La compañía tiene el permiso de la Generalitat, pero el Ayuntamiento ha recurrido
CASTELLÓ. El lento proceso burocrático de aprobación medioambiental de los parques solares fotovoltaicos Morella Llivis y Morella Llacua pasa factura a la sociedad promotora. Kirov ITG, filial de Acciona e impulsora de los dos parques solares desde junio de 2023, se ha visto obligada a corregir al alza su previsión inversora para desarrollar los dos gigantescos proyectos de energías renovables previstos en el término de la capital de Els Ports.
El primero de ellos se ha encarecido de 21,8 a casi 23 millones de euros mientras el coste de la puesta en marcha de Morella Llacua crece, de momento, 28 a 31,9 millones de euros, según admite la sociedad promotora en un documento remitido a la Generalitat.
18.000 placas solares menos
La Dirección General de Energía y Minas autorizó el pasado mes de septiembre ambos proyectos. Eso sí, los condicionó a algunos cambios para aminorar su evidente impacto ambiental y paisajístico. Por ejemplo, Morella Llivis reducirá el número de módulos fotovoltaicos de 95.200 a 85.644, si bien a cambio se le permite aumentar la potencia de cada panel solar. Lo mismo sucederá en Morella Llacua, que pasará de 95.200 a 87.264 paneles repartidos en una parcela de 841.451 metros.
Recurso municipal... y de 140 vecinos
A pesar de que la filial de Acciona ya tiene las autorizaciones en el bolsillo, el Ayuntamiento de Morella mantiene su firme oposición a los dos macroparques solares. En octubre presentó un recurso de alzada contra los proyectos al entender que colisionan contra la Red Natura 2000, favorecen la despoblación y el abandono rural y destrozan el territorio. Ese recurso, que probablemente siga su recorrido en los tribunales, cuenta con la adhesión expresa de 140 vecinos de Morella a título particular.
El consistorio trabaja en varios frentes para tratar de compatibilizar la protección de su término municipal con los diferentes proyectos de lucro económico que puedan surgir.
Protección de un humedal en la zona
A finales de 2022 ya logró que la Generalitat protegiera la Bassa del Pla de Bassetes como reserva de fauna silvestre e impidiera así la realización de cualquier clase de actividad molesta, excepto de tipo educativo, científico o conservacionista. El Ayuntamiento asumió la gestión de la reserva al ser propietaria de los terrenos.
La balsa, de 9.407 metros cuadrados, posee una forma irregular gracias a la recogida de agua por escorrentía en períodos de sequía. En ella habitan especies como la tortugueta, el sapillo moteado, el crustáceo de agua dulce o el sapo corredor, con la particularidad de que muy cerca se desarrollan diferentes actividades de extracción de arcilla.
