El área 'blanda' de ERC y el PDeCat valora una posible convocatoria electoral en Cataluña. Moody´s advierte que la independencia reduciría la calificación de la comunidad a niveles de Irak.
Aunque en público el Gobierno catalán continúa fingiendo indiferencia hacia la fuga de empresas, la realidad es que dentro del Govern la tensión es cada vez mayor y están dispuestos a suspender la declaración unilateral de independencia (DUI), por la que ya solo pelea en voz alta la CUP.
En los cuarteles generales independentistas se estaría trabajando en una nueva hoja de ruta durante este fin de semana, en la que abandonarían la declaración de independencia y abrirían otras alternativas, como una posible convocatoria de elecciones.
La presión de los empresarios independentistas y de los grupos económicos catalanes, preocupados además de por la inseguridad jurídica que generaría declarar la república catalana, como por su acceso a financiación, estaría provocando este cambio de escenario.
Moody's puso en evidencia ayer cuál podría ser el riesgo: advirtió a las empresas de que una declaración de independencia referenciaría su nota de crédito a la de un estado que cuenta con una nota de crédito basura, que sería peor en caso de ruptura. "Por ahora damos una nota de crédito a Cataluña de Ba3", señalaban en su informe. "Sin embargo, nuestro escenario base para una Cataluña independiente sería menor, de caa1". Esta nota de crédito es la misma que soportan países como El Salvador, Mongolia, Bielorrusia o Irak.
Riesgo de impago
Para algunos economistas, declarar la independencia y activar la Ley de Transitoriedad abriría la puerta a un posible default catalán y, por tanto, también a una posible crisis de financiación para los grupos empresariales que mantuvieran su negocio en Cataluña, que incluso sin un evento de crédito, de acuerdo con Moody's, ya se verían expuestas a un posible encarecimiento del coste de financiación. Ante una situación de bloqueo financiero total, se podría llevar a la quiebra técnica a muchas empresas catalanas, con un efecto caótico en el empleo y en la economía.
El miedo generado por la fuerte caída en las bolsas, la pérdida de posibles contratos en caso de ruptura y la fuerte inestabilidad financiera generada por la posible salida de capitales o la retirada de depósitos, habrían precipitado el cambio de decisión y también la huida de muchas e importantes empresas, como CaixaBank, Gas Natural, Banco Sabadell y una larga lista durante los dos últimos días.
Sostener la economía
Un contexto tan imprevisible como para que el sector empresarial haya presionado un cambio de actitud político en la Generalitat, al que ya se habrían comprometido altos cargos del Govern, provocando que empresarios cercanos al independentismo no hayan hecho las maletas en los dos últimos días. Por ello, de acuerdo con estas fuentes, se estaría negociando cómo dar un paso al lado en la declaración de independencia y buscarle, en paralelo, una salida política a Carles Puigdemont.
En este momento, la sesión del Parlament en la que se iba a declarar la ruptura ya ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y, a día de hoy, está prevista una nueva el próximo martes, en la que en el orden del día no incluye declarar la ruptura, sino una intervención de Carles Puigdemont.
A menos que la línea menos radical del Govern no consiga imponerse este fin de semana y se altere el orden del día -Carmen Forcadell podría negarse a aceptarlo, para no incurrir en otro posible delito de desobediencia-, si finalmente se votara, otra alternativa sería que los diputados que estuvieran en contra de dar este paso lo hicieran en contra, forzando que no se aprobara.
Un referéndum no válido
El presidente catalán puede tener argumentos a los que agarrarse para bajarse del discurso de la ruptura, como, por ejemplo, reconocer que el referéndum del 1-0 no ha tenido las garantías necesarias y no podrían validar los resultados. De hecho, ni siquiera ha sido la sindicatura electoral -disuelta por el Tribunal Constitucional- la que ha dado a conocer los resultados. Fue el propio Gobierno catalán, incumpliendo su propia Ley del Referéndum, el que los dio a conocer y los observadores internacionales ya han adelantado que la consulta no cumple los estándares necesarios.
Así, tras los acontecimientos de ayer, fue el propio conseller de Empresas, Santi Vila, el que directamente pidió un alto el fuego. "En primer lugar, debemos serenarnos y proclamar un alto al fuego", dijo el conseller, quién también abogó por dejar a un lado la idea de la declaración unilateral de independencia. "No se deben tomar decisiones que sea irreparables", dijo en una entrevista en RAC-1. El responsable del tejido empresarial en Cataluña reconoció haber recibido estos días "muchas preguntas de directivos de diferentes empresas, preocupados por lo que pueda pasar", a los que pidió "no hacer la bola más grande, "porque ésta es una estrategia partidista".
