Demà es complirà un any del pitjor dia de la nostra història recent, el 29 d’octubre de 2024. 365 dies de dolor que encara fan més mal quan veiem que el màxim responsable de coordinar l’emergència, de salvar les 229 vides que hui no estan entre nosaltres, continua aferrat al càrrec sense cap intenció de dimitir.
Carlos Mazón és un personatge vil, de manual. Mentider sense escrúpols, incapaç de donar explicacions i de demanar perdó a unes víctimes desconsolades i desemparades per un president indigne d’esta terra. No sabem si demà acabarà acudint al funeral d’Estat, però si ho fa, serà una nova bufetada a la dignitat de les víctimes i de les seues famílies, a qui continua negant la veu a les Corts.
Fa un any que dura esta broma, la de Mazón de president. La d’un president covard que fuig de la veritat, acorralat per tantes mentides i centrat en el relat judicial. Una broma que ens hem d’empassar els valencians perquè Feijóo i Abascal així ho volen, en contra del sentir majoritari d’un poble que no el vol.
Esta setmana hem tornat a escoltar l’enèsima versió d’aquell dia, una més, insuportable. Però ningú ens lleva del cap el que ja sabem, que res el salvarà. Res, perquè mentre la televisió mostrava rescats dramàtics a Utiel i l’alerta roja estava activada a València, ell se n’anava a dinar tan tranquil al Ventorro. Ell ho sabia, i va decidir abdicar com a president. I que car ens ha eixit el menú als valencians.
Dissabte vam cridar ben fort pels carrers de València que volem veritat, memòria i justícia, i això només serà possible quan Mazón i els que el suporten se’n vagen. I això ho tenim més a prop que mai. Volem votar, Diana presidenta!
VALÈNCIA. Han de practicarse diligencias importantes para la investigación por mucho que puedan resultar en indicios contra un aforado como el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Es uno de los mensajes clave que le ha enviado la Audiencia Provincial de Valencia a la jueza que tutela la causa de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, en un auto que puede cambiar el rumbo de la investigación judicial, centrada en el envío tardío de la alerta masiva a la población el pasado 29 de octubre y que resultó en 229 personas fallecidas.
Hasta ahora, la magistrada había adoptado una actitud muy prudente sobre cualquier indagación relativa a Mazón dado que, como aforado, solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Así, la titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja había desestimado diligencias como la testifical de la periodista que comió con Mazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana, al considerar que podrían salpicar al titular del Gobierno. Una cautela con la que ha evitado dar motivos a quienes estuvieran interesados en desacreditar o inhabilitar la investigación por este motivo.
Pero ahora, la sección segunda de la Audiencia, que en todos estos meses había avalado la dirección tomada por la jueza, le ha ordenado que abra la mano en este caso y que cite a la periodista. Así lo ha hecho para el próximo 3 de noviembre. La Audiencia atiende las pretensiones de una acusación particular y deja claro en su auto que se deben aceptar diligencias interesantes para la investigación en curso aunque puedan resultar de manera colateral en indicios contra Mazón, que -recuerda- tenía la facultad de dar órdenes como jefe del Gobierno.
Por una parte, el auto justifica que la testifical de Vilaplana puede ser útil si aporta "información relevante a los fines de la investigación", centrada por ahora tanto en la exconsellera Salomé Pradas como el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Los magistrados de la sala creen que "a priori" no se puede descartar que, durante la comida, Vilaplana se enterara de lo que dijo Mazón en sus llamadas o que este le hablara de su contenido durante el encuentro. Cabe recordar que aquella tarde el titular del Consell habló por teléfono con la entonces consellera, según los listados de llamadas aportados.
Maribel Vilaplana, en una imagen de archivo.
Si la periodista hubiera conocido detalles de esos contactos telefónicos, podría "aportar alguna luz sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo". Y aquí los magistrados de la sala recuerdan un detalle que, aunque pueda parecer de perogrullo, no es baladí: Mazón, "por su condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación y puede impartir instrucciones a los miembros del Consell". Mazón pudo dar órdenes.
Una vez justificado el interés de la comparecencia, la sala entra a valorar las implicaciones que tiene todo esto para Mazón. Y aunque deja claro que la jueza “tiene razón” en que el titular del Consell “queda fuera” de la investigación por su condición de aforado, eso no es obstáculo para llevar a cabo diligencias “que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación”. Así, es contundente al señalar que las pesquisas -en este caso la testifical de Vilaplana- “no podrán ir dirigidas directamente a investigar la conducta del president” pero, y aquí está la clave, “no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado”.
A continuación, la sala relata los pasos que debería seguir la magistrada en el caso de que se hallaran indicios delictivos, lo cual es un proceso tasado. “Sería el momento”, explican los magistrados, en el que podría elevarse al TSJ la exposición razonada proponiendo la investigación de Mazón, y sería la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano la que analizaría si “concurren o no los indicios reforzados o cualificados exigidos por la jurisprudencia para que quepa abrir una causa penal” contra él.
“De momento”, apunta la Audiencia, “procede avanzar en la investigación practicando todas aquellas diligencias útiles y necesarias para completarla”. “Solo en el caso de que la juez de instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados […] contra el president y […] el TSJ compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo”.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES
Revoca la decisión de la jueza
El criterio de la sección segunda de la Audiencia revoca la decisión de la magistrada, quien consideró en mayo que “de aceptarse dicha declaración testifical, el objeto de la investigación se desplazaría sustancialmente hacía la actuación del president de la Generalitat, lo que indicó, comunicó o con quién, durante las horas en las que comió con la testigo". Así, insistía en que esto no era "factible dada su condición de aforado" y se apoyaba en que según la declaración de Pradas, Mazón no retrasó el envío de la alerta masiva a la población, que llegó a las 20.11h a través del sistema ES Alert y que constituye el núcleo de la instrucción.
La acusación particular intentó convencer a la magistrada alegando que, a través de Vilaplana, se podía conocer la actuación de Pradas durante aquella tarde, puesto que según el listado de llamadas de la exconsellera, habló con el president de la Generalitat. Una argumentación, a juicio de la instructora, "sumamente forzada" porque habría que preguntarle a la periodista "sobre conversaciones de las que no formó parte o sobre las reacciones o manifestaciones del president sobre la actuación de los investigados, lo que estos le pudieran haber comunicado [...] y este a su vez habría dicho". Por lo que insistía en que la testifical acabaría versando "de forma manifiesta" sobre Mazón. castellonPlaza
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MESA 1 de las IV Jornadas de escucha a la Ciencia y al Territorio, el 16 y 17 de octubre en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València.
"¿Transición ecológica o especulación energética? Hagamos las cosas bien"
Organizadas por ALIENTE junto a la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, la Associació Solidaritat Perifèries del Món y la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València.
Presentación de las IV Jornadas de escucha a la Ciencia y al Territorio, el 16 y 17 de octubre en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València.
"¿Transición ecológica o especulación energética? Hagamos las cosas bien"
Organizadas por ALIENTE junto a la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, la Associació Solidaritat Perifèries del Món y la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València.
El líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción. Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, precisando que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.
Se trata del juicio relativo a la última pieza -denominada principal- sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas". Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos. "Fundamentalmente", detalla, "con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad".
Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía "contratos mediante sobornos a cargos públicos" se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes. "Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos", indica.
La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal --"Caja B"--; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.
En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.
