SE ROMPE TANT QUE D´ESPANYA NO QUEDARÀ NI L´APUNTADOR : El FMI confirma que la economía española crecerá más del doble que la Eurozona en 2025

 

El organismo rebaja el impacto global de los aranceles tras los últimos acuerdos comerciales de Donald Trump

pablo Anzolapabloanzola_

Cadena SER29/07/2025 - 15:00 CEST

Madrid 

Las palabras "incertidumbre" y "riesgos" son dos de las palabras más repetidas en el informe que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este martes sobre perspectivas económicas. A pesar de este contexto, el organismo con sede en Washington ha mantenido sin cambios sus perspectivas de crecimiento para España, confirmando que el PIB se expandirá un 2,5% en 2025 y un 1,8% en 2026, la mayor cifra entre las economías avanzadas y más del doble de la que espera para los países de la Eurozona.

La economía española marcha a buen ritmo a pesar de un contexto internacional incierto. El FMI sitúa el Índice Global de Incertiidumbre en máximos anuales, aunque rebaja el impacto de los aranceles sobre la economía global. Esta actualización llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya alcanzado varios acuerdos en materia comercial con otras grandes economías, incluido el bloque de la Unión Europea.

Los niveles que se esperaban en abril -cuando Trump declaró la guerra comercial al mundo- son mucho más altos que los que se estiman ahora, después de la marcha atrás de Trump.

De hecho, el organismo ha mejorado en dos décimas el crecimiento económico global hasta situarlo en el 3% este 2025. Según el FMI, la actualización se debe a "un adelanto de actividad mayor de lo esperado ante la previsión de aranceles más altos y unas tasas arancelarias efectivas medias en EE. UU. inferiores a las anunciadas en abril".

De hecho, aunque el comercio global se ha revisado al alza con una expansión del 0,9% este 2025, el organismo prevé que el rebote en los intercambios comerciales globales que se ha vivido estos meses para intentar minimizar el impacto arancelario, se vaya relajando en la segunda mitad de 2025.

Los riesgos presionan a la baja el crecimiento

A pesar de que la economía aguanta el tipo, el organismo advierte de que los riesgos globales siguen presionando a la baja las previsiones económicas. Los vaivenes comerciales podrían debilitar el crecimiento y las tensiones geopolíticas podrían generar disrupciones en las cadenas de suministro global y encarecer las materias primas.

cadenaSer

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OBRAS SON AMORES

 

ESPANYA TRENCADISSIMA, FETA POLS

 

L’ocupació a Espanya, com un coet

No sé quantes vegades he sentit en els últims anys que «Espanya es trenca», que «tot és un desastre» o que «amb Pedro Sánchez no anem enlloc». Però els fets, una volta més, desmunten aquest relat. I jo, sincerament, em quede amb els fets. Amb els 22,2 milions de persones ocupades a l’Estat. Amb la taxa d’atur més baixa des de 2008. I amb els 3,5 milions de llocs de treball de nova creació des que governa l’esquerra.

Són xifres de rècord, que també s’extrapolen a Castelló. I darrere d’aquestes xifres hi ha històries reals, les de joves que aconsegueixen el seu primer contracte indefinit, famílies on tots els membres tenen faena, autònoms que veuen créixer el seu negoci... Eixes històries, eixes vides millorades, no són fruit de la casualitat. Són el fruit d’un govern que creu en el progrés i en la dignitat del treball.

Un altre camí

Entenc que la dreta estiga nerviosa. Per això anuncien l’apocalipsi, per a tapar que la realitat va per un altre camí. La reforma laboral, l’aposta per l’estabilitat, la pujada del salari mínim o els ERTO durant la pandèmia han funcionat i canviat el nostre mercat laboral.

Nou de cada 10 nous llocs de treball han estat creats pel sector privat, la qual cosa tomba també aquell discurs de que només l’administració crea ocupació. No. L’economia creix, la societat respon i la gent treballa. Així de clar. Espanya lidera a EU i convens els inversors.

Per això cal continuar, per milions de persones que espenten aquest país cap avant. Espanya està més unida ara que fa 10 anys. I més forta econòmicament i socialment. Seguim.

Vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló

Opinión | LA RÚBRICA

Merche Galí

29 JUL 2025 4:30

Sumario judicial El caso Montoro, en cifras: 51 millones de perjuicio y otros 23 repartidos entre cuatro socios

Archivo - Cristóbal Montoro / EUROPA PRESS - Archivo

J. G. Albalat

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

27 JUL 2025 7:40

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El proceso judicial en que está envuelto el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, ha sacudido la vida política española. El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye la causa, deberá decidir ahora cuando cita a declarar a los implicados en este caso de presunto tráfico de influencias que tenía como objetivo reformas legislativas que beneficiaran a empresas gasíticas, que fueron las que contrataron al despacho Equipo Económico, fundado por exdirigente popular. Estas son las cifras de este caso.

35

imputados

El juez de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha imputado a Cristóbal Montoro y otras 28 personas, entre los que se encuentran algunos exresponsables de su equipo en el Ministerio de Hacienda, su imputación en una causa que investigaba en secreto desde 2018 las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro mismo fundó en 2006 y del que dice haberse desligado. En el auto por el que se levantaba un secreto de sumario que ha estado vigente durante siete años, el magistrado también añadía a seis empresas, una Equipo Económico y el resto vinculadas al sector del gas.

Las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que lograron hasta en dos ocasiones, en primer término para unas empresas gasístas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos de 2018. Se les atribuyen indiciariamente siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

775.705

euros en minutas

En el período entre 2011 y 2019, según la declaración presentada por Equipo Económico, los pagos recibidos por las gasísticas implicadas alcanzan los 779.705 euros, teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias ( como la consultora EY) y en el mejor de los casos retocados por el despacho. "A pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes", detalla el juez.

51

millones de perjuicio

El perjuicio acumulado y estimado, reseña un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción , tanto de esta modificación del impuesto eléctrico (IE) como el de actividades económicas (IAE) superarían los 51 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Esta cifra está calculada extrapolando los 10 años transcurridos desde la reforma de la IE (41 millones de euros) y la de hace cinco años del IAE (10,5 millones de euros). Es decir, la "nueva medida supone una renuncia que minora los ingresos de las arcas municipales al derivarse a una tarifa menor que "reduce la cuota tributaria". En este sentido, la Agencia Tributaria recalca que el impacto recaudatorio solo de la modificación de IAE sería de 438.276 euros anuales en un ejercicio para una sola empresa gasista.

15

empresas pantalla

La investigación realizada por el juez Rubén Rus también permitido identificar una quincena de empresas que serían las propietarias actuales de Global Afteli --antes Equipo Económico--que el instructor considera "instrumentales", puesto que su razón de ser sería ser utilizadas "para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada". Otros de los informes que obran en el sumario, realizado por Hacienda, eleva el número de estas empresas 'pantalla' a una veintena

Estas empresas bajo la lupa del juez instructor del caso Montoro son, además de Equipo Económico y Global Afteli, Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevención Penal, VAU Consultoría y Análisis, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social y Tax Dynamics.

321

cuentas bancarias

En el último tomo del sumario que ha trascendido, el número 18, concluye con una reiteración por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue el análisis que se le ha encomendado sobre 321 cuentas y 339 productos bancarios a nombre de los implicados que podría ser clave para conocer el destino del dinero presuntamente desviado.

Los requerimientos para obtener esta información fueron librados por el juez Ruz en diciembre de 2023 con respecto del BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sur, Ibercaja Banco, Deustsche Bank, City Spain y Wizink Bank para conocer los efectivos y movimientos registrados en las cuentas de los 28 imputados. En junio de ese mismo año, la Guardia Civil aún no contaba con toda la información de los 339 productos bancarios solicitados: todavía les faltaba recibir los datos relativos de 18 de ellos.

22,8

millones entre cuatro socios

Los cuatro socios del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, se repartieron entre 22,8 millones de euros en diez años, entre 2008 y 2007, según cifran los Mossos d'Esquadra en uno de los informes aportados al sumario. Se trata de los beneficios ofrecidos por las empresas para poder intervenir en modificaciones fiscales, que en el caso de las empresas de gases industriales les habría supuesto una rebaja fiscal del 85%.

El socio principal, Ricardo Martínez Rico, adquirió esta condición tras asumir el paquete de participaciones que antes tenía el propio Montoro en el despacho. Sólo él percibió por su actividad en Equipo Económico un total de 8,4 millones de euros entre 2008 y 2017, y precisamente los años en que su retribución fue mayor son aquellos en los que el PP volvió a la Moncloa.

130

empresas y entidades

Equipo Económico ha tenido en su cartera de clientes hasta 130 empresas y entidades que entre 2008 y 2019 pagaron a este despacho importes totales superiores a los 6.000 euros. En el listado elaborado por la Agencia Tributaria e incluido en el procedimiento judicial figura Solaria Energía y Medio Ambiente (dos millones), Madrid Network (1,8), BBVA (1,8), Telefónica Internacional (1,8, a los que debe sumarse otros 839.000 euros de Telefónica SA) y Philip Morris (1,3). Destaca también que Abengoa SA desembolsó 1,3 millones; Abengoa Bioenergía, otros 1,1 millones; Abengoa Solar, 780.000 euros, y Abengoa Concessions, 190.000. Entre los clientes importantes, aparece la Caja Rural de Jaén, Red Eléctrica Española, la Confederación Empresarial de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Comunidad de Madrid (314.360 euros), la Xunta de Galicia (178.839), la Comunidad de Canarias (97.500) y el Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria Madrid (61.364), que depende del Ayuntamiento de Madrid.

elPeriódico

Montoro debe pagar (I)

 

• Javier Alfonso

Publicado: 09/06/2017 ·

19:46

Actualizado: 10/06/2017 · 17:07

castellonPlaza

El Tribunal Constitucional ha anulado, de manera justa en el fondo pero injusta en las formas, la amnistía fiscal de Montoro, que también es la amnistía fiscal de Rajoy, de su gobierno de 2012 y de los diputados del PP y de CiU que convalidaron con su voto en el Congreso el real decreto-ley ahora declarado nulo. El hecho de que entre los defraudadores beneficiados por la condonación estén el exministro Rato, los Pujol, Bárcenas, Granados y otros pájaros del PP y CiU es una casualidad como otra cualquiera.

La sentencia —consecuencia de un recurso del PSOE— es una victoria moral para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales, para aquellos que cuando se retrasan o equivocan sufren la implacable maquinaria de la Agencia Tributaria e, incluso, para los que defraudan a pequeña escala sabiendo que si les pilla Hacienda lo pagarán caro. Es decir, para los pringados, los tontos, que Hacienda somos todos es solo un eslogan, Hacienda somos los tontos.

Es una victoria pírrica del Estado de Derecho que no tendrá consecuencias porque el Tribunal Constitucional se ha ocupado por dos vías de que los defraudadores favorecidos por Montoro no tengan que devolver el dinero. En primer lugar, al tardar cinco años en emitir la sentencia, con lo que cualquier reclamación de Hacienda estaría prescrita. Y en segundo lugar, por el principio de seguridad jurídica, según el cual los caraduras que se acogieron a la ley que en ese momento estaba en vigor no tienen que sufrir las consecuencias de que ahora sea declarada nula. 

Seguridad jurídica

El principio de seguridad jurídica se aplica de forma desigual en España. Lo invocó el Tribunal Supremo para impedir que los bancos tuvieran que devolver a sus clientes todo el dinero de las cláusulas suelo. Un criterio que corrigió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), luego la seguridad jurídica no es un principio que valga para justificar injusticias. 

Sorprendentemente no lo aplicó el propio Tribunal Constitucional a los ciudadanos que invirtieron sus ahorros en energías renovables alentados por unas primas a largo plazo establecidas por ley y luego se encontraron con que el Gobierno los dejaba con el culo al aire, sin sus ahorros en el mejor de los casos y con créditos por pagar —los créditos había que devolverlos por seguridad jurídica— en el peor. Aquí los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima cedían ante el "interés general" de la norma que reducía las primas aprobadas.

El TC argumentó entonces lo siguiente: "Los principios de seguridad jurídica y confianza legítima no permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del ordenamiento jurídico existente ni, evidentemente pueden impedir la introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime cuando lo hace el legislador de urgencia". 

Aplicando ese criterio a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal, Montoro podría haber aprovechado para cambiar la norma una vez presentadas las declaraciones y hacerles pagar lo que tocaba. En lugar de eso, el ministro hizo lo contrario. Por sugerencia de los despachos que asesoraban a los evasores fiscales —¿también Equipo Económico?—, reinterpretó el decreto-ley mediante una orden ministerial en pleno período de recepción de liquidaciones para que, en lugar de pagar solo el 10%, los defraudadores acabasen pagando menos del 3%.

Insulto a los contribuyentes

Tras conocer la sentencia, el número dos de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, insultó desde el Senado a la inteligencia de los contribuyentes, cosa que sin duda también hará Montoro desde la tribuna del Congreso. El secretario de Estado dijo que el Constitucional solo cuestiona "el instrumento normativo empleado" —el decreto-ley— pero que avala la "regularización" fiscal. 

La posverdad de Fernández de Moya sobre un supuesto aval del TC a la amnistía fiscal se desmonta con dos frases de la sentencia que conviene recordar y subrayar: "La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Según el tribunal, la decisión del ministro de Hacienda y del Gobierno de Rajoy "viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". 

La sentencia no tiene efectos prácticos y, por lo que se ve, tampoco los va a tener políticos. Es una pena que el Tribunal de Cuentas no vaya a actuar en este caso, como sí hace con los alcaldes o con la exconsellera Lola Johnson para reclamar el dinero al responsable de un menoscabo en las cuentas públicas por una "acción u omisión contraria a la ley", como es el caso. 

Montoro debería haber dimitido en cuanto se conoció la sentencia, como hizo Corcuera cuando el TC le tumbó la ley de la patada en la puerta. Pero ya no hay vergüenza. En lugar de eso, el ministro acudirá al Congreso a reírse de nuevo de los contribuyentes. Le aplaudirán los del PP, puede que lo reprueben el resto de grupos y Mariano Rajoy avalará —de verdad, no como el TC— su política de amiguetes.

Hasta que el ministro pague por lo que ha hecho, bien con su dimisión, bien con la destitución no fulminante por parte de Rajoy, a los ciudadanos nos queda la satisfacción de saber que teníamos razón y el derecho al pataleo, el único que no nos han recortado.

Montoro debe pagar (II)

 

Javier AlfonsoPublicado: 27/07/2025 ·06:00

Actualizado: 27/07/2025 · 06:00

• Cristóbal Montoro, en una imagen de 2018. 
• Foto: EDUARDO PARRA/EP

 Javier Alonso

Este Billete es una inesperada segunda parte de otra columna con el mismo título publicada el 9 de junio de 2017, hace más de ocho años, cuando el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal auspiciada cinco años antes por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

El título respondía a la evidencia de que Montoro no iba a pagar –en ninguno de los sentidos que el verbo pagar tiene– por el agujero causado a la Hacienda pública. Ni el Tribunal de Cuentas le hizo pagar el dinero dejado de ingresar, que ya no se podía reclamar a los evasores porque habían pasado cinco años, ni el ministro presentó la dimisión, ni Rajoy tuvo a bien cesar al autor de la tropelía.

Esta segunda parte, con el mismo título, responde a la sospecha de que Montoro tampoco pagará por el escándalo que ha salido a la luz ahora, aunque la investigación judicial se estaba desarrollando en secreto desde hace ocho años.

Una investigación que se inició en 2017 sobre hechos que fueron denunciados en la prensa mucho antes, por ejemplo, por Ben Sills en Bloomberg (agosto de 2012) o por Eva Belmonte en Civio (octubre de 2013), sin que Rajoy se enterase porque solo leía el Marca.

• Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. 
 
• Foto: EUROPA PRESS

Montoro debe pagar pero no lo hará porque, como ha recordado su sucesora, María Jesús Montero, se podrán rectificar las leyes que beneficiaron a las empresas clientes del despacho lobista fundado por él, pero el dinero que las administraciones han dejado de percibir –entre ellas, el Ayuntamiento de Sagunto– no se va a recuperar. 

Tampoco el Tribunal de Cuentas actuará aquí porque este organismo no practica la caza mayor. Lo suyo es pedir resarcimientos a alcaldes de medio pelo que cobran dietas indebidas, a concejales manirrotos y a empleadas de empresas municipales de transportes que son víctimas de una estafa. 

Puede que ni siquiera penalmente pague el exministro por sus pecados, ya que la investigación se inició por un mensaje de correo electónico encontrado en un registro durante otra investigación y la doctrina garantista del Tribunal Supremo a raíz del caso Naseiro no ha variado: no son válidas las pruebas obtenidas casualmente en un registro ordenado en el curso de otra causa judicial. Los abogados del despacho ya han solicitado que se anule esas pruebas.

Además, dado que los cambios legales presuntamente impulsados por Montoro a cambio de dinero fueron aprobados por el Congreso, el exministro también se beneficiaría de la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional que libró a Chaves y Griñán de la cárcel en el caso de los ERE, según la cual no hay responsabilidad penal del gobernante cuando la decisión final la toma el legislativo. La separación de poderes al servicio de los delincuentes.

• Montoro explica, en 2012, el paquete de recortes aprobado por el Gobierno. 
 
• Foto: EDUARDO PARRA/EP

Así que el único consuelo que nos va a quedar a sus víctimas, que somos todos, es coger las palomitas y asistir a la sucesión de revelaciones sobre el tipo presuntamente más corrupto de la historia de la actual democracia. Porque esto es más grave que lo de Cerdán, Ábalos, Zaplana y todos los presuntos corruptos y corruptos condenados que quieras poner de ejemplo. 

Esto es –si se demuestran los indicios que parecen bastante sólidos, tengan castigo penal o no– un ministro de Hacienda que perdona a evasores fiscales forrándose a costa de bajar impuestos a empresas que le pagan por ello, causando un daño a la Hacienda pública y, en el colmo de la sinvergonzonería, defraudando él mismo a Hacienda.

Resulta que el ministro que obligó a drásticos recortes en los servicios públicos, el trilero de la financiación autonómica que se reía de los valencianos y nos llamaba llorones cuando le pedíamos la reforma del sistema, no se manejaba por principios de justicia sino de avaricia.

Gracias a la investigación, hemos descubierto que la manera de conseguir la reforma de la financiación no era acudir al Ministerio de Hacienda con informes y propuestas de reforma, como hicieron Alberto Fabra y Ximo Puig, sino pasarse por el despacho de Equipo Económico (antes, Montoro y Asociados) y encargarle el proyecto. Es decir, pasar por caja. La de disgustos que nos habríamos ahorrado de haberlo sabido.

Por cierto, Galicia, que está muy cómoda con el actual sistema de financiación autonómica y no quiere cambiarlo, sí que contrató a Equipo Económico cuando Núñez Feijóo era presidente de la Xunta.

PS: La diputada del PP Noelia Núñez ha dimitido por haber falseado su currículum, dejando en evidencia a otros que, con infinitos más motivos para dimitir, siguen en el cargo.

castellonPlaza