1. Susana Ros Martínez
2. Artemi Rallo Lombarte
3. Mar Moros Vilar
4. Sergi Bou Ayza
5. Ana Belén Edo Gil
SUPLENTES
1.Marc Albella Esteller
2.María José Madrid Martínez
3.Joan Morales Vilar
Suplente 1: Francesca Bartolomé Palasí
Suplente 2: Ramón Martínez Peiró
3. Ernestina Borràs Bayarri
Suplente 1: Gerard VicianoPériz
Suplente 2: Mari Carmen Gil Sánchez
DIARI INFORMACIÓN
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2023/6484]
Subvenciones no concedidas
AJUNTAMENT COVES DE VINROMÀ, LES CASTELLÓ
ESGLÉSIA DE L'ASSUMPCIÓ:PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA COBERTA DE L'ESGLÉSIA DE L'ASSUMPCIÓ
INSUFICIÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA
DOGV Num. 9614 / 09.06.2023 Pàgina 36257 i següents
La furia impugnadora de Alberto Núñez Feijóo respecto al actual Gobierno de coalición no es nueva. En 2009, cuando ganó contra pronóstico y por la mínima las elecciones gallegas, inició su primer mandato como presidente de la Xunta de Galicia con un propósito principal: la destrucción del legado del gobierno progresista anterior. La acción propositiva de sus ejecutivos –obtuvo después cuatro mayorías absolutas consecutivas– resultó, sin embargo, discreta. Ahora, a mes y medio de las elecciones, Feijóo repite estrategia y avanza que, si gobierna, derogará leyes como la de la memoria democrática o la trans, modificará la de eutanasia y la educativa y eliminará el Ministerio de Igualdad.
Habían pasado poco más de tres meses desde la derrota electoral de la coalición formada por Partido Socialista y BNG cuando el recién estrenado presidente de la Xunta anunció una de sus primeras medidas: la supresión de la gratuidad universal de los libros de texto. Feijóo acababa con una de las medidas estrella del bipartito y lo hacía envuelto en eufemismos. “Las rentas medias y bajas tendrán garantizada la gratuidad sin límites”, dijo. En realidad, tres de cada cuatro familias se quedaron sin ayuda. Con el tiempo y los sucesivos gabinetes del PP, el sistema asumió pequeños cambios, pero los libros de textos de la escuela pública nunca volvieron a ser universalmente gratis.
Tampoco nunca hubo reversión de una de las primeras decisiones en política de vivienda. El primer conselleiro de Medio Ambiente e Vivenda, Agustín Hernández, decidió rebajar la reserva de suelo para vivienda protegida y otorgó a los ayuntamientos la capacidad de dejarla por debajo del 30%. No fue el del acceso a la vivienda un problema que preocupase excesivamente al PP gallego. Lo admitía el propio Alfonso Rueda, vicepresidente con Feijóo y su sucesor en el Gobierno gallego desde hace un año: “No lo habíamos detectado”. Y eso que la oposición (BNG, PSOE o las distintas formulaciones de la otra izquierda) lo había llevado al Parlamento en numerosas ocasiones. En la última década, por ejemplo, la construcción de pisos protegidos para alquiler social quedó varios años a cero. Hace un par de meses, y al calor del debate suscitado por la nueva ley de vivienda estatal, el Gobierno gallego aseguró que esta vez sí, que colocará 2.000 viviendas en el mercado para alquiler social.
La energía eólica se convirtió en otro de los caballos de batalla de aquel Núñez Feijóo. El plan del bipartito en la materia, que había provocado disensiones internas a socialistas y nacionalistas, incluía la participación pública en las empresas que instalasen molinos y la obligación de que ejecutasen programas industriales en las comarcas afectadas. El PP no tardó ni cuatro meses en anularlo. Feijóo argumentaba que había “tachas graves de legalidad” en el concurso que había concedido parques eólicos con un total de 2.300 megavatios. Tachas de legalidad hubo, sí, pero no las que denunciaba el ahora líder estatal de los populares, sino las derivadas de su prisa por derogar las políticas del anterior gobierno. El Tribunal Supremo declaró ilegal su anulación. La parálisis en el sector duró casi diez años. La Xunta quiere ahora revertirla con una relajación en los controles ambientales que le está suponiendo, de nuevo, numerosos reveses judiciales.
Todavía en los últimos meses de su último mandato, Alberto Núñez Feijóo presumía de haber construido el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. No lo hizo. El proyecto lo dejó prácticamente finalizado el bipartito. Al entrar en la Xunta, el PP lo desechó y lo reformuló a su modo. Lo que iba a ser un centro público, presupuestado en unos 500 millones de euros, se convirtió en una construcción con financiación público-privada. La fórmula implica un pago aplazado que obliga al Gobierno gallego a pagar un canon anual millonario a la empresa concesionaria de las obras y el mantenimiento, una UTE encabezada por acciona que en 2020 vendió su parte al fondo francés Meridiam.
“Si ese método se llega a extender a otros hospitales sería imposible de financiar”, explicaba a este periódico Manuel Marín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, quien sintetizaba la política sanitaria de Feijóo “en desmantelar, favorecer a multinacionales y mentir descaradamente”. Las protestas ciudadanas, la mayoría de ellas multitudinarias, se han sucedido durante sus legislaturas. También durante el año que Alfonso Rueda, cuya agenda neoliberal es intensa, lleva como presidente.
La ley de memoria democrática que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado octubre es otro de los objetivos prioritarios a derribar por Feijóo, según él mismo ha explicado a los medios de comunicación. También lo ensayó antes en Galicia. La coalición del Partido Socialista de Emilio Pérez Touriño y el BNG de Anxo Quintana había concedido especial importancia a la memoria histórica y a la reparación oficial de las víctimas del fascismo. La Xunta del PP adoptó el camino opuesto. Redujo las partidas presupuestarias al mínimo y desactivó la Illa da Memoria proyectada en San Simón (Redondela, Pontevedra). El lugar había sido un campo de concentración franquista durante la Guerra Civil por el que pasaron más de 6.000 presos. Feijóo lo transformó en una Illa do Pensamento. “Acogerá un centro de arte vivo, no será un mausoleo”, justificó el entonces conselleiro de Cultura del PP, Roberto Varela. Las instalaciones no son muy activas, más allá de prestarse para todo tipo de eventos.
Ese mismo departamento de Cultura del primero de los ejecutivos de Feijóo en Galicia también dejó sin dotación a los Premios da Cultura Galega. Además, les retiró el adjetivo “nacionais” que los acompañaba, algo que también sucedió en la Biblioteca de Galicia de la Cidade da Cultura. A Feijóo no le gustó tampoco que la red pública de escuelas infantiles se llamase Galescolas, y las rebautizó como Galiñas Azuis –la referencia es a un cuento infantil de escritor Carlos Casares. Pero la principal de las batallas culturales emprendidas por aquel Partido Popular fue contra el gallego. Por primera vez en la historia de la autonomía, el Gobierno gallego reducía la presencia del idioma propio de la comunidad –así lo define el Estatuto– en la enseñanza. Aquella decisión, adoptada después de una durísima campaña contra la lengua apoyada en noticias falsas y agrupaciones extremistas, se tomó con toda la comunidad educativa en contra. Rompió los consensos parlamentarios existentes –el Plan de Normalización Lingüística de 2004 lo habían aprobado PP, PSOE y BNG– y contribuyó a la zozobra estadística de la lengua gallega.
Tras esos primeros años de furia impugnadora del legado del bipartito progresista, la Xunta de Galicia del PP se instaló en una gestión rutinaria en la que escasearon producción legislativa, proyectos estratégicos e ideas de fondo. Eso sí, las mayorías absolutas se sucedieron en las urnas: Feijóo encadenó cuatro, igualó la marca de Fraga Iribarne y solo salió del Gobierno gallego cuando se embarcó junto a Díaz Ayuso en la operación para defenestrar a Pablo Casado. Ahora insiste en replicar las tácticas de 2009 y centra su discurso en lo que derogará, corregirá, retirará, abortará, casi nunca en lo que propondrá.
eldiario.es
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es concedeixen ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, incloent-hi les despeses ocasionades pel personal no funcionarial que n’ocupa la secretaria, corresponents a l’exercici 2023. [2023/6086]
Quanties en concepte de despeses de personal/
Coves de Vinromà, les 1087,86 €
Quanties en concepte de despeses de funcionament/
Coves de Vinromà, les 1100 €
DOGV Num. 9613 / 08.06.2023 Pàgina 35907 i següents
Autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Magda, de 127,8 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en Les Coves de Vinromà, Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora (Castellón).
Si que poden, per exemple, acondicionar les piscines tenint en compte que els xiquets comencen vacances el 22 de juny i ja estem a 6.
MANDATO Y CONSTITUCIÓN DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES
Artículo 1941. El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años contados a partir de la fecha de su elección, en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3, de esta Ley Orgánica.
2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, del director general de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per la qual s’actualitza l’annex I relatiu a la llista de municipis qualificats amb sobreabundància de senglar de l’Ordre 22/2021, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es regula la caça i control del senglar a la Comunitat Valenciana. [2023/5849]
ANNEX 1. Llista de municipis qualificats amb sobreabundància de senglar La llista actualitzada inclou un total de 404 termes municipals, amb la distribució provincial següent:
A la província de Castelló, els 76 termes municipals següents: Aín, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almassora, Almedíjar, Almenara, les Alqueries, Altura, Argelita, Artana, Ayódar, Azuébar, Benicarló, Benicàssim, Benlloc, Betxí, Borriana, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Castellnovo, Castelló de la Plana, Cervera del Maestre, Xilxes, Chóvar, Les COVES DE VINROMÀ, Eslida, Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Geldo, la Jana, la Llosa, Matet, Moncofa, Navajas, Nules, Onda, Orpesa, Pavías, Peníscola, la Pobla Tornesa, Ribesalbes, Rosell, la Salzadella, Sant Jordi, San Rafael del Río, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Suera, Tales, Tírig, Toga, Torralba del Pinar, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Torrechiva, Traiguera, Vall de Almonacid, la Vall d’Uixó, Vallat, Vilanova d’Alcolea, Vila-real, la Vilavella, Villamalur, Vinaròs i Xert
DOGV Num. 9611 / 06.06.2023 Pàgina 35341 i següents
GIRO EN LA POLÍTICA SANITARIA
Giro en la política sanitaria en la Comunidad Valenciana. El nuevo Consell presidido por Carlos Mazón, si se cumplen las previsiones de un acuerdo de investidura con Vox, meterá en el congelador la reversión a la gestión pública de las áreas sanitarias y hospitalarias en manos de compañías privadas. El Botànic presidido por el socialista Ximo Puig había iniciado el procedimiento administrativo para recuperar el control sobre el hospital de Manises (Sanitas), cuya concesión finaliza el 30 de abril de 2024, y tenía previsto hacer lo mismo en la nueva legislatura con las de Dénia y Elche-Vinalopó (Ribera Salud).
Este jueves, el Partido Popular ha avanzado su intención de frenar esos procesos administrativos. Asi lo ha explicado el hasta ahora portavoz de Sanidad en las Cortes, José Juan Zaplana, en unas declaraciones al diario Todo Alicante en las que señala la voluntad de encargar previamente una auditoría del servicio para certificar su "eficiencia". "Cuando contemos con toda esa información nos sentaremos con los agentes implicados y se tomará una decisión. Se ha demostrado que la gestión pública no es la panacea".
La posición es el reconocimiento de algo que los populares no han expresado abiertamente durante la campaña, pero que tampoco han negado. El propio Mazón explicaba así sus planes en una entrevista con El Confidencial el pasado mes de abril, a las puertas de la campaña electoral: "Si gobierno, haremos una auditoría general, porque tengo la sensación de que vamos a encontrarnos cosas mucho peores de las que nos están trasladando ahora. Tengo sospechas de ocultación de datos reales de listas de espera, tenemos certezas de incertidumbres laborales en esas zonas y lo que hay que hacer es una auditoría sobre el mejor sistema posible. Sin prejuicios, pero buscando la eficacia, siempre y cuando sea libre, gratuito, universal, pero, sobre todo, eficaz, que es el gran suspenso de (Ximo) Puig".
Esa formulación, gratuito, universal y… "eficaz", es el argumentario que encaja en el discurso político para recuperar el modelo de concesiones a empresas privadas en la gestión de hospitales públicos y áreas de salud que ensayó primero Eduardo Zaplana con el primer hospital construido y operado por Ribera Salud en 1999 en Alzira, al que después siguieron otras infraestructuras comarcales. El Hospital de la Ribera finalizó su concesión en marzo de 2018 y el Consell del Botànic optó por reintegrarlo al sistema público de gestión. En 2021 se produjo la reversión de Torrevieja, con una transición más conflictiva y con quejas de usuarios. En ambos casos se ha producido un complejo proceso de subrogación de toda la plantilla, que ha pasado a figurar como personal laboral con plazas a extinguir de la Conselleria de Sanidad. Es decir, no son trabajadores sanitarios estatutarios, pues no han pasado por un proceso oposición, pero están fijos con las mismas condiciones.
Esta circunstancia complica administrativamente poder licitar nuevas concesiones en las áreas ya revertidas, aunque no lo hace imposible. Más sencillo resultará para el nuevo gobierno renovar las concesiones en curso (Manises, Denia y Elche) o emplear el modelo público-privado en infraestructuras de nueva construcción.
"Seguro que Ribera Salud ya tiene trazadas las posibles opciones para recuperar todo el negocio posible. Han ayudado y agitado mucho y querrán pasar la factura al PP y Vox", señalan fuentes del equipo saliente de la Conselleria de Sanidad. Un comunicado lanzado este jueves por el PSPV-PSOE anticipa que el debate sobre el modelo de gestión sanitaria va a ser uno de los caballos de batalla política de la legislatura. “El Partido Popular ha tardado tan solo cuatro días en quitarse la careta y decirle la verdad a los valencianos y valencianas: la sanidad pública volverá a manos privadas. A los socialistas valencianos nos tendrán de frente para frenar los recortes y las privatizaciones del Gobierno PP-Vox", afirmaba el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz.
Por su parte, José Juan Zaplana contestaba acusando a los socialistas de estar haciendo dejación de funciones en estas semanas de interinidad. “El gobierno Puig debería cumplir con las cuestiones comprometidas y no dejar todo empantanado. No se ha hecho plan de vacaciones, ni se están cumpliendo los acuerdos de la mesa sectorial de sanidad del pasado 8 de marzo, como el tope de 35 citas al día en la atención sanitaria de los médicos de familia y otros incentivos, ni se ha aplicado el decreto de plazas de difícil cobertura", afirmaba Zaplana.
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