El diario norteamericano
The New York Times publicó en su edición del pasado 7 de agosto un artículo de opinión en el que el periodista David Leonhardt demuestra con datos de los economistas Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman que la desigualdad es la gran secuela de la
salida de la crisis. Un descriptivo gráfico [ver la fotografía que encabeza esta información] muestra la evolución de los ingresos de los diferentes grupos de población estadounidense divididos en deciles de renta entre 1980 y 2014. La conclusión es clara: la gran brecha se produce entre los superricos y todos los demás. Es decir, la postcrisis ha beneficiado a los más acomodados.
En España, a pesar de su significativa mejora macroeconómica, el panorama es muy similar. De hecho, el Gobierno acumula numerosas advertencias de organismos nacionales e internacionales –OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional...–, de ONG –Oxfam Intermón o Cáritas, entre ellas– y de sindicatos. También el INE ha constatado que la recuperación de las grandes cifras sigue sin llegar a
todas las capas de la población.
La última Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativa a 2016 [consultar
aquí] subrayó que la tasa de personas en
riesgo de pobreza o exclusión social representa el 27,9% de la población. Esa tasa, que era del 26% en 2010, es el principal indicador que utiliza la oficina estadística europea, Eurostat, para medir el peso de las personas menos favorecidas en una sociedad. El término –también denominado Arope, del inglés,
at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa. Con los datos de población de 2016 (46,5 millones), unos
12,9 millones de personas cumplirían alguno de estos criterios.
Esa tasa se mantiene
estable respecto a 2013, cuando fue del 27,3%. Ese año es considerado por los expertos como el más negativo en cuestiones de pobreza. Por un lado, porque la encuesta del INE siempre se realiza con los datos ingresos del año anterior, en este caso, de 2012; y, por otro, por la consecuencias que el desempleo tiene en estos indicadores y que se empiezan a notar entre uno y dos años después de la pérdida del empleo, cuando ya se han agotado prestaciones y subsidios.
Ayudas sociales
La distribución de las consecuencias de la crisis ha sido muy dispar. El índice de Gini —que mide la distribución de la renta en una sociedad: un valor de cero marca la igualdad absoluta y uno la desigualdad total— ascendió en 2014 hasta el
0,344, cerca de máximos históricos y por encima de la media de la OCDE. "Esto en buena medida se debe a los bajos salarios de las personas con menores ingresos, cuya brecha salarial respecto de los salarios medios es una de las mayores entre los países de la OCDE", señaló el pasado marzo
Ángel Gurría, secretario general del organismo, en la presentación del
informe en el que se publicaron esos datos.
La OCDE también detectó deficiencias a resolver en el
sistema impositivo y de transferencias sociales –impuestos y ayudas–, dos elementos que contribuyen a reducir la desigualdad. "En líneas generales, las ayudas públicas para las familias son escasas. El gasto social por niño es inferior al promedio de las economías desarrolladas y es especialmente bajo en la primera infancia, lo que deriva de un gasto bajo en ayudas a las familias y en servicios públicos para el cuidado infantil", recoge el documento.
Así, el organismo recomendó "aumentar el volumen" de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos y las "ayudas en efectivo a familias con hijos". En este sentido, en su último informe anual relativo a España [consultar
aquí], la Comisión Europea también alertó el pasado febrero de que el índice Gini, que aumentó durante la crisis, está
"entre los más altos de la UE" incluso después de aplicar los efectos redistributivos que tienen los impuestos y las transferencias sociales.
En su documento, el ejecutivo comunitario situó la rápida subida del desempleo y la persistente segmentación del mercado laboral –entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales– como causas principales del aumento de la
desigualdad en la distribución de la renta. Por su parte, la OCDE también alertó de que los trabajadores españoles con los sueldos más bajos sufrieron el mayor recorte salarial de entre todas las economías más industrializadas del mundo entre 2010 y 2014, solo por detrás de los empleados más precarios de Portugal. Los empleados españoles con los sueldos más altos se están quedando con
los réditos de la recuperación.
Según el informe
El sistema de protección social en España 2017, elaborado por el sindicado Comisiones Obreras, una manera de combatir los fenómenos de desigualdad y exclusión social asociados a la
devaluación salarial es aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al que está asociada la base mínima de cotización. Entre 2009 y 2016 el SMI ha perdido un 4% de poder de compra. Según la organización sindical, el incremento del SMI en un 8% para 2017, aprobado por el Gobierno, es "claramente insuficiente" porque su efecto directo en términos de ingresos netos será poco relevante. Sí será importante, no obstante, en relación al
"efecto arrastre" para otros salarios.
Precariedad laboral
Por otro lado, la ONG Oxfam Intermon documentó en su informe
España, un crecimiento económico que deja fuera a las personas más vulnerables cómo la riqueza en nuestro país está concentrada cada vez en menos manos: 4,7 millones de personas tienen lo mismo que 42,6 millones. Según la organización, el resultado de "una economía que promueve una distribución injusta de las rentas y las oportunidades que se generan" es que "la fortuna de tan sólo tres personas –Amancio Ortega (Inditex), su hija Sandra Ortega y Juan Roig (Mercadona)– equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país".
En el estudio, la ONG recordaba que uno de cada cuatro españoles estaba en riesgo de pobreza y exclusión social en 2015 y que, en el inicio de 2016, había
720.000 familias sin ingresos. Además, señalaba que "más de la mitad de los parados" registrados en el último trimestre de 2015 "llevaban sin trabajar más de un año", al tiempo que ponía el acento en una precariedad laboral que castiga, en mayor medida, a los que menos cobran. A todos estos elementos, Oxfam sumó uno más: el sistema tributario, que
"recauda poco y mal" y es "regresivo en su diseño e injusto a la hora de frenar las fugas hacia paraísos fiscales".
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/08/14/un_simple_grafico_que_define_injusticia_gran_recesion_68582_1011.html
Cèsar Villalonga Gascó
