CASTELLÓ. El pròxim dissabte 19 d’octubre, l’ermitori de Sant Pau en Albocàsser acollirà la primera Trobada de Dones Emprenedores i Economia Social, organitzada pel Centre de Desenvolupament Rural Alt Maestrat amb el suport de la Diputació de Castelló. Aquesta jornada, amb accés gratuït, té com a principal objectiu donar suport i visibilitat a les dones emprenedores, crear xarxes entre elles i promoure l’economia social i solidària com a eina de transformació ecosocial de les comarques de Castelló.
La trobada inclourà xarrades, formació, sessions de networking, exposicions de casos d’èxit, degustació de xocolates artesans de l’Alt Maestrat i actuacions musicals. Entre les ponències destacades, s’exploraran temàtiques sobre com emprendre des de l’economia social i solidària, els beneficis del cooperativisme o la situació de la dona en l’àmbit sociolaboral.
La jornada compta amb la participació de destacades ponents, incloent Mónica Carreguí, presidenta de Reinventhadas; Angela Pita, tècnica en desenvolupament empresarial de Fevecta; Marta Maicas, doctora en desenvolupament local, cooperació i col·laboradora de XEAS PV; i Gemma Martínez, agent d’igualtat i historiadora. Marisa Capellín i Esther Piriz, tècniques de Reinventhadas, dinamitzaran una sessió de networking entre les assistents. De l’àmbit rural, Rosa Batet exposarà l’experiència de l’Associació de Dones Maestrat de Benassal.
Projectes exitosos
A més, s’exposaran projectes econòmics exitosos de dones en l’àmbit de l’economia social i solidària, com Somnia, Terrenae i Micel·li Ambient. La jornada estarà amenitzada per la cantant Rosio Cano i dinamitzada per la periodista Violeta Tena, vicepresidenta de la Unió de Periodistes.
Per facilitar l'assistència, l'organització ha programat autobusos que recolliran les participants en els seus municipis.La Trobada de Dones Emprenedores i Economia Social és possible gràcies a l’organització del CDR Alt Maestrat i Coceder, amb el finançament de la Diputació de Castelló, la Conselleria d’Igualtat i el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, així com el suport de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià, l’Ajuntament d’Albocàsser, Fevecta i Reinventhadas.
Inscripcions gratuïtes: Les interessades poden inscriure's telefonant al 964 42 83 91 o accedint a l’enllaç d’inscripció publicat a les xarxes socials del CDR Alt Maestrat. Totes les participants rebran un lot de merxandatge sostenible.
VALÈNCIA. Terremoto en la Conselleria de Educación. La directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, y el subdirector general, Pascual Hernández, presentaron su dimisión este jueves alegando motivos personales, por lo que ninguno estará ya al frente del departamento encargado de la gestión de la plantilla de docentes de la Comunitat Valenciana. Una salida abrupta por el momento en el que se produce: apenas unos días después del varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligará, a priori y salvo sorpresa, a la Conselleria de Educación a rehacer las plantillas de profesores con el curso ya iniciado.
Desde el departamento que dirige José Antonio Rovira subrayaron tras el anuncio de dimisión que tanto Sancho como Hernández ya habían trasladado al conseller su intención de abandonar los puestos que ocupaban el verano pasado después de que se resolviera el lío que se produjo con las adjudicaciones tras el cambio de gobierno. Una intención que no llegó a materializarse porque, según la conselleria, el propio Rovira les pidió que aplazaran su salida.
El "desgaste" -en palabras del conseller este jueves-, sin embargo, ha ido a más. Y a pesar de que desligan estas salidas del fallo judicial, lo cierto es que los hechos se han sucedido en el tiempo y una cosa se ha producido después de la otra. "Me comunicaron hace unos meses que querían descansar, después de la adjudicación de docentes que este año sí que salió bien porque la pudimos hacer nosotros", explicó este jueves el dirigente popular. Y aunque Rovira les pidió que se mantuvieran en el puesto de nuevo al considerar que la adjudicación se había resuelto en esta ocasión de manera satisfactoria, estos lo rechazaron.
Fuentes de la conselleria consultadas por este diario afirman que ambos han vivido un año y medio de legislatura muy intenso. "Están quemados, y esta conselleria es un matapersonas", explican en relación a la carga de trabajo que tiene aparejada y el escaso personal con el que cuentan. Huelga recordar la limitación de eventuales que tiene fijada el gobierno. Ahora bien, otras fuentes mantienen que las dimisiones no obedecen -o al menos no únicamente- en particular a la carga de trabajo o el fenómeno burnout, sino que a lo largo de la legislatura ha habido discrepancias sobre la estrategia a adoptar en diferentes cuestiones por parte de la conselleria.
Rovira junto a Sancho. Foto: VP
El fallo judicial
En medio de todo este embrollo, conviene recordar cuál es la patata caliente que tiene actualmente la Conselleria de Educación sobre la mesa. Todo parte del acuerdo de plantillas aprobado por el Botànic en 2023. En él se fijaba que la Generalitat contrataría a 5.000 profesores a lo largo de los próximos dos años: 3.100 en el curso 2023-2024 y 1.900 para el curso vigente (2024-2025).
Así, el primer año Educación contrató a los docentes previstos, pero para este curso el departamento de Rovira decidió denunciar el acuerdo con la intención de revocarlo. La Conselleria argumentó que el Botànic lo había firmado estando en funciones -dado que habían perdido las elecciones de mayo de 2023- y, por tanto, consideraban que había comprometido la acción de gobierno del ejecutivo actual (PP). Así que un millar de docentes quedaron por contratar.
En este punto, cabe apuntar que Sancho y Pascual fueron los responsables de diseñar las plantillas de docentes que posteriormente sustituirían el acuerdo firmado por el Botánico. Una planificación que también ha quedado suspendida de manera cautelar. Según fuentes consultadas por este diario, ya en su día surgieron discrepancias entre los altos cargos por la estrategia que se había decidido seguir en Campanar, 32 -ubicación de la Conselleria-. Algo que, eso sí, no logró trascender a la prensa.
Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio validez al acuerdo botánico -y por tanto a los sindicatos, que defendían el mantenimiento del pacto- y obligaba a Educación a contratar a los cerca de mil docentes, lo que supone rehacer todas las plantillas con el curso ya empezado.
Foto: KIKE TABERNER
Un departamento en el punto de mira
El seísmo de este jueves es el segundo más significativo que ha vivido la Conselleria de Educación en la legislatura. El primero ocurrió en agosto del año pasado, y, precisamente, también en el mismo departamento: la Dirección General de Personal Docente. A una semana del inicio de curso, no habían adjudicado plaza a más de 12.000 docentes interinos por continuos fallos en las listas, lo que provocó un caos importante y protestas sonadas de afectados y sindicatos.
La cartera dirigida por Rovira atribuyó el lío al gobierno anterior, a numerosos fallos informáticos y a ceses "a petición propia" que la anterior consellera, Raquel Tamarit, había dejado preparados en el mes de julio, a pocos días de empezar el curso. Así, el dirigente popular amenazó con poner en conocimiento de Abogacía la situación para que determinara si podrían expedientar a estos funcionarios por "abandonar" sus puestos de trabajo "en un momento difícil"y en el que tenían "responsabilidades directas".
El jaleo acabó resolviéndose 'in extremis', pero el cabreo entre el profesorado no mitigó. Más aún tras conocerse que la ya exresponsable de Personal Docente se ausentó dos semanas de su puesto en mitad de este caos. Una situación que podría haber contribuido al "desgaste" acumulado que mencionó este jueves el conseller.
Los socialistas consideran que “el PP ha decidido romper todos los puentes” tras “insultar a todos los socialistas” y “dar una patada al avispero en cuestiones como el tratamiento de basuras pese a que hay consenso en todas las provincias”
Los socialistas en rueda de prensa en la sede.(A. M. )
El PSPV de Castellón ha anunciado en una rueda de prensa que rompe todos los posibles acuerdos con el PP de Marta Barrachina y han reclamado su dimisión como presidenta ya que “ha convertido la plaza de las Aulas en la plaza del fango y la mentira” tras “insultar a todos los socialistas con expresiones como ‘basura de socialistas’” que, según el PSPV, ha vertido la presidenta de los ‘populares’ en un comunicado.
En una rueda de prensa en la sede, el secretario general, Samuel Falomir, ha asegurado que “la presidenta se ha esforzado desde el primer momento en romper todos los puentes pese a nuestra voluntad de dialogo” y “se han pasado muchas líneas ya que no es la presidenta de la provincia, sino solo del PP”.
El telón de fondo de esta polémica está en los cambios en la tasa de basuras. Tras la aprobación de una directriz en la Comisión Europea, con el apoyo del Grupo Popular Europeo, el Gobierno de España la ha convertido en una Ley que implica que la recogida y tratamientos de residuos debe sufragarse con una tasa que no puede ser deficitaria. En el Congreso, el PP se abstuvo, “y en todas las provincias de España, por responsabilidad, como por ejemplo pasa en Reciplasa, se está llegando a acuerdos” salvo, según Falomir, “en el caso de Castellón donde la presidenta ha decidido dar una patada al avispero” y “se intenta culpar de todo a Pedro Sánchez, como si fuera un saco de boxeo”.
Falomir ha comparecido acompañado de alguno de los alcaldes más importantes del PSPV: Ana Besalduch (Sant Mateu), José Benlloch (Vila-real), Tania Baños (La Vall d’Uixó) o Rocío Ibáñez (Altura).
Los socialistas denuncian que el PP ha "dinamitado" las relaciones y el diálogo con el resto de grupos y critican que la máxima institución provincial no aporte soluciones a los municipios más pequeños sobre cómo implementar la tasa
El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha exigido este jueves la dimisión de Marta Barrachina como presidenta del PP provincial “por su forma temeraria y radicalizada de hacer política, basada en desprecios, insultos y la repetición de mantras que nadie cree”.
El PSPV pide la dimisión de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y la acusa de mentir sobre la nueva tasa de basuras
Los socialistas denuncian que el PP ha "dinamitado" las relaciones y el diálogo con el resto de grupos y critican que la máxima institución provincial no aporte soluciones a los municipios más pequeños sobre cómo implementar la tasa
El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha exigido este jueves la dimisión de Marta Barrachina como presidenta del PP provincial “por su forma temeraria y radicalizada de hacer política, basada en desprecios, insultos y la repetición de mantras que nadie cree”.
Los alcaldes y alcaldesas de l’Alcora, Vila-real, la Vall d’Uixó, Altura y Sant Mateu acusan al actual equipo de gobierno en la máxima institución provincial de mentir sobre la tasa de basuras, “porque no es cierto que sea una imposición del Gobierno de España, es la aplicación de una directiva de la Unión Europea, que por cierto gobierna el PP, y que es de obligado cumplimiento”. “De no ser así, España se enfrentaría a sanciones millonarias en caso de desobediencia”.
El alcalde l’Alcora y portavoz socialista en la Diputación, Samuel Falomir, asegura que Barrachina “ha roto todos los consensos de los alcaldes y alcaldesas de todos los colores en torno a los residuos”. “Llevamos dos años trabajando para minimizar el impacto de la tasa en los bolsillos de los castellonenses, dialogando e intercambiado ideas y ahora, a pocos meses de su entrada en vigor, llega la cúpula del PP provincial a inflamar el debate y romper todos los puentes de diálogo entre partidos”.
Por su parte, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, se ha sumado a la petición de dimisión de Marta Barrachina y sobre la tasa de basuras y las críticas de los populares a la medida afirma que "si es una imposición del Gobierno, el PP puede presentar una propuesta de ley para derogarla, pero no lo hará porque saben que las directivas europeas están por encima”.
"Peligro público"
Para los socialistas la falta de diálogo supone un "punto de inflexión" en sus relaciones en la Diputación. El diputado y alcalde de Vila-real, José Benlloch, afirma que el PP y es un Peligro Público.
Por su parte, la alcaldesa de Sant Mateu, Ana Besalduch, ha anunciado que llevará a Les Corts una serie de preguntas para aclarar en qué se está invirtiendo el dinero recaudado por la tasa de vertederos, que corresponde a la Generalitat, “ya que nos cuesta dinero a cada contribuyente y no está repercutiendo ni en los ayuntamientos ni en políticas de fomento del reciclaje”.
Rocío Ibáñez, alcaldesa de Altura, ha cuestionado la capacidad de Barrachina para proponer soluciones y ha afirmado que la Mancomunidad del Alto Palancia “está abandonada por la Diputación por el interés nulo de su presidenta de tratar el problema de las basuras”
Bruselas da un ultimátum España para que transponga las nuevas Directivas sobre residuos
Estás aquí:
La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que incorpore a su legislación nacional las nuevas directivas europeas sobre gestión de residuos, la Directiva (UE) 2018/851, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, así como la Directiva (UE) 2018/852, relativa a los envases y residuos de envases; de lo contrario, procederá a elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
La amenaza toma la forma de dictamen motivado, la última fase antes de llevar el asunto al tribunal de Luxemburgo si las autoridades españolas persisten en el incumplimiento. España todavía no ha adoptado las normativas europeas a pesar de que la primera advertencia fue enviada en octubre de 2020.
Junto a España, ha enviado un ultimátum para transponer dicha Directiva a Bélgica, Chequia, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.
Respecto a la Directiva de envases y residuos de envases, el ejecutivo europeo ha reclamado también a España que actualice su legislación con las modificaciones incluidas en ella. Dicha Directiva obliga a los países de la UE a adoptar medidas para evitar la generación de residuos de envases y reducir al mínimo el impacto medioambiental de los envases.
En este caso, el dictamen motivado se ha enviado también a Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia.
Muchos sectores sociales critican el hecho de que las administraciones españolas, en materia ambiental, solo actúan a remolque de las directrices o exigencias comunitarias; rara vez incorporaran más ambición que la recogida en las normas europeas, y casi siempre actúan in extremis o fuera de plazo.
Cabe destacar que el Gobierno remitió recientemente a las Cortes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que transpone las últimas Directivas sobre residuos, y que se espera que sea aprobado definitivamente antes de final de año.
Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat mereixen tot el respecte del món i no la lamentable instrumentalització política que Marta Barrachina i el PP fan per a guanyar rèdit i generar odi contra el Govern. Ho vam vore de forma descarada la setmana passada, quan la presidenta del PP provincial va aprofitar la celebració del dia de la patrona de la Guàrdia Civil per a llançar un seguit de bulos a través de l’àrea de comunicació de la Diputació utilitzant els agents com a escut per a atacar injustament a l’executiu central, tot un insult a la dignitat d’aquests professionals que treballen cada dia per la nostra seguretat.
'Fake news'
Sense cap fonament, Barrachina escampa fake news, com Trump, de que el govern central no inverteix en infraestructures de seguretat. Ho fa i en gran: un 6.700% més que Barrachina. En total, 15 milions d’euros. Convide a la presidenta a visitar les obres de les casernes de Borriana, Segorbe i el centre penitenciari de Castelló i que, posteriorment, demane disculpes per la seua lamentable forma de fer política. A més a més, la nova central de la Policia Nacional de Vila-real és el pròxim objectiu que es complirà.
elperiodicoMediterraneo
dimecres, 16 d’octubre del 2024
La Diputación muestra su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura que impone el Gobierno repercuta en la ciudadanía y exigirá una moratoria
El Gobierno Provincial presenta una moción para ser debatida en el pleno del próximo martes 22 y en la que se exigirá al Gobierno de España que se replanteen métodos más flexibles de transición y presten ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, logrando así que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
La Diputación muestra su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura que impone el Gobierno repercuta en la ciudadanía y exigirá una moratoria
Ese rechazo se traduce en la presentación por parte del Gobierno Provincial de una moción para ser debatida en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre y que se celebrará el próximo martes 22 de octubre. El texto presentado cuestiona el tributo estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no apliquen esta tasa tendrán que hacerlo de forma obligatoria ya que la nueva tasa de basuras es un gravamen que en abril de 2025 se convertirá en una obligación para todos los ayuntamientos.
Por ello, a través de la moción, la institución provincial exigirá al Gobierno de España que se replanteen métodos más flexibles de transición y presten ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, logrando así que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Como ha expresado la presidenta Marta Barrachina, “desde la Diputación defendemos los intereses de la ciudadanía y, en este caso, el problema del nuevo tributo afectará directamente a los vecinos con subidas desproporcionadas”.
La dirigente provincial ha subrayado que “son muchos los ayuntamientos que ya han clamado contra esta nueva tasa que pretende incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía, y que en algunos casos hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”.
En el año 2008 la Unión Europea aprobó la Directiva 2008/98 CE, modificada por la 2018/851 conocida como la “Directiva Marco de Residuos, que estableció unos objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y que establece varias recomendaciones, entre ellas incentivos económicos para reducir la generación de residuos “y que el actual Gobierno de España ha convertido en una tasa obligatoria, además de crear un nuevo impuesto”.
Así, con la nueva ley, esta tasa pasa de ser de potestativa a obligatoria, “esto quiere decir, que los ayuntamientos, como se ha venido haciendo hasta ahora, ya no van a poder optar a financiar una parte, o bien el servicio de recogida o bien el tratamiento de residuos con recursos generales del presupuesto municipal”, ha indicado el portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado. Hasta ahora sólo existía el límite general que establece la ley de Haciendas Locales, según la cual, la tasa se cobra en su conjunto, no podía recaudar más de lo que al ayuntamiento le cuesta prestar el servicio correspondiente, pero si podía recaudar menos, como así lo ha venido haciendo en numerosos ayuntamientos. Por tanto, con la nueva ley, ahora cambia el paradigma, puesto que los vecinos deben pagar íntegramente todo lo que cuesta el servicio y además el impuesto por vertido, sin que los ayuntamientos puedan seguir congelando el impuesto y financiando una parte de todo, con recursos generales municipales para aliviar el pago de impuestos a los ciudadanos siendo en este caso el recibo de la basura. “Esta ley supone un ataque a la autonomía de la administración local, puesto que obliga a incrementar la tasa incluso en ayuntamientos económicamente saneados y con la capacidad financiera suficiente para hacer frente al déficit que genera este servicio”, ha añadido Héctor Folgado.
Por todo, a través de la moción presentada la Diputación Provincial de Castellón va a instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados en tanto no se establezcan unos criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. Asimismo, exigirá al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y de igual manera prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Asimismo, la Diputación de Castellón mostrará su rechazo a repercutir el 100% del coste de la recogida de residuos en la ciudadanía, e instará al Gobierno de España a que tengan en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que también se oponen.
La ley es nítida: esta tasa es obligatoria para todas las entidades locales y entra en vigor el 10 de abril de 2025. ¿Qué puede pasar si alguna entidad local no hace los deberes?
Así, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera permite que estas sanciones puedan remitirse a las administraciones que hayan incumplido, “lo que se aplicaría a aquellas entidades locales que no cumplieran con el establecimiento de la tasa”. Hacienda también apunta que esta tasa podría exigirse como requisito para acceder a otros fondos europeos.
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En abril de 2025 se empezará a cobrar por todas las entidades locales una nueva tasa de basuras
Este tributo tendrá que cubrir lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos
También debe recoger reducciones y bonificaciones para quienes separen residuos, hagan compostaje o situaciones de vulnerabilidad
Las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, etc.) deben establecer, según el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, un tributo “específico, diferenciado y no deficitario que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real” de todas las operaciones de los residuos. Esto es lo que significa cada cosa:
Tributo: un pago que debe abonar la ciudadanía (hogares, negocios, personas, etc.) por contar con un servicio. La figura jurídica es la tasa o laprestación patrimonial de carácter público no tributario, pero para simplificar la explicación, lo resumimos como tasa o tributo.
Específico: debe indicarse concretamente cuál es la cantidad a abonar. Bien sea porque hay una cantidad específica (x euros) o hay un parámetro que permita calcularlo (x euros por metro cuadrado).
Diferenciado: este tributo no puede estar ‘metido’ en otras tasas o tributos, debe indicarse el coste concreto y separado de otras obligaciones fiscales.
No deficitario: el coste de la tasa no puede ser menor de lo que cuesta el servicio por el que se abona. Esta es una de las claves del tributo, hablaremos más de él.
Sistemas de pago por generación: sistemas que permitan aplicar el principio de “quien contamina, paga”, esto es, cuanto más residuos se generen, mayor debe ser la tasa a abonar porque el coste para gestionarlos es mayor. En la Ley 7/2022 estos sistemas de pago por generación se establecen como recomendación, no como obligación.
Coste real de las operaciones de residuos: recoger las basuras, transportarlas a las plantas de gestión, separarlas, tratarlas... Esto también incluye el coste de los vertederos, mantenimiento y vigilancia de todo el servicio, las campañas de comunicación y concienciación y también los ingresos que recibe el servicio de basuras por vender materiales que consigue reciclar, que deberán descontarse de lo que cuesta toda la operativa, explica la ley.
En resumen: una tasa que cubra lo que cuesta íntegramente todo el servicio de residuos.
¿Cuándo se paga? A partir de abril de 2025
Esta tasa debe estar lista para aplicarse a partir de abril de 2025. Esto se debe a que el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 indica que el plazo es de “tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley” y la norma está en vigor el 10 de abril de 2022.
¿Cada cuánto se abonará la tasa? Pues como indica el artículo 26.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el periodo impositivo es el año natural, por lo que se deberá pagar cada año.
¿Quién la cobra? Las entidades locales
Quienes deben establecer esta nueva tasa, como indica la ley 7/2022, son las entidades locales. Esto engloba a los ayuntamientos (municipios), diputaciones (provincias), consejos y cabildos insulares, comarcas (como la del Bajo Aragón), áreas metropolitanas (como la de Barcelona), mancomunidades (como la del Taibilla) y agrupaciones de municipios.
Dependerá de cómo se preste el servicio de recogida de basuras en cada lugar. Por ejemplo, en ciudades donde el servicio esté gestionado por una mancomunidad (algo común entre municipios similares, próximos y que comparten otros servicios, por ejemplo, la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, en la provincia de Cáceres), sería esa mancomunidad quien la cobre. Si es una gran ciudad o capital de provincia, lo más común es que sea el ayuntamiento.
¿Quién la paga?
Hasta ahora muchas de las tasas de residuos sólidos urbanos en vigor sólo se han exigido a ciertas actividades. Por ejemplo, en Madrid, la tasa de residuos urbanos de actividades no la abonan inmuebles que tengan uso catastral residencial (un piso) o almacén-estacionamiento (una plaza de garaje). En Málaga, la tasa por recogida de basura de actividades económicas sólo la pagan comercios, industrias y viviendas de alquiler con fines turísticos.
La nueva ley no lo especifica. Con la interpretación que dan al texto grupos de trabajo y expertos en fiscalidad, se entiende que el nuevo impuesto deberá pagarlo toda la ciudadanía que cuenta con un servicio de recogida de basuras, si bien un documento del Ministerio de Hacienda explica que esto no significa que vaya a tener que abonarlo cada ciudadano a nivel individual. Está por determinar cómo se va a concretar este aspecto de la norma.
Este documento de Hacienda también muestra algunos ejemplos de cómo se podría pagar esta tasa:
Mediante un precio estándar sobre el que se pueden hacer reducciones en función de distintos comportamientos, como aportar a puntos limpios o hacer compostaje doméstico.
Mediante una cuota básica y otra variable que dependa del comportamiento según las zonas del municipio. Por ejemplo, con criterios estadísticos que indiquen cuántos residuos se han generado o cómo se está separando la basura.
Mediante una cuota básica y una cuota variable individualizada en función del comportamiento de esta persona. Por ejemplo, con los residuos generados que se detecten en los contenedores electrónicos.
¿Cuánto tocará pagar?
Esta es una de las incógnitas que más preocupan a los ciudadanos. Cada entidad local debe calcular cuál es el coste de su servicio de recogida de basuras y establecer precios para que esta tasa lo sostenga sin que sea deficitario. También deben comunicar estas tasas y cómo se han calculado a las comunidades autónomas, como exige el artículo 11.5 de la ley.
¿Cómo se calcula este coste? El documento de Hacienda tiene una tabla de ejemplo de qué incluir en este cálculo. Por un lado, los costes: el personal contratado, maquinaria y su mantenimiento, transporte, luz y gas de edificios, campañas de publicidad, tributos por depositar en vertederos, alquileres de terrenos… Y por otro, los ingresos: venta de materiales reciclados, venta de energía, ingresos por responsabilidad ampliada del productor (lo que pagan productores al fabricar materiales contaminantes y residuos), etcétera.
Este informe recoge que el importe medio de las tasas de basuras domésticas fue de 92,80 euros anuales por hogar. El importe para las tasas para comercios varía enormemente, dependiendo del tipo de negocio y la población del municipio.
Sin embargo, el importe de las tasas de residuos y tratamiento de basuras de todas las entidades locales de España llegó, en 2021, a los 2.251 millones de euros. Por otra parte, los gastos totales reportados de estos servicios llegan a los 3.828 millones de euros, por lo que estas tasas estarían cubriendo sólo el 58,8% de lo que cuesta el servicio.
Pablo Pellicer, coautor del informe y miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos, explica aMaldita.es que este porcentaje de cobertura (58,8%) “sirve para hacernos una idea de cómo está la situación”, de cuánto se está pagando por estos servicios y cuánto se está recaudando por tasas. Pero esto no quiere decir que la nueva tasa vaya a ser de 157,82 € (el resultado de hacer una regla de tres para buscar cuánto sería el 100% si 92,80 euros es el 58,8%). “Es un dato muy generalista y delicado”.
¿En qué se diferencia este nuevo tributo de la tasa de residuos que ya se paga?
Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales del Ministerio de Hacienda, explica que la tasa de basuras ya existía antes, pero ahora será obligatoria, y no voluntaria, para las entidades locales. Además, la nueva tasa no puede ser deficitaria, mientras que las anteriores recaudaban menos de lo que cuesta el servicio de basuras, según explicaba el informe del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos.
¿Por qué se está pagando menos de lo que cuesta el servicio? Del Amo señala que actualmente las entidades locales pueden optar por no establecer una tasa de basuras o que esta no cubra el coste del servicio y financiarla con cargo a los recursos generales de cada presupuesto municipal —otros ingresos, tributos y recursos con los que cuente cada ayuntamiento—.
Ahora, la ley establece que esta tasa no pueda ser deficitaria, sino que tendrá que cubrir al completo el coste del servicio. Esto no significa, aclara Hacienda, que exista una imposición a las entidades locales para que “hagan una absoluta precisión de los costes del servicio”, sino que esta se aproxime lo máximo posible al coste del servicio y que, con ello, se calcule la tasa. Tampoco puede imponerse una tasa que recaude más de lo que cuesta el servicio, como exige el artículo 24.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
¿Por qué se paga? Contexto y antecedentes
La Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos, establecía para los Estados miembro unos objetivos de reciclaje y reutilización de residuos: aumentar hasta el 50% la reutilización y el reciclado de residuos para el año 2020, hasta el 55% para 2025, 60% para 2030 y 65% para 2035.
Así, en 2018 la Comisión Europea alertó a España de que podría no llegar a los objetivos para 2020 (en 2016, el país lograba reciclar el 30% de sus residuos) e hizo una serie de recomendaciones para mejorar esos datos: introducir impuestos sobre los residuos municipales que fueran obligatorios para los hogares y un sistema fiscal armonizado para eliminar residuos (mediante el vertido o incineración) en todas las comunidades autónomas.
Ermitori de Sant Pau en Albocàsser
