Investigación
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
Asuntos Internos entregó un oficio en el juzgado en octubre de 2023 con tres grabaciones entre Villarejo y la número dos del PP sobre manipulación de pruebas en el caso de la caja B y otras actividades de la brigada política, pero el informe ha sido hurtado a las partes personadas en la macrocausa
La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.- Se trata del Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo.
El número 7 se identifica con la pieza separada del caso Villarejo conocida como Kitchen. En ella se investiga el sabotaje policial de la investigación judicial de la caja B del PP con cargo a los fondos reservados, unas maniobras acontecidas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La pieza será juzgada la próxima primavera. En el banquillo se sentarán un grupo de mandos policiales junto al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Para los dos políticos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión.
Quien estuvo brevemente imputada y escapó de la investigación y el banquillo fue María Dolores de Cospedal. En contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, el juez García Castellón archivó la querella contra ella en julio de 2021. Aquella decisión también supuso frenar en seco los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a estar investigado. Al año siguiente, cuando El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, el juez se negó a reabrir el caso contra ella porque esas grabaciones publicadas no formaban parte de la causa. Ahora se conoce que la Policía incorporó los audios con posterioridad al procedimiento y entonces el juez García Castellón tampoco los investigó.
Uno de esos audios fue publicado por El País. En la grabación, la número dos del PP habla con el comisario el 13 de enero de 2013: “La libretita sería mejor poderlo parar”. Cospedal se refiere a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, la prueba manuscrita de que el PP manejó una caja B durante al menos veinte años nutrida con dinero negro de los empresarios, tal y como han acreditado ya varias sentencias judiciales, y que todavía no había salido a la luz.
Tras más de dos años en un cajón, el pasado 13 de noviembre, por fin las partes tuvieron acceso al oficio de Asuntos Internos. Los abogados fueron obligados a leerlo en el propio Juzgado y no se le dio traslado del mismo, pese a no estar secretas las actuaciones. Una vez pudo consultar el informe, la representación del PSOE, que actúa como acusación popular, solicitó la declaración del inspector jefe que firma el oficio.
La declaración del policía se produjo finalmente el pasado 25 de noviembre. Durante la misma, el inspector jefe Gonzalo Fraga explicó cómo Asuntos Internos incorporó a su informe los tres archivos “por si pudieran tener relación y para que los valorara una autoridad judicial y fiscal”. “Esos archivos de audio se escucharon por mi equipo y se incorporaron en el anexo íntegramente. No me consta que exista una transcripción de los mismos en el procedimiento”, declaró el mando policial.
El juez actual al policía: “¡La pieza está cerrada!”
El inspector jefe relató que eran tres audios de Cospedal con Villarejo, uno de una hora de duración y fechado en 2017, y dos del año 2013. Contó que la responsable política y el policía hablan de varios temas y entre ellos de algunos que se podían “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según un escrito que ha presentado la representación del PSOE.
Los socialistas acaban de solicitar formalmente que Cospedal, López del Hierro y el Partido Popular, como persona jurídica, sean imputados en el caso Kitchen. “Se ignoró y se ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la Policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de la señora Cospedal en esta trama delictiva. No es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho”, reza el escrito del PSOE.
En septiembre de 2022, al mismo tiempo que rechazaba reabrir la investigación contra Cospedal, García Castellón ordenó la apertura de una pieza nueva del caso Villarejo, la número 34, donde irían a parar el cúmulo de grabaciones publicadas por medios de comunicación, un canal de Telegram del ultra Alvise Pérez y las aportadas al propio juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset, todas ellas realizadas por el comisario y cuyo contenido no ha sido nunca investigado.
La única intención del juez era comprobar si todos esos audios figuraban entre el material intervenido a Villarejo –del que solo se ha desencriptado aproximadamente el 50%– o si se trataba de grabaciones que no estaban en la causa, según explicaba el propio García Castellón en su auto.
La maniobra de García Castellón
Pero de la pieza número 34 nunca más se volvió a saber. Ninguna de las partes personadas en la causa han tenido acceso a esas grabaciones. Ahora, el escrito del PSOE plantea que la número 34 “no fue una pieza procesal sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz”. Los socialistas hablan en su escrito de “una artimaña procesal para evitar la reapertura de la pieza separada 7 Kitchen o la apertura de una nueva para investigar estos hechos con claras apariencias de relevancia penal”.
El 18 de abril de 2024, García Castellón levantó el secreto sobre la pieza 34, pero el Oficio UAI 3334/23, donde los policías adjuntan los tres audios sobre Cospedal, “se excluyó del índice de la causa” y no se subió a la plataforma digital a la que acceden las partes personadas, según denuncia el PSOE. Solo una diligencia solicitada por los socialistas para prorrogar la investigación y que no prescribiera permitió aflorar el oficio policial el pasado mes de noviembre.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a García Castellón en su negativa a reabrir el caso Kitchen pero dejó una puerta abierta a las revelaciones que pudieran surgir en el marco de la pieza 34. Sin embargo, los audios quedaron aparcados sin que llegara a ser valorado su contenido. “Estas expectativas de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compartidas por las acusaciones, se han visto defraudadas por la inacción y ocultación realizadas tanto por el Juzgado de Instrucción como por la propia Fiscalía Anticorrupción”, dice el PSOE en su escrito.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se había negado a que sus subordinados recurrieran la negativa de García Castellón a reabrir el caso, pero la Sala de lo penal se tuvo que pronunciar por la petición de la acusación popular. El actual juez del caso, Antonio Piña, fue advertido de la “inacción y ocultación” en ocho escritos presentados por la acusación que ejerce el PSOE. “No hizo nada, salvo manifestar reiteradamente en la declaración prestada [por el policía de Asuntos Internos] que la pieza separada 7 estaba cerrada, pero sin valorar los posibles hechos nuevos que parecía desconocer”, añaden los socialistas.
Tres conversaciones entre Cospedal y Villarejo
20 de enero de 2013. El contexto más amplio de esta conversación hay que buscarlo años atrás, en julio de 2009, fecha a la que se remonta la primera reunión entre el mando policial en activo y la número dos del PP. Villarejo acude a Génova para encontrarse con Cospedal y su entonces marido, Ignacio López del Hierro. Ambos le encargan “trabajos puntuales” y le prometen una remuneración. En ese momento no saben que los problemas que les han surgido por el caso Gürtel y la “imputación provisional” de Luis Bárcenas terminarían estallando con el encarcelamiento del tesorero del partido.
El Mundo publica el 18 de enero de 2013 que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Circula el rumor que la caja B del partido está recogida en “una libretita”. Dos días después, en la primera grabación que la Audiencia Nacional no ha investigado, la número dos del PP llama desde un teléfono fijo al policía, que está destinado en la Dirección Operativa de la Policía, y le dice que quiere esas anotaciones y que hay que “pararlas”. No lo consiguió. Unos días después, el 31 de enero, El País publica los papeles de Bárcenas y estalla el escándalo de corrupción más grave en la historia del PP.
26 de abril de 2013. De nuevo, Cospedal evita los móviles. No es casual. Ella misma explica a Villarejo que no ha realizado la llamada antes porque “no tenía un fijo a mano”. Durante la conversación explica que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha entregado a ella antes que al juez del caso de la caja B un informe de la UDEF. “Me llama ayer por a noche diciéndome que voy a tener un día hasta que lo vea el juez”, afirma Cospedal al policía.
El comisario da cuenta a Cospedal de sus movimientos para abortar los avances del caso de la caja B. El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, no puede estar entre los salpicados por el escándalo. Villarejo asegura haber estado con el inspector jefe al cargo de las investigaciones, Manuel Morocho, y con el jefe de este, el comisario José Luis Olivera, procesado en Kitchen y autor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. “Estuve tomando una copa y luego se quedó José Luis comiéndole el tarro porque en el informe iba el nombre del presidente… No sé si sabes”, dice Villarejo. A lo que Cospedal responde que lo desconocía.
Efectivamente, tres días después Morocho entrega el informe 39199/13. Solo aparece Rajoy de pasada: “Mariano Rajoy 2º trimestre” y “Trajs. Mariano”. Los apuntes de Bárcenas sobre el presidente no se desarrollan en el atestado policial. Morocho ha denunciado públicamente las presiones que sufrió durante su investigación de los casos Gürtel y PP. Lo ha hecho en sede judicial y en el Congreso de los Diputados. “Buscaban doblegarnos”, dijo en la Audiencia Nacional.
12 de septiembre de 2017. Cuatro años después de los encargos para destruir el caso de la caja B, Villarejo sigue teniendo relación con Cospedal y el marido de ésta. El contexto ahora es el desafío independentista en Cataluña, pero Villarejo también está preocupado por su situación. Ya ha saltado su implicación en varios casos. El marido de Cospedal, para quien el PSOE vuelve a pedir la imputación, lo recoge y lo lleva hasta Cospedal, que ahora además de número dos del partido también es ministra de Defensa. “Yo hablo con quien tenga que hablar”, le dice Cospedal a Villarejo para su tranquilidad.
elDiario.es
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