LA UNIÓ crea un colectivo de afectados por el corredor de hidrógeno para defender expropiaciones justas y proteger las explotaciones agrarias
Municipios afectados en las comarcas de Castelló (23)
Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d'en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d'Alcolea y Vila-real.
LA UNIÓ crea un colectivo de afectados por el corredor de hidrógeno para defender expropiaciones justas y proteger las explotaciones agrarias
La Unió Llauradora i Ramadera ha impulsado la creación de un colectivo de propietarios de fincas afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno que atravesará la Comunitat Valenciana con el objetivo de defender un proceso de expropiaciones transparente, garantizar indemnizaciones ajustadas al valor real de las explotaciones y proteger la actividad agraria durante la ejecución de esta infraestructura.
El proyecto, cuya construcción y adaptación de las infraestructuras existentes está prevista entre 2028 y 2029, contempla un trazado de 393 kilómetros por la Comunitat Valenciana y afectará a un centenar de municipios de las tres provincias.
No obstante, la organización explica que no será necesario ejecutar expropiaciones en el tramo comprendido entre la entrada desde Cataluña y Montesa o Albaida, ni entre Tibi-Xixona y Murcia, ya que en esos recorridos se aprovechará una conducción ya existente paralela a la red de transporte de gas natural. Las principales actuaciones expropiatorias se concentrarán previsiblemente entre Montesa-Albaida y Tibi-Xixona, donde será necesario construir nuevos tramos de la infraestructura.
Ante esta situación, LA UNIÓ considera que el desarrollo de infraestructuras estratégicas ligadas a la transición energética debe compatibilizarse con la protección del sector agrario y del territorio rural. La organización recuerda que las explotaciones agrícolas representan un activo económico, productivo y medioambiental esencial para numerosos municipios valencianos.
Con este propósito, mantendrá una interlocución permanente con la empresa promotora del corredor para exigir que todo el procedimiento se desarrolle con las máximas garantías para los propietarios afectados.
Entre las principales reivindicaciones de LA UNIÓ figuran el establecimiento de indemnizaciones justas, calculadas mediante criterios técnicos y agrarios que reflejen el valor real de las parcelas y cultivos afectados; la minimización del impacto de las obras, garantizando el acceso a las fincas, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y la continuidad de la actividad agrícola; así como la restauración integral de los terrenos una vez finalizados los trabajos, mediante la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas.
La organización sostiene que "la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano" y defiende que cualquier infraestructura de interés general incorpore criterios de sostenibilidad social y territorial para evitar que sean los agricultores quienes asuman los costes de estos proyectos.
Asimismo, recuerda que el corredor de hidrógeno atravesará alrededor de un centenar de municipios valencianos, muchos de ellos con una elevada dependencia de la agricultura y la ganadería, por lo que reclama a las administraciones públicas que garanticen un procedimiento expropiatorio transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes que eviten pérdidas irreparables para las explotaciones afectadas.
Finalmente, LA UNIÓ hace un llamamiento a todos los propietarios de fincas que puedan verse afectados para que se incorporen al colectivo, con el fin de reforzar la defensa conjunta de sus derechos durante todo el proceso. Además, la organización pondrá a su disposición asesoramiento técnico y jurídico especializado y realizará un seguimiento permanente de la evolución del proyecto para que ningún afectado quede desprotegido frente a la Administración o la empresa promotora.
Municipios afectados en las comarcas de Alicante (23)
Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi para enlazar con el tramo de Murcia.
Municipios afectados en las comarcas de Castelló (23)
Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d'en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d'Alcolea y Vila-real.
Municipios afectados en las comarcas de València (54)
Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarp, l'Alcúdia, l'Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Moncada, Montesa, Montserrat, Museros, l'Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.
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