El precio de Puigdemont
Quien da la puntilla al procés como hasta ahora estaba concebido es el juez Llarena con unos autos que a modo de aviso son tan cuestionables como efectivos
Hay dos millones de catalanes que se definen como independentistas y que no cambiarán de opinión por unos mensajes de Signal.
Neus Tomàs
05/02/2018 - 21:44h
Puigdemont, en una reunión con Artadi, Torra y Batet EFE
Legitimidad versus legalidad o cómo preservar la figura de Puigdemont sin que su elección comporte una cascada de inhabilitaciones y nuevos ingresos en la cárcel. Esta es la premisa de la fórmula casi mágica que están diseñando los partidos independentistas para salir de la encrucijada en la que les ha situado la justicia española con algunos autos del Tribunal Supremo que a modo de aviso a navegantes son tan cuestionables como efectivos. Su equipo insiste en que se le puede votar en el Parlament sin que nadie corra ningún riesgo penal. Como mínimo intentará que su discurso sea leído en el hemiciclo.
Puigdemont quería y quiere ser presidente porque para eso le votaron casi un millón de ciudadanos. La pregunta incómoda que deberían formularse esos electores es cuántos de ellos estarían dispuestos a quedarse sin trabajo o a verse privados de libertad para que su candidato pudiese ocupar el cargo de nuevo. ¿Cuántos de los nuevos diputados que se presentaron con la promesa de restaurar la figura del president se arriesgarían a someterse a un vía crucis judicial para lograr que Puigdemont pueda ser investido por el Parlament? Puede sonar a provocación, pero ese es el trasfondo de la negociación entre ERC y JxCat.
JxCat insiste en que cualquier decisión que parezca una concesión a las presiones del Gobierno central será una rendición que el independentismo no puede asumir. En cambio los republicanos quieren parar y replantear la estrategia, pese a que ellos fueron los que acusaron de Judas a Puigdemont cuando planteó adelantar las elecciones. Esas heridas aún supuran y los negociadores de un partido y otro intentan pasar página porque saben que están condenados a entenderse.
Pasar página sin mirar atrás, en esas están ERC y JxCat. Y, con una legislatura por delante que incluirá un juicio asimilable a una causa general al independentismo, con la mayoría de sus dirigentes en el banquillo, cualquier paso en falso es visto para muchos de ellos como un riesgo inasumible.
¿Qué tiene que perder Puigdemont? Nada. Por eso su paso al lado deberá disfrazarse de paso al frente. De investidura aunque no lo sea, de alabanza aunque sea un sacrificio. El precio que pagará ERC no será poco porque es probable que acabe aceptando un Govern a medida de JxCat, que así podrá aprovechar los próximos meses para rehacer un espacio cara a las municipales. Porque la política también es eso. Ganar elecciones. O evitarlas, como en este caso.
https://www.eldiario.es/zonacritica/precio-Puigdemont_6_737086317.html
Quien da la puntilla al procés como hasta ahora estaba concebido es el juez Llarena con unos autos que a modo de aviso son tan cuestionables como efectivos
Hay dos millones de catalanes que se definen como independentistas y que no cambiarán de opinión por unos mensajes de Signal.
Neus Tomàs
05/02/2018 - 21:44h
Puigdemont, en una reunión con Artadi, Torra y Batet EFE
Legitimidad versus legalidad o cómo preservar la figura de Puigdemont sin que su elección comporte una cascada de inhabilitaciones y nuevos ingresos en la cárcel. Esta es la premisa de la fórmula casi mágica que están diseñando los partidos independentistas para salir de la encrucijada en la que les ha situado la justicia española con algunos autos del Tribunal Supremo que a modo de aviso a navegantes son tan cuestionables como efectivos. Su equipo insiste en que se le puede votar en el Parlament sin que nadie corra ningún riesgo penal. Como mínimo intentará que su discurso sea leído en el hemiciclo.
Puigdemont quería y quiere ser presidente porque para eso le votaron casi un millón de ciudadanos. La pregunta incómoda que deberían formularse esos electores es cuántos de ellos estarían dispuestos a quedarse sin trabajo o a verse privados de libertad para que su candidato pudiese ocupar el cargo de nuevo. ¿Cuántos de los nuevos diputados que se presentaron con la promesa de restaurar la figura del president se arriesgarían a someterse a un vía crucis judicial para lograr que Puigdemont pueda ser investido por el Parlament? Puede sonar a provocación, pero ese es el trasfondo de la negociación entre ERC y JxCat.
JxCat insiste en que cualquier decisión que parezca una concesión a las presiones del Gobierno central será una rendición que el independentismo no puede asumir. En cambio los republicanos quieren parar y replantear la estrategia, pese a que ellos fueron los que acusaron de Judas a Puigdemont cuando planteó adelantar las elecciones. Esas heridas aún supuran y los negociadores de un partido y otro intentan pasar página porque saben que están condenados a entenderse.
Pasar página sin mirar atrás, en esas están ERC y JxCat. Y, con una legislatura por delante que incluirá un juicio asimilable a una causa general al independentismo, con la mayoría de sus dirigentes en el banquillo, cualquier paso en falso es visto para muchos de ellos como un riesgo inasumible.
¿Qué tiene que perder Puigdemont? Nada. Por eso su paso al lado deberá disfrazarse de paso al frente. De investidura aunque no lo sea, de alabanza aunque sea un sacrificio. El precio que pagará ERC no será poco porque es probable que acabe aceptando un Govern a medida de JxCat, que así podrá aprovechar los próximos meses para rehacer un espacio cara a las municipales. Porque la política también es eso. Ganar elecciones. O evitarlas, como en este caso.
https://www.eldiario.es/zonacritica/precio-Puigdemont_6_737086317.html
