El catedrático de Economía Juan Ignacio Palacio Morena denuncia que nadie ha explicado cómo se solucionarían el desempleo y el deterioro social en una Cataluña separada de España
24.11.2017 00:00 h.
Juan Ignacio Palacio, catedrático de Economía Aplicada / CG
Asegura que el independentismo esconde intereses proteccionistas.
Juan Ignacio Palacio Morena, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha, es miembro de
Economistas Frente a la Crisis, un proyecto impulsado por un grupo de profesionales de distintas disciplinas, críticos con la interpretación y gestión eminentemente neoliberal de la crisis económica. Este experto, autor de diversas publicaciones donde aborda lo que el proceso secesionista oculta, afirma en una entrevista con
Crónica Global que el verdadero “discurso del miedo” es asegurar que hay represión en Cataluña.
—Pregunta. Asegura que el independentismo agravaría la crisis económica, ¿por qué?
—Respuesta. Fundamentalmente porque no he oído ni leído en ningún momento propuestas de ningún tipo que permitan tener una idea de cómo se pretenden afrontar los problemas de desempleo, deterioro educativo y social desde un Gobierno propio de Cataluña, al margen del Estado español.
—La independencia como panacea de todo…
—Parece como si la
independencia en sí misma acarrearía una senda de solución. Creo, por el contrario, que si no se logra que desde el conjunto de España cambien gran parte de las políticas (laborales, educativas, sociales en general) difícilmente se tendrá fuerza para inducir cambios en las políticas europeas, que son cada vez más la clave para poder afrontar soluciones a niveles inferiores.
Parece como si la independencia en sí misma acarrearía una senda de solución. Creo que si no se logra que desde el conjunto de España cambien gran parte de las políticas (laborales, educativas, sociales en general) difícilmente se tendrá fuerza para inducir cambios en las políticas europeas
—¿La solución es supranacional?
—Sin un marco europeo común más estable y mejor definido nos encaminamos a una aceleración del desmembramiento y el deterioro del conjunto de la
Unión Europea. No hay soluciones nacionales, sino un complejo proceso de construcción europea que tiene que nacer desde abajo. No es cierto, en mi opinión, que la permanencia de Cataluña en España sea un obstáculo para que desde Cataluña se planteen alternativas en ese proceso de avance hacia una Europa que aborde los problemas que tienen ya una dimensión mundial en las cuestiones fundamentales. Por eso una de las cuestiones más importantes es la política exterior europea, incluida la defensa, que hasta ahora prácticamente no existe, al ser un apéndice en lo esencial de la política estadounidense. Europa debe tratar de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, si eso es posible con el actual Gobierno norteamericano, pero tiene que tener una política propia y no simplemente subordinada a la de
Estados Unidos.
—¿La secesión solo interesa a una clase privilegiada?
—Nunca el tema económico está aislado de los demás aspectos sociales. En Cataluña, como en el resto de España, se mantienen políticas proteccionistas que en vez de favorecer intereses colectivos y comunitarios, benefician a ciertos grupos privilegiados y debilitan la competencia. El independentismo tiene que ver con una
burguesía catalana que quiere tener más margen de maniobra para proteger sus intereses sin tener que dar cuentas al Estado español.
—¿En qué consisten esas políticas?
—Subsisten numerosas normas, prácticas y obstáculos que segmentan los mercados y los protegen de la competencia. Los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen un margen de regulación propia, pero sobre todo de aplicación de las normas, que generan monopolios u oligopolios locales. Se dificulta la concesión de licencias cuando las obras no se van a realizar con empresas “amigas” de los gestores de la Administración correspondiente. Se establecen concursos restringidos a empresas del ámbito local o autonómico. Se fragmentan tareas a realizar para evitar sobrepasar la cuantía que exige un concurso público. El sector público al diseñar la estructura de infraestructuras y servicios de carácter universal, como la sanidad y la enseñanza, lo hace en función de intereses espurios que los hacen ineficientes y dificultan la deseable coordinación con agentes de otros ayuntamientos y comunidades autónomas.
—¿Cómo combatir las corruptelas?
—Son consecuencia de la falta de cercanía y democracia. Cercanía no es lo mismo que localismo y democracia no es lo mismo que elección de representantes políticos. La cercanía es un sentimiento personal y eso sólo existe en muchos pueblos y comunidades autónomas para unos pocos, nunca o casi nunca para los más débiles o ciertas minorías, que tienen ciertas ventajas o
privilegios en detrimento de esas minorías que juntas son con frecuencia la parte mayoritaria de un pueblo o región. La democracia es participación activa, lo que empieza porque la política, como cualquier otra labor representativa (presidente de una comunidad de vecinos, delegado de alumnos, rector de universidad) no se convierta en una profesión. Un representante por definición no puede convertir su labor en una profesión. El superior de cualquier institución no es el que manda sino el que tiene autoridad, que es una cuestión distinta, y además por lógica desempeña esa función por un periodo temporal relativamente corto.
—Los independentistas hablan de “discurso del miedo” para rechazar las críticas, ¿qué opina?
—Eso es lo que se dice desde el propio independentismo cuando se afirma que hay represión, se perjudica económicamente a Cataluña y se amenaza con el
Ejército. Nada de eso es cierto. Lo que sí es verdad es que el cumplimiento de la normativa europea, pues ese es el marco legal común fundamental, se hace a través del Estado español, como ocurre con cualquier Estado alemán, o región de cualquier otro país europeo.
—¿Se trata de no dar cuentas al Estado español?
—Si dar cuentas al Estado español se interpreta como miedo es como si cualquiera tuviese miedo de tener que responder a los órganos coordinadores propios de cualquier institución, incluidas las empresas donde lógicamente hay una estructura organizativa.
La izquierda rechaza por lo general entrar en la cuestión de la competencia. Quizás porque presupone que mayor competencia supone desregulación cuando en realidad implica lo contrario
—Reprocha a la izquierda que no haya sabido contrarrestar el discurso de que con la independencia todo iría bien, ¿qué ha faltado?
—Han faltado alternativas y no sólo denuncias y buenos deseos. La izquierda rechaza por lo general entrar en la cuestión de la competencia. Quizás porque presupone que mayor competencia supone desregulación cuando en realidad implica lo contrario. Como ocurre en cualquier competición, se requieren reglas de juego (normas) para que pueda haber competencia. Y esas normas hay que tratar de irlas mejorando poco a poco. A su vez tiene que haber órganos de defensa de la competencia que vigilen el cumplimiento de esas normas (árbitros o jueces). Y lo más importante de todo, si eso se logra hay de verdad competencia, es decir, innovación. El ajuste simple de precios no es signo de competencia sino más bien de lo contrario.
—¿Y desde el punto de vista intelectual?
—Se ha confundido desde la izquierda la diversidad con la
desigualdad. Con ello se suele caer en posturas defensivas. Se intenta preservar lo propio protegiéndose, incomunicándose, como si eso fuese a su vez una garantía de mayor igualdad en el interior del espacio protegido. He señalado en diversas ocasiones que es una paradoja que yo tenga ediciones bilingües de obras catalanas y gallegas,
La pell de brau de Salvador Espriu, o
Longa Noite da Pedra de Celso Ferreiro, que fueron editadas durante el
franquismo, cuando legalmente estaba prohibido el uso del catalán, el gallego o el vasco. Igualmente hasta hace pocos años eran frecuentes intervenciones de cantantes como Lluís Llach o María del Mar Bonet por toda España. Yo recuerdo asistir a numerosos recitales de ambos en Madrid. Y recuerdo también uno en Albacete (hará alrededor de veinte años atrás) en que Llach afirmó al presentar una de las canciones que las políticas nacionalistas del Gobierno catalán estaban empobreciendo la cultura catalana.
Se insiste en la necesidad de aumentar el gasto en I+D, pero eso tiene que ser más el resultado de una mayor competencia que induce la innovación que un incremento del gasto en I+D público
—Denuncia en sus publicaciones la falta de inversión en I+D. ¿Cree que eso puede haber influido en la pérdida de la candidatura de la Agencia Europea del Medicamento a la que aspiraba Barcelona?
—Por supuesto que sí. La falta de competencia frena la innovación. Se insiste en la necesidad de aumentar el gasto en I+D, pero eso tiene que ser más el resultado de una mayor competencia que induce la innovación y, por tanto, la inversión en I+D, que un incremento del gasto en I+D público como si eso fuese incentivo suficiente para que las empresas inviertan más en I+D y generen más empleo y de mayor calidad. Que España haya tenido en los últimos 35 años, la tasa de desempleo más alta de la UE durante 30 años, el doble de la tasa media durante más de veinte años, acompañado además de un empleo de menor cualificación o calidad (temporalidad y un elevado porcentaje de bajos salarios), no es casualidad o un inevitable destino nacional.
