dilluns, 6 d’octubre del 2025

LES COVES DE VINROMÀ, A LA LLISTA DE MUNICIPIS EN RISC DE DESPOBLAMENT

 

El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población

  • La Plana Alta (con 4: Torre d’en Doménech, les Coves, Serra Engarceran y Vilanova d’Alcolea).

Expertos plantean que en los últimos años apenas se gana con inmigración y los pocos jóvenes con ‘arraigo’

El Alto Mijares y El Alto Palancia acaparan el mayor número de municipios "en zona de riesgo", en el nuevo documento que analiza la evolución demográfica desde 1900 a 2025

El Tormo, pedanía de Cirat, municipio situado en la comarca del Alto Mijares.

El Tormo, pedanía de Cirat, municipio situado en la comarca del Alto Mijares. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Fijar y atraer población en Castellón es un reto no solo de los pueblos de menos de 100 habitantes, del interior, los que más sufren el éxodo rural, sino también de poblaciones situadas en las comarcas del litoral. Un nuevo estudio, recién presentado, La despoblaciónen la Comunitat Valenciana. Caracterización de Castellón, abarca la evolución demográfica desde 1900 hasta la actualidad y concluye que 87 municipios de la provincia, más de la mitad de los 135 (el 55%), continúan perdiendo población o siguen en riesgo.

El informe analiza una a una las localidades y sus resultados constituirán la base para la estrategia política contra la despoblación que está diseñando la Generalitat, Avant, bajo la coordinaación de Jorge Hermosilla Pla, catedrático del Departamento de Geografía de la Universitat de València, del grupo de investigación del territorio Estepa -con más de 25 años de experiencia- y director académico del Plan Integral del Reto Demográfico de la Comunitat.

Las acciones estratégicas, en unos meses

«Estos análisis nos ofrecen una base rigurosa para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales del territorio. Es el diagnóstico, que nos permitirá desarrollar acciones para dar solución. Estamos elaborando, a petición de la Generalitat Valenciana, un documento estratégico que verá la luz en los próximos meses», avanzó el experto.

Hermosilla subrayó que «la despoblación no es un fenómeno puntual ni reciente, sino estructural y prolongado en el tiempo, que afecta especialmente a los territorios del interior y de montaña, alejados de los grandes núcleos urbanos». «Estos municipios están atrapados en una espiral de pérdida demográfica que compromete su viabilidad futura, y con ella, la memoria colectiva y el patrimonio cultural que representan», dijo.

Jorge Hermosilla, en la presentación del estudio.

Jorge Hermosilla, en la presentación del estudio. / Mediterráneo

En la radiografía del territorio ha colaborado profesorado de varias universidades y la Generalitat. El documento recoge como, «a pesar de la riqueza en patrimonio natural y cultural, y otros recursos territoriales, los pueblos de Castellón y del resto de la Comunitat se enfrentan a desafíos como el envejecimiento poblacional, unos escasos servicios públicos o densidades demográficas muy bajas, que derivan en una elevada vulnerabilidad socioeconómica. El índice de envejecimiento en estas zonas alcanza el 285%, muy por encima del 138% de lo que es la media autonómica».

Pionero en el estudio de más de un siglo, municipio a municipio

«Por primera vez, se ha hecho un análisis a escala municipal relacionado con el proceso de despoblación, que abarca 125 años, de 1900 a 2025, para identificar realmente cuál es su dimensión. En toda la Comunitat se han identificado 200 municipios con despoblamiento, un tercio del total. Con el paso de las décadas estos territorios se han convertido en desiertos demográficos: con densidades de 10 habitantes por km2, mientras que en la Comunitat la media es de 230/ km2», explicó.

En consecuencia, tan solo uno de cada 50 habitantes de la Comunitat vive en estos territorios «en zona de riesgo». Si en el año 1900, estos municipios concentraban unos 250.000 habitantes; y hoy apenas habitan 110.000», contó.

La exposición sostenida a las olas de calor a lo largo de los años acelera el ritmo de envejecimiento, especialmente entre aquellas personas con oficios manuales, que viven en el campo o no tienen acceso a aire acondicionado.

Son pueblos con una tasa alta de población mayor, necesitada de profesionales de cuidados. / Agencias

Singularidad: también lo sufre la franja interior de las comarcas de la costa

¿Qué ocurre en Castellón? «Pues que prácticamente todo el interior padece el despoblamiento, e incluso se añaden otros de la franja interior de comarcas litorales, lo cual es una singularidad. No hay ningún municipio de la costa que pierda habitantes, pero sí comarcas», apuntó el investigador.

De la gripe de 1918 a la industria y turismo en los 50

La despoblación del interior de Castellón se da a principios del siglo XX coincidiendo con el proceso de urbanización de la costa. El primer éxodo se da con la gripe en 1918 de forma importante y se intensifica a partir de los años 50, cuando empieza la industrialización española. Atraen población los núcleos turísticos del litoral y la industria cerámica. El grueso se va de las montañas a residir al litoral, por motivos de empleo, al Maestrat (turismo); o de Els Ports, a Cataluña (industria).

Un caso paradigmático: l'Alcora versus su comarca, l'Alcalatén

La investigación de la evolución demográfica de Castellón contiene una gráfica que destaca sobre el resto e incluso a nivel de la Comunitat: Mientras la comarca de interior de l’Alcalatén pierde población, su capital, l’Alcora, nodo cerámico, se dispara.

Gráfica comparativa l'Alcora y l'Alcalatén.

Gráfica comparativa l'Alcora y l'Alcalatén. / Mediterráneo

El listado de Castellón

En el caso de las comarcas de Castellón, figuran en la lista de riesgo, de más a menos:

  • El Alto Mijares (con 22 municipios: Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa, Villanueva de Viver y Zucaina).
  • El Alto Palancia (con 20: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, El Toro, Gaibiel, Geldo, Higueras, Matet, Pavías, Pina de Montalgrao , Sacañet, Teresa, Torás y Vall de Almonacid).
  • Els Ports (14: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell, Todolella, Vallibona, Vilafaranca, Villores y Sorita).
  • L’Alt Maestrat (con 12: Albocàsser, Ares, Atzeneta, Benafigos, Benassal, Catí, Culla, la Serratella, Tírig, Torre d’en Besora, Vilar de Canes y Vistabella).
  • El Baix Maestrat (con 10: Canet lo roig, Castell de Cabres, Cervera, la Jana, la Pobla de Benifassà, la Salzadella, Rossell, San Rafael, Traiguera y Xert).
  • La Plana Alta (con 4: Torre d’en Doménech, les Coves, Serra Engarceran y Vilanova d’Alcolea).
  • L’Alcalatén (con 3: les Useres, Llucena y Xodos).
  • La Plana Baixa (con 2: Aín y Alcudia de Veo).

El profesor Hermosilla confirma que son pueblos que padecen una crisis estructural, es una dinámica que se ha configurado durante décadas y pasa por soluciones pero solo a largo plazo.

Sin bar o escuela en un instante

Página del estudio sobre Portell de Morella, con un gráfico de la pirámide poblacional.

Página del estudio sobre Portell de Morella, con un gráfico de la pirámide poblacional. / Mediterráneo

Los pueblos de Castellón y del resto de la Comunitat señalados en el estudio, «son territorios muy vulnerables y frágiles, de manera que cualquier cambio en la estructura demográfica puede generar graves consecuencias». Como perder un servicio esencial de un día para otro. «En un pueblo pequeño, de apenas 200 ó 300 habitantes, envejecido, la fragilidad es máxima. Y la dependencia, mayor», indicó.

Y es que ya hay ejemplos en Castellón en los que contar o no con un par de familias puede suponer la diferencia de cerrar o contar con un aula escolar; o dejar de tener un punto de encuentro social como son los bares.

El estudio ha analizado la diversidad de cada localidad, sus fortalezas y hándicaps, como punto de partida a adoptar futuras acciones para evitar la despoblación. Así, el libro contiene exhaustivas fichas de cada pueblo en riesgo: condiciones físicas y principales paisajes; el comportamiento demográfico (evolución, tasa de natalidad baja y mortalidad alta al ser población envejecida, etc.); proporción de inmigrantes extranjeros; estructura económica (de qué viven) y los recursos vinculados con el patrimonio cultural y natural, y su posible relación con el turismo rural, para potenciarlo. De hecho, se han recogido las rutas oficiales de senderismo, que permiten conocer el patrimonio.

Ficha de las rutas de senderismo de Albocàsser, en el informe.

Ficha de las rutas de senderismo de Albocàsser, en el informe. / Mediterráneo

Los paisajes de montaña, con pendientes, influyen en la economía local

En Castellón, en sus pueblos, casi todos de montaña, se ha comprobado «el protagonismo adquirido por las pendientes, y ello tradicionalmente ha dificultado las actividades agrícolas; o ha influido en las deficientes comunicaciones y la accesibilidad».

Es una característica común, para Hermosilla, «que en todos se da pluriactividad económica y esta crea empleos: en agricultura, construcción, ganadería, industria tradicional, cooperativas agrarias, servicios públicos o turismo rural», explicó.

«En esos pueblos se ha detectado un alza importante de los inmigrantes extranjeros, gente joven, activa, en busca de empleo en esas áreas y también en cuidados de mayores, una demanda social en aumento en zonas rurales. Por ello, la inmigración está adquiriendo más protagonismo en el mercado laboral loca e implicará un cambio social en estos pueblos a medio plazo, donde uno de cada diez habitantes es extranjero».

Un 70% de jóvenes se plantea irse

El experto recordó que «pese al intento de combatir la despoblación con políticas europeas en los últimos 20 años, con proyectos de desarrollo rural, no se ha evitado el éxodo». «Los jóvenes siguen pensando en irse. Esa es la realidad. Según una encuesta, el 70% de juventud que estudia contempla su futuro en municipios urbanos. Pero si se les da un empleo en condiciones allí, el porcentaje se invierte», determinó.

Frente a la «crisis del sistema rural del interior de Castellón se requieren soluciones globales y realistas», Hermosilla propone «revalorizar el sentimiento de pertenencia a estos territorios. Quien permanece en ellos tiene en común un gran arraigo y consideración de su espacio geográfico vivido, con la voluntad de permanecer en su paisaje».

elperiodicoMediterraneo

diumenge, 5 d’octubre del 2025

TRAGÈDIA DEL 29-O, DETALLS (video)



"INFALIBLE" KAEL (video a Castellón Base, clicant l´enllaç)

 

Kael con fuerza ante la porteria

Gol de Kael en el amistoso en el Chencho entre el CD Castellón C y la UDE (infantiles) 4-3.

Kael, @cantera_albinegra @Cantera CD Castellón


divendres, 3 d’octubre del 2025

TRAGÈDIA DEL 29-O, DETALLS

 

La jueza de la Dana debilita la última línea de defensa del Consell

  • Salomé Pradas y Carlos Mazón, a la salida de un Cecopi 

VALÈNCIA. La jueza de la Dana ya había rechazado la declaración como investigado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Por eso, la decisión de este martes, en la misma línea, no es nueva. Pero adquiere relevancia pues llega después de oir sus explicaciones como testigo el pasado 19 de septiembre. Una acusación popular, el partido Valores, había pedido su imputación al considerar que de su testifical se podían extraer indicios incriminatorios pero la magistrada ha reiterado su postura, ahora sustentándose en la propia declaración de Polo. Y lo ha hecho con argumentos que debilitan una de las principales líneas de defensa que ha seguido tanto el Consell, dirigido por Carlos Mazón, como los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso.

Hasta el momento, el principal argumento de defensa esgrimido para explicar el envío de la alerta masiva a través del ES Alert a las 20.11h, cuando buena parte de las 229 víctimas ya habían fallecido, era la falta de información, achacada sobre todo a la CHJ. Su presidente, conectado al Cecopi aquella tarde, fue advertido del elevado caudal del barranco del Poyo pero no avisó en la reunión de máximos responsables, mientras que el organismo sólo envió un correo -su protocolo obliga a enviar tres- y cuando ya era tarde y el caudal multiplicaba por diez el umbral máximo de aviso. Pero ni siquiera estos hechos incontrovertibles -la magistrada los obvia pero tampoco los cuestiona- eximen a la Generalitat Valenciana de su responsabilidad en la vigilancia de barrancos, según el último auto de este martes.

Así, más allá de reiterar que la administración autonómica tenía la condición de garante a diferencia de la CHJ, la magistrada es contundente al atribuir al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat "la coordinación de la información" que llega de todas las agencias implicadas: tanto la CHJ como los municipios o los servicios de intervención desplegados. Aquí entra desde la Guardia Civil, los bomberos forestales de la Generalitat, la Policía Autonómica, los agentes medioambientales, las brigadas de la Diputación de Valencia, los servicios de vigilancia preventiva de incendios, incluso las comunidades de regantes o los funcionarios del servicio integral del agua de los ayuntamientos.

Todas ellas son "medios para la vigilancia de los barrancos y cuencas menores" que tiene a su disposición el departamento de Emergencias de la Generalitat, y "no están ordenados en su utilización conforme a una prelación". Es decir, que ninguna tiene prioridad sobre otras, según la jueza, por lo que tanto la Confederación Hidrográfica como el resto de cuerpos implicados se podría haber empleado para ese control, que -recalca- "debe efectuarse a través" del centro autonómico de Emergencias. Y esto responde a una "explicación sumamente lógica", según el auto: la orografía de la cuenca mediterránea.

  • El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ante los medios este viernes. Foto: EP/Rober Solsona

"La existencia de un gran número de barrancos exige un control por parte del Centro de Coordinación de Emergencias", apunta la titular del juzgado, quien recuerda "lo que siempre han supuesto históricamente las avenidas" en la Comunitat Valenciana: "Crecidas repentinas con efectos devastadores, en ramblas y barrancos de acusada pendiente y de corto recorrido". Por ello, argumenta sólo se pueden prever desbordamientos a través de la previsión meteorológica y la vigilancia in situ de los barrancos. O lo que es lo mismo, la jueza se acoge a la explicación del presidente de la CHJ según la cual los datos recogidos por los puntos de control en los cauces, además de no ser los únicos que dan una información valiosa, no son los mejores para hacer predicciones.

"El control del caudal en los barrancos sólo puede ser efectivo a través de la previsión de lluvias y la vigilancia al pie del mismo barranco, dadas las características de este tipo de cuencas", apunta la jueza en ese sentido, para añadir la problemática adicional de que hay otros barrancos tributarios del Poyo "en los que no existe medidor algunos". Según Polo y según los expertos, son dichos barrancos sin control de aforo -l'Horteta, Gallego, Pozalet- los que empezaron a generar problemas al verter sus aguas en el Poyo.

En cuanto a los datos pluviométricosla CHJ sí remitió múltiples correos advirtiendo de la superación de umbrales. Y en cuanto a las comprobaciones in situ del barranco, el auto recuerda cómo el centro de Emergencias movilizó a los bomberos del Consorcio Provincial a mediodía, al declararse la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, pero se retiraron sobre las 14.40h al comprobar que el caudal había disminuido: "Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos".

La instructora es contundente cuando recalca que la posibilidad de dar órdenes o exigir como directores del plan "correspondía de manera exclusiva a la administración autonómica". "Al igual que se desplegaron los efectivos, los bomberos forestales, bajo el control del centro de coordinación de emergencias, debieron vigilar si era necesario volver a desplegarlos, en tanto no cesara la emergencia", apunta la magistrada, para quien la Generalitat también tenía la posibilidad de ordenar "que se llamara a las distintas poblaciones afectadas, que se atendiera a la información de los medios de comunicación, que se analizaran las miles de llamadas del 112 que iban refiriendo el avance mortal de los desbordamientos [...], que se atendiera al SAIH". "Todo ello correspondía a la administración autonómica", concluye al respecto.

valenciaPlaza

LA PROVINCIA TIENE UN PLAN:

 

Las fotovoltaicas aceleran y el Consell suma dos nuevas autorizaciones en Betxí y Traiguera

El Servicio Territorial de Industria da luz verde a las dos plantas solares con una inversión de más de 3 millones




Susana Rochera

Publicado: 01/10/2025 ·06:00

CASTELLÓ. El goteo de autorizaciones para la instalación de plantas fotovoltaicas en la provincia de Castellón va en aumento. Esta misma semana el Boletín Oficial de la Provincia recoge dos nuevas resoluciones de autorización administrativa previa y de construcción para dos proyectos de generación de energía solar en las localidades de Betxí y Traiguera, publicadas por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas. Ambas propuestas, valoradas en más de 3 millones de euros de inversión, se suman a los dos proyectos autorizados hace escasos días en el término de Vilanova d'Alcolea. 


Por un lado, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha dado luz verde al proyecto ISF Roque Bechí Solar, promovido por la empresa Energía Eride, S.L.U., para la construcción de una planta fotovoltaica de 5.000 kW en el término municipal de Betxí. La instalación, con más de 9.200 módulos solares y 16 inversores, permitirá generar energía renovable suficiente para abastecer a la red.


El proyecto cuenta con un presupuesto global de 2,44 millones de euros, que incluye la construcción de la planta, la infraestructura de evacuación, el centro de seccionamiento independiente y la línea de conexión a la red de la distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes. La planta está diseñada con una potencia instalada de 5.120 kW, aunque se limitará a 5.000 kW mediante sistemas de control, de acuerdo con la capacidad concedida de acceso a la red.


La autorización incorpora medidas de integración paisajística y ambiental, entre ellas la conservación de bancales, caminos y balsas de riego, la plantación de cítricos en las zonas que lo permitan y un vallado permeable al paso de fauna. Además, se evitarán movimientos de tierra innecesarios y se minimizará la contaminación lumínica para armonizar la instalación con el entorno agrícola de Betxí, según consta en la resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón. 


El plazo máximo de ejecución es de 14 meses desde la notificación de la resolución, y el promotor deberá aportar una garantía económica de 116.941,60 euros para asegurar el desmantelamiento y la restauración del terreno una vez finalice la vida útil de la planta.


Por otro lado, la empresa Aznar Agro S.L. ha obtenido la autorización administrativa previa y de construcción para desarrollar una central de energía solar fotovoltaica de 1.000 kW en el término municipal de Traiguera, que generará electricidad para autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes a la red.


El proyecto, situado en las parcelas 134 y 141 del polígono 99, contará con 2.600 módulos monofaciales y 10 inversores, lo que permite una potencia de generación total de 1.040 kWp. La instalación quedará limitada por la capacidad de la red a un vertido máximo de 425 kW mediante un controlador dinámico de potencia.


El proyecto ha seguido el procedimiento administrativo, cumpliendo con la normativa de energía renovable y la legislación urbanística, ambiental y paisajística vigente. Durante la tramitación, se han incorporado medidas de integración paisajística y conservación del terreno, como la orientación de los paneles siguiendo las curvas de nivel, la conservación de vegetación y la plantación de nuevas zonas verdes, así como la instalación de cajas nido para aves y quirópteros.


Con un presupuesto global de 672.268,91 euros, la planta fotovoltaica se enmarca en las políticas de impulso a las energías renovables de la Generalitat Valenciana y en la estrategia de reactivación económica mediante proyectos sostenibles. La instalación dispone de todos los permisos de acceso y conexión a la red de distribución de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. y se prevé que contribuya a mejorar la eficiencia energética y a reducir la huella de carbono en la comarca.


castellonPlaza

RENOVABLES MAL POSADES: Villalbilla convoca a sus vecinos ante la amenaza de una planta fotovoltai

 


La publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública del proyecto fotovoltaico Envatios XXIV – Fase III, con 70,8 MW de potencia y tramitado en Torres de la Alameda, ha encendido las alarmas en Villalbilla. El Ayuntamiento asegura que nunca fue informado y convoca a sus vecinos a una reunión el 7 de octubre para analizar la documentación, explicar las consecuencias y decidir si se planta cara al macroproyecto.

Placas fotovoltaicas (archivo AH)
  • Villalbilla convoca a sus vecinos el 7 de octubre para debatir cómo responder al macroproyecto fotovoltaico tramitado en Torres de la Alameda.



El Ayuntamiento de Villalbilla ha lanzado un nuevo comunicado que pone bajo los focos la planta solar proyectada frente a la M-300, entre las urbanizaciones El Viso, Zulema y Peñas Albas. La declaración de utilidad pública publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 27 de septiembre de 2025 ha encendido las alarmas municipales después de años en los que, según denuncian, ni vecinos ni consistorio habían sido informados oficialmente del proyecto.

La corporación local advierte que se trata del proyecto denominado “Envatios XXIV – Fase III”, con una potencia prevista de 70,80 MW. El Ayuntamiento asegura que hasta ahora solo dispone de algunos documentos que está analizando “con el máximo rigor” y subraya que no ha sido consultado por ninguna administración ni empresa promotora. Para dar explicaciones públicas, se ha convocado una reunión informativa el martes 7 de octubre a las 18:30 horas en el Auditorio municipal (frente al Mercadona). Allí se pondrá en común toda la información recabada y se trazará una hoja de ruta conjunta con los vecinos.


Un BOE que abre la puerta a expropiaciones

La publicación en el BOE supone un antes y un después. La resolución de utilidad pública otorga al promotor no solo la cobertura legal para avanzar en el proyecto, sino también la posibilidad de recurrir a la expropiación forzosa de terrenos. Tal y como desvelaba ALCALÁ HOY, esa figura administrativa convierte el proyecto en un hecho jurídicamente respaldado por el Estado, aunque no se hayan cerrado todavía todos los trámites medioambientales o urbanísticos.



Vista panorámica desde el Viso sobre los campos agrícolas. Foto de Ricardo Espinosa Ibeas (archivo de AH)

A pesar de esa declaración, aún existen opciones de oposición legal. El consistorio y los vecinos cuentan con la posibilidad de interponer un recurso de alzada con solicitud de suspensión cautelar. Ese plazo vence el 27 de octubre, de modo que las próximas semanas serán decisivas para definir la estrategia de resistencia o, por el contrario, aceptar los hechos consumados.

El emplazamiento elegido añade más preocupación. La planta se ubicaría justo en la franja de campos que separa la M-300 de las urbanizaciones del Viso, Zulema y Peñas Albas, un “colchón rural” que hasta ahora mantenía cierto respiro paisajístico. Los vecinos temen que la sustitución de praderas por hileras de placas fotovoltaicas altere radicalmente el carácter del entorno, con posibles consecuencias en la calidad de vida, el valor de las viviendas, la seguridad y la movilidad.


Convocatoria abierta: el 7 de octubre, primera cita clave

Con este panorama, el Ayuntamiento ha decidido abrir la información a la ciudadanía y preparar una asamblea vecinal que tendrá lugar el martes 7 de octubre. Allí se expondrán los documentos disponibles, se explicarán los cauces legales y se escuchará la voz de los vecinos para decidir si se da la batalla.

El alcalde ha recalcado que el consistorio quiere actuar con “total transparencia” y que la decisión de cómo responder será compartida. En este sentido, el 7 de octubre se perfila como la primera gran cita pública en la que se conocerán todos los detalles disponibles sobre Envatios XXIV – Fase III. La reunión no solo servirá para explicar la magnitud del proyecto, sino también para organizar la presión social y política en defensa del municipio.

La situación recuerda a la vivida en otros puntos del Corredor del Henares y de la Comunidad de Madrid, donde se han promovido macroplantas solares de características similares. En algunos casos, como en Torres de la Alameda, se han constituido plataformas vecinales muy activas, se han recogido firmas, se han movilizado alcaldes y concejales, y se han interpuesto recursos judiciales. Villalbilla podría estar a las puertas de un movimiento paralelo si el malestar vecinal cristaliza en organización y acciones colectivas.


De la indignación local a la presión institucional

El Ayuntamiento de Villalbilla insiste en que nunca fue informado oficialmente del proyecto desde su inicio en 2022. Solo ahora, tras la publicación en el BOE, ha podido acceder a parte de la documentación. Eso ha generado un fuerte sentimiento de desconfianza institucional y de desamparo entre los residentes, que reclaman su derecho a participar y a ser tenidos en cuenta en una decisión que afecta directamente a su entorno vital.

Muchos vecinos han señalado además un matiz clave: Envatios XXIV – Fase III no sería un proyecto distinto al de la urbanización Mariblanca (Torres de la Alameda), sino el mismo expediente que allí se tramita desde 2022. Lo que ocurre es que, por su magnitud y ubicación, el perímetro de la planta se extiende de tal forma que resulta visible también desde Villalbilla, en especial desde El Viso y Zulema, generando la percepción de que se trata de una iniciativa “nueva”.

Este detalle ayuda a explicar por qué el Ayuntamiento de Villalbilla no aparece en la relación de administraciones consultadas: el proyecto está administrativamente vinculado a Torres de la Alameda, pero sus efectos trascienden a términos limítrofes. En la práctica, vecinos de ambas localidades comparten las mismas inquietudes frente a un macroplan fotovoltaico que amenaza con transformar el paisaje de la comarca.

En realidad, Envatios XXIV – Fase III corresponde al mismo expediente que afecta a la urbanización Mariblanca, en Torres de la Alameda. Lo que ocurre es que, por su magnitud, el perímetro de la planta proyectada se extiende de tal forma que resulta perfectamente visible desde Villalbilla, en especial desde El Viso y Zulema. Así, aunque el trámite administrativo esté vinculado a Torres, el impacto territorial y social alcanza de lleno a los vecinos villalbilleros.

La reacción del consistorio y de los vecinos será determinante para calibrar la presión que pueda llegar a soportar el proyecto. En el plano político, no se descarta que el tema salte a la Asamblea de Madrid, que se soliciten comparecencias o que se pidan informes adicionales a la Consejería de Medio Ambiente y a la propia Dirección General de Política Energética y Minas.

Mientras tanto, la cita del 7 de octubre será la piedra de toque: el momento en el que se decida si Villalbilla da la batalla contra un proyecto que amenaza con transformar su paisaje y su identidad o si, por el contrario, se resigna a convivir con un “mar de placas” frente a sus urbanizaciones.


📄 Consulta aquí el texto completo de la resolución publicada en el BOE del 27 de septiembre de 2025: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-19181

alcalahoy.es

dijous, 2 d’octubre del 2025

QUAN RICS (o pobres) SOM A LES COVES DE VINROMÀ?

 

Así es el mapa de la renta en los municipios de España para 2023

Renta media bruta para 2023 en cada municipio de más de 1.000 habitantes






La renda mitja d´Espanya al 2023 ha estat de 31.333 euros
La renta bruta media de España se sitúa en 31.333 euros en 2023, esto es, un 3,1% más que el año anterior, mientras la renta disponible media ha crecido un 2,8% hasta los 25.235 euros.