dimecres, 6 de desembre del 2017

Iñaki Vallejo, en la comissió de purins de la Diputació assenyala possibles irregularitats a la planta de la Vall d'Alba

La planta de purines de Vall d´Alba, en una imagen de archivo.

La planta de purines de Vall d´Alba, en una imagen de archivo.  v. m

La compra del suelo para la planta y el rescate por parte de la diputación sigue con la polémica tras 20 años

06.12.2017 | 01:07
Casi 20 años después del anuncio de su puesta en marcha, el plan de la Diputación de Castelló para construir cinco plantas de purines sigue inconcluso y atrapado en una maraña administrativa al que el gobierno conservador de la corporación no ha dado una respuesta política, según denuncian los grupos de la oposición.
En el ojo del huracán de este laberinto se sitúa la planta de la Vall d'Alba, con supuesta nuevas irregularidades vinculadas a la compra de los terrenos para su construcción, según desveló el diputado de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, en la comisión de purines de la corporación provincial, celebrada ayer.
A la comisión asistieron, además de los representantes de los cuatro grupos políticos y otros tantos técnicos que participaron en las expropiaciones del terreno y rescate de la planta de la Vall d'Alba.
El objetivo era aclarar las dudas sobre el proceso de rescate de la instalación de la Vall d'Alba. Vallejo desveló posibles irregularidades en la compra-venta de los terrenos donde se instaló la planta de La Vall d'Alba. Vallejo señaló que el terreno, propiedad municipal , lo compró con anterioridad a la adjudicación la concesionaria, lo que podría suponer, a su juicio, un posible caso de tráfico de influencias. La adjudicataria, la firma Tetma, no dio de alta la actividad ni inscribió en el registró la titularidad del terreno. Ello le exoneró del pago de impuestos como el IBI.
La empresa solicitó a la Diputación el rescate en 2014. La corporación provincial indemnizó a la mercantil con medio millón de euros, y le devolvió la finanza de 1,5 millones de euros. El rescate incluyó otro gasto adiciona de 20.000 euros en concepto de minuta al bufete que desentrañó la maraña burocrática para registrarla nombre de la diputación.
El gabinete de prensa de la Diputación informó que durante la reunión los técnicos aclararon las dudas de los políticos sobre el proceso de expropiación, compra de los terrenos y rescate de la planta. Y Además, que el gobierno de la Diputación plantea retomar la actividad de la instalación, en este caso para el tratamientos de lodos en colaboración con la empresa EPSAR, dependiente de la Generalitat Valenciana.

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