La primera, las dimensiones. La amenaza de detener y perseguir penalmente más de 700 alcaldes, aunque sólo sea por la cifra, asusta. La segunda, las personas afectadas por esta represión. Los últimos años anarquistas, sindicalistas, miembros de la izquierda independentista y militantes de lo que hasta hace poco se denominaban movimientos sociales alternativos hemos afrontado procesos penales e, incluso, periodos de prisión. Actualmente, esta represión afecta a gente que hasta ahora era “normal”, en términos del propio sistema. De hecho, todavía diría más, se dirige preferentemente de momento a cargos electos, miembros de las propias instituciones (que, curiosamente, a menudo nos han reprimido). Es decir, la represión del estado se ha girado contra quien, hasta hace poco, nunca habría esperado ser víctima. Y esto, mis vecinos y vecinas y compañeros y compañeras de trabajo lo perciben. En cierta medida, que se persiguiera a un militante social, con cabellos largos, pendientes y “pintas” entraba dentro de la normalidad, dentro de aquel “se lo han buscado”. Ahora, en cambio, la situación sorprende. Y sitúa al propio sistema institucional en una profunda pérdida de credibilidad. Si lo que pasa no es lógico (dentro de la lógica que el propio sistema político nos había vendido hasta hace poco).
Algunos militantes de movimientos sociales nos encontramos en una situación que no acabamos de saber muy bien cómo resolver. Por un lado, no nos convence demasiado eso de construir a una república sin mayores detalles. Preferíamos un compromiso más explícito con la revolución social de esta ruptura con el Estado español. Por otra o, y quizás todavía más importante, nos desagrada ver como este proceso de aparente ruptura se ha construido como un choque entre legalidades (española versus catalana) y se deja la iniciativa a los respectivos gobiernos, declaraciones parlamentarias y mecanismos institucionales. Todo ello en medio de una población que, básicamente reducida a un rol de espectadores, se nos mantiene quieta en nuestras respectivas casas. Es decir, que el supuesto poder de decidir se reduce, una vez más, a depositar puntualmente una papeleta en una urna. Y nada más. Una cosa y la otra nos alejan de comprometernos activamente con lo que está pasando en torno a la convocatoria de referéndum del día 1 de octubre. Y no porque no creamos en la necesidad de auto determinarnos como pueblo, sino porque tenemos serias dudas de que esta sea una vía real para hacerlo. Personalmente, no puedo ni quiero cerrar los ojos. Un estado, con su fuerza, pone en marcha un aparato represivo de unas dimensiones descomunales. Normaliza los registros por parte de policías tantos estales como autonómicas. Y que jueces y fiscales dicten lo que se puede y no se puede hacer. Un nuevo recorte de derechos. Lisa y llanamente.
Algunos militantes de movimientos sociales nos encontramos en una situación que no acabamos de saber muy bien cómo resolver. Por un lado, no nos convence demasiado eso de construir a una república sin mayores detalles. Preferíamos un compromiso más explícito con la revolución social de esta ruptura con el Estado español. Por otra o, y quizás todavía más importante, nos desagrada ver como este proceso de aparente ruptura se ha construido como un choque entre legalidades (española versus catalana) y se deja la iniciativa a los respectivos gobiernos, declaraciones parlamentarias y mecanismos institucionales. Todo ello en medio de una población que, básicamente reducida a un rol de espectadores, se nos mantiene quieta en nuestras respectivas casas. Es decir, que el supuesto poder de decidir se reduce, una vez más, a depositar puntualmente una papeleta en una urna. Y nada más. Una cosa y la otra nos alejan de comprometernos activamente con lo que está pasando en torno a la convocatoria de referéndum del día 1 de octubre. Y no porque no creamos en la necesidad de auto determinarnos como pueblo, sino porque tenemos serias dudas de que esta sea una vía real para hacerlo. Personalmente, no puedo ni quiero cerrar los ojos. Un estado, con su fuerza, pone en marcha un aparato represivo de unas dimensiones descomunales. Normaliza los registros por parte de policías tantos estales como autonómicas. Y que jueces y fiscales dicten lo que se puede y no se puede hacer. Un nuevo recorte de derechos. Lisa y llanamente.
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