Contar con un Gobierno de corte ultranacionalista o populista tiene un alto precio en la Unión Europea. Político, judicial y financiero. Esta semana, la Justicia europea declaró ilegal la controvertida reforma judicial de Polonia, hecho por el que país ya acumulaba multas de 555 millones de euros.
El Parlamento Europeo también ha pedido que Hungría no asuma la presidencia rotatoria del Consejo por su deriva autoritaria. Y la Italia de Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, tiene bloqueado el tercer tramo del Plan de Recuperación Europeo.
A comienzos de este mes, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reclamaba frenar la Presidencia rotatoria del Consejo a manos de Hungría. Los de Víktor Orbán asumirán las riendas de la UE en julio de 2024. Y el siguiente semestre hará lo propio Polonia.
Sendos países se encuentran bajo el procedimiento del Artículo 7 de los tratados por vulnerar los derechos y principios europeos fundamentales. Será la primera vez en la historia del proyecto europeo que un país con estas deficiencias sobre el Estado de Derecho asuma la Presidencia rotatoria.
La Eurocámara no tiene competencias para vetar o alterar las Presidencias del Consejo de Hungría y Polonia
No obstante, la Eurocámara no tiene competencias para vetar o alterar el calendario de las Presidencias del Consejo. Pero su resolución envía un mensaje simbólico y político que pone el foco e inflige más presión sobre Budapest y Varsovia.
Las afrentas al Estado de Derecho no solo están teniendo consecuencias simbólicas. Los efectos van más allá de la retórica. Bruselas sabe que en esta coyuntura de derivas antidemocráticas que se viene consolidando desde hace años en el tándem liberal su gran instrumento de presión y disuasión es el dinero.
Culminar la activación total del Artículo 7 significaría que Hungría y Polonia perderían su sagrado derecho de voto y veto en la mesa del Consejo Europeo. Pero ello no va a recurrir por la paradoja de que dicho proceso requiere unanimidad. Y ambos se cuidan las espaldas uno a otro.
Por ello, la arteria financiera está siendo la gran baza y la gran arma de la Comisión Europea para amonestar a países que están rompiendo las reglas del juego y los valores sobre los que se había sustentado el proyecto europeo históricamente.
Hungría ha aprobado leyes para prohibir hablar de homosexualidad en los colegios, contra la indigencia o los refugiados y ha restringido el espectro de la oposición, de la educación o de la libertad de prensa. Por ello, Budapest tiene congelados los 5.800 millones de euros del programa Next Generation y 7.500 millones de fondos regionales.
Aunque la Comisión Europea dio hace unos meses luz verde al plan, no ha desembolsado ni un céntimo. Esta cifra se suma a los 22.000 millones de euros en partidas de cohesión que el Ejecutivo comunitario suspendió en diciembre por dudas de financiación y malversación.
Polonia, contra la justicia y la oposición
Hace un año desde que Bruselas dio la fumata blanca al fondo de recuperación nacional polaco, que asciende a 35.000 millones de euros, tras meses de intensas negociaciones centradas especialmente en la judicatura.
Sin embargo, durante este tiempo el país no ha recibido ninguna partida. Y el panorama no se prevé halagüeño. Esta semana, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado la razón a la Comisión Europea fallando que la controvertida reforma judicial de Polonia es ilegal y es contraria al acervo comunitario.
La sentencia de Luxemburgo pone fin a años de choque directo entre Bruselas y Varsovia por esta cuestión. El Ejecutivo comunitario lleva años señalando que el sistema polaco impulsado por el Partido Ley y Justicia (PiS) -aliado de Vox en la Eurocámara- no respeta los principios fundamentales de separación de poderes ni la independencia judicial.
Los jueces en Polonia pueden ser multados por sus sentencias, deben declarar su afiliación política y el fiscal general es la misma persona que el ministro de Justicia.
Con este panorama, en 2021, la máxima instancia judicial europea impuso una multa diaria de forma cautelar al país que ascendía a un millón de euros (después se rebajó a medio millón). Así, Polonia ha acumulado una sanción de 555 millones de euros.
El Tribunal de Justicia de la UE ha dado la razón a la Comisión al fallar que la reforma judicial de Polonia es ilegal
Si no acata la sentencia de Luxemburgo, se expone a ser apercibido con multas millonarias. También esta semana, la Comisión Europea ha abierto un proceso de infracción contra Polonia –en una rapidez y dureza inusual- por la llamada ley Donald Tusk.
Vestida de legislación contra la injerencia rusa, en Bruselas creen que esta normativa del PiS está llamada a silenciar e incluso a encarcelar a líderes de la oposición como Tusk, que fue también expresidente del Consejo Europeo.
Por último, en marzo, el mismo mes en el que España se convertía en el primer país europeo en recibir la tercera remesa del plan de recuperación -dotada en 6.000 millones de euros-, la Comisión Europea paralizó el tercer pago a la Italia de Meloni.
Este pago está cuantificado en 19.000 millones de euros y el freno se debe a las dudas pendientes sobre el plan y el cumplimiento de algunos de sus hitos. Tres meses después, Roma continúa sin tener el visto bueno.
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