27 d’ag. 2025 MADRID
27 d’ag. 2025 MADRID
Expertos en gestión forestal consultados por este periódico ven en el documento del PP un "cajón de sastre" que solo busca "tapar" la responsabilidad de las comunidades en la falta de políticas reales de prevención de incendios forestales.
MadridActualizado a
El gris ceniza y los cielos anaranjados han teñido durante el mes de agosto la mitad norte del país. La otra mitad ha asistido de manera telemática a una angustiosa sucesión de imágenes, llantos y comparecencias. El fuego devoró más de 400.000 hectáreas, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea.
Pedro Sánchez protagonizó cuatro de estas intervenciones, todas ellas desde las regiones más afectadas por la peor ola de incendios de los últimos veinte años: Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. El presidente propuso, de hecho, impulsar un gran pacto de Estado contra la emergencia climática; "necesario", según los brigadistas que han hablado con Público, pero prácticamente imposible sin los votos del PP. "No sirve de nada invertir en el negro y abandonar el verde, no tiene sentido", recalcan los expertos consultados por este diario.
Alberto Núñez Feijóo no parece estar por la labor y ha presentado este lunes su receta alternativa, un paquete de 50 medidas expuestas durante la rueda de prensa con la que inauguró el curso electoral. El popular trató de contrarrestar con este anuncio el efecto mediático del pacto de Estado anunciado por Sánchez. El líder gallego, simultáneamente al catálogo de ideas, intentó aumentar la presión que la derecha pretende ejercer sobre el Gobierno central, a pesar de que la responsabilidad en materia de prevención y extinción de los incendios es íntegramente de las autonomías.
Entre el medio centenar de medidas, diez han generado más polémica que el resto. Una de ellas consiste en crear un registro nacional de "pirómanos" y colocarles pulseras de seguimiento. Es una propuesta que no solo despierta dudas por su efectividad, sino que viene ya recogida en el Código Penal. Otra de las medidas busca aprobar "urgentemente" un paquete de ayudas por daños personales o destrucción de enseres de primera necesidad y vivienda habitual, algo que también recoge la actual normativa. Los populares pretenden además reforzar la estructura de la UME, aumentar la plantilla del SEPRONA y "crear un Fondo Forestal Nacional, como herramienta dinamizadora de la política forestal del Estado, imprescindible para la conservación del monte y el patrimonio natural".
Vicente Rodríguez tiene claras las palabras para definir el plan del PP: "Un brindis al sol". El portavoz del sindicato FIRET y coordinador de la plataforma de asociaciones y sindicados de bomberos y bomberas forestales no ve una estrategia nacional en estas medidas, sino una bomba de humo: "Es una bola lanzada para tapar la incompetencia de las diferentes comunidades autónomas, que no han cumplido en prevención desde hace años. En 2015 ya estuvimos en Europa poniendo el problema encima de la mesa", asevera en declaraciones a este medio. El profesional sostiene además que "la amplia mayoría de medidas que propone el documento ya están implementadas en la ley". Génova, sin ir más lejos, plantea dar ayudas a los damnificados, algo que está completado en la Ley de Protección Civil. "No tiene ningún criterio técnico detrás, es para esconder las vergüenzas de las comunidades", insiste. Rodríguez se muestra especialmente crítico con la medida contra las personas que provocan los fuegos y reconoce que representan un porcentaje reducido sobre el total de las causas de los incendios.
Esta es una idea que comparten varias de las fuentes consultadas por Público, que piden además no generar confusión con la terminología. "Los pirómanos son personas enfermas y muchas veces con trastornos. Lo correcto aquí sería hablar de incendiarios y efectivamente no son tantos como se cree", señala Federico Grillo, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. "Las propuestas sobre el papel siempre quedan bien, pero es importante que tengan también sentido común. No podemos pensar solo en los incendiarios, las penas ya son duras para ellos. El problema es que el fuego corre un montón y se extiende por superficies kilométricas, llevándose casas y vidas por delante. Esto no debería ocurrir y es ahí donde los responsables políticos tendrían que actuar, en las tareas de prevención", añade el también profesor.
Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), define el catálogo de los populares como un "cajón de sastre" de "medidas improvisadas sin sustancia" y cree que busca "desviar el foco y dar la sensación de que todo lo que falla tiene que ver con el plano estatal", cuando son fundamentalmente cuestiones que están previstas en los planes autonómicos de emergencias, pero fallaron, apunta, por la "falta de planificación y de personal". Al hacerse públicas las medidas diseñadas por el Partido Popular, fuentes del Gobierno aseguraban además que al menos cuatro de las ideas básicas del plan ya estaban recogidas en diferentes legislaciones como la Ley de Montes, la Estrategia Forestal Española o dos acuerdos temidos y demonizados por la derecha y la extrema derecha: la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
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El evento contará con la participación de los siete municipios de la comarca: Benlloc, Cabanes, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Doménec, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea. Además, estará presente el Club de Producto, promoviendo los productos locales y de proximidad.
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Ramón López 🏳️🌈🔻
@RamonLopez_G
Presentan 50 medidas y se les olvida borrar las chuletas para Feijóo. Nivelazo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EP/Archivo
Alberto Núñez Feijóo ha planteado 50 medidas contra los incendios, entre las que se encuentra el registro de pirómanos, profesionalizar Protección Civil y más ayudas. Sin embargo, en un “despiste” el Partido Popular ha olvidado borrar las anotaciones para su presidente y han quedado retratados en un alarde innovador frente a la crisis de los incendios.
“Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos”, señalaba Feijóo, subrayando que las propuestas de su partido responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de los entornos y empleos destruidos, y garantías para que “una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir”.
Lo que debía ser un golpe de efecto político se ha convertido en un bochorno estratégico. El documento del PP con las 50 medidas, distribuido tras el anuncio de Feijóo, incluye anotaciones internas que no fueron borradas a tiempo. En ellas se admite que algunas propuestas “ya se hacen”, y se recomienda dar la impresión de que son iniciativas excepcionales.
Sus anotaciones, olvidadas por error, evidencian que fue concebido también como un manual de comunicación política. Más que un plan de emergencia, lo revelado parece un guion diseñado para proyectar liderazgo en plena crisis, aunque sea a costa de vender como “nuevas” medidas que ya existen.
Por ejemplo, en la medida 18 —“programas excepcionales de empleo para limpieza de montes y reconstrucción de viviendas”— el texto añade entre paréntesis que “ya se hacen, hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos”. Una confesión involuntaria que revela que la auténtica naturaleza del plan está más orientado a la imagen pública que a ofrecer respuestas inéditas.
Viejas recetas disfrazadas de novedades
El PP presenta como hallazgos medidas que forman parte del protocolo habitual en situaciones de emergencia. Entre ellas, las ayudas a la alimentación del ganado, al abastecimiento de agua o a la reposición de reses, así como la solicitud del Fondo de Solidaridad de la UE. Todas ellas se activan de manera recurrente cada vez que se produce una catástrofe natural de gran escala.
También la propuesta de exención de tasas municipales y autonómicas o la convocatoria de conferencias sectoriales son prácticas habituales que no aportan novedad alguna. El intento del PP pasa por reempacar medidas ya vigentes para dar la impresión de estar ofreciendo un plan de choque inédito.
Una de las medidas que más titulares ha generado es la creación de un Registro Nacional de Pirómanos con imposición de pulseras telemáticas durante los meses de mayor riesgo. La propuesta, sin embargo, choca con limitaciones legales y prácticas pues las condenas por incendio ya figuran en antecedentes penales, y los expertos cuestionan la eficacia de un control individualizado en la lucha contra un fenómeno complejo como los fuegos forestales.
La profesionalización de Protección Civil, otra de las banderas de Feijóo, tampoco supone una innovación real. El sistema ya cuenta con estructuras profesionalizadas, brigadas y personal técnico desplegado en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado.
El contraste resulta todavía más evidente al recordar la gestión de Feijóo en Galicia. Durante sus años al frente de la Xunta, el hoy líder del PP rehuyó aplicar cambios estructurales en la política forestal, a pesar de que Galicia sufre cada verano algunos de los incendios más devastadores del país. El modelo de monte gallego, dominado por especies de crecimiento rápido como el eucalipto y el pino, siguió expandiéndose durante sus mandatos sin un plan serio de diversificación forestal, algo que los expertos llevan décadas reclamando.
Tampoco impulsó una política estable de refuerzo de brigadas de extinción, limpieza de montes o planificación a largo plazo. De hecho, muchas de las medidas que ahora presenta como “innovadoras” ya fueron objeto de debate en Galicia y quedaron arrinconadas por la falta de voluntad política.
Hoy, mientras la comunidad afronta el segundo incendio más grande de su historia, Feijóo proclama medidas que nunca quiso aplicar desde San Caetano. Las soluciones que promete ahora como líder de la oposición son, en buena parte, las que desestimó durante más de una década de gobierno autonómico.
elPlural