Las primeras denuncias en los tribunales contra la mujer del presidente llegaron a mediados de 2023 cuando un abogado pidió información y la Universidad respondió con un apoyo cerrado a la legalidad del proyecto académico
- 19 de octubre de 2025 21:56 h
son los mismos argumentos con los que Peinado, meses después, abrió su propia línea de investigación.
Para cuando Manos Limpias llevó a Begoña Gómez al juzgado en abril de 2024 con una denuncia plagada de recortes de prensa y un bulo, por tanto, ya había más denuncias y querellas contra ella, algunas con un año de antigüedad. Y la Fiscalía de Madrid ya se había interesado por ellas: un mes antes, la fiscal provincial Pilar Rodríguez había pedido a su equipo de prensa información sobre la querella de Baselga, remitiendo un enlace de El Distrito anunciando su interposición. El medio que, con el mismo abogado, se había querellado también contra Begoña Gómez por lo mismo un año antes.
Post it con las anotaciones del restaurante de Manuel Becerra y Begoña Gómez Esa conversación de la fiscal provincial con su equipo se plasmó en un post-it en su agenda, junto con otra anotación: “Restaurante Manuel Becerra”. Porque varios periodistas habían pedido información sobre la causa judicial que investigaba la tragedia del restaurante Burro Canaglia un año antes, cuando un incendio causó dos muertos. La Guardia Civil decidió que esta nota debía ser incorporada a la causa del Tribunal Supremo, aunque no guardaba relación, y ha servido para que la derecha difunda el bulo de que la fiscal Pilar Rodríguez y Begoña Gómez se reunieron en un restaurante para trazar una estrategia de defensa ante la inminente apertura de casos judiciales contra ella.
La supuesta reunión por la que el PP pide explicaciones nunca existió, el restaurante en cuestión llevaba un año calcinado, y la documentación a la que ha tenido acceso este periódico prueba que la Fiscalía sí estaba reuniendo información sobre estas primeras querellas ultras contra Begoña Gómez. El 13 de marzo de ese año, el día en que está colocado el post-it en la agenda, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, explicó por escrito a la Fiscalía General en una dación de cuentas qué había pasado con todas esas querellas “con idéntico contenido” contra la esposa del presidente y su trabajo en la Complutense. HazteOir, la organización ultracatólica que ejerce la acusación popular contra Begoña Gómez y el fiscal general, ha sido la primera en intentar judicializar este bulo.
De las querellas fracasadas a la causa de Peinado
Los primeros movimientos contra Begoña Gómez llegaron en 2023 con una estrategia conjunta de un abogado que pidió información a la Complutense y, después, convirtió esa información en querellas a través de un medio ultra y una tertuliana conspiranoica, pero ninguna cristalizó en una causa judicial. Hubo que esperar a que Juan Carlos Peinado abriera diligencias a petición de Manos Limpias, diera entrada a todos los partidos y organizaciones ultras que lo pidieron y llegara al mismo punto: investigar la vida laboral de Begoña Gómez.
La causa –su versión inicial– arrancó cuando la organización ultra de Miguel Bernad presentó una macedonia de informaciones de prensa con las que acusaba a Begoña Gómez de favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas millonarias con cartas de recomendación, de intervenir en el rescate a Air Europa, y finalmente una noticia de The Objective que exponía ambiguamente que existía una subvención a nombre de Begoña Gómez: una hostelera cántabra con el mismo nombre que la esposa del presidente.
La lupa de Peinado no se puso sobre la Universidad Complutense y la década de trabajo que Gómez había desarrollado allí hasta semanas después, cuando la asociación ultracatólica HazteOir presentó su propia querella pero esta vez apuntando a su cátedra y su máster. El rector Goyache fue finalmente imputado y, con el paso de los meses y las nuevas querellas de la extrema derecha, Begoña Gómez pasó a estar triplemente investigada por su relación con la Complutense: por supuestamente conseguir la cátedra usando su matrimonio con Pedro Sánchez, por apropiarse de un software y, finalmente, porque su asistente en Moncloa envió correos a sus interlocutores en la Universidad.
La Audiencia Provincial ha ido limando estas imputaciones mientras Peinado ha adaptado sus diligencias hasta dejar a Begoña Gómez al borde de juicio. Los magistrados supervisores del proceso levantaron la imputación del rector ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. El último movimiento de Peinado, después de haberse pronunciado en dirección opuesta hace menos de un año, es dar entrada como acusación a la Universidad Complutense de Madrid. La misma institución que hace dos años, a respuestas del abogado cuyas querellas abrieron la veda, defendió a capa y espada las colaboraciones de Begoña Gómez.
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