dilluns, 11 de setembre del 2017

Cas Taula. El PP va pagar amb diner negre entrevistes en televisió dels seus edils a València (pagar per eixir més que els altres a la TV i als diaris és garrama)




Abonó, durante la campaña de 2007, 8.120 euros a 13 Televisión y 15.103 a Mediterráneo
El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia recurrió al dinero que los recaudadores almacenaron en la caja b para pagar por entrevistas en televisión a sus concejales durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2007. En concreto, el PP de la ciudad de Valencia pagó a Canal 13 Televisión 8.120 euros correspondiente a dos entrevistas al ex vicealcalde Alfonso Grau, a juicio policial el centinela de la presunta caja b de Rita Barberá, y Alfonso Novo, ex portavoz municipal del PP, los días 24 y 25 de mayo de 2007-las elecciones se celebraron el domingo día 27-.
Además, entre la documentación analizada por la Guardia Civil, aparece otra factura que acredita el pago de 15.103 euros a Televisión Popular del Mediterráneo por dos entrevistas más en campaña a Novo y Grau. En ambos casos la Unidad Central Operativa (UCO) ha constatado que los conceptos se modificaron para ocultar la naturaleza electoral del gasto y burlar los controles de los órganos de fiscalización.
El PP del Ayuntamiento de Valencia no sólo pagó con dinero negro entrevistas en televisión a sus concejales para reforzar la marca del partido. Según se desprende del informe que la Guardia Civil ha entregado al juzgado, Grau también abonó con la caja b la campaña de promoción del grupo municipal en toda la prensa escrita valenciana y hasta una factura de 5.510 euros en concepto de una paella para mil comensales que Barberá compartió con los vecinos del barrio de Castellar, el día 19 de mayo de 2017.
Estas facturas aparecen en el listado de clientes del grupo Laterne, la empresa pantalla con la que Grau pudo disponer de grandes cantidades de dinero que permitieron contratar unos trabajos por un importe muy superior al legalmente establecido, dice la Guardia Civil. En esa campaña el presupuesto oficial del PP para toda la provincia de Valencia ascendía a poco más de 130.000 euros, pero el equipo de Barberá dispuso de más de 2 millones de euros para sus actos, según sospecha la UCO.
La documentación de Laterne que ha analizado la Guardia Civil apunta a que todas estas facturas se pagaron en metálico a través de ingresos en ventanilla en varias entidades bancarias. Por ello «una de las principales conclusiones que se extraen de la investigación desarrollada es que en el año 2007, al igual que en los años 2011 y 2015, se habría vuelto a disponer de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de elevado valor facial (500 euros) para hacer frente al pago de determinados trabajos encargados con motivo del periodo electoral correspondiente a las elecciones municipales del año 2007».
La investigación desarrollada ha permitido conocer que Alfonso Grau era la persona que realizaba las tareas de recaudación en épocas próximas a periodos electorales, al menos en los años 2007 y 2011. En las de 2015, tras la marcha de Grau por su implicación en el caso Nóos, del que resultó absuelto, el sumario atribuye la función a Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del grupo.
Al parecer, el sistema de recaudación era el siguiente: Laterne firmaba un contrato con el grupo municipal popular para la campaña y, a su vez, recaudaba dinero negro de grandes contratistas del Ayuntamiento para sufragar gastos electorales de forma irregular y así pasar inadvertidos ante los órganos fiscalizadores. En relación a estas dinámicas, la UCO explica que «resultan de especial interés aquellos indicios recopilados que apuntan a la procedencia de los fondos, y los que sitúan a Alfonso Grau, desempeñando un papel relevante en todas ellas». Además, se realizaron ampliaciones de capital para que Laterne tuviera liquidez y afrontar las deudas electorales de 2007.
El ex vicealcade de Valencia ejerció durante varias convocatorias electorales de jefe de las campañas de Barberá y las diligencias policiales practicadas han apuntalado ahora su participación en los hechos delictivos que se investigan.
Grau ya figura como imputado -ahora, investigado- por la presunta financiación irregular de las campañas de 2011 y 2015; mientras que su actual esposa, la ex concejal de Cultura María José Alcón, fue detenida y puesta en libertad provisional en enero de 2016 por el cobro de comisiones a cambio de contratos del Ayuntamiento y por su presunta participación en el blanqueo de 50.000 euros en la última campaña.
Fuentes próximas al caso admiten que, tras conocerse el contenido de este informe, el juzgado también podría imputar a Grau por la campaña de 2007.

València comença a dir adéu a la Fórmula 1 que no costaria un € als valencians i n'ha costat 98.000.000 (de moment)

Resultado de imagen de circuito f1 valencia coste

Este lunes empieza el desmontaje de los tinglados de la Marina de Valencia, que actuaron en su día como boxes y palcos VIP del circuito automovilístico.
Este lunes comienza el desmontaje de los tinglados de la Marina de Valencia, que actuaron en su día como boxes y palcos VIP del circuito de Fórmula 1. Un circuito que no iba a costar ni un euro a los valencianos, según el anterior Consell, y que acabó teniendo un coste de 14,6 millones de euros. Ahora, la Conselleria de Vivienda comienza las obras de desmontaje de los tinglados 4 y 5, unas obras que tendrán un presupuesto de 1 millón de euros, a lo que se suma el coste de 1,2 millones por la enajenación del material por parte del adjudicatario. La consellera, María José Salvador, asegura en una entrevista con la Ser que estas actuaciones simbolizan "el cambio de paradigma, el cambio de marco" para "devolver los tinglados a la gente, a la ciudadanía". Las obras se prolongarán cuatro meses, al término de los cuales la Generalitat devolverá los tinglados al Ayuntamiento de Valencia.
Así, a principios del próximo año, antes de Fallas, podrían estar acabadas las obras. Entonces, destaca Salvador, será el consistorio valenciano el que tendrá que tomar la decisión de qué uso darle, aunque se muestra convencida de que se le dará una finalidad adecuada. Lamenta Salvador que los tinglados modernistas, con el valor patrimonial que tienen, se hayan utilizado como espacios VIP que solo pretendían, dice, excluir a la gente. "Ahora volverán a la gente", asegura.
La consellera explica que la deuda de 14,6 millones que dejó el proyecto "la están pagando todos los valencianos" y que, además de esa cantidad, la entidd de infraestructuras, el EIGE, está pagando un crédito de 60 millones, que se empezó a pagar en 2016, por más de 7 millones al año.
No es la única obra destacada que se empezará a acometer esta semana. También comenzará este martes la reurbanización del sector de la Torre, una actuación a la que Salvador se refiere como un "símbolo de una nueva etapa" que rompe con todo lo que significó la burbuja inmobiliaria, y la construcciónd de viviendas por encima de la demanda. "Son unas instalaciones abandonadas por el PP, y nosotros, a mitad de legislatura, ya damos el paso, con una inversión de 1,5 millones de euros y una duración de 6 meses", explica. La consellera detalla que, entre otras cosas, se habilitarán espacios verdes y viales de transporte para que los vecinos "estén conectados de forma más sencilla y efectiva con el centro de Valencia".

diumenge, 10 de setembre del 2017

Enquestes



Encuesta Sigma Dos: El PP resiste y el PSOE sube con fuerza en plena crisis catalana
Madrid 10 SEP. 2017



Podemos pierde dos puntos y Ciudadanos uno y medio en los meses en los que se ha consumado el golpe independentista
La llamada nueva política emergió con el propósito de regenerar los mecanismos de la vida política. Ofrecían aire nuevo. Sin embargo, en su maquinaria se aprecia cierto parón, desgaste. Tanto Unidos Podemos como Ciudadanosembarrancan en sus aspiraciones electorales, precisamente en un contexto político de máxima tensión y complejidad por el desafío independentista de Cataluña. La demoscopia muestra que la sociedad parece depositar su confianza en momentos como el actual en los partidos constitucionalistas clásicos. Así,Podemos y Ciudadanos bajan en su intención de voto, según se desprende de la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO. La formación morada, con un 19,5%, y los naranjas, con un 12,7%, pierden terreno respecto a la última encuesta ofrecida por este diario en mayo -21,6% y 14,3%, respectivamente-.
Frente a este retroceso de las formaciones de Pablo Iglesias y Albert Rivera, elPP se mantiene con un 30,8% de intención de voto -en mayo contaba con un 31,1%- y el PSOE registra una importante subida, pasando del 23,5% al 26,4%. Los grandes partidos consolidan su posición ante los nuevos, justo cuando más consistencia demanda la sociedad para solucionar el problema de Cataluña.
El trabajo de campo de esta encuesta, con una muestra de 1.000 entrevistas, se realizó del 4 al 7 de septiembre. Esto es, durante la presente semana, con la estrategia de cada uno de los cuatro grandes partidos ya definida y con elParlament consumando su golpe a la legalidad.
En los últimos meses, la actualidad política ha estado monopolizada por el conflicto catalán. Frente a las críticas de la oposición por su inmovilismo y falta de iniciativa, el Gobierno sigue contando con el respaldo de sus votantes. Apenas cae tres décimas respecto a la encuesta de Sigma Dos del mes de mayo.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha apostado por una respuesta mesurada, proporcional al desafío lanzado por los independentistas. «Todos los escenarios están contemplados», se reiteraba desde Moncloa. El presidente del Gobierno ha armado un frente común junto a PSOE y Ciudadanos, que han mostrado su «apoyo sin fisuras» a las decisiones del Gobierno. Las tres formaciones suman el 70% de la intención de voto. Una clara mayoría. Podemos permanece al margen de este frente común que ha articulado Moncloa, que recuerda que según «con quien hables» en el partido morado «dicen una cosa u otra».
Por su parte, Pedro Sánchez ha apostado por dejar las siglas a un lado y cerrar filas con Rajoy. El líder socialista ha conseguido revitalizar las constantes vitales de su formación hasta llegar a situarla a 4,4 puntos de distancia del PP, cuando en mayo la brecha entre ambos era de 7,6 puntos.
El crecimiento del PSOE es a costa de Podemos y de Ciudadanos. Los vasos comunicantes de votos entre los socialistas y los morados parecen transcurrir con más fluidez hacia la sede de Sánchez, que cumple, según los datos de Sigma Dos, con su promesa de situar a su partido como líder indiscutible de la oposición.
Mientras, la dirección de Ciudadanos confiaba en que el regreso de Sánchez y su apuesta por posicionamientos mucho más escorados a la izquierda les permitiera pescar votos entre los socialistas moderados. Los números no avalarían esta perspectiva.
Los siete puntos de ventaja del PSOE sobre Podemos es la mayor ventaja de los socialistas en los últimos dos años. El sorpasso aparece ya como recuerdo histórico. Un mero fantasma.
La formación que lidera Pablo Iglesias pierde desde mayo 2,1 puntos. Sus guiños al independentismo, sus ambigüedades y hasta contradicciones le pasan factura. La fallida moción de censura contra Rajoy también sembró desconcierto y dudas. Su papel, en ocasiones desdibujado en el Congreso, también jugaría en su contra.
A la baja está también Ciudadanos, que se deja desde la encuesta de mayo 1,6 puntos. La formación de Albert Rivera, que lidera la oposición en Cataluña, se posicionó desde el primer momento con el Gobierno y la aplicación de la ley. Pero los constantes feos del Ejecutivo, negándose a cumplir algunas de las medidas pactadas, lo sitúan en un papel complejo. Su rol a medio camino entre socio de Rajoy y aliado de la oposición, para evitar ser identificado como muleta del PP, produce ciertas interferencias entre el electorado. El discurso más transversal que mantiene en Cataluña durante los últimos meses, cuna de esta formación y donde arraigó gracias a un mensaje duro, contundente contra el nacionalismo, es una variable también a tener en cuenta.
Si comparamos la fotografía actual que ofrece Sigma Dos con los resultados de laselecciones generales de 2016, salvo el PSOE, el resto de formaciones pierde fuelle. El PP se deja 2,2 puntos, Podemos cae 1,6 y Ciudadanos retrocede 0,4 puntos. Por contra, el PSOE experimenta un crecimiento de 3,7 puntos.
En cuanto a la valoración de los líderes políticos, Pedro Sánchez mantiene su idilio con la demoscopia. Es el líder mejor valorado, con una puntuación de 4,28. Se impone a Albert Rivera (4,18) y a Mariano Rajoy (4,09). Pablo Iglesias es el peor valorado (3,36), siendo superado, incluso, por Alberto Garzón (3,53). Entre los votantes de Podemos, Iglesias logra una nota del 5,38 frente al 5,22 de Garzón. No se impone de manera clara.
Los votantes del PP valoran mejor a Albert Rivera que los de Ciudadanos a Mariano Rajoy. El líder naranja logra un 5,1 entre el electorado del PP, mientras que quienes votaron a Cs conceden un 4,3 al presidente del Gobierno.
  • FICHA TÉCNICAUniverso: Mayores de 18 años. Ámbito: Nacional.Muestra: 1.000 entrevistas con un margen de error ±3,16% para los datos globales, con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50.Selección: Aleatoria con cuotas de sexo y edad. Entrevista: Telefónica.Fecha del trabajo de campo: Del 4 al 7 de septiembre de 2017.Realización: SIGMA DOS. Dirección: José Miguel de Elías.

L'efecte dòmino ha començat i no pararà fins que caigui l'última fitxa.



Foto: MER GARIJO
Alfonso Grau se convierte en el eje central de la investigación
10/09/2017 - 
VALÈNCIA. El PP de Rita Barberá está a un paso del banquillo y Génova lo sabe. Y Génova como es sabido: "ni perdona, ni olvida". Valencia Plaza, tras publicar en exclusiva que varios imputados por el blanqueo de capitales habían sido acreditados para un acto con Rajoy, y publicar el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que supuestamente termina de acreditar las trampas del Grupo Municipal Popular de València, ha podido constatar de fuentes internas del partido que, "el PP está harto. Ya no quieren saber nada de ellos y los han dejado caer. Las pruebas de sus delitos son las que son".
De hecho, las pruebas contra ellos son tan abrumadoras, que a los imputados no les ha quedado otra que encomendarse a que exista algún tipo de error procesal que consiga salvarlos de verse sentados en el banquillo con una petición de penas de prisión que superarán, de largo, los dos años de cárcel por persona, lo que implicará su ingreso en Picassent. A las hasta ahora aplastantes pruebas contra ellos por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro electoral, se añaden las nuevas pesquisas realizadas por la UCO que no son más que un nuevo clavo en su ataúd político y procesal.
Dicha investigación evidencia que las trampas y el dopaje electoral eran el pan nuestro de cada día. Barberá hizo trampas, según la UCO, al menos en las tres últimas elecciones municipales para seguir siendo 'la alcaldesa de España'. Es más, para conseguirlo utilizó múltiples fórmulas.

Los métodos

En 2007, el año en el que supuestamente más dinero B se utilizó, cerca de tres millones de euros pese a oficialmente dijeron que solo habían gastado 150.000 euros, los agentes afirman que utilizaron a las empresas contratistas del consistorio para que, tras recibir contratos o con la promesa de recibirlo, financiaran en B la campaña. En las elecciones de 2011 habían perdido su empresa pantalla de cabecera, Laterne Product Council, y es por ello que pasaron a utilizar otra, Trasgos, que era la empresa preferida de una de las principales investigadas en esta causa, pero que al igual que hiciera LPC, les sirvió para trampear el dinero real que costó la campaña.
El problema surgió en 2015. Ese año los partidos sabían que la Fiscalía Anticorrupción andaba al acecho de cualquiera que realizara un movimiento extraño. A ello hay que sumar que, al menos según el sumario, Trasgos ya no trabajaba en 'esa parte', es decir, en la campaña, pero ellos seguían teniendo que utilizar el dinero B que entraba antes de cada campaña electoral para poder mantener las macro campañas. Es por eso que presuntamente se utilizó la fórmula más burda de blanqueo, el conocido como pitufeo.
Valencia Plaza ha hablado con diversos abogados penalistas que, preguntados por elpitufeo, han explicado: "Es la peor forma de blanqueo que se conoce y, por si fuera poco, entraña grandes riesgos para la persona o personas que lo cometen".
Candidatura del PP encabezada por Rita Barberá en 2007. Foto: EFE/Manuel Bruque
Candidatura del PP encabezada por Rita Barberá en 2007. Foto: EFE/Manuel Bruque

Unos riesgos que no calcularon, ya que les pidieron a 50 personas que realizaran la operativa. Pero como pasa siempre en estos casos, no calcularon y se encontraron con el hecho de que cuatro asesores se negaron a delinquir. Ahí metieron la pata, pero eso no fue nada comparado con que una de las asesoras que sí que blanqueó el dinero lo hiciera engañada. Sí, dentro del sumario hay una declaración lapidaria y que supone un verdadero torpedo en la línea de flotación de las defensas.
Elena Rodrigo, asesora de prensa, declaró que engañada por el jefe de comunicación, Julio Valero, entregó 1.000 euros a la secretaria del grupo municipal y principal acusada, Mari Carmen García-Fuster, quien le devolvió dos billetes de 500 euros, según su relato. Pero añade Rodrigo que cuando fue consciente de lo que había hecho pidió devolver los billetes. Esa declaración, junto a la de la exconcejal María José Alcón, son las mejores bazas, más allá de los informes policiales, para hundir a toda una generación política.

Informe

Pero por si fuera poco todo ello, ahora la UCO ha realizado un nuevo informe que acredita no solo lo que ya estaba acreditado, sino todo aquello que se sospechaba pero no podía asegurarse. Es más, este último informe añade más delitos a la lista de los ya imputados. Ahora se suman el cohecho y la malversación de caudales públicos, ya que supuestamente se utilizó dinero público para pagar la campaña de Barberá.
Alfonso Grau, en la Ciudad de la Justicia de València. Foto: MARGA FERRER
Alfonso Grau, en la Ciudad de la Justicia de València. Foto: MARGA FERRER

De dicho informe, la persona que más explicaciones tendrá que dar será el que fuera mano derecha de Barberá, y 'fontanero oficial' del consistorio, Alfonso Grau. Solo mentar su apellido hace temblar las piernas de más de un investigado. Es la persona que, junto a la exalcaldesa, ha dirigido con mano de hierro el ayuntamiento durante 20 años. Es la persona que conoce las miserias de todos y cada uno de los concejales y asesores del PP. Es la persona que, de pactar con la Fiscalía, puede ser la mano ejecutora contra todos ellos.
Ahora falta saber si Grau entrará al juego o no. Pero don Alfonso no puede olvidar que tiene más causas pendientes. La Fiscalía ha pedido que se revise su absolución en Nóos, Anticorrupción lo mantiene imputado por cohecho en otra investigación y, solo él sabe si dentro de la causa que está secreta en un juzgado de Valencia y que investiga los contratos de Trasgos con el Ayuntamiento su nombre puede aparecer. Motivos para "hablar" con el fiscal no le faltan, pero solo él sabe cuál será su estrategia.
El efecto dominó ha comenzado y no parará hasta que caiga la última ficha.

Si queda judicialment demostrat que el pp guanya les eleccions amb garrames que passa amb els seus càrrecs electes, amb el que han legislat i amb les decisions preses?



El informe emitido por la Guardia Civil pone al que fuera mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, como uno de los principales baluartes de la presunta financiación irregular
8/09/2017 - 
VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha emitido un contundente informe en el que asegura que la financiación irregular ha sido una constante dentro del grupo municipal popular en Valencia.
El informe, basado en los papeles que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción, evidencia que, no solo el PP de Rita Barberá hizo trampas de forma sistemática, sino que la mano derecha de la exalcaldesa, Alfonso Grau, fue una de las personas más importantes para poder llevar a cabo la citada presunta financiación irregular.
Tal y como se puede leer textualmente en el informe, la UCO afirma: "La cuestión de fondo, que una vez más aflora en este procedimiento, es la irregular forma en la que se sufragó la campaña correspondiente a unas elecciones municipales, en este caso las del año 2007, así como el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo con esa finalidad".
"El resultado de lo anterior –continúa el informe–se tradujo en que también en dicho año en que se sufragaren con dinero en efectivo determinados gastos relacionados con la actividad del partido propios de los periodos electorales sin que ello tuviera reflejo en la  contabilidad global de la  formación  política, pudiendo ser estos hechos constitutivas de un delito electoral".
Junto con la demostración del probable delito electoral, el otro matiz capital que queda claro es el supuesto papel fundamental que tuvo en todo ello el ex vicealcalde de València. Según los agentes, Grau recibió dinero en efectivo de empresas que eran contratistas del Ayuntamiento de Valencia.

Alfonso Grau, directamente implicado

Explica el informe que: “La investigación realizada sitúa a Alfonso Grau como uno de los principales intervinientes en los hechos. No sólo por su implicación directa en el seguimiento y control de los distintos trabajos que se realizaron con motivo de las elecciones municipales del año 2007, sino también por su contribución a la obtención de fondos que permitiesen afrontar el pago de la deuda a los proveedores electorales”.
Y prosiguen asegurando: “Junto al mismo resultó determinante la participación en los hechos investigados de su amigo Vicente Saez. Ambos habrían intervenido en la toma de decisiones respecto de los trabajos a realizar, además de tratar de forma reservada los asuntos de una mayor sensibilidad, sirviéndose de la estructura empresarial del último, especialmente de la empresa Laterne Product Council, para alcanzar el objetivo de financiar de forma irregular los citados trabajos desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos, impidiendo su fiscalización y permitiendo con ello que se supere el techo de gasto sin reflejo en la contabilidad electoral”.

Lluvia sobre mojado

Pero la UCO explica que no solo LPC se utilizó para ‘trampear’. Aseguran en su informe que “En esta ocasión, desde el grupo municipal popular de Valencia se contrató a la empresa LPC (empresa de Tormo) al objeto de desarrollar determinados trabajos relacionados con la campaña electoral de 2007. Fue empleado (el método) en otras ocasiones conocidas como en el caso de la empresa Trasgos, contratada para la campaña del año 2011, y permitió al igual que entonces, que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido velando su identidad de manera buscada, todo ello perfeccionado hasta el punto de permanecer oculto a los órganos fiscalizadores”.

Los datos económicos

Entre los investigados por el presunto blanqueo de capitales hay una tendencia a tratar de desmontar la investigación tratando de desacreditar a los testigos. Pero según se desprende del informe de la UCO, no solo esas declaraciones hunden en la miseria a los populares de Rita Barberá. Las informaciones objetivas sacadas de la Agencia Tributaria o de las diferentes cuentas bancarias analizadas, así como del libro mayor del LPC dejan en evidencia lo hasta ahora defendido por los ‘pitufos’, que no hubo financiación irregular.
La Guardia Civil es clara al afirmar que: “el análisis de las cuentas bancarias permitió contrastar los datos que figuran en los documentos aportados”, unos documentos que este medio no dudó en aportar a la investigación. “Especialmente se pudo comprobar la veracidad de lo declarado por Jesús Gordillo testigo y exasesor de Grau, en relación al destino del dinero que le entregó Alfonso Grau, localizándose los apuntes bancarios correspondientes al abono de determinadas cantidades de dinero en efectivo por parte de LPC a los distintos proveedores que aún no habían cobrado por los servicios prestados. Lo anterior además otorga verosimilitud a las cantidades consignadas en el libro mayor de la empresa LPC, toda vez comprobado que las cuantías reflejadas en el mismo coinciden con las de los ingresos realizados en las cuentas bancarias de los distintos proveedores”.

Las trampas del PP

En sus conclusiones, los agentes de la Unidad Central Operativa son claros y concisos sobre cómo el PP de Barberá hizo trampas: “la forma de proceder implementada permitía sufragar determinados gastos electorales sin que ello tuviera reflejo en la contabilidad global del partido, huyendo así de la fiscalización ejercida por parte de los órganos de control. Esa ausencia de control se traducía en que por parte del PP de la ciudad de Valencia se podían superar los techos de gasto electorales establecidos, sin que tuviera reflejo en la contabilidad global del partido, algo que también sucedió en el año 2007”.

José Mª Domínguez, un mestre


SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017


GARANTIAS



Las garantías no son instrumentos técnicos y neutrales, son instrumentos ideológicos en disputa que operan en el seno de las contradicciones democráticas y sociales, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual. Por mucho que la CUP defienda dicho proyecto, está contraviniendo su propia ideología de lucha de clase. La visión primaria conservadora ha presentado, históricamente, el Derecho como algo desvinculado de la moral, como si éste fuera algo fuera de  la historia fruto de una trascendente visión compartida en la comunidad, ajeno de las personas que lo redactan e interpretan y de la coyuntura social en que lo hacen. El Derecho encontraría en sí mismo su propio fundamento, sería universal, neutral, técnico, incuestionable y por tanto, debe respetarse y cumplirse. La razón por la cual la burguesía construye tal visión del Derecho y las garantías es obvia: si uno tiene el monopolio de determinar las normas de una sociedad y de los instrumentos para garantizar su realización o no, tiene el control de la misma. Y si, además, es capaz de hacer pensar a la gente que solo hay un único derecho neutral y unas únicas garantías para hacerlo efectivo, las del Poder, elimina la posibilidad en los ciudadanos de ampliar los márgenes de lo pensable política, económica y socialmente fuera de las fronteras de su dominio.
La izquierda ha tenido, tradicionalmente, una concepción pluralista del Derecho y las garantías. La legalidad y la seguridad jurídica no es algo a defender por sí mismo y que no se pueda transgredir, como si el Derecho fuera algo separado de la moral y que no dependiera de las personas. Toda Constitución y ley son creadas por legisladores e interpretadas por jueces con una ideología determinada en una coyuntura determinada, que son defendibles en aquellas partes que, de acuerdo con los principios éticos de democracia y dignidad humana, sean justos, pero que en sus otras partes injustas no son defendibles sino atacables. Lo mismo que el derecho es un campo de batalla, las garantías también lo serán. Las garantías no son instrumentos técnicos y neutrales, son también instrumentos ideológicos en disputa que operan en el seno de las contradicciones democráticas y sociales. El argumento de que el proceso autodeterminación no es más que una estrategia de la burguesía catalana, secundada por un pueblo sin autonomía, como cortina de humo de la corrupción, y por tanto su fin se dirige no a garantizar sustantivamente los derechos de las clases populares sino a su desmantelamiento. 
Ni las instituciones y el Derecho son objetos pasivos que son usados por el presidente de un gobierno cuando quiera para lograr los fines que quiera. Ni la sociedad es un ente sin autonomía que secunda ciegamente la estrategia del Gobierno. La compleja articulación de los diversos aparatos institucionales y de sus ramas, con mayorías y minorías distintas en el interior de cada uno de ellos, así como la movilización popular y su presión sobre el Poder, supone que el hecho de que un partido de derechas tenga la presidencia del gobierno no implica que pueda controlar el contenido de todas las leyes que se emiten.
Para que “la sangre no llegara al rio” lo único coherente seria que el pueblo catalán, pudiera celebrar un referéndum con toda la garantía legal y autorizada por el Estado Español, sin injerencias de ningún tipo.  Una alternativa real hoy sería una España formada por Estados Federales. Y estas tendrían todas las garantías.
José María Domínguez