JUAN NIETO Valencia 10 SET 2017
POLÍTICA
El grupo municipal 'popular' dispuso de una estructura que le permitió que terceros pagaran gastos propios del partido sin que nadie se diera cuenta
La perfección del sistema hizo que permanecieran ocultos diez años
El rotundo informe que ha entregado la Guardia Civil sobre el dopaje electoral continuado del PP en la ciudad de Valencia ha confirmado las mecánicas desarrolladas por el grupo municipal desde 2007 para financiar las campañas deRita Barberá y disponer de grandes cantidades de dinero que permitieron contratar unos trabajos por un importe muy superior al legalmente establecido.
Diez años después de que la ex alcaldesa triturara su techo electoral y se impusiera a la candidatura socialista de Carmen Alborch, la Unidad Central Operativa (UCO) ha acreditado documentalmente y a través de testimonios queAlfonso Grau era el cajero de la bolsa de dinero negro que se llenó con donaciones en metálico, aportaciones de contratistas y ampliaciones de capital aparentemente simuladas en una empresa que iba a impulsar proyectos singulares en Valencia.
Estas dinámicas de financiación irregular son las que Alfonso Grau y Rita Barberá escondían detrás de los grupos Laterne y Trasgos, las dos empresas del sector de la comunicación que han montado las campañas municipales del PP en los últimos diez años. En paralelo, ambas compañías iban obteniendo adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento y diversas fundaciones públicas.
2007 es el año en el que la UCO sitúa el punto de partida de la investigación y es el que aborda el informe con documentación interna de Laterne, pero los agentes sugieren que la misma mecánica se extendió en sucesivas elecciones a través del grupo Trasgos, contratada para la campaña del año 2011, y «permitió, al igual que entonces, que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido, velando su identidad de manera buscada, todo ello perfeccionado hasta el punto de permanecer oculto a los órganos fiscalizadores».
Las diligencias policiales practicadas en el último año constatan esa relación de confianza entre Grau y las empresas que favorecieron que estas dinámicas se desarrollaran, y confirman que Barberá tenía su propia Gürtel en el Ayuntamiento. La campaña de 2007 del PP en la provincia se presupuestó en poco más de 130.000 euros, pero en la ciudad el coste total ascendió a más de dos millones de euros, según sospecha la UCO.
La investigación desarrollada ha permitido conocer que Alfonso Grau era la persona que realizaba las tareas de recaudación en épocas próximas a periodos electorales, al menos en los años 2007 y 2011. En las de 2015, tras la marcha de Grau por su implicación en el caso Nóos, del que resultó absuelto, el sumario atribuye la función a Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del grupo municipal detenida por el presunto blanqueo múltiple de 50.000 euros.
Pero es Alfonso Grau la persona que, en representación del grupo municipal popular, interactúa con la empresa Laterne para desarrollar los trabajos con motivo de la campaña electoral del año 2007. Grau se encargó de su seguimiento y la Guardia Civil explica que su intervención fue decisiva para el pago de las facturas.
A Grau le unía una relación de amistad con Vicente Tormo, administrador de Laterne ya fallecido, y se implicó personalmente en el asunto. Supervisó el desarrollo de cada acto e incluso dio órdenes a los empleados de Laterne para reforzar la imagen de la ex alcaldesa. El informe recoge nueva documentación entregada por colaboradores de Laterne que detalla las indicaciones recibidas en este sentido: «AG pide que le quitemos sombra del pelo a Rita»; o «AG quiere que las lonas de la unidad móvil se estructure en: 1 tradicional de RB. La otra con imágenes de la ciudad de cosas hechas por RB (a ser posible en estos últimos 4 años)».
Grau se sentía en Laterne como en su casa y entre sus empleados, al igual que ocurrió con Trasgos, han figurado varios asesores del grupo municipal. Uno de ellos es Jesús Gordillo, la persona que ha guardado en todo este tiempo la documentación que ha permitido descubrir las aparentes trampas del PP.
Gordillo ha desvelado a los investigadores muchos de los detalles a los que tuvo acceso por esa relación de confianza que mantenía con Alfonso Grau. Su testimonio sitúa al ex dirigente del PP como uno de los principales intervinientes en los hechos. No sólo por su implicación directa en el seguimiento y control de la campaña, puntualiza la UCO, «sino también por su contribución a la obtención de fondos que permitiesen afrontar el pago de la deuda a los proveedores electorales».
Los agentes creen a Gordillo porque han comprobado su declaración. El asesor de Grau admitió que ejerció de pagador y la UCO ha encontrado los apuntes bancarios correspondientes al abono de determinadas cantidades de dinero en efectivo por parte de Laterne a los distintos proveedores que aún no habían cobrado.
Para que Laterne siguiese escondida, se dieron instrucciones concretas a los proveedores para que modificasen las facturas y borrar cualquier rastro que identificara la naturaleza electoral del gasto.
Otra operativa descrita para llenar las cuentas de Laterne y saldar las deudas consistió en la aportación de una determinada cantidad económica de empresarios-contratistas, inicialmente a modo de préstamo, que tendría como finalidad la aportación de capital para constituir otra empresa de Laterne, Product Management Council (PMC).
Es en esta mecánica donde la investigación sitúa a José María Corbín, cuñado de Barberá. PMC pretendía impulsar proyectos singulares en Valencia, como el Valencia Experience o la Torre de la Música, pero no hizo nada de lo que promocionó y todo lo que tocó se convirtió en pufo. Una de las compañías que participó en este proyecto es SAV Agricultores de la Vega. Controla el 44% de la contrata del servicio de limpieza de la ciudad, lo que se traduce en 26 millones de euros al año hasta 2020.
Corbín aparece en el informe policial como el abogado que asesoró a Laterne en la constitución de PMC.
Alfonso Grau, exvicealcalde de València. Foto: MER GARIJO
