dimarts, 24 d’abril del 2018
A diferència de l´alcaldessa de les Coves, Avel.li Roca si va creure en Tírig destí turístic
EFE Castellón
24 ABR. 2018 16:28
Pinturas rupestre de Tírig. A. R.
L'art rupestre de Tírig compleix 20 anys com a Patrimoni Mundial de la Unesco
La Diputación de Castellón colaborará con el Ayuntamiento de Tírig para llevar a cabo el ciclo cultural "Tírig, 20 anys Patrimoni Mundial"
El evento incluirá iniciativas como conferencias, escenificaciones, artesanía, visitas guiadas y música
La Diputación de Castellón ha programado un ciclo de actividades especiales este fin de semana en Tírig para celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco de las pinturas rupestres del Parque Cultural Valltorta-Gasulla.La institución provincial colaborará con el Ayuntamiento de Tírig para llevar a cabo este ciclo cultural, que incluye iniciativas como conferencias, escenificaciones, artesanía, visitas guiadas y música con el eje común del patrimonio cultural más antiguo de la provincia de Castellón.
El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, Vicent Sales, ha asegurado que el único bien de la provincia que cuenta con la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad "merece" que todas las Administraciones unan sus esfuerzos para "darle el impulso que merece, cultural y turístico, y provocar que redunde en la dinamización y generación de la máxima riqueza en los pueblos del interior de la provincia?.El alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha añadido que esta efeméride es "un motivo de orgullo para todos" y ha anunciado que "será un fin de semana completo de actividades, con dos zonas diferenciadas y con una programación que encantará tanto a mayores como a pequeños?.El programa de "Tírig, 20 anys Patrimoni Mundial" contará con un rocódromo prehistórico donde los visitantes podrán practicar escalada y tirolina, talleres infantiles de arqueología, tiro con arco y pintura rupestre, conferencias de los abrigos rupestres, gymcanas prehistóricas, actuaciones musicales, escenificaciones de dinosaurios en vivo y rutas teatralizadas que mostrarán cómo vivían los primeros habitantes de la Valltorta, entre otras actividades.El programa tendrá lugar desde las 18 horas del viernes hasta las 18.30 horas del domingo, cuando concluirá con una batukada prehistórica.
Els aturats valencians amb rendes inferiors a 18.000 euros no pagaran els medicaments
Los parados valencianos que cobren percepciones -subsidio o prestación- y cuyas rentas sean inferiores a 18.000 euros no pagarán a partir del próximo 1 de mayo el 40 por ciento de copago que aplica el Estado en los medicamentos, de forma que serán totalmente gratuitos gracias a una ayuda de la Generalitat.
Europa press
MARTES, 24 DE ABRIL, 20:01
Europa press
MARTES, 24 DE ABRIL, 20:01
A diferència de l'Alcaldessa de les Coves, l´edil de Driebes (Guadalajara) si actua per fer del seu poble un municipi turístic
Una minúscula aldea de Guadalajara de 300 habitantes se cuela en 'The New York Times'
El diario ha analizado el problema de la despoblación en las zonas rurales de España. Se ha centrado en la historia de Driebes, un pequeño municipio que en todo 2018 no ha registrado ningún nacimiento y cuenta con un solo pastor.
The New York Times se hace eco de la despoblación rural de España
MADRID 24/04/2018 13:37 Actualizado: 24/04/2018 13:51 PÚBLICO
The New York Times se ha fijado en la evolución demográfica de los pueblos de nuestro país. En concreto, se ha centrado en la historia de Driebes, un pequeño municipio de la provincia de Guadalajara que cuenta con tan solo 339 habitantes. "El pueblo solo tiene un pastor. Tiene 82 años. La escuela, construida para hasta 50 niños, ahora tiene 11. Hasta ahora este año, seis de sus residentes ancianos han muerto y no se ha registrado ni un solo nacimiento", recoge el periódico.
El periódico estadounidense alerta sobre la pérdida masiva de habitantes en esta zona rural y la necesidad de "atraer turismo o inversión" para renconducir el problema. "Es por eso que el alcalde, Pedro Rincón, y muchos de sus ciudadanos se emocionaron tanto el verano pasado cuando los arqueólogos pasaron un mes excavando en las afueras de Driebes". Se refiere al encuentro de un asentamiento romano, Caraca, con un foro y baños públicos, cuya población se cifra en 1.800 vecinos.
El hallazgo de los restos romanos ha reavivado la esperanza en el municipio, que, según The New York Times, ven esto como una oportunidad para que la aldea se convierta en destino turístico. Con el objetivo de potenciar esta idea, el municipio organizó un concurso de graffitis de temática romana.
"Las estadísticas nacionales de España muestran que más de la mitad de los municipios del país corren el riesgo de dejar de existir", apunta el medio. En el artículo incluye otros municipios españoles que cuentan con el mismo problema. Entre ellos, Estremera , cuya economía se ha recuperado por "la apertura de una centro penitenciario" que entre sus internos están "políticos catalanes en espera de juicio".
http://www.publico.es/internacional/minuscula-aldea-guadalajara-300-habitantes-cuela-the-new-york-times.html
El diario ha analizado el problema de la despoblación en las zonas rurales de España. Se ha centrado en la historia de Driebes, un pequeño municipio que en todo 2018 no ha registrado ningún nacimiento y cuenta con un solo pastor.
The New York Times se hace eco de la despoblación rural de España
MADRID 24/04/2018 13:37 Actualizado: 24/04/2018 13:51 PÚBLICO
The New York Times se ha fijado en la evolución demográfica de los pueblos de nuestro país. En concreto, se ha centrado en la historia de Driebes, un pequeño municipio de la provincia de Guadalajara que cuenta con tan solo 339 habitantes. "El pueblo solo tiene un pastor. Tiene 82 años. La escuela, construida para hasta 50 niños, ahora tiene 11. Hasta ahora este año, seis de sus residentes ancianos han muerto y no se ha registrado ni un solo nacimiento", recoge el periódico.
El periódico estadounidense alerta sobre la pérdida masiva de habitantes en esta zona rural y la necesidad de "atraer turismo o inversión" para renconducir el problema. "Es por eso que el alcalde, Pedro Rincón, y muchos de sus ciudadanos se emocionaron tanto el verano pasado cuando los arqueólogos pasaron un mes excavando en las afueras de Driebes". Se refiere al encuentro de un asentamiento romano, Caraca, con un foro y baños públicos, cuya población se cifra en 1.800 vecinos.
El hallazgo de los restos romanos ha reavivado la esperanza en el municipio, que, según The New York Times, ven esto como una oportunidad para que la aldea se convierta en destino turístico. Con el objetivo de potenciar esta idea, el municipio organizó un concurso de graffitis de temática romana.
"Las estadísticas nacionales de España muestran que más de la mitad de los municipios del país corren el riesgo de dejar de existir", apunta el medio. En el artículo incluye otros municipios españoles que cuentan con el mismo problema. Entre ellos, Estremera , cuya economía se ha recuperado por "la apertura de una centro penitenciario" que entre sus internos están "políticos catalanes en espera de juicio".
http://www.publico.es/internacional/minuscula-aldea-guadalajara-300-habitantes-cuela-the-new-york-times.html
O menjar o medicar-se: la pitjor cara de les retallades en sanitat del Govern, denuncia Amnistia Internacional en un demolidor informe
Desde que España aplicó la receta de la austeridad para hacer frente a la crisis económica se ha producido un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria, sobre todo, entre personas con rentas bajas, denuncia Amnistía Internacional en un demoledor informe.
Una manifestación contra los recortes en sanidad del Gobierno del PP.- EFE/Archivo
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Estrés, frustración y miedo: por qué lloran las enfermeras de las urgencias de La Paz
MADRID 24/04/2018 11:30 Actualizado: 24/04/2018 11:30 JAIRO VARGAS @JairoExtre
"Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar. Antes, medicamentos imprescindibles, como el álmax, o gotas para los ojos, o jarabe para la tos, no los tenías que pagar, ahora no hay mes que no me deje en la farmacia entre ocho y diez euros”. Son palabras de E., una mujer pensionista que ingresa menos de 800 euros al mes.
La de esta mujer, que tiene que elegir entre comer o medicarse, es sólo una de las casi 250 entrevistas que ha realizado Amnistía Internacional (AI) para elaborar su último informe sobre los efectos de las políticas de austeridad en España. Bajo el título La receta equivocada, la organización denuncia que los recortes en sanidad que sucedieron a la crisis económica ha provocado un deterioro notable en el acceso a un derecho humano fundamental: el derecho a la salud.
Según este informe, la sanidad en España es ahora más cara, menos accesible y de peor calidad que hace una década. Entre las razones, AI destaca el recorte del gasto público en sanidad, la introducción del copago farmacéutico y reformas que han excluido a sectores de la población del acceso a la sanidad pública. La peor parte del tijeretazo recae, una vez más, entre las personas de rentas más bajas, sobre todo, entre enfermos crónicos, personas mayores, gente en tratamiento de salud mental y personas con discapacidad.
El estudio repasa las diferentes medidas que el Gobierno del PP fue tomando para seguir los dictados de Bruselas en cuanto al déficit público. Así, España pasó de una primera fase de inversión y gasto público a un recorte sin precedentes en esta materia que, en sanidad, ha dejado desprotegidos a colectivos vulnerables. En concreto, España recortó desde 2009 su gasto sanitario, llegando al 2013 con un descenso del 12,7% respecto a 2009. Es decir, si el Estado gastaba en sanidad más de 70.000 millones de euros en 2009, en 2013 apenas superaba los 60.000 millones. Igualmente, el gasto sanitario per cápita cayó de los 1.600 euros a menos de 1.500. Una tendencia que, aunque se está revirtiendo, sigue muy lejos de los años previos a la crisis económica.
Los dramáticos efectos del copago
A esto hay que añadir la entrada en vigor del Real Decreto de 2012 que, además de excluir del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes en situación irregular, supuso la reorganización de la cartera de servicios del sistema público sanitario e introdujo el copago farmacéutico, es decir, que parte de los costos sanitarios recaían sobre las personas. Así, el precio de los medicamentos cubiertos por la Seguridad Social se ha incrementado entre un 10 y un 20% (según la renta) y personas que antes no pagaban, como los pensionistas, ahora pueden llegar a pagar hasta un 10% de sus medicamentos con un tope mensual de ocho euros (para quienes tienen ingresos menores a 18.000 euros). Del mismo modo, el Gobierno eliminó la cobertura pública de más de 400 productos, entre ellos, medicamentos para aliviar dolor o síntomas de enfermedades crónicas.
"Muchas personas me piden que les recete algo barato para que puedan pagarlo", afirma un médico
“Las familias dedicaron un mayor porcentaje de los gastos del hogar a costes relacionados con la salud”, explica el informe, que critica que “afectó desproporcionadamente a los grupos económicamente más vulnerables”. El resultado se resume en la afirmación de uno de los 75 profesionales sanitarios entrevistados por AI. “Muchas personas me dicen: por favor, recéteme algo barato para que pueda pagarlo”, aseguró. Otro médico afirmó a AI: “No creí que esta cuestión se convirtiera en un problema pero, después de la crisis, veo que muchas personas mayores que no pueden afrontar los costes de los medicamentos”. Uno de los enfermos entrevistados por AI sostuvo: “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas, o me suicido [a causa del dolor] […] así que, si tengo que matarme de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas”.
De los más de cien usuarios de la sanidad pública entrevistados por AI, casi todos afirmaron que su gasto en atención sanitaria había aumentado desde el inicio de la crisis y que, aunque las cantidades no eran altas, “suponían un esfuerzo considerable” debido a lo reducido de sus ingresos o a que ahora tenían que mantener a más personas (hijos o familiares en desempleo) con el mismo dinero. Algunos tenían que elegir entre pagar su tratamiento o hacer frente a otros gastos y otros reconocen que no podrían costearse la medicación sin ayuda de familiares.
"Las medidas de austeridad adoptadas por España están en conflicto directo con la obligación contraída por el Gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud. Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no sólo son regresivos: son crueles”, afirma Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre Salud.
Menos médicos, peor atención
La otra cara de la austeridad es la precarización de las condiciones laborales del personal sanitario y la disminución de las plantillas. Según el informe de AI, entre las recetas de austeridad del Gobierno se incluyeron el aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, restricciones a nuevas contrataciones, congelaciones salariales y aumento de los contratos temporales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado fue que, entre 2012 y 2014, la sanidad pública perdió casi 28.500 profesionales y, aunque desde 2015 ha ido aumentando, aún no se ha vuelto a los números previos a 2012. En 2016, CCOO ya advirtió de que uno de cada tres trabajadores de la sanidad pública era precario.
Entre 2012 y 2014, la sanidad pública perdió 28.500 profesionales
Todos los profesionales entrevistados para el informe dijeron que su trabajo se había vuelto más difícil, que atendían a más pacientes y que sus jornadas se habían alargado. Del mismo modo, sostuvieron que el tiempo de consulta por paciente se había reducido. Algunos aseguraron que sólo podían dedicar entre uno y tres minutos a casa pacientes.
La organización destaca el alto número de trabajadores sanitarios que afirmaron sentirse “impotentes” y “desilusionados con el sistema” a raíz de los recortes. "Sabemos que muchos enfermeros y enfermeras han dejado su trabajo por estrés. Muchos entienden hasta 33 casos complejos al día. Lo dejaron porque les resultaba imposible", reconocía un médico. Una situación parecida a la que explicaron a Público las enfermeras del Hospital de La Paz de Madrid el pasado invierno.
Aumento de la lista de espera
Menos recursos y menos personal derivan irremediablemente en más tiempo de espera, sobre todo porque, en un contexto de crisis económica, también aumentó la demanda de asistencia sanitaria. Según el informe, este fue uno de los problemas más comentados por los entrevistados, ya fueran trabajadores o pacientes. No sólo hay que esperar más para una operación, sino también para la visita a médicos especialistas, para pruebas diagnósticas y para opciones de tratamiento. Como ejemplo, AI destaca que el tiempo de espera medio para cirugía electiva pasó de 65 días en 2010 a 115 en 2016, casi el doble. Del mismo, el número de personas en espera pasó de poco más de 10.000 a casi 14.000 en el mismo periodo.
El impacto de estos retrasos ha afectado profundamente a enfermos crónicos o degenerativos con fuertes dolores y, también, a enfermos de cáncer a los que, fruto de ese colapso, se les tardó en diagnosticar y más aún en tratar.
"A mi madre la diagnosticaron en 2013 de un cáncer, la operaron en 2015 y falleció en 2016. Pero a mí, con un bulto en el pecho tardaron más de nueve meses en diagnosticarme el cáncer porque me dicen que esos no son antecedentes a tener en cuenta”, asegura a AI Patricia, una enferma de cáncer de pecho de 32 años.
Uno de los entrevistados, en tratamiento psicológico, explicaba cómo le había afectado la reducción de los tiempos de consulta: “El doctor me pregunta si me siento bien o no y si tomo las medicinas, pero nada más. Según tengo entendido, [el sistema] está saturado de gente [...] Es normal que los médicos sólo le dediquen cinco minutos a cada persona”.
Los autores del informe recuerdan que este mismo mes, un órgano experto de la ONU concluyó también que las medidas de austeridad adoptadas tenían un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, y que algunas medidas de austeridad siguen afectando desproporcionadamente a las personas y grupos más desfavorecidos y marginados del país.
AI critica que las instituciones de la UE “o bien guiaron al Gobierno español hacia políticas incompatibles con la obligación de España de hacer realidad el derecho a la salud, o bien no hicieron lo suficiente para mitigar su posible impacto sobre los derechos humanos”, por lo que pide que realicen evaluaciones del impacto que sobre los derechos humanos tienen todos los programas de reforma económica y asistencia financiera en España, algo que España no se ha hecho ni durante ni después de la crisis económica.
http://www.publico.es/sociedad/recortes-sanidad-comer-medicarse-peor-cara-recortes-sanidad-gobierno.html
El 1ºde maig ha de ser un altre 8 de març
“El 8 de marzo continúa”. La secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, ha abordado con los sindicatos UGT y CCOO la reivindicación de la igualdad laboral de cara al próximo 1º de mayo. Una reivindicación en la calle que ya tiene agenda en el Parlamento: La Proposición de Ley que ha registrado el PSOE para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.
“El 1º de mayo el PSOE saldrá a la calle como partido socialista y feminista por la igualdad laboral entre hombres y mujeres”. Con esta premisa, la secretaria de Igualdad ha recibido en Ferraz a la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, y a la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, con las que ha compartido el objetivo de colocar la lucha contra la brecha laboral entre hombres y mujeres en las manifestaciones sindicales y en el Día Internacional de los Trabajadores. En este sentido, Calvo ha asegurado que “El 1º de mayo los sindicatos nos convocan a todos los ciudadanos a pelear por la dignidad de nuestro trabajo y los socialistas, junto con las centrales sindicales, saldremos a pedir la igualdad laboral de las mujeres”.
“El 8 de marzo continúa”, argumenta la responsable socialista de Igualdad, por lo que “hay que subir cada día un peldaño en la escalera injusta entre hombres y mujeres. Y el 1º de mayo estamos convocados para pelear por el acceso de las mujeres al mercado laboral: qué sueldos, qué horarios, qué tipo de contratos, cómo colocar la maternidad en el currículum laboral, el injusto acceso de las mujeres a las pensiones…El 1º de mayo será lucha feminista y reivindicar lo que las mujeres hemos reivindicado en la calle: igualdad, porque la igualdad es la única justicia posible de una democracia decente”, puntualiza.
Calvo ha compartido con las responsables de UGT y de CCOO el itinerario para ir reduciendo la brecha salarial y otras brechas laborales que diferencian a mujeres y a hombres como actores en el mercado laboral. Además de las reivindicaciones a través de movimientos como el de las mujeres el 8 de marzo y ahora, próximamente, el 1º de mayo, el terreno también tiene que jugarse por la vía parlamentaria. Por ello, la secretaria de Igualdad ha destacado en su encuentro con las representantes sindicales la importancia en la hoja de ruta que tiene la Proposición de Ley que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa legislativa orientada garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.
Por todo ello, la secretaria de Igualdad del PSOE ha destacado que “el espíritu de lucha y reivindicación del 8 de marzo, tiene que impregnar la labor política y social de todos los días del año”. “Desde esta línea de actuación y de compromiso con las políticas de igualdad y los derechos laborales, desde el PSOE, el 1º de mayo, queremos poner el foco sobre la situación laboral que sufren las mujeres en nuestro país, una situación laboral que abarca desde el acceso al mundo laboral hasta su salida, ya que la desigualdad sigue afectando a las mujeres también en la percepción de sus pensiones”, concluye Calvo. La brecha de género se sitúa en el 38% en materia de pensiones.
http://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/el-1ode-mayo-tiene-que-ser-otro-8-de-marzo/
El pp exporta, presumptament, mètodes i maneres a Europa
El Consejo de Europa acusa al senador del PP Pedro Agramunt de corrupción
El expresidente de la asamblea de esta institución recibió presuntos pagos de Azerbaiyán para suavizar las críticas a ese país
LUCÍA ABELLÁN
Bruselas 24 ABR 2018 - 08:43 CEST
Pedro Agramunt, durante una reunión con un ministro turco, en junio de 2016. ADEM ALTAN AFP
La visita al presidente sirio, Bachar el Asad, en marzo de 2017 fue la última gota en un mar de corrupción orquestada por el español Pedro Agramunt. Este senador del Partido Popular, expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, participó durante años de una estrategia corrupta que condicionó decisiones de este órgano europeo y alcanzó su cenit con la reunión celebrada en Damasco con el líder sirio, a espaldas del Consejo de Europa. La investigación independiente que encargó este organismo, guardián de la democracia y los derechos humanos en 47 países europeos, ha acreditado este lunes una “fuerte sospecha” de que Agramunt formó parte de ese esquema y de que se sirvió de él para auparse a la presidencia.
Extrañas donaciones que potenciaron su candidatura a la presidencia de esta asamblea, relojes y licores ofrecidos por cargos políticos de países del Este y hasta sospechas de prostitución pueblan el informe del cuerpo independiente de investigación divulgado por el Consejo de Europa. En casi 200 páginas distribuidas con el membrete de la organización, el texto recoge las supuestas prácticas corruptas que realizaron varios miembros de la asamblea, entre ellos Agramunt, con el objetivo principal de acallar las críticas del Consejo a Azerbaiyán. Este político del PP valenciano, que tuvo que dejar la presidencia de la Asamblea del Consejo de Europa tras un insólito proceso de pérdida de confianza por parte de la institución, maniobró para hacerse con ese dossier y suavizar las críticas europeas hacia un país caracterizado por la falta de mecanismos democráticos y la represión de los opositores. Logró mantenerse al frente de la institución entre enero de 2016 y octubre de 2017.
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Pedro Agramunt deja de presidir la Asamblea del Consejo de Europa
La Asamblea del Consejo de Europa retira el mandato al español que la preside
Una visita a Siria pone contra las cuerdas al senador del PP Pedro Agramunt
Apoyándose en diferentes estudios —entre ellos del laboratorio de ideas European Stability Initiative, que destapó la llamada diplomacia del caviar ejercida por el régimen azerí— el documento destaca los “vínculos entre el éxito de la carrera de Agramunt y su amistad con Azerbaiyán”. Las autoridades de este país le proporcionaron 200.000 euros para impulsar su candidatura a la presidencia de este organismo, según la investigación de Freedom Files. Otros parlamentarios también recibieron dinero “para que se postularan para diferentes cargos [en la Asamblea Parlamentaria] que les permitieran controlar las resoluciones o influir en ellas”, añade. Este país vecino de Rusia gastó 30 millones de euros en esas actividades de presión.
15.000 EUROS EN EL HOTEL
Más allá de las sospechas de otros, el propio Agramunt ofreció alguna pista de su habitual manejo de grandes cantidades de efectivo ante el estallido del escándalo de la visita a Siria. Para alejar el foco de ese viaje, para el que Agramunt no pidió autorización, el senador contó que su habitación de hotel en Estrasburgo había sido allanada en los días posteriores a la reunión con El Asad. Como muestra de que lo que buscaban los presuntos autores eran datos, no dinero, alegó que en su habitación había “un sobre con 15.000 euros en efectivo que no había sido tocado”, según relató un testigo a los investigadores. Lejos de exculparlo, las palabras de Agramunt reforzaron las sospechas de sobornos.
Este trabajo considera probado que Agramunt “desempeñó un papel clave en la adopción de varias decisiones de la Asamblea percibidas, directa o indirectamente, como favorables a Azerbaiyán”. Incluso vulneró las normas de la institución al desvelar a las autoridades azeríes un informe confidencial sobre ese país. A continuación, “recibió instrucciones” sobre lo que debía incluir en esos informes de los que era responsable. “Hay evidencias de que Agramunt intervino en borradores de informes para suavizar las críticas hacia las autoridades de Azerbaiyán”, destacan los investigadores.
Ya desde el principio, el senador mostró interés en hacerse con este dossier. El propio Agramunt intervino para que otra diputada del PP, la sueca Marietta de Pourbaix-Lundin, desistiera de aspirar a ser responsable de los informes de supervisión de Azerbaiyán, miembro del Consejo de Europa desde 2001. Finalmente, él obtuvo el puesto. El resultado fue que “el tono y la actitud respecto a las autoridades de Azerbaiyán se suavizaron”, desde las críticas constantes vertidas en 2005 hasta la actitud mucho más amable de 2010.
Gerald Knaus, presidente de European Stability Initiative, celebra las conclusiones, aunque sugiere que solo desvelan parte de las corruptelas. “Solo se muestra la punta del iceberg. Pero dadas las limitaciones, es importante y está lleno de detalles”, asegura Knaus, que ha revelado muchas de esas irregularidades.
En sus informes sobre el país, Agramunt evitó condenar uno de los aspectos más aireados por la institución de Estrasburgo respecto a las autoridades azeríes: el encarcelamiento de disidentes políticos. Y aunque los visitó durante sus estancias en Bakú, “nunca tenía nada que decirles, algo que solo pasaba en Azerbaiyán”. Como ejemplo de buenas relaciones con el poder, el informe cita la presencia de Agramunt en Bakú dos días antes de que llegara la delegación oficial de la asamblea parlamentaria.
Citas con prostitutas
El documento alude a testimonios de la secretaría de la Asamblea Parlamentaria que aseguran que Agramunt “pudo ser sobornado con prostitutas” mientras participaba en una misión electoral del Consejo de Europa enviada a Azerbaiyán en 2015. Uno de esos testigos asegura haberlo visto un día regresar a su hotel con tres mujeres jóvenes. Hay otros dos casos relatados, con dos mujeres y con una respectivamente. Los autores del trabajo creen que se trata de alegaciones “no corroboradas” y que, incluso si se reunió con prostitutas, “no hay evidencias de que fuera parte de un esquema corrupto”.
Un testimonio de la misma secretaría asegura que en una ocasión vio a Agramunt con “una cantidad significativa de efectivo” en su poder, un indicio de haber aceptado sobornos. El texto también recoge irregularidades del diputado del PdeCAT Jordi Xuclà y del exdiputado del PP Agustín Conde.
Con todos estos detalles, el trabajo de investigación concluye que existe “una fuerte sospecha de que Pedro Agramunt formara parte de una actividad de naturaleza corrupta”. Los expertos aclaran que el político español ha rehusado ofrecer su testimonio ante el comité de investigación. El Consejo de Europa decidirá ahora posibles sanciones a los diputados que aún integran la asamblea.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/23/actualidad/1524503316_686293.html?id_externo_rsoc=FB_CC
El expresidente de la asamblea de esta institución recibió presuntos pagos de Azerbaiyán para suavizar las críticas a ese país
LUCÍA ABELLÁN
Bruselas 24 ABR 2018 - 08:43 CEST
Pedro Agramunt, durante una reunión con un ministro turco, en junio de 2016. ADEM ALTAN AFP
La visita al presidente sirio, Bachar el Asad, en marzo de 2017 fue la última gota en un mar de corrupción orquestada por el español Pedro Agramunt. Este senador del Partido Popular, expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, participó durante años de una estrategia corrupta que condicionó decisiones de este órgano europeo y alcanzó su cenit con la reunión celebrada en Damasco con el líder sirio, a espaldas del Consejo de Europa. La investigación independiente que encargó este organismo, guardián de la democracia y los derechos humanos en 47 países europeos, ha acreditado este lunes una “fuerte sospecha” de que Agramunt formó parte de ese esquema y de que se sirvió de él para auparse a la presidencia.
Extrañas donaciones que potenciaron su candidatura a la presidencia de esta asamblea, relojes y licores ofrecidos por cargos políticos de países del Este y hasta sospechas de prostitución pueblan el informe del cuerpo independiente de investigación divulgado por el Consejo de Europa. En casi 200 páginas distribuidas con el membrete de la organización, el texto recoge las supuestas prácticas corruptas que realizaron varios miembros de la asamblea, entre ellos Agramunt, con el objetivo principal de acallar las críticas del Consejo a Azerbaiyán. Este político del PP valenciano, que tuvo que dejar la presidencia de la Asamblea del Consejo de Europa tras un insólito proceso de pérdida de confianza por parte de la institución, maniobró para hacerse con ese dossier y suavizar las críticas europeas hacia un país caracterizado por la falta de mecanismos democráticos y la represión de los opositores. Logró mantenerse al frente de la institución entre enero de 2016 y octubre de 2017.
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15.000 EUROS EN EL HOTEL
Más allá de las sospechas de otros, el propio Agramunt ofreció alguna pista de su habitual manejo de grandes cantidades de efectivo ante el estallido del escándalo de la visita a Siria. Para alejar el foco de ese viaje, para el que Agramunt no pidió autorización, el senador contó que su habitación de hotel en Estrasburgo había sido allanada en los días posteriores a la reunión con El Asad. Como muestra de que lo que buscaban los presuntos autores eran datos, no dinero, alegó que en su habitación había “un sobre con 15.000 euros en efectivo que no había sido tocado”, según relató un testigo a los investigadores. Lejos de exculparlo, las palabras de Agramunt reforzaron las sospechas de sobornos.
Este trabajo considera probado que Agramunt “desempeñó un papel clave en la adopción de varias decisiones de la Asamblea percibidas, directa o indirectamente, como favorables a Azerbaiyán”. Incluso vulneró las normas de la institución al desvelar a las autoridades azeríes un informe confidencial sobre ese país. A continuación, “recibió instrucciones” sobre lo que debía incluir en esos informes de los que era responsable. “Hay evidencias de que Agramunt intervino en borradores de informes para suavizar las críticas hacia las autoridades de Azerbaiyán”, destacan los investigadores.
Ya desde el principio, el senador mostró interés en hacerse con este dossier. El propio Agramunt intervino para que otra diputada del PP, la sueca Marietta de Pourbaix-Lundin, desistiera de aspirar a ser responsable de los informes de supervisión de Azerbaiyán, miembro del Consejo de Europa desde 2001. Finalmente, él obtuvo el puesto. El resultado fue que “el tono y la actitud respecto a las autoridades de Azerbaiyán se suavizaron”, desde las críticas constantes vertidas en 2005 hasta la actitud mucho más amable de 2010.
Gerald Knaus, presidente de European Stability Initiative, celebra las conclusiones, aunque sugiere que solo desvelan parte de las corruptelas. “Solo se muestra la punta del iceberg. Pero dadas las limitaciones, es importante y está lleno de detalles”, asegura Knaus, que ha revelado muchas de esas irregularidades.
En sus informes sobre el país, Agramunt evitó condenar uno de los aspectos más aireados por la institución de Estrasburgo respecto a las autoridades azeríes: el encarcelamiento de disidentes políticos. Y aunque los visitó durante sus estancias en Bakú, “nunca tenía nada que decirles, algo que solo pasaba en Azerbaiyán”. Como ejemplo de buenas relaciones con el poder, el informe cita la presencia de Agramunt en Bakú dos días antes de que llegara la delegación oficial de la asamblea parlamentaria.
Citas con prostitutas
El documento alude a testimonios de la secretaría de la Asamblea Parlamentaria que aseguran que Agramunt “pudo ser sobornado con prostitutas” mientras participaba en una misión electoral del Consejo de Europa enviada a Azerbaiyán en 2015. Uno de esos testigos asegura haberlo visto un día regresar a su hotel con tres mujeres jóvenes. Hay otros dos casos relatados, con dos mujeres y con una respectivamente. Los autores del trabajo creen que se trata de alegaciones “no corroboradas” y que, incluso si se reunió con prostitutas, “no hay evidencias de que fuera parte de un esquema corrupto”.
Un testimonio de la misma secretaría asegura que en una ocasión vio a Agramunt con “una cantidad significativa de efectivo” en su poder, un indicio de haber aceptado sobornos. El texto también recoge irregularidades del diputado del PdeCAT Jordi Xuclà y del exdiputado del PP Agustín Conde.
Con todos estos detalles, el trabajo de investigación concluye que existe “una fuerte sospecha de que Pedro Agramunt formara parte de una actividad de naturaleza corrupta”. Los expertos aclaran que el político español ha rehusado ofrecer su testimonio ante el comité de investigación. El Consejo de Europa decidirá ahora posibles sanciones a los diputados que aún integran la asamblea.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/23/actualidad/1524503316_686293.html?id_externo_rsoc=FB_CC
Un altre cas aïllat: Condemnat a 7 anys d'inhabilitació un alcalde toledà del PP per prevaricar amb granges de porcs
La Audiencia Provincial confirma que el regidor de Lagartera, José Vicente Amor, utilizó argucias jurídicas y administrativas para impedir el cierre de dos instalaciones porcinas, entre ellas la de un exedil de su partido, que sigue funcionando pese a que carece de licencia.
S. Jiménez 24 de Abril de 2018 (10:53 h.)
José Vicente Amor, regidor de Lagartera, junto a María Dolores de Cospedal
TOLEDO.-La Audiencia Provincial de Toledo ha confirmado la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina, por la que se condena al alcalde de Lagartera, el ‘popular’ José Vicente Amor Jiménez, a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación al intervenir en tres expedientes administrativos, iniciados ante la falta de clausura de dos granjas de cerdos, que debían ser cerradas por el Ayuntamiento.
Una sentencia, dictada por la Sección Primera del tribunal toledano y contra la que no cabe recurso, con la que el letrado José Antonio Bermúdez Alonso, que ha representado a los demandantes, considera que "se hace justicia".
En este sentido, explica que los afectados por los olores, insalubridades y molestias que provocan ambas granjas, "lo único que desean es que se cumpla la legalidad y las sentencias judiciales", de modo que "de una vez por todas y sin más demora" se clausuren ambas granjas. Instalaciones que llevan ya siete años abiertas "sin deber estarlo", precisa el abogado, y que al final van a cerrarse por decisión de los tribunales, en lugar del Ayuntamiento, como debería haberse producido.
Concretamente, el primero de los expedientes es por incumplir la orden de clausura de la granja porcina de un exconcejal de la localidad ‑también del PP‑, Andrés Igual Lozano.
Y es que, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, el regidor lagarterano, en el cargo desde junio de 2011, se habría servido de "argucias jurídicas y administrativas" para no cumplir el cierre de la granja del exedil conservador, dictada antes de su llegada al Consistorio por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, pero que él mismo habría ratificado tan solo unos meses después de su toma de posesión, después de conocer un informe emitido por los servicios técnicos de la Diputación sobre el recurso interpuesto.
A pesar de ello, el propietario de la granja, el exconcejal Igual Lozano, continuó realizando obras en ella. Trabajos que fueron denunciados por los vecinos, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, desde el que no se adoptaron medidas al respecto.
La sentencia de la Audiencia Provincial asegura que "desde el 2011 hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación efectiva tendente al cese de la actividad llevada a cabo en la granja", la cual sigue funcionando "pese a que la licencia presentada y aprobada es para nave agrícola, cuando en realidad su uso es de granja de cerdos y ésta no está aprobada por el Ayuntamiento".
El segundo se refiere a la apertura de una granja que, cuando tomó posesión como alcalde, tenía expediente abierto por no disponer de licencia de obras ni de actividad y "a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos, no continuó con el expediente de legalización iniciado por la anterior Corporación municipal".
Y el tercero por inventarse un supuesto procedimiento para declarar lesivos ambos expedientes y así no tener que cumplir lo acordado en los mismos "conculcando la legalidad vigente".
De hecho, respecto a la granja del exconcejal del PP, el regidor dejó transcurrir en exceso los dos meses preceptivos para interponer la demanda contencioso administrativo para la declaración de lesividad, la cual no llegó a presentarse hasta casi diez meses después de su acuerdo.
Esto hizo que, en abril de 2013, los vecinos interpusieran una reclamación previa a la vía judicial, para que se procediera a la clausura de la granja. Petición que tampoco tuvo respuesta por parte el Consistorio gobernado por el PP, por lo que en junio optaron por interponer un recurso contencioso administrativo que aún sigue tramitándose en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo.
Una serie de maniobras que dilataron la situación en el tiempo, obligando a varios vecinos a acudir a la vía judicial para materializar su cierre, algo que a fecha de hoy aún no se ha producido. Todo ello a pesar de que en julio de 2016 el Juzgado de lo Contencioso número 3 dictaba sentencia obligando a su "clausura inmediata".
Considera probado el juez que el proceder del acusado se condujo "con conocimiento de que su inactividad administrativa provocaba el mantenimiento y uso de instalaciones que carecían de las licencias y autorizaciones necesarias para su funcionamiento, contraviniendo el interés público y causando serio perjuicio a los vecinos afectados", recoge la sentencia.
Unos vecinos que, ante la "inactividad del Ayuntamiento", se vieron obligados a buscar el auxilio judicial que ahora les reconoce sus derechos, a pesar de lo cual la Alcaldía de Lagartera "no adopta los medios para su efectivo cumplimiento".
En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo desestima los cinco motivos expuestos por la defensa del regidor conservador en su recurso de apelación, entre los que se apuntaba a un error en la valoración de la prueba; la vulneración del principio acusatorio; una falta de motivación de la resolución recurrida "por la falta de lógica del discurso argumental", así como una infracción del principio de intervención mínima y lo que consideraba la defensa una incorrecta aplicación del derecho.
Además, el juez no solo desestima los motivos de José Vicente Amor, sino que también le condena a las costas del proceso.
https://www.periodicoclm.es/articulo/toledo/condenado-7-anos-inhabilitacion-alcalde-pp-lagartera-prevaricar-granjas-cerdos-exconcejal-partido-popular/20180423230524008185.html
S. Jiménez 24 de Abril de 2018 (10:53 h.)
José Vicente Amor, regidor de Lagartera, junto a María Dolores de Cospedal
TOLEDO.-La Audiencia Provincial de Toledo ha confirmado la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina, por la que se condena al alcalde de Lagartera, el ‘popular’ José Vicente Amor Jiménez, a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación al intervenir en tres expedientes administrativos, iniciados ante la falta de clausura de dos granjas de cerdos, que debían ser cerradas por el Ayuntamiento.
Una sentencia, dictada por la Sección Primera del tribunal toledano y contra la que no cabe recurso, con la que el letrado José Antonio Bermúdez Alonso, que ha representado a los demandantes, considera que "se hace justicia".
En este sentido, explica que los afectados por los olores, insalubridades y molestias que provocan ambas granjas, "lo único que desean es que se cumpla la legalidad y las sentencias judiciales", de modo que "de una vez por todas y sin más demora" se clausuren ambas granjas. Instalaciones que llevan ya siete años abiertas "sin deber estarlo", precisa el abogado, y que al final van a cerrarse por decisión de los tribunales, en lugar del Ayuntamiento, como debería haberse producido.
Concretamente, el primero de los expedientes es por incumplir la orden de clausura de la granja porcina de un exconcejal de la localidad ‑también del PP‑, Andrés Igual Lozano.
Y es que, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, el regidor lagarterano, en el cargo desde junio de 2011, se habría servido de "argucias jurídicas y administrativas" para no cumplir el cierre de la granja del exedil conservador, dictada antes de su llegada al Consistorio por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, pero que él mismo habría ratificado tan solo unos meses después de su toma de posesión, después de conocer un informe emitido por los servicios técnicos de la Diputación sobre el recurso interpuesto.
A pesar de ello, el propietario de la granja, el exconcejal Igual Lozano, continuó realizando obras en ella. Trabajos que fueron denunciados por los vecinos, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, desde el que no se adoptaron medidas al respecto.
La sentencia de la Audiencia Provincial asegura que "desde el 2011 hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación efectiva tendente al cese de la actividad llevada a cabo en la granja", la cual sigue funcionando "pese a que la licencia presentada y aprobada es para nave agrícola, cuando en realidad su uso es de granja de cerdos y ésta no está aprobada por el Ayuntamiento".
El segundo se refiere a la apertura de una granja que, cuando tomó posesión como alcalde, tenía expediente abierto por no disponer de licencia de obras ni de actividad y "a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos, no continuó con el expediente de legalización iniciado por la anterior Corporación municipal".
Y el tercero por inventarse un supuesto procedimiento para declarar lesivos ambos expedientes y así no tener que cumplir lo acordado en los mismos "conculcando la legalidad vigente".
De hecho, respecto a la granja del exconcejal del PP, el regidor dejó transcurrir en exceso los dos meses preceptivos para interponer la demanda contencioso administrativo para la declaración de lesividad, la cual no llegó a presentarse hasta casi diez meses después de su acuerdo.
Esto hizo que, en abril de 2013, los vecinos interpusieran una reclamación previa a la vía judicial, para que se procediera a la clausura de la granja. Petición que tampoco tuvo respuesta por parte el Consistorio gobernado por el PP, por lo que en junio optaron por interponer un recurso contencioso administrativo que aún sigue tramitándose en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo.
Una serie de maniobras que dilataron la situación en el tiempo, obligando a varios vecinos a acudir a la vía judicial para materializar su cierre, algo que a fecha de hoy aún no se ha producido. Todo ello a pesar de que en julio de 2016 el Juzgado de lo Contencioso número 3 dictaba sentencia obligando a su "clausura inmediata".
Considera probado el juez que el proceder del acusado se condujo "con conocimiento de que su inactividad administrativa provocaba el mantenimiento y uso de instalaciones que carecían de las licencias y autorizaciones necesarias para su funcionamiento, contraviniendo el interés público y causando serio perjuicio a los vecinos afectados", recoge la sentencia.
Unos vecinos que, ante la "inactividad del Ayuntamiento", se vieron obligados a buscar el auxilio judicial que ahora les reconoce sus derechos, a pesar de lo cual la Alcaldía de Lagartera "no adopta los medios para su efectivo cumplimiento".
En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo desestima los cinco motivos expuestos por la defensa del regidor conservador en su recurso de apelación, entre los que se apuntaba a un error en la valoración de la prueba; la vulneración del principio acusatorio; una falta de motivación de la resolución recurrida "por la falta de lógica del discurso argumental", así como una infracción del principio de intervención mínima y lo que consideraba la defensa una incorrecta aplicación del derecho.
Además, el juez no solo desestima los motivos de José Vicente Amor, sino que también le condena a las costas del proceso.
https://www.periodicoclm.es/articulo/toledo/condenado-7-anos-inhabilitacion-alcalde-pp-lagartera-prevaricar-granjas-cerdos-exconcejal-partido-popular/20180423230524008185.html
dilluns, 23 d’abril del 2018
Cabanes presenta el programa de les Festes de Maig
La romeria a Les Santes protagonitza la portada en aquesta edició
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cabanes ha presentat el programa de les festes en honor a la Verge del Bon Succés d’aquest any 2018. La portada del llibret d’enguany és una imatge a dues cares, portada i contraportada, de la romeria a Les Santes per tal de portar la imatge del Bon Succés des de l’ermitori fins al poble. La portada és obra, com ja ho va ser l’any anterior, de l’artista Belloquina Sara Bellés. La regidora de Festes, Lidón Morralla, ha destacat la importància de la romeria dins dels actes de les festes ja que és “l’acte més emotiu, junt a l’entrada de Maig, per als cabanyuts i cabanyudes”. Dins el llibret de festes d’enguany, a més de la programació d’actes, es podrà trobar un interessant estudi sobre el Plet entre el carrer Rosari i la resta de la vila per fer la festa a Ntra. Sra. Del Bonsuccés dut a terme per Andrés Siurana Collado. També es podrà llegir un escrit sobre les albaes de Cabanes realitzat per José María Mor Fabregat. Segons Morralla, com cada any “el programa ve carregat d’actes per a tots els públics on no faltaran els tradicionals com el concert de la Unió Musical Santa Cecília o l’exhibició de motos clàssiques entre d’altres. Ens fa molta il·lusió que les associacions i els col·lectius del poble participen en l’organització de les festes i col·laboren en fer que el programa siga ric, variat i atractiu”. Demà començarà el repartiment de llibrets a l’Ajuntament en horari de 9:00h a 14:00h.
El Consell registra su tercer mejor Periodo Medio de Pago pese al incumplimiento del Gobierno de un nuevo sistema de financiación justo para los valencianos
- El Periodo Medio de Pago de la Comunitat Valenciana se sitúa en 35,03 días, muy por debajo de los 60 días que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria y un 65% menos que en marzo de 2015 (99,07 días)
- La deuda comercial en febrero (794 millones) se ha reducido un 26,3% respecto al mismo mes de 2017 (1.079 millones) y es un 56,5% inferior a la existente en febrero de 2015 (1.826 millones)
(23/04/2018) El Consell ha registrado en febrero un Periodo Medio de Pago (PMP) a los proveedores de 35,03 días, lo que supone el tercer mejor registro desde que existe la estadística del Ministerio de Hacienda (septiembre de 2014).
Con estos números, la Generalitat se mantiene muy lejos de la línea roja de los 60 días que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para la adopción de determinadas medidas a pesar el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno central de que para 2017 habría acordado un nuevo sistema de financiación autonómica.
El actual modelo, caducado desde el 1 de enero de 2014, comporta una infrafinanciación crónica para la Comunitat Valenciana y otras autonomías, que está lastrando la mejora interanual del PMP registrado por la Comunitat Valenciana. Los 35,03 días representan una cifra muy cercana al cumplimiento de la Ley de Morosidad (30 días) y muy lejana al máximo histórico de 99,07 días registrado en marzo de 2015. El Consell ha reducido en más de 64 días el Periodo de Medio de Pago respecto al máximo histórico, un descenso del 65%.
En noviembre de 2017, hace solo tres meses, se situaba con 53,80 días.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha destacado tras conocer estos datos que la reducción en términos interanuales de la Generalitat "es todavía más considerable si tenemos en cuenta que seguimos sin disponer de un nuevo sistema de financiación que acabe con las desigualdades y el agravio que sufre la Comunidad Valenciana, que recibe unos ingresos muy por debajo de lo que le corresponde".
"El Gobierno central -ha continuado el conseller - se comprometió a tener aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica en 2017 y sigue incumpliendo su promesa. Es una vergüenza que los proveedores valencianos tengan que ser los paganos de la inacción del Ejecutivo central".
Estas cifras se generan por esta falta de recursos ya que, como se ha corroborado una vez más en un estudio reciente, la Comunitat Valenciana gasta menos que la media del conjunto de las autonomías y, desde 2003, fue el segundo territorio donde menos creció el gasto.
Menos de la mitad de deuda comercial
Según los datos conocidos hoy, la deuda comercial del Gobierno valenciano se sitúa en febrero de 2018 en 794,3 millones de euros, mientras que hace justo un año ascendía a 1.078,6 millones, lo que supone una reducción del 26,3%. En febrero de 2016, la deuda comercial con los proveedores era de 1.431 millones.
El descenso de febrero de 2018 es todavía más pronunciado si se compara con febrero de 2015, cuando el volumen de deuda comercial de la administración valenciana ascendía a 1.825,9 millones de euros, más del doble del actual (794,3 millones). La comparación entre estos dos períodos nos deja una variación del -56,5%.
Además, de los saldos totales, el importe correspondiente a deuda arrastrada de ejercicios anteriores se ha minorado de forma drástica. En febrero de 2018, suponía 312,6 millones (de los 794,3 millones); en el mismo mes de 2017, ascendía a 505,2 millones; en febrero de 2016, a 899,2 millones; y en 2015, a 1.173,2 millones, casi cuatro veces más que en la actualidad.
Per a consultar esta informació en el portal polse ací
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=746636
Puig traslada a la alcaldesa de Castellón el interés de las empresas japonesas por invertir en la provincia
- El presidente anuncia la petición de comparecer en Les Corts para explicar el contenido y resultados de su viaje a China y Japón
(23/04/2018) - El presidente anuncia la petición de comparecer en Les Corts para explicar el contenido y resultados de su viaje a China y Japón
Castellón. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, el interés que han manifestado diversas empresas japonesas por invertir en la provincia. En este sentido, el jefe del Consell ha descrito a la Comunitat Valenciana como "una tierra de oportunidades" y un lugar "amable para la inversión", es decir, un territorio que da facilidades a las empresas para, de este modo, para avanzar en "el objetivo de la ocupación" y "acabar con el desempleo".
El jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con la alcaldesa de la capital de la Plana para valorar la misión comercial a China y Japón, realizada por miembros del Gobierno autonómico junto a representantes empresariales la pasada semana, ha subrayado la buena sintonía entre Ayuntamiento y Generalitat en proyectos estratégicos como la atracción de inversiones y de turismo.
El president ha anunciado la petición de una comparecencia en Les Corts para explicar el contenido del viaje a Asia, los resultados y las perspectivas de futuro, así como para hablar de la internacionalización de la economía valenciana, que es "fundamental para el gran objetivo de la Generalitat y del Ayuntamiento de Castellón, es decir, el empleo".
El president ha remarcado, además, que "la entrada valenciana en Japón es Castellón" a través de la empresa Ube, así como que la valenciana "es una de las comunidades autónomas que da más seguridad y más estabilidad" a las empresas con intereses inversores.
Puig ha explicado que el ejemplo de otras empresas niponas que ya han invertido en la Comunitat, y concretamente en Castellón, puede actuar como incentivo para que otras firmas se interesen por hacer negocios aquí, dado que se ha mostrado "más capacidad de entender la mecánica económica".
Per a consultar esta informació en el portal polse ací
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=746629
Entidades publicas y privadas de 331 municipios se podrán acoger a las ayudas Leader de fomento del desarrollo rural
- Ya se pueden consultar las bases reguladoras de estas subvenciones en el DOGV
- Se priman los proyectos que generen empleo en el territorio rural
(23/04/2018) La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha publicado las bases reguladoras de las ayudas para apoyar aquellos proyectos que se presenten de acuerdo a las estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local Leader 2014-2020. Se podrán acoger beneficiarios públicos y privados de 331 municipios Leader.
Las ayudas priorizarán aquellos proyectos que creen empleo en el mundo rural, que estén promovidos por mujeres y jóvenes, que favorezcan la inclusión de colectivos desfavorecidos, que potencien las capacidades internas de la comunidad local, que fomenten la innovación y que tengan una incidencia positiva sobre el medio ambiente.
Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos promovidos por entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, destinados a mejorar los servicios básicos de las zonas rurales como infraestructuras de servicios básicos locales, infraestructuras pasivas para redes de banda ancha, infraestructuras recreativas o de turismo, patrimonio cultural y natural.
El documento, que se puede consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el enlace, consultar aquí ,
pone de manifiesto que estas ayudas están orientadas a mejorar la gobernanza, la movilización del potencial endógeno de las zonas rurales y la mejora de la calidad de vida de estos territorios.
En la implementación de las mismas van a participar los 11 Grupos de Acción Local Leader 2014-2020, mediante su difusión en el territorio, en la selección de los proyectos que se presenten y que sean acordes a su estrategia de desarrollo local participativo, así como en el control administrativo de estos proyectos.
El porcentaje de subvención podrá alcanzar hasta un máximo de 70.000 euros para la creación de empresas no agrícolas, y entre el 30% y 20% para las inversiones en empresas no agrícolas ya existentes (con máximos entre 21.000 euros y 14.000 euros).
Asimismo, los proyectos promovidos por las entidades públicas podrán alcanzar hasta el 70% (con un máximo de hasta 50.000 euros), pidiendo alcanzar hasta el 100% en el caso de entidades sin ánimo de lucro (máximo de hasta 40.000 euros) y del 100% para los proyectos promovidos por un Grupo de Acción Local (con un máximo de hasta 50.000 euros).
Estas ayudas están contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en la medida 19, Apoyo para el desarrollo local de Leader y están cofinanciadas por el fondo europeo Feader, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Per a consultar esta informació en el portal polse ací
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=746613
Climent destaca que el funcionamiento de la Ley de Áreas Industriales se basará en la cooperación entre empresas y ayuntamientos
- Insta a los grupos políticos a demostrar la misma colaboración ofrecida por las asociaciones empresariales para aprobar esta ley en Les Cortes
- Climent ha clausurado una jornada sobre la nueva Ley de Gestión, Promoción y Modernización de Áreas Industriales
(23/04/2018) El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha destacado que el funcionamiento de la nueva Ley de Áreas Industriales "se basará en la cooperación entre las empresas y las administraciones, especialmente los ayuntamientos".
"Desde el Consell estamos convencidos de que la cooperación es un valor a potenciar, especialmente entre las empresas, porque creemos en la cooperación para superar los problemas y, por eso, la nueva ley facilita mecanismos para sumar y desarrollar actuaciones conjuntas, como las entidades de gestión, que pueden dar un gran impulso a la gestión de las áreas industriales", ha explicado el conseller.
Rafa Climent ha clausurado en la Cámara Comercio una jornada sobre la nueva Ley de Gestión, Promoción y Modernización de Áreas Industriales.
El conseller ha explicado que «la ley tiene tres grandes apartados, la creación de las entidades de gestión, la clasifición de las áreas por categorías, y el concepto de muncipio industrial estratégico".
"A través de la nueva ley pretendemos abordar la falta de una adecuada gestión y la inexistencia de una regulación específica de las áreas industriales, que son los dos problemas que impiden a las áreas industriales alcanzar la calidad necesaria y que, por tanto, repercuten negativamente en la competitividad del tejido empresarial".
Rafa Climent ha recordado que esta ley responde una demanda histórica del sector y que por ello, en la elaboración de la misma se ha contado con este sector, "con una aportación extraordinaria de FEPEVAL y trabajando de abajo hacia arriba, como hace este Consell, para dar respuesta real a las necesidades de nuestras áreas industriales".
En este sentido, el conseller ha manifestado que la ley se encuentra en estos momentos en tramitación en Les Cortes y que "ya que todos coindimos en que los polígonos son infraestructuras económicas de interés general por el empleo y la riqueza que generan, esperemos que con la misma voluntad de colaboración que han demostrado las asociaciones empresariales, también los distintos grupos realicen sus aportaciones de forma constructiva y se apruebe con el máximo consenso posible".
Per a consultar esta informació en el portal polse ací
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa;jsessionid=4zQBhpNGGTnQzLcMdXCQfvCndYNjnzJQ79cM8F1jg0Cch0rChkkY!-388456622!1524501988787?id=746627
Tot a punt a Tírig per la III Valltorta Trail
La Plana al Dia | Alt Maestrat | General | 23-04-2018
La localidad del Alt Maestrat lo tiene todo listo para la celebración del III Valltorta Trail que se celebra este domingo 29 de abril. Así, se espera una gran participación por amantes y aficionados al Trail. Cabe recordar que en la pasada edición se reunieron alrededor de 200 participantes.
La carrera consta de dos circuitos diferenciados por dificultad y longitud: un 20K y un 13K. Ambos circuitos recorren por el conjunto paisajístico y cultural del municipio. Así, los participantes recorrerán lugares tan emblemáticos como la Cova de la Saltadora, la Cova dels Cavalls el Museu de la Valltorta.
Durante todo el circuito se habilitarán puntos de avituallamiento con voluntarios del municipio para atender las necesidades de los corredores.
http://www.laplanaaldia.com/alt-maestrat/noticias/171594/todo-listo-en-tirig-para-el-iii-valltorta-trail
Més informació a https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/iii-valltorta-trail
La localidad del Alt Maestrat lo tiene todo listo para la celebración del III Valltorta Trail que se celebra este domingo 29 de abril. Así, se espera una gran participación por amantes y aficionados al Trail. Cabe recordar que en la pasada edición se reunieron alrededor de 200 participantes.
La carrera consta de dos circuitos diferenciados por dificultad y longitud: un 20K y un 13K. Ambos circuitos recorren por el conjunto paisajístico y cultural del municipio. Así, los participantes recorrerán lugares tan emblemáticos como la Cova de la Saltadora, la Cova dels Cavalls el Museu de la Valltorta.
Durante todo el circuito se habilitarán puntos de avituallamiento con voluntarios del municipio para atender las necesidades de los corredores.
http://www.laplanaaldia.com/alt-maestrat/noticias/171594/todo-listo-en-tirig-para-el-iii-valltorta-trail
Més informació a https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/iii-valltorta-trail
La vida dels primers pobladors de la província a Tírig
La Plana al Dia | Alt Maestrat | General | 23-04-2018
Este fin de semana, desde el viernes 27 hasta el domingo 29, Tírig celebra la II Muestra Prehistórica que trasladará a vecinos y visitantes miles de años en el pasado. Así, se llevarán a cabo diferentes recreaciones, conferencias, talleres y actividades tanto para grandes como para pequeños.
Señalar también que durante los tres días del evento se instalará un mercado artesanal con productos de la zona.
Visitas
Dentro de la Muestra Prehistórica no podían faltar visitas a algunos de los enclaves principales del arte rupestre en la provincia de Castelló y en España. De esta forma, se podrán visitar lugares tan importantes para la historia y la cultura de la humanidad como la Cova del Cavalls o el Museu de la Valltorta donde la historia cobra vida en cada rincón.
http://laplanaaldia.com/alt-maestrat/noticias/171593/la-vida-de-los-primeros-pobladores-de-la-provincia-en-tirig
Este fin de semana, desde el viernes 27 hasta el domingo 29, Tírig celebra la II Muestra Prehistórica que trasladará a vecinos y visitantes miles de años en el pasado. Así, se llevarán a cabo diferentes recreaciones, conferencias, talleres y actividades tanto para grandes como para pequeños.
Señalar también que durante los tres días del evento se instalará un mercado artesanal con productos de la zona.
Visitas
Dentro de la Muestra Prehistórica no podían faltar visitas a algunos de los enclaves principales del arte rupestre en la provincia de Castelló y en España. De esta forma, se podrán visitar lugares tan importantes para la historia y la cultura de la humanidad como la Cova del Cavalls o el Museu de la Valltorta donde la historia cobra vida en cada rincón.
http://laplanaaldia.com/alt-maestrat/noticias/171593/la-vida-de-los-primeros-pobladores-de-la-provincia-en-tirig
Els hospitals de la Comunitat celebren el Dia Internacional del Llibre amb els xiquets i xiquetes ingressats
Generalitat Valenciana
Fomentar la lectura y normalizar la estancia hospitalaria del paciente pediátrico son los objetivos de esta iniciativa
Los hospitales de la Comunitat Valenciana han celebrado el Día Internacional del Libro con los niños y niñas hospitalizados con diferentes actividades e iniciativas que, en algunos centros, se prolongarán durante toda la semana.
A primera hora de la mañana, los más pequeños han recibido el libro '¿De qué color soy?', obra ganadora de la XXXVII edición del Premio Destino Infantil Apel·les Mestres, que ha sido cedido por la Fundación Atresmedia.
'¿De qué color soy?', con texto e ilustraciones de Paco Mir, es una divertida historia que resuelve con ingenio y humor lo que significa el color "carne" y un disparatado viaje del protagonista por emociones como la rabia, la vergüenza, el miedo, el enfado, los nervios, el frío, la envidia... Todo ello acompañado de ilustraciones expresivas y de gran plasticidad que potencian la eficacia del texto.
Este año han participado en el reparto de libros el Hospital General y el Hospital de La Plana en Castellón; La Fe, el Doctor Peset, el Clínico y La Ribera, en València, y los hospitales de Sant Joan y Orihuela, en Alicante.
Con esta iniciativa, los centros sanitarios no solo pretenden fomentar la lectura y el amor por los libros aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro, sino también lograr que los niños y niñas se adapten a su estancia hospitalaria tratando de normalizarla al máximo posible a través de la magia que siempre despiertan los cuentos.
Esta actividad se ha desarrollado conjuntamente en más de 180 hospitales de toda España en los que la Fundación Atresmedia ha repartido 14.500 ejemplares del cuento a los niños y niñas ingresados a través de su Programa de Humanización de los Hospitales Infantiles.
A primera hora de la mañana, los más pequeños han recibido el libro '¿De qué color soy?', obra ganadora de la XXXVII edición del Premio Destino Infantil Apel·les Mestres, que ha sido cedido por la Fundación Atresmedia.
'¿De qué color soy?', con texto e ilustraciones de Paco Mir, es una divertida historia que resuelve con ingenio y humor lo que significa el color "carne" y un disparatado viaje del protagonista por emociones como la rabia, la vergüenza, el miedo, el enfado, los nervios, el frío, la envidia... Todo ello acompañado de ilustraciones expresivas y de gran plasticidad que potencian la eficacia del texto.
Este año han participado en el reparto de libros el Hospital General y el Hospital de La Plana en Castellón; La Fe, el Doctor Peset, el Clínico y La Ribera, en València, y los hospitales de Sant Joan y Orihuela, en Alicante.
Con esta iniciativa, los centros sanitarios no solo pretenden fomentar la lectura y el amor por los libros aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro, sino también lograr que los niños y niñas se adapten a su estancia hospitalaria tratando de normalizarla al máximo posible a través de la magia que siempre despiertan los cuentos.
Esta actividad se ha desarrollado conjuntamente en más de 180 hospitales de toda España en los que la Fundación Atresmedia ha repartido 14.500 ejemplares del cuento a los niños y niñas ingresados a través de su Programa de Humanización de los Hospitales Infantiles.
La Guàrdia Reial visita Cabanes
Aquest cap de setmana una part dels destacaments de l’exèrcit de l’aire i de terra de la Guàrdia Reial han organitzat diverses accions a Cabanes. Les activitats han consistit en un cercavila amb cavalls pels carrers del poble i varies xarrades i exposicions en diverses instal·lacions municipals.
Des de l’Ajuntament, l’alcaldessa Sole Segarra ha volgut destacar la “professionalitat i el respecte tant amb els xiquets i xiquetes com amb les persones adultes a l’hora d’explicar les funcions i els distints grups que conformen l’exèrcit”
Des de l’Ajuntament, l’alcaldessa Sole Segarra ha volgut destacar la “professionalitat i el respecte tant amb els xiquets i xiquetes com amb les persones adultes a l’hora d’explicar les funcions i els distints grups que conformen l’exèrcit”
A diferència de l'Alcaldessa de les Coves, els edils de Serra d’en Galceran, Serratella, Tírig o Albocàsser no descarten res i si creuen en el seu municipi com lloc turístic
La inmobiliaria del lujo que vende aldeas por España oferta 10 propiedades en Castellón
El Maestrat y el Alto Palancia son las comarcas donde más oferta tiene la agencia. Los clientes de esta agencia son sobre todo extranjeros y con alto poder adquisitivo
XAVI PRERA
23/04/2018
El mercado de las transacciones inmobiliarias tiene vida más allá de las grandes ciudades, donde el negocio se reactiva fundamentalmente vinculado a los altos precios del alquiler. El interior también existe, y por ello una exclusiva --y también en algunos casos polémica-- inmobiliaria que ofrece aldeas rurales y propiedades de lujo por toda España cuenta en su cartera con más de una decena de productos en el interior de Castellón que se venden a precios prohibitivos para la mayoría de los bolsillos, pero que tienen su mercado.
En el caso de la provincia, la firma Aldeas Abandonadas Real State oferta sobre todo casas señoriales preparadas para ser convertidas en alojamientos enfocados al turismo rural, así como fincas con suelo edificable donde se ofrece a clientes de alto poder adquisitivo la posibilidad de construir sus residencias e incluso ecoaldeas para edificar casas unifamiliares.
https://www.aldeasabandonadas.com/venta-de-aldeas/46-venta-de-aldeas-resto-espana/1099-venta-suelo-para-construir-aldea-eco-castellon-con-24-casas-sostenible-tipo-rural-550000.html
¿CÓMO FUNCIONA? //
Este último ejemplo ilustra bien las características de la agencia y su forma de operar. Se trata de un terreno urbano situado junto a la Serra d’en Galceran, que ya está siendo urbanizado y que dispone de los permisos de obras para levantar 24 viviendas que se definen como «rurales». El precio de venta de los más de 6.500 metros cuadrados es de 550.000 euros y en la descripción se habla de una población que, «por su orografía montañosa, ha quedado resguardada de todo tipo de actuaciones urbanísticas o industriales que puedan contaminar o afear el paisaje».
La gerente de la inmobiliaria, Elvira Fafián, explica a Mediterráneo que su cartera va dirigida sobre todo a inversores extranjeros, pero que en los últimos meses también notan un repunte de clientes nacionales. Aldeas Abandonadas, añade, «no solo ofrece terrenos o edificios, sino también un servicio de gestión y consultoría para gestionar la burocracia con ayuntamientos», cara a facilitar la conversión de sus activos en negocios. De esta forma, la finca ya tiene autorización de las compañías de luz, agua o teléfono.
Las comarcas del Maestrat son las que cuentan con más oferta en la web de la inmobiliaria. Así, se pueden encontrar masías y casas aptas para convertirse en lujosos alojamientos rurales en municipios como Tírig o Albocàsser o fincas en la Serratella. Asimismo, también en el Alto Palancia existen varias propiedades en localidades como Soneja, donde hay varias fincas que cuentan con permisos para construir.
DESPOBLACIÓN... Y POLÉMICA //
Fafián asegura que entre los objetivos de Aldeas Abandonadas está contribuir a luchar contra la despoblación atrayendo a municipios rurales a propietarios de alto valor adquisitivo que puedan tener segundas residencias o abrir negocios. Por contra, su actividad no se libra de las críticas, pues hay casos en los que se pone una aldea entera a la venta cuando en ella hay gente que todavía tiene propiedades.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/inmobiliaria-lujo-vende-aldeas-espana-oferta-10-propiedades-castellon_1142658.html
Enquestes:PP i Cs s'intercanvien vots mentre Podem es dessagna en favor de la resta de l'esquerra
Ximo Aguar
ENCUESTA ELECTORAL
23/04/2018 -
VALÈNCIA. La encuesta encargada por Valencia Plaza a la empresa SyM Consulting basada en 1.465 entrevistas realizadas entre el 9 y 12 de abril (ficha técnica abajo) incorpora claves sobre la transferencia de voto entre las distintas fuerzas políticas respecto a las elecciones autonómicas de 2015. Unos trasvases de apoyos que permiten observar cuáles son los partidos que consiguen una mayor fidelidad por parte de sus electores y cuáles son los que sufren más para retener a sus simpatizantes.
Así, el partido que mayor retención de voto evidencia es el PSPV que lidera Ximo Puig, presidente de la Generalitat. El 92,7% de los que eligieron a la formación socialista en 2015 asegura que hoy en día volvería a hacerlo. El problema para este partido es que, según lo que refleja el estudio, lo que 'roban' al resto de organizaciones es insuficiente para un crecimiento más destacado. Así, la cifra reseñable es la que sacan de los que respaldaron a Podemos, de donde extraerían un 25,6% de votos mientras que solo un 5,4% de votantes de Compromís se pasarían al PSPV.
El segundo partido con mayor fidelidad es Compromís, que retendría al 78,3% de los que le apoyaron en 2015. No obstante, la coalición también se llevaría un 14% de los que votaron a Podemos, un 1,8% de los que simpatizaron con el PSPV, un 32,5% de los que dicen haber respaldado a otros -posiblemente muchos de Esquerra Unida- y el 100% de los que aseguran haber votado en blanco.
La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig. Foto: KIKE TABERNER
En este apartado de fidelidad, la tercera fuerza es el PP que lidera Isabel Bonig. El 66,8% de los que votaron a la formación popular afirma que no cambiaría de opción, mientras que un 20,6% admite que se iría a Ciudadanos y, como dato relevante, un 12,5% que apoyó a los populares asegura que ahora no votaría. Una posible bolsa de elector desencantado que el PPCV debe intentar recuperar.
Ciudadanos se sitúa casi en los mismos niveles de lealtad que el PPCV. Un 66,5% de sus votantes en 2015 repetirían pero, no obstante, nada menos que un 29,7% afirma que ahora se inclinaría por la formación popular. El resto del reparto se queda en un 3,8% que afirma que no acudiría a las urnas.
Podem, liderado por Antonio Estañ, tiene problemas para retener a sus votantes. Foto: KIKE TABERNER
El caso de Podemos es el más complejo. La formación morada que dirige en la Comunitat Valenciana Antonio Estañ, apenas logra retener un 46,3% de su electorado. Además de lo que se llevan PSPV y Compromís, también se aprovecharía Esquerra Unida: 11,2% de los votantes podemitas en 2015 apoyarían a la citada formación e incluso un 2,9% asegura que emigraría a Ciudadanos tras haber apoyado a la fuerza morada hace tres años.
Mejores sensaciones tiene EU, quien captaría un 5,5% de los que votaron al PSPV, un 9,5% de los que respaldaron a Compromís y un 11,2% de los que apoyaron a Podemos.
FICHA TÉCNICA
Censo electoral Comunidad Valenciana (CER) Febrero 2018: 3.522.819
Nivel de confianza: 95,45%
Margen de error máximo: Castellón 4,76%, València 4,32%, Alicante 4,33%
Total de encuestas válidas: 1.465 (424 en Castellón, 514 en Valencia y 527 en Alicante). Distribución proporcional por sexo y edad.
Técnica: Telefónica asistida por ordenador (IVR)
Trabajo de campo: del 9 al 12 de abril de 2018
Empresa: SyM Consulting
Director: Eduardo San José Requejo. Politólogo
L´infrautilitzat aeroport de Castelló es converteix en base d'extinció d'incendis
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) autoriza los vuelos sin torre de control en la infraestructura pública y la Generalitat lo compatibilizará con el uso comercial - La administración confía en tener la base operativa en junio o julio
Los pasajeros descienden de un vuelo en el aeropuerto de Castelló, en una imagen reciente. levante-emv
El infrautilizado aeropuerto de Castelló va a tener algunos nuevos inquilinos a partir de este verano. La Dirección General de Respuesta a las Emergencias de la Generalitat ha obtenido al fin, tras dos años y medio de gestiones, el permiso del Estado para compatibilizar en este enclave la aviación comercial con el uso para la extinción de incendios.
Se trata de una complejidad técnica que ha impedido hasta ahora dar un mayor uso al enclave de Benlloch como base para los recursos de ala fija de la Generalitat. La autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, llegó a principios de marzo, y va a permitir que los aparatos vuelen en este aeropuerto aunque no esté operativa la torre de control.
Los efectivos de extinción vuelan habitualmente en pistas sin torre de control ni sistemas de aproximación, con vuelo visual. Sin embargo, pese a estar capacitados para aterrizar y despegar en condiciones más precarias, el aeropuerto de Castelló solo permitía hasta hace unas semanas volar con la torre de control operativa.
Con la escasa actividad de vuelos comerciales, la presencia de controladores en el aeródromo de Castelló es bastante reducida. Y eso chocaba con la propia naturaleza de las emergencias, que no entienden de si hay o no personal operativo en la torre de control. Ahora, la Generalitat ya cuenta con permiso para operar vuelos esté o no la torre de control en funcionamiento.
Sólo los aviones
Las previsiones de Emergencias pasan por poner en marcha en este enclave una base únicamente para los aviones adscritos a la provincia de Castelló. Pretende hacerlo de forma inmediata, ya para la campaña de este verano. Los cálculos del director general, Josep Maria Ángel, sitúan el arranque de las operaciones entre junio y julio, donde a partir de ese momento habrá presencia permanente de aviones.
Hasta la fecha, los aviones de Castelló se han ubicado en el aeroclub del Grau de Castelló. Los helicópteros sí seguirán por el momento en su destino actual, en Tírig (Alt Maestrat). También tiene planes la Dirección General, aunque más a largo plazo, para reordenar la estructura de emergencias en la provincia de València, donde están operativas las bases de Siete Aguas y Enguera. Se ha sacado a concurso la redacción de un proyecto para montar una base en Alcublas, y también se aspira a readaptar la de Bengéber.
Con este nuevo uso para el aeropuerto de Castelló, la Generalitat trata de aprovechar esta infraestructura, heredada de la anterior administración, y fuertemente cuestionada tras 150 millones de euros de inversión pública y sin apenas actividad.
Pese al incremento de vuelos, el aeródromo sigue presentando unos números modestos. En los tres primeros meses del año Castelló recibió poco más de 27.000 pasajeros, cinco mil menos que un año atrás básicamente por la pérdida del vuelo a Bucarest durante el primer semestre.
El aeropuerto, actualmente gestionado por la francesa Edeis Management, tiene cuatro rutas con Londres (Reino Unido), Poznan (Polonia), Sofía (Bulgaria) y Bucarest (Rumanía). Hace unos meses, Ryanair decidió cancelar su ruta a Bristol (Reino Unido), que ha desplazado al aeropuerto de València.
http://www.levante-emv.com/economia/2018/04/23/infrautilizado-aeropuerto-castello-convierte-base/1707825.html
Los pasajeros descienden de un vuelo en el aeropuerto de Castelló, en una imagen reciente. levante-emv
El infrautilizado aeropuerto de Castelló va a tener algunos nuevos inquilinos a partir de este verano. La Dirección General de Respuesta a las Emergencias de la Generalitat ha obtenido al fin, tras dos años y medio de gestiones, el permiso del Estado para compatibilizar en este enclave la aviación comercial con el uso para la extinción de incendios.
Se trata de una complejidad técnica que ha impedido hasta ahora dar un mayor uso al enclave de Benlloch como base para los recursos de ala fija de la Generalitat. La autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, llegó a principios de marzo, y va a permitir que los aparatos vuelen en este aeropuerto aunque no esté operativa la torre de control.
Los efectivos de extinción vuelan habitualmente en pistas sin torre de control ni sistemas de aproximación, con vuelo visual. Sin embargo, pese a estar capacitados para aterrizar y despegar en condiciones más precarias, el aeropuerto de Castelló solo permitía hasta hace unas semanas volar con la torre de control operativa.
Con la escasa actividad de vuelos comerciales, la presencia de controladores en el aeródromo de Castelló es bastante reducida. Y eso chocaba con la propia naturaleza de las emergencias, que no entienden de si hay o no personal operativo en la torre de control. Ahora, la Generalitat ya cuenta con permiso para operar vuelos esté o no la torre de control en funcionamiento.
Sólo los aviones
Las previsiones de Emergencias pasan por poner en marcha en este enclave una base únicamente para los aviones adscritos a la provincia de Castelló. Pretende hacerlo de forma inmediata, ya para la campaña de este verano. Los cálculos del director general, Josep Maria Ángel, sitúan el arranque de las operaciones entre junio y julio, donde a partir de ese momento habrá presencia permanente de aviones.
Hasta la fecha, los aviones de Castelló se han ubicado en el aeroclub del Grau de Castelló. Los helicópteros sí seguirán por el momento en su destino actual, en Tírig (Alt Maestrat). También tiene planes la Dirección General, aunque más a largo plazo, para reordenar la estructura de emergencias en la provincia de València, donde están operativas las bases de Siete Aguas y Enguera. Se ha sacado a concurso la redacción de un proyecto para montar una base en Alcublas, y también se aspira a readaptar la de Bengéber.
Con este nuevo uso para el aeropuerto de Castelló, la Generalitat trata de aprovechar esta infraestructura, heredada de la anterior administración, y fuertemente cuestionada tras 150 millones de euros de inversión pública y sin apenas actividad.
Pese al incremento de vuelos, el aeródromo sigue presentando unos números modestos. En los tres primeros meses del año Castelló recibió poco más de 27.000 pasajeros, cinco mil menos que un año atrás básicamente por la pérdida del vuelo a Bucarest durante el primer semestre.
El aeropuerto, actualmente gestionado por la francesa Edeis Management, tiene cuatro rutas con Londres (Reino Unido), Poznan (Polonia), Sofía (Bulgaria) y Bucarest (Rumanía). Hace unos meses, Ryanair decidió cancelar su ruta a Bristol (Reino Unido), que ha desplazado al aeropuerto de València.
http://www.levante-emv.com/economia/2018/04/23/infrautilizado-aeropuerto-castello-convierte-base/1707825.html
La herencia recibida:El Consell liquidarà el Pla Confiança del pp deu anys després i amb 150 milions pendents
Cobrar, a les Coves, ens va costar sang, suor i llàgrimes
Proyectos por ejecutar
El Consell liquidará el Plan Confianza diez años después y con 150 millones pendientes
Medio centenar de ayuntamientos tienen un año de plazo para acabar sus proyectos y poder recibir las ayudas de la Generalitat - El plan estrella de Camps vence en junio de 2019 tras tres años lastrando las inversiones del Botànic
Julia Ruiz València 22.04.2018 | 23:25
El plan Confianza, el programa estrella ideado por el expresidente Francisco Camps en 2009 para sacar a los ayuntamientos de la asfixia financiera y que acabó siendo un auténtico fiasco, tiene los días contados. La muerte presupuestaria del denominado oficialmente Plan de Inversión Productiva tiene fecha de caducidad, junio de 2019, prácticamente coincidiendo con el fin de la legislatura del Botànic. Será el momento en el que el Ejecutivo que surja de las próximas elecciones autonómicas (si no hay adelanto tocan en mayo) podría soltar una mochila que lleva años condicionando el capítulo de inversiones ya que la ejecución de este programa ha sido tan lenta como engorrosa. Diez años después de que el Ejecutivo popular anunciara este plan (partió con una dotación a cargo de deuda de más de 500 millones de euros), todavía quedan 150 millones de euros pendientes de ejecutar y decenas de proyectos pendientes en medio centenar de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
A estos municipios se les acaba el tiempo ya que, al menos sobre el papel, en junio de 2019 vencen los compromisos financieros adquiridos por la Generalitat con los ayuntamientos para pagar los proyectos ejecutados. La propia idiosincrasia del Plan de Inversión Productiva carga en los consistorios la gestión y ejecución de las obras (sólo en algunos casos ha recaído en las conselleries) y la Generalitat se limita a transferir el dinero cuando los municipios certifican el fin de obra.
Según datos oficiales en la actualidad hay 52 municipios en la Comunitat Valenciana con proyectos del Plan Confianza en proceso de ejecución y todavía sin finalizar. En concreto, 30 pertenecen a la provincia de València, 17 a la de Alicante y cinco en Castelló. La lista es variada e incluye tanto municipios pequeños como capitales de provincia como es el caso de València.
En todo caso, y a no ser que la Generalitat Valenciana decida algo diferente, estos ayuntamientos deberán darse prisa para acabar sus proyectos y poder así recibir la transferencia de la Generalitat. En caso contrario, perderán el dinero. La conselleria de turno podría replantear una prórroga, aunque está cuestión no está ahora encima de la mesa. En todo caso, en 2019 desaparece el plan de las cuentas públicas y la mochila, valorada a día de hoy en 149 millones de euros. Hacienda podrá por hacer desaparecer un plan que heredó del PP y cuya filosofía no comparte. Cómo el plan confianza se financiaba a cargo a deuda, esta partida no es dinero presupuestado real que pueda trasladarse a otros fines.
El compromiso, sin embargo, ha lastrado estos años los datos de ejecución presupuestaria, ya que el Consell tenía obligación de consignarlo, aún a sabiendas de que era muy difícil de ejecutar. De hecho, en 2015 la mochila heredada fue de 206 millones de euros. En tres años, apenas 50 millones.
El plan Confianza generó problemas desde su inicio ya que Camps lo lanzó en un momento de crisis y penuria financiera y además con una clara motivación política: competir con el Plan E del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel plan original se hizo sobre obras en muchos casos innecesarias, con numerosos expedientes defectuosos que generaron con el tiempo tantos problemas que el Consell del Botànic aún tuvo en 2015 que dar margen a los ayuntamientos para que reformularan proyectos y plantearan otros más útiles.
Ritmo de ejecución muy lento
A pesar de esta flexibilización de las condiciones del Plan Confianza, el ritmo de ejecución sigue siendo muy lento. Recientemente, el Consell aprobó incorporar a los presupuestos de 2018 un remanente de crédito por valor de 150 millones.
http://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/comunitat-valenciana/2018/04/23/consell-liquidara-plan-confianza-diez/1707870.html
Un altre cas aïllat:La UDEF revela una trama de l'aigua a Múrcia: el PP 'va regalar' 600 milions a ACS
La policía nacional descubre que el Gobierno murciano del PP colaboró para que la constructora consiguiera rendimientos del 60.000% desplazando todos los costes y riesgos a las arcas públicas
Desaladora de Escombreras en Murcia. (EFE)
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JOSÉ MARÍA OLMO
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TIEMPO DE LECTURA 8 min
23.04.2018 – 05:00 H.
ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-01-31/nadal-se-pone-de-perfil-y-deja-el-pago-del-castor-en-manos-de-los-tribunales_1514951/
Nadal prevé "enorme litigiosidad" por Castor y prepara recortes a las eléctricas de 240M
EC/AGENCIAS
Asegura que se ha dejado de pagar a través del sistema del gas la indemnización del Castor que está en manos de Santander, Bankia y CaixaBank y cuyo mantenimiento está a cargo de Enagás
Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros —aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.
Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
Entre la información intervenida, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA
La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS.
“Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.
Sede corporativa del Grupo ACS.
En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. “Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos. La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.
Interior de la Desoladora de Escombreras. (Ayuntamiento de Cartagena)
La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. “Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños.Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagosLos expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-23/pp-acs-murcia-udef-trama-agua-600-desaladora-escombreras-cartagena_1552970/
Desaladora de Escombreras en Murcia. (EFE)
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JOSÉ MARÍA OLMO
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23.04.2018 – 05:00 H.
ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-01-31/nadal-se-pone-de-perfil-y-deja-el-pago-del-castor-en-manos-de-los-tribunales_1514951/
Nadal prevé "enorme litigiosidad" por Castor y prepara recortes a las eléctricas de 240M
EC/AGENCIAS
Asegura que se ha dejado de pagar a través del sistema del gas la indemnización del Castor que está en manos de Santander, Bankia y CaixaBank y cuyo mantenimiento está a cargo de Enagás
Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros —aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.
Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
Entre la información intervenida, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA
La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS.
“Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.
Sede corporativa del Grupo ACS.
En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. “Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos. La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.
Interior de la Desoladora de Escombreras. (Ayuntamiento de Cartagena)
La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. “Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños.Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagosLos expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-23/pp-acs-murcia-udef-trama-agua-600-desaladora-escombreras-cartagena_1552970/
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