La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal
El empresario está acusado, además, de defraudar 350.951 euros y de utilizar una red de facturas falsas, por lo que se le abrirá juicio oral
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y, recientemente, por pertenencia a organización criminal. La decisión ha sido adoptada por la magistrada sustituta Carmen Rodríguez Medel, quien dirige temporalmente el juzgado hasta la incorporación del nuevo titular, el magistrado Antonio Viejo.
El auto marca el último paso procesal en la fase de instrucción antes de que un juez de lo penal decida sobre la posible condena. Amador todavía podría evitar el juicio si la Audiencia Provincial de Madrid estima un recurso de apelación que presentó el 1 de septiembre, alegando vulneración de derechos al no haberse admitido pruebas solicitadas durante la instrucción.
Acusaciones y delitos
La apertura de juicio incluye, además de a Amador, a otros cuatro empresarios, todos ellos imputados por los mismos delitos. Se trata del mexicano Maximiliano Niederer y de los sevillanos David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido, presuntamente implicados en la elaboración de facturas falsas utilizadas por Amador para defraudar a Hacienda. Según la investigación, entre 2020 y 2021 habrían defraudado 350.951 euros mediante un entramado de facturas ficticias.
El auto recoge las peticiones de todas las acusaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado centran su acusación en los delitos de fraude fiscal, por 350.910 euros, en concurso con falsedad en documento mercantil. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Más Madrid suman dos delitos más: delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal, argumentando que Amador y sus colaboradores actuaron de manera concertada y organizada para defraudar al erario público.
Según la jurisprudencia citada por los
partidos, a diferencia de la organización criminal, que requiere continuidad temporal, el grupo criminal requiere únicamente la unión de más de dos personas con la finalidad de cometer delitos de forma concertada. Respecto al
delito contable, los partidos reconocen que la jurisprudencia lo subsume en el fraude fiscal, pero señalan que, debido a limitaciones impuestas por la Audiencia, formulan la acusación bajo esta calificación alternativa.
Penas solicitadas y otras investigaciones
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado para Amador una pena de tres años y nueve meses de cárcel. Por su parte, PSOE y Más Madrid piden cinco años de prisión. Además, Amador se enfrenta a otra investigación en el Juzgado 19 por un presunto soborno a un directivo de Quirón Prevención, dentro de una pieza separada que continúa abierta.
El caso se remonta a mayo de 2022, cuando Hacienda inició la investigación que concluyó que Amador había defraudado al erario público 350.910 euros con la ayuda de 15 facturas consideradas falsas. La jueza María Inmaculada Iglesias, quien investigó el caso durante año y medio, lo procesó inicialmente el 28 de agosto por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsedad documental.
Tras su jubilación voluntaria en agosto, la causa pasó a manos de Carmen Rodríguez Medel.
Antes de la apertura de juicio, Amador solicitó a la magistrada Rodríguez Medel que suspendiera el procedimiento hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos interpuestos contra su procesamiento. El empresario alegaba que la tramitación del caso vulneraba sus derechos, al no haberse admitido pruebas solicitadas durante la instrucción. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud, señalando que “no ha lugar” a la suspensión al no apreciarse causa para ello.
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