Se reactiva el 'caso residencias' de la Comunidad de Madrid. Dos juzgados diferentes de la región capitalina han citado a declarar esta semana como imputados a tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en sendas causas donde se someterá a examen si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes o 'protocolos de la vergüenza'. Estos procedimientos, que nacen de actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron en aquellos años, se ponen nuevamente en marcha tras dos intentos previos fallidos de tomar declaración a los responsables.

En concreto, los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como 'protocolo de la vergüenza' que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era, en marzo de 2020, director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del citado triaje y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. Será el martes 9 de diciembre cuando los tres tengan que acudir a declarar como imputados al Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas, para analizar la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo, y al día siguiente, harán lo propio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas, en este caso por la querella presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En estos procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.

A la tercera va la vencida... ¿O no?

Esta será la tercera vez que se cite a estos tres ex altos cargos. En dos ocasiones anteriores estuvieron citados como imputados, pero no prestaron declaración.

La primera fue el pasado 26 de mayo, cuando debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones. Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres exdirigentes al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". El abogado de Martínez Peromingo fue quien quien solicitó la inhibición.

Decenas de causas judiciales contra ellos están en la mesa y la decisión de cuál es el Juzgado competente para hacerse cargo de ellas depende de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el Juzgado 3 no quisiera acumular las causas. Los propios imputados tienen intereses contrapuestos: mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima.

Incontables protestas sociales

Desde la pandemia del Covid-19, las manifestaciones en la capital para protestar por la gestión en las residencias han sido incontables. La última fue convocada el pasado 22 de noviembre por la asociación Marea de Residencias, juntando a miles de personas en las calles madrileñas y exigiendo "justicia" para los 7.291 fallecidos en residencias durante lo peor de la pandemia. 

La portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, denunciaba las políticas "discriminatorias" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que "dejaron fuera de la sanidad a las personas que vivían en residencias". López recordaba las cifras del drama: en apenas dos meses murieron 9.470 personas en la región, la mitad en comparación con las cifras nacionales; y 7.291 sin asistencia sanitaria.    

Asimismo, la asociación recordaba desde las calles que "esto no puede volver a ocurrir", reivindicando la creación de una Ley de Residencias que garantice la asistencia pública y los derechos de las personas que viven en estos centros, además de instar al Gobierno a que "se implique" para que estas medidas se lleven a cabo. Por otro lado, la organización centraba sus esfuerzos en pedir más servicios de "calidad" y en abogar por la desaparición tanto de la gestión privada como la colaboración público-privada, donde hubo “un mayor índice de mortalidad” que en los centros públicos.

Contactada por ElPlural.com, la portavoz de Marea de Residencias asegura que su denuncia "se basa en un delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal por la denegación discriminatoria de una prestación". "Esperamos que haya una investigación exahustiva, que se reconozca la  discriminación que sufrieron por razón de discapacidad y vivir en una residencia. Se les negó su derecho a la prestación sanitaria. Podrían haber sobrevivido o al menos haber muerto dignamente, pero los abandonaron, siendo los más vulnerables, y les dejaron ante una muerte cruel", ha señañaldo.

Del mismo modo, López trasladó que agotarán "todas las vías" judiciales en España para conseguir esa "justicia para las 7.291 víctimas" y, en caso de que no sea posible, llevarán el asunto “a los tribunales internacionales”. Al conocer que los imputados declararían de nuevo, Marea de Residencias mostraba su confianza para que "después de dos aplazamientos en otros tantos Juzgados, esos ex altos cargos declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida a las personas que vivían en las residencias de Madrid durante la pandemia".

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