En más de dos décadas sólo se ha ejecutado el 50% del desarrollo previsto y el sector valenciano reivindica la eliminación de las zonas decretadas en 2001, salpicadas por el caso Erial
Elisabeth Rodríguez Publicado: 24/11/2025 ·06:00 Actualizado: 24/11/2025 · 06:17
VALÈNCIA. Tras veinticinco años de cortapisas y lastres, el desarrollo de la energía eólica en la Comunitat Valenciana parece atisbar el cambio que tanto ansía el sector de las renovables valencianas. Al menos en lo que a normativa se refiere, puesto que el Consell ultima el nuevo plan eólico que modificará el decretado por el gobierno de Eduardo Zaplana en 2001, investigado en el caso Erial, y cuya ejecución desde entonces apenas alcanza el 50%.
Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a ValenciaPlaza al asegurar que el Plan Eólico "está bastante avanzado", a falta de revisión y cerrar algunos flecos jurídicos. Según indican desde la cartera que dirige Marian Cano, esta normativa es uno de los ejes de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana.
En 2024 el Consell manifestó su intención de revisar el denominado Plan Eólico tras la reivindicacion reiterada del sector, que critica especialmente la zonificación en la que se distribuyen los permisos para la instalación de aerogeneradores, lo que también conllevó problemas jurídicos con los promotores que desarrollaron o trataron de desarrollar algunos parques. Además, los procesos de adjudicación del Plan Eólico son objeto de investigación en el caso Eorial por amaño de adjudicaciones y cobro de sobornos de empresarios.
En este nuevo plan, la intención es contar con aerogeneradores de menor impacto pero más eficientes, tal y como como lleva tiempo pidiendo la normativa europea. Cabe recordar que la Generalitat tiene como objetivo alcanzar los 4.000 megavatios (MW) en 2030 y que actualmente hay instalados 1.243 MW, por lo que todavía queda pendiente más de la mitad por desarrollar en los próximos cinco años.
La patronal de las renovables valencianas, Avaesen, asegura que se encuentran en un grupo de trabajo abierto con técnicos y cargos de la conselleria y orevén que no se tardará en cerrar este nuevo plan. El sector ha trasladado a la mesa la petición de eliminar las zonas de desarrollo tal y como están configuradas, para que pase a funcionar como el desarollo de plantas fotovoltaicas, donde los promotores solicitan el permiso para instalarse en la zona más idónea.
"Reivindicamos un modelo similar al del desarrollo de la fotovoltaica, donde se puedan realizar proyectos fuera de las antiguas zonas eólicas, y que cada proyecto tenga su análisis ambiental específico. Es lo coherente con las normativas que emanan de Europa y con la situación actual de la tecnología, que permite la viabilidad de proyectos donde hace 25 años no era posible", especifican a este diario.
Otras de las reivindicaciones es moderinzar el sistema de desarrollo. "El plan eólico de la Comunitat Valenciana tiene casi 25 años y tanto la tecnología como las normativas europeas. El plan eólico debe superarse por una estructura más moderna", agregan. "Solicitamos también un marco específico para la repotenciación de proyectos. Esto es importante, porque muchos parques eólicos están a final de su vida útil y además están saliendo ayudas para esto en el PRTR, y es importante que las aprovechemos como Comunitat, destacan.
Los seis frentes del Plan Eólico
Las costuras legales del modelo del Plan Eólico —desde su diseño técnico hasta sus adjudicaciones— se han manifestado en seis ejes principalmente durante las últimas dos décadas. Estas son las que más controversia han generado.
1. La fragmentación de parques
Uno de los puntos más sensibles del plan fue la división de grandes instalaciones en subconjuntos inferiores a 50 MW. Sobre el papel, se trataba de ordenar territorialmente la potencia; en la práctica, los tribunales dedujeron que esa estrategia permitía mantener la autorización en manos de la Generalitat y sortear la competencia estatal. Varias resoluciones del TSJ valenciano señalaron que algunos de esos subconjuntos constituían, en realidad, un único parque, anulando autorizaciones clave y sembrando dudas sobre la arquitectura jurídica del plan.
2. Los conflictos de interés en los estudios ambientales
La credibilidad institucional también se vio afectada por las denuncias de conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de estudios ambientales. El caso más sonado señaló al entonces director general de Energía por contratar a una empresa vinculada a un familiar directo. Aunque la investigación penal no derivó en condenas, el episodio alimentó la percepción de opacidad y añadió presión sobre un plan ya cuestionado por su diseño administrativo.
3. Choque con la normativa ambiental europea
La estructura original del plan tampoco encajó con las exigencias comunitarias. Varias ONG ecologistas elevaron denuncias a Bruselas alertando de posibles vulneraciones de la Directiva de Hábitats, la de Aves y la normativa europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos previstos en áreas protegidas —LIC, ZEPA o entornos de especial relevancia ecológica— colocaron al plan bajo el escrutinio europeo y activaron advertencias sobre la insuficiente integración del principio de precaución.
4. Evaluaciones ambientales cuestionadas
El procedimiento de evaluación ambiental fue otro de los puntos negros del plan. La utilización de "declaraciones complementarias" para modificar proyectos sin una nueva evaluación completa y la aprobación de algunas tramitaciones fuera de plazo abonaron la idea de que la administración actuó con una laxitud incompatible con la magnitud del despliegue previsto. El TSJ valenciano acabó por tumbar parte de esas actuaciones, reforzando la tesis de que el proceso nació con carencias estructurales.
5. Impactos sobre territorio y patrimonio
Más allá del plano jurídico, la oposición local encontró en la protección del territorio un argumento sólido. Colectivos y ayuntamientos afectados documentaron afecciones a zonas forestales, corredores faunísticos, elementos de piedra en seco y enclaves arqueológicos. Aunque muchas de estas denuncias no llegaron a los tribunales, sí alimentaron recursos, alegaciones y paralizaciones que complicaron aún más la ejecución del plan.
6. Caducidades y revocaciones que reabren el debate
Veinte años después, las consecuencias siguen aflorando. La Generalitat ha declarado en los últimos meses la caducidad de documentos ambientales de varios proyectos por irregularidades detectadas en la tramitación original. Estas decisiones no solo frenan parques previstos, sino que reabren el debate sobre la vigencia del modelo y refuerzan la necesidad —asumida ya por el Consell— de elaborar un nuevo marco regulatorio que cierre la etapa de incertidumbre jurídica y reubique la planificación eólica en parámetros actuales.
castellonPlaza
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