Hace mucho tiempo que el PP renunció a convencer a la ciudadanía española de que cuenta con una alternativa de interés general para gobernar España. Sus dirigentes son conscientes de que la situación económica, laboral y territorial del país es buena. Los españoles recuerdan que las políticas liberales de la austeridad y los recortes fracasaron en la gestión de la crisis de 2008. Y el líder del partido no convence, no motiva, no genera confianza, no suma a las siglas, en definitiva, como muestran las encuestas.

En consecuencia, el PP ha decidido practicar una oposición puramente destructiva, con el objetivo de emponzoñar el clima político y social, desestabilizar las instituciones, y practicar el juego sucio de los bulos y las acciones judiciales abusivas para acabar con el adversario político. “El que pueda hacer, que haga”, ordenó Aznar, y la consigna se cumple en los ámbitos políticos, periodísticos y judiciales.

La última medida adoptada por el PP en el marco de esta estrategia destructiva ha hecho decaer un Real Decreto Ley con importantes medidas de carácter social. El voto de las derechas parlamentarias ha tumbado la revalorización de las pensiones, las bonificaciones destinadas a los usuarios del transporte público, las ayudas a las víctimas de la DANA, el bono social para abaratar la factura de la luz a familias vulnerables, la prohibición de echar de sus hogares a quienes no pueden pagar el alquiler, la prórroga de la subida del salario mínimo en tanto se negocia el aumento para este año, las ayudas a la industria electrointensiva que emplea a miles de trabajadores…

Las derechas han castigado a pensionistas y usuarios del transporte público, entre otros colectivos necesitados, con el propósito de propinar una derrota parlamentaria al Gobierno, desestabilizar el país y echar a Sánchez de La Moncloa, por las buenas o por las malas.

Además, engañan con sus excusas. Aseguran en estos días que si la revalorización de las pensiones se hubiera sometido a votación en un decreto independiente, ellos hubieran votado a favor. Falso, como lo prueba su voto reiterado en contra de la dignificación de las pensiones durante los últimos años. Plantean la falsa alternativa de “trocear” el decreto para “salvar” las medidas sociales, cuando la realidad es que cada “trozo” del decreto ofrece respuestas a sectores sociales necesitados y relevantes.

¿A quiénes quieren sacrificar en su “troceo”? ¿Pensionistas? ¿Usuarios del transporte público? ¿Víctimas de la DANA? ¿Familias vulnerables amenazadas de desahucios? ¿Enfermos necesitados del bono social eléctrico? ¿Trabajadores con el salario mínimo? ¿Empleados de las industrias electrointensivas?

Engañan cuando se excusan en la devolución de un inmueble al PNV, hablando de “regalo”. No se puede regalar al PNV lo que es del PNV. El inmueble referido, sito en la capital francesa, fue comprado con dinero de militantes del PNV, incautado por los nazis, y entregado por estos a la dictadora franquista. El Gobierno se ha limitado a cumplir con su obligación de devolver la propiedad a su dueño legítimo.

El Gobierno no descansará hasta encontrar soluciones para todos los colectivos castigados por la oposición destructiva de las derechas. Mientras tanto, sus autores han de recibir el reproche social y político que corresponde a quienes anteponen sus intereses espurios sobre la atención a las necesidades de la población española.


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