divendres, 3 d’octubre del 2025

RENOVABLES MAL POSADES: Villalbilla convoca a sus vecinos ante la amenaza de una planta fotovoltai

 


La publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública del proyecto fotovoltaico Envatios XXIV – Fase III, con 70,8 MW de potencia y tramitado en Torres de la Alameda, ha encendido las alarmas en Villalbilla. El Ayuntamiento asegura que nunca fue informado y convoca a sus vecinos a una reunión el 7 de octubre para analizar la documentación, explicar las consecuencias y decidir si se planta cara al macroproyecto.

Placas fotovoltaicas (archivo AH)
  • Villalbilla convoca a sus vecinos el 7 de octubre para debatir cómo responder al macroproyecto fotovoltaico tramitado en Torres de la Alameda.



El Ayuntamiento de Villalbilla ha lanzado un nuevo comunicado que pone bajo los focos la planta solar proyectada frente a la M-300, entre las urbanizaciones El Viso, Zulema y Peñas Albas. La declaración de utilidad pública publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 27 de septiembre de 2025 ha encendido las alarmas municipales después de años en los que, según denuncian, ni vecinos ni consistorio habían sido informados oficialmente del proyecto.

La corporación local advierte que se trata del proyecto denominado “Envatios XXIV – Fase III”, con una potencia prevista de 70,80 MW. El Ayuntamiento asegura que hasta ahora solo dispone de algunos documentos que está analizando “con el máximo rigor” y subraya que no ha sido consultado por ninguna administración ni empresa promotora. Para dar explicaciones públicas, se ha convocado una reunión informativa el martes 7 de octubre a las 18:30 horas en el Auditorio municipal (frente al Mercadona). Allí se pondrá en común toda la información recabada y se trazará una hoja de ruta conjunta con los vecinos.


Un BOE que abre la puerta a expropiaciones

La publicación en el BOE supone un antes y un después. La resolución de utilidad pública otorga al promotor no solo la cobertura legal para avanzar en el proyecto, sino también la posibilidad de recurrir a la expropiación forzosa de terrenos. Tal y como desvelaba ALCALÁ HOY, esa figura administrativa convierte el proyecto en un hecho jurídicamente respaldado por el Estado, aunque no se hayan cerrado todavía todos los trámites medioambientales o urbanísticos.



Vista panorámica desde el Viso sobre los campos agrícolas. Foto de Ricardo Espinosa Ibeas (archivo de AH)

A pesar de esa declaración, aún existen opciones de oposición legal. El consistorio y los vecinos cuentan con la posibilidad de interponer un recurso de alzada con solicitud de suspensión cautelar. Ese plazo vence el 27 de octubre, de modo que las próximas semanas serán decisivas para definir la estrategia de resistencia o, por el contrario, aceptar los hechos consumados.

El emplazamiento elegido añade más preocupación. La planta se ubicaría justo en la franja de campos que separa la M-300 de las urbanizaciones del Viso, Zulema y Peñas Albas, un “colchón rural” que hasta ahora mantenía cierto respiro paisajístico. Los vecinos temen que la sustitución de praderas por hileras de placas fotovoltaicas altere radicalmente el carácter del entorno, con posibles consecuencias en la calidad de vida, el valor de las viviendas, la seguridad y la movilidad.


Convocatoria abierta: el 7 de octubre, primera cita clave

Con este panorama, el Ayuntamiento ha decidido abrir la información a la ciudadanía y preparar una asamblea vecinal que tendrá lugar el martes 7 de octubre. Allí se expondrán los documentos disponibles, se explicarán los cauces legales y se escuchará la voz de los vecinos para decidir si se da la batalla.

El alcalde ha recalcado que el consistorio quiere actuar con “total transparencia” y que la decisión de cómo responder será compartida. En este sentido, el 7 de octubre se perfila como la primera gran cita pública en la que se conocerán todos los detalles disponibles sobre Envatios XXIV – Fase III. La reunión no solo servirá para explicar la magnitud del proyecto, sino también para organizar la presión social y política en defensa del municipio.

La situación recuerda a la vivida en otros puntos del Corredor del Henares y de la Comunidad de Madrid, donde se han promovido macroplantas solares de características similares. En algunos casos, como en Torres de la Alameda, se han constituido plataformas vecinales muy activas, se han recogido firmas, se han movilizado alcaldes y concejales, y se han interpuesto recursos judiciales. Villalbilla podría estar a las puertas de un movimiento paralelo si el malestar vecinal cristaliza en organización y acciones colectivas.


De la indignación local a la presión institucional

El Ayuntamiento de Villalbilla insiste en que nunca fue informado oficialmente del proyecto desde su inicio en 2022. Solo ahora, tras la publicación en el BOE, ha podido acceder a parte de la documentación. Eso ha generado un fuerte sentimiento de desconfianza institucional y de desamparo entre los residentes, que reclaman su derecho a participar y a ser tenidos en cuenta en una decisión que afecta directamente a su entorno vital.

Muchos vecinos han señalado además un matiz clave: Envatios XXIV – Fase III no sería un proyecto distinto al de la urbanización Mariblanca (Torres de la Alameda), sino el mismo expediente que allí se tramita desde 2022. Lo que ocurre es que, por su magnitud y ubicación, el perímetro de la planta se extiende de tal forma que resulta visible también desde Villalbilla, en especial desde El Viso y Zulema, generando la percepción de que se trata de una iniciativa “nueva”.

Este detalle ayuda a explicar por qué el Ayuntamiento de Villalbilla no aparece en la relación de administraciones consultadas: el proyecto está administrativamente vinculado a Torres de la Alameda, pero sus efectos trascienden a términos limítrofes. En la práctica, vecinos de ambas localidades comparten las mismas inquietudes frente a un macroplan fotovoltaico que amenaza con transformar el paisaje de la comarca.

En realidad, Envatios XXIV – Fase III corresponde al mismo expediente que afecta a la urbanización Mariblanca, en Torres de la Alameda. Lo que ocurre es que, por su magnitud, el perímetro de la planta proyectada se extiende de tal forma que resulta perfectamente visible desde Villalbilla, en especial desde El Viso y Zulema. Así, aunque el trámite administrativo esté vinculado a Torres, el impacto territorial y social alcanza de lleno a los vecinos villalbilleros.

La reacción del consistorio y de los vecinos será determinante para calibrar la presión que pueda llegar a soportar el proyecto. En el plano político, no se descarta que el tema salte a la Asamblea de Madrid, que se soliciten comparecencias o que se pidan informes adicionales a la Consejería de Medio Ambiente y a la propia Dirección General de Política Energética y Minas.

Mientras tanto, la cita del 7 de octubre será la piedra de toque: el momento en el que se decida si Villalbilla da la batalla contra un proyecto que amenaza con transformar su paisaje y su identidad o si, por el contrario, se resigna a convivir con un “mar de placas” frente a sus urbanizaciones.


📄 Consulta aquí el texto completo de la resolución publicada en el BOE del 27 de septiembre de 2025: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-19181

alcalahoy.es

dijous, 2 d’octubre del 2025

QUAN RICS (o pobres) SOM A LES COVES DE VINROMÀ?

 

Así es el mapa de la renta en los municipios de España para 2023

Renta media bruta para 2023 en cada municipio de más de 1.000 habitantes






La renda mitja d´Espanya al 2023 ha estat de 31.333 euros
La renta bruta media de España se sitúa en 31.333 euros en 2023, esto es, un 3,1% más que el año anterior, mientras la renta disponible media ha crecido un 2,8% hasta los 25.235 euros.


dimecres, 1 d’octubre del 2025

TRAGÈDIA DEL 29-O, DETALLS

 

La jueza de la dana pone el foco en la vicepresidenta de Mazón por las muertes de usuarios de teleasistencia

Visita de Carlos Mazón y de Susana Camarero al centro de teleasistencia el 5 de febrero de 2024.

Lucas Marco

València —
30 de septiembre de 2025 22:02 h


La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, está en el punto de mira de la jueza de la dana, que este martes dictó un auto en el que acordó pedir a su departamento un informe sobre los 37 fallecidos que usaban el 29 de octubre el servicio de teleasistencia. La magistrada, que busca individualizar y clarificar las circunstancias de los decesos de cada una de las víctimas (ya sea mediante las llamadas al 112 o con los testimonios de sus familiares, entre otras pruebas), quiere saber la identidad y la localidad de residencia de los 37 fallecidos con servicio de teleasistencia. Sin embargo, la instructora fue incluso más allá y acordó, tal como proponía la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, que la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Camarero remita los pliegos y el contrato del servicio. También solicitó los protocolos de actuación para la “adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física” de los usuarios “en casos de catástrofe natural”. La portavoz del Gobierno de Mazón se vio así situada en plena diana de la instrucción de la causa.

Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, afirmó a preguntas de este diario que la teleasistencia “es un servicio de asistencia y no de emergencias”. “En ningún caso la teleasistencia puede convertirse en un servicio de emergencia, no podemos dar una información que desconocemos desde los servicios sociales”, dijo la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien defendió el buen funcionamiento de la prestación, de la que recordó que fue adjudicada por el anterior Gobierno del Pacte del Botànic (por Mónica Oltra, según destacó) y cuyos pliegos cumple la empresa adjudicataria. Unos pliegos “que dicen claramente cuál es el uso”, agregó.

Los pliegos técnicos del contrato, consultados por este diario, prevén una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares.

La empresa adjudicataria, además, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas...)” o “inundaciones” e “incendios”.

El pliego también indica: “La teleasistencia, además de la respuesta a una situación de emergencia, debe proporcionar una serie de atenciones personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana de la persona, potenciar la independencia y facilitar la integración en su entorno habitual de convivencia, así como detectar, prevenir y, en su caso, intervenir en situaciones de crisis”.

Entre los servicios a prestar se incluye la “movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social”, además del “seguimiento periódico” desde el Centro de Atención donde trabajan los operadores en materias como la agenda de visitas al médico o las gestiones de los dependientes, entre muchos otros negociados.

La “comunicación de emergencia” se produce “por situaciones que implican riesgo para la integridad física, psíquica o social de la persona usuaria o su entorno, que requiere la actuación y, en su caso, movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria, recursos sociales o sanitarios, de emergencia o de fuerzas de seguridad”.

“En todos los casos, se mantendrá contacto desde la central con la persona en situación de emergencia, hasta que ésta sea solucionada”, indica el pliego.

Cuestionada antes de la inminente remodelación del Consell

La instructora centra su investigación en la presunta negligencia de la Generalitat ante una catástrofe que el pasado 29 de octubre dejó 229 víctimas y que imputa indiciariamente a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes ostentaban la capacidad decisora de avisar a la población ante el peligro. Mazón no figura como investigado por su condición de aforado. De hecho, la jueza ha ofrecido al president la posibilidad de declarar voluntariamente como imputado.

Sin embargo, tras casi un año de detallada instrucción pilotada por la magistrada, emerge un nuevo componente del Ejecutivo de Carlos Mazón que no estaba en el radar de la causa y que, recientemente, se ha ido situando en la diana de las pesquisas: la vicepresidenta Camarero.

La 'número dos' del Consell, tal como reveló elDiario.es el pasado 4 de septiembre, se desconectó del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) apenas 40 minutos después de que se iniciara la reunión. Lo hizo para asistir a unos premios de la patronal, aunque se escudó en que un alto cargo de su departamento permaneció conectado telemáticamente.

Tras la publicación de la información, Camarero adujo que en ese breve periodo en que estuvo conectada no se habló del peligro de la presa de Forata, contradiciendo de plano a todos los testigos que participaron en el Cecopi y que han declarado en el marco de la causa, incluyendo a los dos imputados —sus excompañeros del Ejecutivo Salomé Pradas y Emilio Argüeso— y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entre otros.

Ante las evidentes contradicciones, el pasado 11 de septiembre, la jueza instructora citó a declarar como testigo a la vicepresidenta, como pedían las acusaciones populares que ejercen Intersindical y Ciudadanos. Camarero se unió así a la larga lista de testigos que aún no tienen cerrada la fecha para su testifical. Todo ello se produce, además, en plena fase previa a la remodelación del Ejecutivo de Mazón, anunciada para el próximo 5 de noviembre. Una etapa de máxima incertidumbre para cualquier conseller.

La cara visible de las tesis del PP, desmontadas por la jueza

La explicación de Susana Camarero sobre la actuación del Consell ante el aviso rojo de la Aemet para este pasado lunes tampoco resultó demasiado convincente, al contrastar el rápido envío del Es-Alert con los hechos del 29 de octubre, cuando la alerta automática a los móviles de la población llegó a las 20.11, ya con fallecidos y con un número incalculable de ciudadanos que permanecía atrapado por las inundaciones.

Camarero, convertida estos últimos meses en la portavoz de la versión oficial del Consell de Carlos Mazón, se escuda sistemáticamente en la tesis del supuesto “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la dana, la excusa a la que, a modo de clavo ardiente, se aferra el Palau de la Generalitat y el PP valenciano para eludir un hecho irremediable e ineludible que centra el enfoque de la jueza instructora: la competencia de avisar a la población del peligro era de la Generalitat y de nadie más. La tesis de los populares fue tumbada de nuevo, con especial ahínco y por enésima vez, en la última resolución de la instructora.

Citada a declarar por la magistrada, Susana Camarero deberá situarse en el papel de testigo, un rol muy alejado de su habitual función de portavoz del Consell. Siempre que declara un testigo, el juez le advierte de su obligación de decir la verdad.

eldiario.es

TRAGÈDIA DEL 29-O, DETALLS

 

El juzgado de la dana notifica a Mazón su invitación a que declare como imputado


Carlos Mazón, durante una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, en una imagen de archivo. Rober Solsona (Europa Press)

dilluns, 29 de setembre del 2025

LA COMUNITAT VALENCIANA EN ALERTA METEOROLÒGICA I MAZÓN, A MÚRCIA, TIRANT BESSITOS ALS APLAUDIDORS DEL PP

 


TRAGÈDIA DEL 29-O, DETALLS

 


La Conselleria d'Agricultura encara no ha donat ni un euro de les ajudes per la DANA

🗣Ana Besalduch, Secretària General del PSPV PSOE de Ports Maestrat i diputada autonòmica ha afirmat que “cal tindre la cara molt dura per a demanar al Govern d'Espanya que defense a l'agricultura davant Europa quan la retallada de la nova PAC el porta el Comissari Europeu d'Agricultura que és del PPE (Partit Popular Europeu) en una Comissió on tenen 15 comissaris i majoria absoluta en el Parlament”

👎🏼El PP europeu ha proposat una retallada del 20% en el pressupost destinat a la PAC (política Agrària Comuna), mesura que el PSOE considera totalment inacceptable i perjudicial per a l'agricultura i ramaderia valència tal com ha expressat Besalduch en resposta a la petició de la portaveu d'agricultura popular en les Corts Valencianes. “Aquesta reducció posaria en perill la sostenibilitat i futur de les explotacions agrícoles i ramaderes afectant de manera directa a la competitivitat i al benestar dels professionals del sector primari a la Comunitat Valenciana . El Govern d'Espanya ja ha manifestat davant el Comissari d'agricultura del PP europeu que aquesta nova PAC és intolerable”.

🤬Besalduch va acusar el PP valencià de no fer política sinó oposició sistemàtica al govern de Sánchez seguint les consignes de Feijoo. La secretària general socialista de Ports Maestrat va demanar al PP “que vaja al Comité europeu de les regions, amb Mazón inclòs si té un poc de temps, a defensar la PAC que interessa als valencians i als espanyols al costat del Govern d'Espanya. Però que vagen de veritat a exigir-los un canvi i no el que van fer amb els Fons Europeus que van anar a Europa perquè no els donaren al nostre país”.

👉🏼Besalduch es va referir també al Pla de Reconversió Citrícola, del qual va afirmar que “en el 2023 Ximo Puig va aprovar amb el consens del sector el Pla i el PP després de més de dos anys no ha fet res, només votar en contra de les esmenes socialistes en els pressupostos de la Generalitat presentades per a activar els diners per a l'ajudes als agricultors a fi d'implementar de veritat la reconversió citrícola. El Govern de Mazón arriba tard a tot com sempre. Dos anys de retard en els fons per als agricultors”.

🤦‍♂️La Diputada del Maestrat va criticar als populars en el tema de l'aigua assenyalant que “cal tindre valor per a vindre a les Corts a reivindicar aigua del transvasament quan l'única vegada que no es va transvasar un gota d'aigua va ser sota el govern de Mariano Rajoy”.

👉🏼Mes greu encara, va assenyalar Besalduch, és el tema de les ajudes per la Dana de la Conselleria d'Agricultura “Zero euros segons les dades de Gva Oberta, mentre el govern d'Espanya ha facilitat ja 131 milions de €, ha reparat 1300 km de camins i la Conselleria sense contestar. Han anunciat 26 milions per a reparar parcel·les i resulta que no han tret les convocatòries mentre el Govern de Pedro Sánchez ha reparat 1453 parcel·les i 177 arrossars”.

divendres, 26 de setembre del 2025

LA PROVINCIA TIENE UN PLAN:

 

Vilanova, polo de atracción de renovables: luz verde a dos plantas solares con 5 millones de inversión

El Consell concede autorización administrativa previa y de construcción a los proyectos Vilanova I y FV Alcolea, que contemplan la instalación de más de 17.000 módulos fotovoltaicos

  • Una planta de Valfortec.




CASTELLÓ. El avance de las energías renovables, y en especial la fotovoltaica, en la provincia de Castellón es innegable y el listado de proyectos en tramitación va en aumento. Aunque en algunos casos, el impacto en el paisaje complica su ejecución -como ha ocurrido recientemente en les Coves de Vinromà y en Benicarló- en otros, como sucede en la localidad de Vilanova d'Alcolea, los proyectos de instalación de plantas solares ven la luz por duplicado.

En este municipio de la Plana Alta, donde se ubica también el aeropuerto de Castellón, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón -dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo- ha concedido la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de dos proyectos de central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación. Se trata de dos instalaciones que suministrarán energía a la red a través de la subestación del aeropuerto y que comportarán una inversión total de más de 5 millones de euros. 

El alcalde de la localidad, Francisco Oller, señala que el municipio ve con buenos ojos "todos los proyectos que supongan apostar por las energías renovables, siempre que cumplan con la normativa, tanto urbanística como ambiental". En este caso, el alcalde explica que estamos ante dos plantas de un tamaño "bastante reducido" y que "no tienen un gran impacto paisajístico en el término municipal".

Por cuestiones de necesidades técnicas, los terrenos escogidos por las empresas promotoras para la instalación de los módulos fotovoltaicos "han de estar en llano, por lo que la mayoría de parcelas son de cultivo", tal y como admite el alcalde. No obstante, Oller explica que "en la mayoría de casos, las empresas han optado por un alquiler del terreno a 25 años con la condición de que, una vez finalice el plazo, deben restituir la parcela al propietario". El alcalde confía que, en el momento de llevar a cabo la instalación y posterior mantenimiento de estas plantas solares, "pueda tener un impacto positivo en el municipio, en especial en la creación de puestos de trabajo tanto directos como indirectos". 

Uno de los proyectos (Vilanova I) está impulsado por la empresa Valfortec. Se trata de una central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, con una potencia a instalar de 2.400 kW. La instalación se proyecta en una parcela de 11.402 metros cuadrados, poco más de una hectárea. Esta 'microplanta', ubicada en la partida Garroferets de Vilanova d'Alcolea, cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros. 

La instalación, según recoge el proyecto presentado, estará formada por 4.004 paneles fotovoltaicos distribuidos en 171 líneas. Todos los paneles se instalarán en estructura metálica fija. La energía generada revertirá a las líneas de distribución de la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica. Asimismo, Valfortec explica que esta planta podrá alcanzar una producción estimada de 4.754,26 MWh anuales durante su primer año de funcionamiento y evitará la emisión a la atmósfera de unas 4.294,28 toneladas de CO2 al año.

El segundo de los proyectos autorizados (FV Alcolea) está promovido por la empresa Sistemas Fotovoltaico de Levante, para la instalación de una planta fotovoltaica de 6.580 kW. El proyecto está previsto en unas parcelas que cuentan con una superficie total de 211.645 metros cuadrados y un presupuesto de 3.612.951 euros. El proyecto contempla la instalación de una parte generadora formada por 13.312 paneles fotovoltaicos dispuestos en seguidores solares, y centros de transformación que se conectan mediante tendido eléctrico soterrado en zanja que llevarán la energía generada hasta la subestación del aeropuerto. 

castellonPlaza

dimecres, 24 de setembre del 2025

Las víctimas de la DANA plantan a Mazón en las Cortes

 





Lucía Feijoo VieraPI STUDIO


Las previsiones marcaban un día de emociones fuertes en las Corts y no han fallado. El segundo debate de política general al que se ha enfrentado Carlos Mazón ha plasmado la tensión política y social que se vive en la C. Valenciana desde la dana, con protestas de asociaciones de víctimas en el exterior y en el interior (forzando un receso del pleno), bronca entre bancadas en el hemiciclo y un 'president' que ha tratado de alejar el foco de la tragedia con 40 anuncios de alta carga identitaria, incluidas nuevas ayudas a afectados por la riada, pero sin rastro de autocrítica sobre su gestión de la emergencia, de la que sigue sin resolver los blancos en su cronología. Mazón se ha mantenido aferrado a su relato del 29 de octubre y ha sido cristalino sobre su futuro, remarcando el objetivo de agotar la legislatura.

elperiodicoMediterraneo