La jueza de la Dana debilita la última línea de defensa del Consell
VALÈNCIA. La jueza de la Dana ya había rechazado la declaración como investigado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Por eso, la decisión de este martes, en la misma línea, no es nueva. Pero adquiere relevancia pues llega después de oir sus explicaciones como testigo el pasado 19 de septiembre. Una acusación popular, el partido Valores, había pedido su imputación al considerar que de su testifical se podían extraer indicios incriminatorios pero la magistrada ha reiterado su postura, ahora sustentándose en la propia declaración de Polo. Y lo ha hecho con argumentos que debilitan una de las principales líneas de defensa que ha seguido tanto el Consell, dirigido por Carlos Mazón, como los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso.
Hasta el momento, el principal argumento de defensa esgrimido para explicar el envío de la alerta masiva a través del ES Alert a las 20.11h, cuando buena parte de las 229 víctimas ya habían fallecido, era la falta de información, achacada sobre todo a la CHJ. Su presidente, conectado al Cecopi aquella tarde, fue advertido del elevado caudal del barranco del Poyo pero no avisó en la reunión de máximos responsables, mientras que el organismo sólo envió un correo -su protocolo obliga a enviar tres- y cuando ya era tarde y el caudal multiplicaba por diez el umbral máximo de aviso. Pero ni siquiera estos hechos incontrovertibles -la magistrada los obvia pero tampoco los cuestiona- eximen a la Generalitat Valenciana de su responsabilidad en la vigilancia de barrancos, según el último auto de este martes.
Así, más allá de reiterar que la administración autonómica tenía la condición de garante a diferencia de la CHJ, la magistrada es contundente al atribuir al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat "la coordinación de la información" que llega de todas las agencias implicadas: tanto la CHJ como los municipios o los servicios de intervención desplegados. Aquí entra desde la Guardia Civil, los bomberos forestales de la Generalitat, la Policía Autonómica, los agentes medioambientales, las brigadas de la Diputación de Valencia, los servicios de vigilancia preventiva de incendios, incluso las comunidades de regantes o los funcionarios del servicio integral del agua de los ayuntamientos.
Todas ellas son "medios para la vigilancia de los barrancos y cuencas menores" que tiene a su disposición el departamento de Emergencias de la Generalitat, y "no están ordenados en su utilización conforme a una prelación". Es decir, que ninguna tiene prioridad sobre otras, según la jueza, por lo que tanto la Confederación Hidrográfica como el resto de cuerpos implicados se podría haber empleado para ese control, que -recalca- "debe efectuarse a través" del centro autonómico de Emergencias. Y esto responde a una "explicación sumamente lógica", según el auto: la orografía de la cuenca mediterránea.
"La existencia de un gran número de barrancos exige un control por parte del Centro de Coordinación de Emergencias", apunta la titular del juzgado, quien recuerda "lo que siempre han supuesto históricamente las avenidas" en la Comunitat Valenciana: "Crecidas repentinas con efectos devastadores, en ramblas y barrancos de acusada pendiente y de corto recorrido". Por ello, argumenta sólo se pueden prever desbordamientos a través de la previsión meteorológica y la vigilancia in situ de los barrancos. O lo que es lo mismo, la jueza se acoge a la explicación del presidente de la CHJ según la cual los datos recogidos por los puntos de control en los cauces, además de no ser los únicos que dan una información valiosa, no son los mejores para hacer predicciones.
"El control del caudal en los barrancos sólo puede ser efectivo a través de la previsión de lluvias y la vigilancia al pie del mismo barranco, dadas las características de este tipo de cuencas", apunta la jueza en ese sentido, para añadir la problemática adicional de que hay otros barrancos tributarios del Poyo "en los que no existe medidor algunos". Según Polo y según los expertos, son dichos barrancos sin control de aforo -l'Horteta, Gallego, Pozalet- los que empezaron a generar problemas al verter sus aguas en el Poyo.
En cuanto a los datos pluviométricos, la CHJ sí remitió múltiples correos advirtiendo de la superación de umbrales. Y en cuanto a las comprobaciones in situ del barranco, el auto recuerda cómo el centro de Emergencias movilizó a los bomberos del Consorcio Provincial a mediodía, al declararse la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, pero se retiraron sobre las 14.40h al comprobar que el caudal había disminuido: "Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos".
La instructora es contundente cuando recalca que la posibilidad de dar órdenes o exigir como directores del plan "correspondía de manera exclusiva a la administración autonómica". "Al igual que se desplegaron los efectivos, los bomberos forestales, bajo el control del centro de coordinación de emergencias, debieron vigilar si era necesario volver a desplegarlos, en tanto no cesara la emergencia", apunta la magistrada, para quien la Generalitat también tenía la posibilidad de ordenar "que se llamara a las distintas poblaciones afectadas, que se atendiera a la información de los medios de comunicación, que se analizaran las miles de llamadas del 112 que iban refiriendo el avance mortal de los desbordamientos [...], que se atendiera al SAIH". "Todo ello correspondía a la administración autonómica", concluye al respecto.
valenciaPlaza
