dissabte, 30 de juny del 2018

La Generalitat Valenciana cuenta con 150 millones para afrontar sentencias de la etapa del PP

PLENO CONSELL

EFEValència29 jun. 2018

   El conseller de Hacienda, Vicent Soler, junto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Otra, durante la rueda de prensa posterior a la sesión plenaria semanal del Gobierno valenciano. EFE
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, junto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Otra, durante la rueda de prensa posterior a la sesión plenaria semanal del Gobierno valenciano. EFE
La Cuenta General de la Generalitat de 2017 incluye cerca de 150 millones para afrontar la ejecución de cuatro sentencias derivadas del anterior Consell del PP, como la demolición de las Torres de Benidorm, la anulación de la autovía CV-95, los retrasos del Acceso Norte a Alicante y la reducción de tarifas de las ITV. El pleno del Consell ha aprobado este viernes la Cuenta General de 2017 para su remisión a la Sindicatura de Comptes, así como las cuentas de ese ejercicio de las mercantiles Ciudad de las Artes y las Ciencias, Sociedad Proyectos Temáticos, RTVV SAU, Ciegsa, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, y Vaersa. En la rueda de prensa posterior al pleno, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha explicado que en 2015 ya hubo que "aflorar" 3.084 millones para provisiones y compromisos "no reconocidos en el pasado, o centrifugados al presente", en 2016 fueron 924 millones, y en 2017 son 147 millones para ejecutar sentencias, que podrían llegar a los 175 millones. Soler ha destacado que en 2017 la Generalitat ha minorado a la mitad el resultado económico patrimonial negativo respecto a 2016, que se sitúa en 1.368 millones y es el mejor dato desde 2008 y casi un 80 % menos que en 2011. El conseller ha indicado que estos datos reafirman "el final de la ingeniería contable de la anterior etapa de Gobierno" y el cumplimiento de las recomendaciones del Síndic de Comptes, y reflejan que el resultado económico patrimonial "ha mejorado de manera notable". La Cuenta General de 2017 ha incorporado nuevas provisiones por importe de 147,5 millones fundamentalmente para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales derivadas de actuaciones del anterior Ejecutivo. Entre estas sentencias se incluye la que obliga a demoler las dos Torres de Benidorm (Alicante), dos edificios de 22 plantas en la zona de servidumbre de costa, y a indemnizar a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo con el dinero que pagaron incrementado en un 20 %. El impacto de esta sentencia se estimó en 72 millones en el auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano, y es lo que figura provisionado en la Cuenta General de 2017, aunque las estimaciones realizadas por la Generalitat aumentan el coste de la operación, debido a la complejidad de la demolición, hasta los 100 millones. De este modo, el incremento del pasivo en 2017 por sentencias derivadas de decisiones del pasado se elevaría a los 175 millones. Otra de las sentencias a las que la Generalitat debe hacer frente es la anulación de la autovía CV-95, en el tramo Orihuela Costa (Alicante), cuyo coste está estimado en 9,5 millones en concepto de indemnizaciones más intereses. Otro fallo se refiere a las modificaciones, dilaciones y ampliaciones de plazo en la ejecución del acceso norte a Alicante (Avenida de Denia), que obliga a la Generalitat a abonar al contratista 14,7 millones, con lo que el coste final de la obra ascenderá a 64,4 millones, un 90 % más que el precio inicial de adjudicación (33,8 millones). Asimismo, la Generalitat ha tenido que provisionar 46,55 millones por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia que anuló el acuerdo del Consell de 2014 por el que se redujeron sin un estudio económico-financiero las tarifas de las concesionarias de la ITV en las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora. La Cuenta General refleja también que los fondos propios de la Generalitat se sitúan en -29.294 millones, mientras el pasivo exigible crece un 4,16 % hasta los 50.289 millones debido básicamente al Fondo de Liquidez Autonómica y a las nuevas provisiones. Asimismo, las cuentas 409 y 411, referidas a operaciones pendientes de aplicar a presupuesto o cuyo pago se deriva a varios ejercicios, respectivamente, se han reducido de los 1.756,9 millones en 2016 a los 1.211 millones en 2017. Preguntado por el FLA, Soler ha defendido la necesidad prescindir de este mecanismo y ha insistido en reclamar un nuevo sistema de financiación, algo para lo que la Comunitat Valenciana lleva esperando seis años y no puede esperar otros dos, pues "estamos hartos de vivir de préstamos", ha dicho.
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/la-generalitat-cuenta-con-150-millones-para-afrontar-sentencias-de-etapa-del-pp/50000879-3666514

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