes de reestructuración es flexible y permite plantear, además de medidas financieras, otras de carácter operativo y de reorganización, ajustadas a las circunstancias específicas de la compañía. Lo recomendable es acometerlo cuanto antes, una vez detectada la situación de complicación, ya sea actual o probable.”
La estrategia resulta clave en un entorno que ya se perfila como el más selectivo de la última década: un mercado donde sobrevivir dependerá tanto del acceso a capital como de la capacidad de anticipar y adaptarse al cambio de ciclo.
elespanol.com invertia