Noticia e información de última hora: marca la actualidad informativa en España. Este jueves, la sentencia al fiscal general del Estado, publicada por el Tribunal Supremo, ha provocado un auténtico polvorín judicial. Jesús Maraña, Carmelo Encinas e Ignacio González Vega han analizado el escándalo judicial y la vara de medir del Tribunal Supremo hacia los periodistas que dieron fe de que el fiscal general no había filtrado el correo electrónico con los delitos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Se realiza una contundente crítica a la acción judicial de los jueces del Tribunal Supremo que han dictado sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según Jesús Maraña: “Respetando al Tribunal Supremo, atropella la presunción de inocencia, sin pruebas para condenar, y hacen expresiones como que el correo es del fiscal general. En una situación de condena, recuerdo lo que dice José Hermida: recordamos, solo o en compañía de otros, lo que pasó en el caso de los marqueses de Urquijo. Con el fiscal general hay testifical de que no filtró Álvaro García Ortiz. Lo han hecho los cinco magistrados para explicar el registro de la Fiscalía, ordenado por el juez Hurtado. No existe culpabilidad de Álvaro García Ortiz. Desde el punto del crédito que lapida el TS, es el Tribunal quien no hace nada para el prestigio. El Tribunal no entiende lo que es el secreto profesional.”La controversia en torno a la reciente resolución judicial ha desatado un intenso debate público. Diversos analistas han señalado la “gran contradicción” de la sentencia al otorgar mayor credibilidad al testimonio de una fiscal vinculada al entorno político madrileño que a profesionales de contrastada trayectoria periodística, como Miguel Ángel Campos. Esta disparidad en la valoración de las fuentes ha generado interrogantes sobre los criterios aplicados y sobre la coherencia interna del fallo.
En paralelo, la intervención del juez Vega ha introducido un nuevo elemento de tensión mediática y jurídica. Según se ha difundido, el magistrado habría puesto sobre la mesa la posibilidad de una irregularidad en la sentencia del Tribunal Supremo, específicamente en los aspectos relativos a la actuación fiscal. Aunque estas consideraciones no constituyen una conclusión firme, sí abren la puerta a un escenario de revisión, incluso a la eventual anulación de la resolución si se acreditaran defectos procesales relevantes.
Expresiones como “ni pruebas ni dudas”, ampliamente reproducidas en el debate público, se han convertido en un eje narrativo para quienes cuestionan la solidez argumental del fallo. No obstante, cualquier afirmación concluyente dependerá de los análisis jurídicos formales y de los procedimientos correspondientes.
En este contexto, la discusión continúa avanzando en dos frentes: por un lado, la calidad y jerarquía de los testimonios valorados; por otro, la posible existencia de inconsistencias procesales que puedan afectar la validez de la sentencia. Lo único claro por ahora es que el caso ha reactivado un debate de alto impacto político, mediático y judicial, en el que la transparencia y la solidez jurídica serán determinantes.
Se pone el foco en la reacción al bulo de Miguel Ángel Rodríguez. “Hemos llegado a un asunto dispar.” Se pone el foco en el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez Bajón. El exfiscal general del Estado hace un análisis de última hora que pone el foco en el recurso de la sentencia del fiscal, que podría ser nula por completo.
la torreta informativa
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