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El juez ha aceptado la petición de uno de los principales imputados en esta pieza, el exdirector del organismo José Martínez Nicolás, para que escuche al que fuera su principal colaborador en el ente, el exdirectivo de ICM Silvano Corujo, cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción marcó el origen de las pesquisas. Según una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, esperará para fijar una fecha a que finalice el análisis de la documentación incautada en los registros. La declaración se considera fundamental para "esclarecer" lo sucedido, agrega el escrito.
Como "testigo privilegiado de los hechos", Corujo desveló las presiones de González sobre su antiguo jefe para lograr que se desviara un millón de euros que se destinaría a sanear las cuentas del partido en Madrid. González utilizó presuntamente su influencia sobre ICM para adjudicar contratos de dos empresas privadas, Indra y Pwc, por importes muy superiores al coste real de los servicios. Con la diferencia, las adjudicatarias abonaron facturas de proveedores del PP regional falsificando los conceptos mercantiles. La mayoría de esas facturas se correspondía con gastos de campañas electorales de la primera planta de Génova.
Según explicó el juez Eloy Velasco, entonces instructor del caso, en el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de Ignacio González, este, como secretario general del PP madrileño, le pidió a Martínez Nicolás el famoso millón en una reunión celebrada el 7 de junio de 2012. Corujo no asistió a la reunión, pero conoció su contenido gracias a la estrecha relación que le unía por aquel entonces con su jefe. Además, formaba parte de todas las mesas de contratación de la agencia informática.
Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron las oficinas de ese ente público en el marco de la operación Lezo y se llevaron los contratos. También acudieron a las compañías que habrían colaborado en el fraude. La principal investigada es la multinacional tecnológica española Indra, participada mayoritariamente por el Estado (22%). En 2006, ICM adjudicó a Indra un contrato de 16,1 millones de euros para prestar asistencia informática a los funcionarios de la Comunidad de Madrid. En 2007, el mismo organismo concedió a Indra otro encargo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas que ascendió a 13,5 millones. Y en 2010, ICM volvió a confiar en la misma compañía de telecomunicaciones para implantar la plataforma de gestión académica de la comunidad por un importe de 15,8 millones.
Las licitaciones de Indra
ICM e Indra ya habían sido investigadas en Púnica por el juez Velasco, precisamente por haberse concertado para pagar servicios de reputación 'online' de Ignacio González. Los investigadores acreditaron en ese procedimiento un pago de 10.000 euros con dinero en efectivo no declarado. Por esos hechos fueron imputados el propio Martínez Nicolás y dos directivos de la empresa tecnológica, Santiago Roura y Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que este último es marido de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, detenida e imputada también en la operación Lezo por haber autorizado operaciones ruinosas de la empresa pública del agua en Sudamérica que presuntamente fueron utilizadas por González para desviar 23 millones de euros.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-29/lezo-financiacion-irregular-pp-madrid-testigo-clave_1433938/
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