Un ‘error’ de una alto cargo del PPdeG permite ocultar un expediente que afecta a la familia de un conselleiro
Estructura ilegal y "ilegalizable" que el Casal de Armán explota para eventos desde hace una década. zEl Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular una resolución del departamento de Patrimonio de la Xunta firmada por una alto cargo del PPdeG, Sandra Quintas Vázquez, número 2 del partido en Ourense y alcaldesa de Bande, por su “carencia absoluta de motivación”. La actuación irregular de la popular, en el marco de una petición oficial de transparencia formulada por Praza.gal, permite a Casal de Armán, empresa de la familia del conselleiro de Empleo, José González Vázquez, mantener oculto el expediente que Patrimonio tiene abierto contra ella por un salón de eventos que explota desde 2015 en Ribadavia, junto a una antigua casa rectoral protegida. Una estructura que la propia Xunta considera “ilegalizable”, como también avaló el TSXG.
El concejal José González Vázquez y Sandra Quintas Vázquez en una imagen de archivo y resolución firmada por ella y sentencia del TSXG que la anula por su "absoluta falta de motivación". Desde 2015 Casal de Armán, bodega y casa de turismo rural de la familia de José González Vázquez, actualmente conselleiro de Empleo y antes de Medio Rural, viene explotando un salón de eventos ilegal e ilegalizable junto a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio en el que la Xunta abrió en 2019 el Museo del Vino de Galicia, lo que atrajo visitantes a la zona.
A los pocos meses de levantar la estructura del salón de banquetes, Patrimonio de la Xunta acordó demolerla, pero desde entonces diversos recursos de la empresa y la lentitud de la Consellería de Cultura en responder a ellos vienen demorando esa restitución de la legalidad, lo que permite que la empresa siga explotando comercialmente la edificación ilegal. Praza.gal lleva años informando de diversas derivadas del caso y en 2020 tuvo acceso, tras una petición de transparencia obstaculizada por la Xunta, al expediente de reposición de la legalidad abierto por Patrimonio y avalado después por la justicia.
En aquel acceso a la documentación de 2020 la Xunta no facilitó el expediente sancionador paralelo que debería haber abierto con multas periódicas mientras no se lograse la reposición de la legalidad. Añadido a ello el hecho de que tres años después la edificación seguía en pie, este diario formuló en septiembre de 2023, hace casi dos años, una nueva petición de transparencia para acceder tanto al expediente de reposición de la legalidad ya consultado antes para así poder comprobar su evolución, como al expediente sancionador.
Resolución con la que el entonces secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, denegó uno de los intentos de la empresa de legalizar la construcción de la Plaza Pública. La Xunta, tras un silencio inicial que tuvo que ser corregido por la Valedora do Pobo como responsable de la Comisión de Transparencia de Galicia, consultó la petición formulada por Praza.gal con la empresa afectada, como contempla la Ley de Transparencia, y esta presentó alegaciones en contra de la divulgación de los expedientes.
Recursos de la empresa y la lentitud y errores de la Consellería de Cultura en responder a ellos vienen demorando la demolición ratificada por la justicia de la estructura ilegal de Casal de Armán, proceso que ahora la Xunta contribuye a mantener oculto con un nuevo error.
Tras esas alegaciones, la Xunta decidió dar acceso a este diario a los expedientes, pero lo hizo en una resolución en la que no respondió a las objeciones formuladas por la empresa, limitándose a descartarlas sin hacer explícita ninguna motivación. Así que la empresa recurrió en marzo del pasado año esa resolución ante el TSXG y este acaba de darle ahora la razón: “Nos encontramos ante una carencia absoluta de motivación de la resolución combatida, pues es palmaria la ausencia total de respuesta a las alegaciones y concretos motivos de oposición a la solicitud de acceso”, señala el tribunal, que evidencia que el cuerpo de la resolución “se limita a referir, respecto [de las alegaciones], que ‘una vez examinadas las alegaciones, resuelvo’, sin señalar siquiera los motivos de oposición”.
Así, anulada ahora por la Justicia la resolución con la que la Xunta dio acceso a Praza.gal a los expedientes, el resultado paradójico es que el proceso de transparencia debe reiniciarse, lo que ya ha instado oficialmente este diario, pero acumulando un retraso de al menos año y medio.
Alcaldesa de Bande desde 2020, Sandra Quintas, a quien el TSXG deja en evidencia, fue nombrada directora de Patrimonio en Ourense y unas semanas después secretaria general del PP provincial.
La resolución no motivada de la Xunta anulada por el TSXG que deriva en este obstáculo a la transparencia fue firmada en diciembre de 2023 por Sandra Quintas Vázquez, entonces como jefa del Servicio de Coordinación Cultural de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. Sandra Quintas es también alcaldesa de Bande desde 2020, en junio del pasado año fue nombrada por la Xunta directora territorial de la Consellería de Cultura en Ourense y tres semanas después era elegida secretaria general del PP en Ourense.
Su resolución, además, contenía otro error que facilitó más motivos de alegación por parte de la empresa. Aunque Praza.gal solicitó el acceso a los expedientes sancionador y de reposición de la legalidad, Quintas autorizó el acceso al “expediente relativo al proyecto de desmontaje de edificación existente”.
Por otra parte, la sentencia ahora emitida por el TSXG que invalida la actuación de Quintas revela, al reproducir argumentos esgrimidos por la Xunta en el proceso, que Casal de Armán mantiene todavía dos pleitos judiciales abiertos por su estructura ilegalizable, con “el Concello de Ribadavia, en el recurso que pende ante el Juzgado número 1 de Ourense, y esta Consellería [de Cultura]” ante la misma sala y sección del tribunal que resolvió este caso.
Casal de Armán, impulsada por el ya fallecido padre del conselleiro de Empleo, se define como “empresa familiar” y está repartida entre dos sociedades, Casal de Armán SL, responsable del salón de eventos ilegal, y Bodegas Casal de Armán SL. De esta última fue socio José González Vázquez “por herencia” con sus hermanos hasta 2018, año en que se deshizo de su participación al ser nombrado miembro del Gobierno gallego.
En 2019 Casal de Armán comenzó a tramitar un plan urbanístico para ampliar sus instalaciones y, entre otras cuestiones, construir un “nuevo restaurante de eventos” que sustituiría a la edificación ilegal actual.
Antes de entrar en la política activa, como inspector de Hacienda José González Vázquez, que también se presentaba como empresario vitivinícola, fue vocal del Consorcio de la Zona Franca de Vigo entre 2009 y 2014 y uno de los tres administradores concursales que tuvo durante su suspensión de pagos el Celta, propiedad de la familia Mouriño, que cuenta también con importantes intereses vinícolas. En las elecciones gallegas de septiembre de 2016 González Vázquez entró en el Parlamento como diputado del PPdeG, y dos años después pasó a ser conselleiro.
José González Vázquez, ministro de Empleo y anteriormente ministro de Medio Rural, recorriendo un viñedo en Ribadavia en una imagen de archivo de 2019. Con González Vázquez aún como socio, Bodegas Casal de Armán SL incumplió, según una sentencia del TSXG revelada por Praza.gal, una subvención de Medio Rural de 47.000 euros porque tenía “licencia de cosechero” y no para la “producción industrial” que realmente realizaba y porque no justificó correctamente los gastos a los que iba destinada la ayuda.
De forma paralela a su infructuosa lucha judicial para intentar mantener el salón de eventos ilegal, Casal de Armán puso en marcha un plan urbanístico para poder ampliar sus instalaciones con nuevas edificaciones dedicadas al enoturismo, espacios que pasarían a suplir los servicios que ahora se prestan en la edificación a demoler. La evaluación ambiental de ese plan urbanístico finalizó en 2020, pero la Xunta no lo publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta noviembre de 2023, lo que facilitó a la empresa más margen temporal para que salga adelante la obra antes de que caduque el permiso.
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